«Tras meses de diálogo y coordinación diplomática, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, con el liderazgo de la canciller, Rosa Yolanda Villavicencio Mapy, logró la liberación de un primer grupo de 17 colombianos que se encontraban privados de la libertad en distintos centros penitenciarios de Venezuela», señaló la Cancillería en un comunicado.

El pasado 12 de octubre, el viceministro de Asuntos Multilaterales de Colombia, Mauricio Jaramillo Jassir, adelantó que el Gobierno había comenzado gestiones para atender la «crisis humanitaria» de al menos 40 ciudadanos colombianos privados de la libertad en Venezuela.

«Este es un paso significativo en la tarea de garantizar los derechos de nuestros connacionales y de responder a los llamados de sus familias. La protección de los connacionales en el exterior es una prioridad del Gobierno del presidente Gustavo Petro», dijo hoy la ministra Villavicencio.

Colaboración diplomática entre Colombia y Venezuela

El proceso de liberación, desarrollado en «estrecha colaboración» con el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores de Venezuela, tuvo el acompañamiento del embajador en el país, Milton Rengifo Hernández; el cónsul en San Cristóbal, David Gilberto Haddad Clavijo; el cónsul en San Antonio del Táchira, Jesús Alberto Grueso Zúñiga y la directora de Migración, Gloria Esperanza Arriero López.

Los funcionarios «supervisaron el procedimiento de verificación y liberación que se llevó a cabo en el Municipio de Pedro María Ureña, estado Táchira, Venezuela», detalló la información de la Cancillería.

Villavicencio reafirmó que mantendrá el diálogo con su homólogo venezolano, Yván Gil, para coordinar los siguientes pasos en favor de otros ciudadanos que aún permanecen detenidos en cárceles venezolanas, incluyendo la evaluación de repatriaciones.

Asimismo, el Ministerio de Relaciones Exteriores reiteró «su compromiso de continuar utilizando los canales diplomáticos para asegurar que los detenidos reciban asistencia consular, un debido proceso y un trato digno.

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El aparente control que los militares habían impuesto sobre el convulso sistema penitenciario de Ecuador quedó roto con la matanza de catorce personas en la cárcel de Machala (sur), entre ellas trece presos y un guardia carcelario, y siguió este jueves con la masacre de al menos diecisiete reclusos en la cárcel de Esmeraldas (norte).

Según las autoridades de Ecuador, ambos episodios comenzaron de forma similar: un grupo de presos pertenecientes a una banda criminal simuló la enfermedad o muerte de uno de sus integrantes para emboscar a los agentes que acudieron a inspeccionar. De ese modo lograron acceder a otras áreas del penal donde se encontraban reclusos de bandas rivales, a quienes atacaron con extrema violencia.

En el primer episodio, la cárcel de Machala, que se ubica cerca a la frontera con Perú y en la que predominan integrantes de Los Lobos, la Policía ecuatoriana atribuye la masacre a una facción de Los Lobos llamada Sao Box que buscó atacar a otra división del mismo grupo.

En los acontecimientos de este jueves en la prisión de Esmeraldas, que se encuentra en la frontera con Colombia y donde prevalecen Los Tiguerones, fueron presuntamente miembros de esta banda los que realizaron el ataque contra integrantes de varias bandas como Los Lobos y Los Choneros.

Aparentemente los presos han utilizado armas blancas que han logrado introducir en las prisiones pese al mayor control militar dispuesto por Noboa, y también, en el caso de Esmeraldas, se apropiaron del arma de fuego del militar al que redujeron y que terminó herido.

Tanto en una masacre como en la otra el Gobierno de Ecuador ha guardado silencio sin ofrecer información pública sobre los sucesos, por lo que la única información oficial ha sido difundida por la Fiscalía.

Desde 2020, más de 600 presos han sido asesinados en las cárceles de Ecuador, en su mayoría como resultado de violentos enfrentamientos entre bandas criminales rivales. Esta situación llevó a que, a inicios de 2025, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hiciera un llamado de atención al Gobierno.

El organismo internacional instó a Ecuador a comienzos de año: «A adoptar medidas para garantizar los derechos a la vida e integridad personal de las personas bajo su custodia, a investigar todos los hechos, a identificar y sancionar a los responsables y, a prevenir su repetición».

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«Hemos regresado 8.743 migrantes que estaban en cárceles del ICE», afirmó el mandatario venezolano en su programa semanal «Con Maduro +», transmitido por la estatal Venezolana de Televisión (VTV), en el que estuvo acompañado de connacionales que han retornado al país, entre algunos de los detenidos en El Salvador después de ser deportados de EEUU.

Maduro explicó que, de ese total, 6.117 eran hombres y 1.444 mujeres, e indicó que regresaron mediante el programa gubernamental «Vuelta a la Patria».

De igual forma, detalló que entre los repatriados hay 623 niños, 559 niñas y 52 mujeres embarazadas.

El jefe de Estado mencionó que en el primer semestre del año se han realizado 47 vuelos de repatriación de migrantes, y destacó que corresponden a una media de ocho viajes por mes.

Caracas aceptó recibir deportados de EEUU a finales de enero, luego de que Richard Grenell, enviado especial de la Administración de Donald Trump, se reuniera en la capital venezolana con Maduro.

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Un grupo de integrantes de Movir y algunos familiares de personas detenidas se concentraron en la fachada de la Catedral Metropolitana de San Salvador, en el corazón de la capital, y alzando carteles con mensajes en rechazo del estado de excepción también pidieron por la liberación de sus parientes detenidos, según ellos, «arbitrariamente».

Samuel Ramírez, coordinador de Movir, dijo en declaraciones a EFE que les «preocupa» que la Iglesia y el arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas, «guarden silencio» .

«Queremos que la iglesia católica reconozca que hay violaciones a los derechos humanos. ¿Por qué el arzobispo no ha dicho nada? (…) aquí (en El Salvador) hay violaciones a los derechos humanos, hay capturas arbitrarias, persecución política y presos políticos», señaló Ramírez.

Dijo que no se explica «cómo es que un país que se vende que es el país más seguro está por más de tres años sometido a un régimen de excepción«.

El Salvador continúa bajo un régimen de excepción como su principal -y única- medida de seguridad contra las pandillas, entre la preocupación de organizaciones de derechos humanos nacionales y extranjeras por las miles de denuncias de violación a derechos, malos tratos y torturas en las cárceles del país y por «convertirse en una herramienta» para acallar las voces críticas del Gobierno del presidente Nayib Bukele.

Ramírez añadió que Movir «aboga por todos los inocentes detenidos» que incluye, según señaló, a los abogados críticos del gobierno del presidente Nayib Bukele, Ruth López y Enrique Anaya, y los activistas Alejandro Henríquez y el líder comunitario José Ángel Pérez.

Régimen de excepción en El Salvador

El régimen de excepción fue aprobado como una medida extraordinaria en marzo de 2022, tras un fin de semana con más de 80 homicidios, y, de acuerdo con el Gobierno, ha permitido combatir a las maras, liberar a los territorios del dominio pandilleril y reducir significativamente los homicidios en el país, considerado por años como uno de los más violentos del mundo.

Bajo este régimen se registran más de 87.000 detenciones de supuestos miembros de pandillas o supuestas personas ligadas a estas bandas, se reportan casos de violaciones a derechos humanos -la mayoría por detenciones arbitrarias- y más de 400 muertes en cárceles bajo custodia de agentes del Estado.

Además, en las últimas semanas se ha denunciado que el estado de excepción «no solo se ha utilizado para abordar la violencia relacionada con las pandillas, sino también como una herramienta para silenciar las voces críticas» del gobierno, según la Oficina en Washington de Asuntos Latinoamericanos (WOLA).

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«Llevamos más de 415 casos personas que han sido asesinadas en manos del Estado», afirmó Alejandro Díaz, de la organización de derechos humanos Tutela Legal ‘María Julia Hernández’, que explicó en una conferencia de prensa que la cifra «es un estimado» de las oenegés a partir de las denuncias de los casos, y lamentó que desde el Estado «no se brinde información al respecto».

El régimen de excepción cumplió el pasado 27 de marzo tres años de implementación y en este tiempo se contabilizan más de 85.900 detenciones de supuestos miembros de pandillas y de supuestas personas ligadas a estas estructuras.

Díaz señaló que la medida se ha convertido en una «política de seguridad que ha vulnerado derechos humanos en estos últimos años».

Además, indicó que bajo esta medida «se han configurado graves violaciones a derechos humanos», «delitos internacionales como desaparición de corta duración, desaparición forzada y tortura», y «se está aplicando el régimen a defensores de derechos humanos, incrementando la persecución».

El régimen suspende garantías constitucionales como el derecho a la defensa de los detenidos, la inviolabilidad de las telecomunicaciones y la detención administrativa máxima de 3 días, que pasa a 15.

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Asunto polémico, puntos de vista y situación penitenciaria

«Observamos con suma preocupación que los traslados a estos detenidos se llevaron a cabo con muchas irregularidades, pues no les avisaron a sus familiares y muchos de ellos se enteraron cuando fueron a llevarles la comida a las comandancias policiales», señaló el OVP en nota de prensa.

Agregó que son «muchos los familiares» que han viajado a kilómetros de distancia y «en ninguno de los penales hay una lista de trasladados».

Traslado a cárceles del país

El OVP señaló que más de 700 presos han sido trasladados a dos cárceles de máxima seguridad, conocidas como Tocuyito y Tocorón, ubicados en los estados Carabobo y Aragua, respectivamente, en el centro del país.

«Hasta la fecha, a ninguna de las personas trasladadas (…) se les ha permitido el contacto con sus familiares ni la designación de sus abogados de confianza», dijo.

Igualmente, indicó que los detenidos tampoco han sido evaluados física ni psicológicamente, «aunado a que ni siquiera se han preocupado por la atención integral de las personas con enfermedades preexistentes y discapacidad».

Según cifras oficiales, más de 2.400 personas han sido detenidas desde el 29 de julio -algunas en manifestaciones y otras en operativos policiales-, y 25 fueron asesinadas en hechos de violencia que el Gobierno atribuye a la oposición.

Actualización informativa: Liberados 40 adolescentes

Al menos 40 adolescentes fueron excarcelados este sábado en Venezuela con medidas cautelares. Fueron detenidos durante la crisis desatada tras la cuestionada reelección de Nicolás Maduro, según informó la ONG Foro Penal. Con estas excarcelaciones, ya suman 56 las liberaciones de jóvenes.

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La entrega se realizó en la cárcel de Latacunga, en la andina provincia de Cotopaxi, una de las más grandes del país, con la presencia del embajador de la UE en Ecuador, Charles-Michel Geurts, el embajador de Italia en Ecuador, Giovanni Davoli, y el director Adjunto del Programa de la UE para la Asistencia contra el Crimen Organizado en Latinoamérica (El PAcCTO), Giovanni Tartaglia.

Los drones fueron adquiridos por el Programa de la Unión Europea de respuesta a la emergencia para fortalecer el sistema penitenciario de Ecuador (Euresp), inaugurado en 2022 con un presupuesto de 2,5 millones de euros que ha sido ejecutados por el Instituto Italo-Latinoamericano bajo la dirección del magistrado italiano Paolo Di Sciuva, según señaló la embajada de Italia en un comunicado.

Estos equipos serán utilizados por el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad (SNAI), la agencia penitenciaria del Estado, encargada del control y administración de las cárceles ecuatorianas.

Centros penitenciarios en Ecuador

El director del SNAI, Luis Zaldumbide, agradeció a Italia y a la Unión Europea el aporte de Euresp al Gobierno ecuatoriano en su compromiso por recuperar el control de los centros penitenciarios del país.

Por su parte, el embajador Davoli evocó la experiencia italiana en la lucha contra la mafia, gracias a la cual la estabilidad del control estatal sobre las instituciones penitenciarias se convirtió en una piedra angular.

Las cárceles más conflictivas de Ecuador fueron militarizadas al inicio de 2024, después de que el presidente, Daniel Noboa, elevase la lucha contra el crimen organizado a la categoría de «conflicto armado interno», con el que pasó a catalogar a las bandas criminales que operan en Ecuador como grupos terroristas.

También se han acometido reformas legales para permitir que las Fuerzas Armadas puedan operar en el entorno carcelario, con el objetivo de recuperar el control de los centros penitenciarios, que hasta entonces estaban controlados por las bandas del crimen organizado.

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«Estoy preparando dos cárceles, que debo tener listas en 15 días, ya estaban preparándose (Tocorón y Tocuyito), y todos los guarimberos (manifestantes violentos) van para» estos penales, aseguró el mandatario durante una reunión con empresarios, en la que reiteró que los detenidos forman parte de un golpe de Estado en su contra.

Por ello, prosiguió, decidió acondicionar estas dos prisiones, que ya existían en los estados norteños Aragua y Carabobo, «para todas las bandas de nueva generación que están metidas en las guarimbas (como llama el oficialismo a las protestas antigubernamentales) y en el ataque criminal».

«No va a haber perdón ni contemplación», remarcó Maduro, recordando que el Estado actuará «en el marco de la Constitución y de las leyes».

Vamos a «hacer una apuesta para ver si esas cárceles de máxima seguridad logran la reeducación y convertirlas en granjas productivas, que (los presos) lleguen a producir, que lleguen a trabajar, como hacían en aquella época», señaló, en alusión a la dictadura de Marco Pérez Jiménez (1952-1958), que puso en marcha un plan de trabajo para los privados de libertad.

Todos los criminales fascistas se van para Tocorón y Tocuyito, a cárceles de máxima seguridad para que paguen sus crímenes ante el pueblo. pic.twitter.com/zfXYBSB5v3

— Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) August 2, 2024

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Andreína Baduel, hermana de Josnars Adolfo Baduel -detenido en 2020 y acusado de terrorismo, asociación para delinquir y traición a la patria-, dijo a EFE que, en la nación, las «condiciones de reclusión son inhumanas» y «la disidencia es perseguida y criminalizada por pensar distinto».

«En Venezuela siguen violando los derechos humanos», afirmó Baduel, quien entregó, junto a otros familiares de «presos políticos», un documento a la Fiscalía con estas denuncias, a propósito del Día Internacional de Nelson Mandela.

Por su parte, Sugled Gasparini denunció que su hermano, John Jairo Gasparini -detenido en 2020 y acusado de un presunto plan para derrocar al Gobierno de Nicolás Maduro-, duerme en un lugar «nada adecuado para un ser humano», donde «los olores no son nada agradables».

«Quiero pedir, tanto al fiscal (general Tarek William Saab) como al mismo presidente Nicolás Maduro (…), que respeten los derechos de todos los venezolanos, sobre todo ahora que estamos en elecciones. Necesitamos (…) devolverle la paz a los venezolanos y que cada uno de los presos políticos (…) regresen a sus hogares», expresó Gasparini.

La presidenta de la ONG Fordisi, Gricelda Sánchez, exigió el cese de «la persecución», ya que -consideró- no se «puede hablar de democracia y libertad» cuando hay 301 presos políticos, según la organización no gubernamental Foro Penal.

#18Jul Familiares de presos políticos y de personas privadas de libertad bajo la Ley Antiterrorista, permanecen concentrados en Parque Carabobo frente a la sede del @MinpublicoVEN para exigir libertad y el cese del abuso crónico de la legislación antiterrorista pic.twitter.com/PbouhsriqK

— PROVEA (@_Provea) July 18, 2024

De interés: Foro Penal: En Venezuela hay 269 presos políticos

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Fuente de imagen referencial: EFE/Ronald Peña

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«Hoy marcamos uno de los hitos más importantes en nuestra lucha en contra del terrorismo y las mafias que se enquistaron impunemente en nuestro país durante décadas», dijo Noboa en la ceremonia de colocación de la primera piedra para la construcción de la cárcel, que se ubicará en la costera provincia de Santa, donde el mandatario tiene fijada su residencia.

El jefe de Estado añadió que «hace tan sólo siete meses, el sistema penitenciario estaba secuestrado y humillado por las organizaciones criminales que habían convertido a las cárceles en sus centros de operaciones«, lo que aseguró haber cambiado con la militarización de las prisiones que ordenó a inicios de este año.

Entre 2021 y 2023 murieron asesinados en las cárceles más de 500 presos, muchos de ellos en una serie de masacres carcelarias por disputas entre bandas rivales que tenían en control de las prisiones muros adentro.

El ingreso de los militares en enero pasado a las cárceles se dio como parte de un estado de excepción decretado por Noboa para combatir al crimen organizado, al que se le atribuye el auge de la violencia criminal, que ha llevado a Ecuador a figurar entre los países más violentos de Latinoamérica.

En sus primeros meses en el cargo, el mandatario ecuatoriano había anunciado la construcción de dos cárceles con características similares a las implementas en México o El Salvador, si bien con un tamaño mucho menor al salvadoreño Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), construido por Bukele para encerrar a pandilleros, hasta cerca de 40.000, según cifras oficiales. 

300 días de construcción

Con una inversión de 52 millones de dólares, el centro penitenciario de Santa Elena se extenderá sobre 16,2 hectáreas, y se construirá en un tiempo récord de 300 días, dijo el director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), Luis Zaldumbide.

La máxima autoridad penitenciaria del país apuntó que lo más destacado del proyecto, con capacidad para unos 800 reos, son sus pabellones de máxima seguridad, «diseñados para garantizar que las medidas judiciales se cumplan rigurosamente». «Este centro será fundamental en nuestra lucha contra el crimen organizado», acotó.

«Gracias a su despliegue tecnológico de vanguardia, que incluye sistemas de videovigilancia enlazados a software de inteligencia artificial, este centro no sólo será el primero en su tipo en el país, sino que también establecerá nuevos estándares en la categorización de las personas privadas de libertad según su nivel de peligrosidad», dijo Zaldumbide.

El director del SNAI recordó que en los últimos años, los centros de privación de libertad estaban dominados por el crimen organizado «mientras los gobernantes anteriores miraban a otro lado o pactaban con ellos».

Sin embargo, en el Gobierno de Noboa han recuperado el control de las cárceles, enfatizó Zaldumbide en una semana en la que familiares de presos denunciaron presuntas torturas en las cárceles y exigían reinstaurar las visitas suspendidas desde enero, a la vez que la mayoría de las prisiones se quedaron también temporalmente sin proveedor de alimentos.

«Hoy tenemos orden con los militares, con los policías y también con un comandante jefe que tiene la valentía de enfrentarlos de frente rápidamente», comentó Noboa en referencia a sí mismo como máxima autoridad de las fuerzas del órden.

Mafias en Ecuador

Noboa señaló que antes de su llegada al poder el «control de las mafias convirtió en las cárceles en verdaderas bombas de tiempo en áreas urbanas, amenazando a la población y facilitando, además, el cometimiento de delitos».

«Y también había una comunicación directa con los narcopolíticos que hoy en día tanto molestan», señaló sin mencionar nombres.

El gobernante avanzó que la nueva cárcel se llamará «del encuentro» (eslogan del Gobierno del expresidente Guillermo Lasso) porque allí se encontrarán los corruptos, asesinos, narcotraficantes, los delincuentes más peligrosos del país, «los cabecillas de las mafias, que estarán ahora monitoreados en tiempo real y con el soporte de la inteligencia artificial».

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Fuente de imagen referencial principal: EFE/Presidencia de Ecuador

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Aunque se registraron protestas en al menos 51 centros en 17 de los 23 estados del país, en las últimas horas los presos de varias cárceles han decidido levantar la huelga, luego de que el Ministerio Penitenciario empezara a atender los reclamos e, incluso, otorgara medidas de libertad, informó a EFE el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).

La ONG indicó que equipos del Ministerio de Servicio Penitenciario se han acercado a distintos reclusorios del país, con lo que han empezado procedimientos en tribunales, así como medidas de libertad aunque, dijo, desconoce si estas son plenas o con cautelares.

También, según dijo el OVP en X, desde este viernes el Ministerio Penitenciario comenzó a instalar mesas técnicas en algunos recintos carcelarios «para revisar las causas de los detenidos».

El Ministerio de Servicios Penitenciarios ha difundido en redes sociales fotografías que muestran al líder de esa cartera de Estado, Julio García Zerpa, nombrado el martes para el cargo, en conversaciones con mujeres y hombres presos en los estados Lara (oeste) y Carabobo (norte).

Hoy seguimos en el 2do día de atención directa a las denuncias de familiares de las y los privados de libertad, cumpliendo la instrucción del ministro @JulioGarciaZ

Sistema penitenciario, puertas abiertas. pic.twitter.com/VZlTkRPCpY

— MPPSP (@mppsp_vzla) June 15, 2024

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En Caracas, decenas de personas cantaron el himno nacional y corearon consignas ante las sedes de los tribunales, para pedir al Ejecutivo que responda a los reclamos de los presos en huelga de hambre, «más de 50.000», según estimaciones de la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).

En paralelo, una decena de esposas, madres e hijas de privados de libertad alertaron, a las afueras del Palacio de Justicia de Maracaibo, capital del estado Zulia, sobre el deterioro de la salud de los internos, a causa de la huelga que ya sobrepasó las 72 horas.

Las protestas se han extendido en, al menos, 17 de los 23 estados del país, según registró hasta el martes el OVP.

El Ministerio de Servicio Penitenciario no ha hecho comentarios sobre la huelga y, en cambio, ha compartido imágenes a través de X, donde se muestran presos junto personal de salud y se informa sobre visitas «como parte de la garantía de los derechos humanos de la población penitenciaria en el país».

#12Jun #Protesta
Familiares de #PrivadosDeLibertad en Venezuela, piden al Gobierno resolver la huelga carcelaria y y agilizar los procesos penales en los diferentes tribunales. – @GuardianCatolic pic.twitter.com/Fx1WWiK0V5

— Reporte Ya (@ReporteYa) June 13, 2024

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Este informe fue emitido por la Defensoría del Pueblo después de que un juez ordenara a esta institución investigar las denuncias de violaciones a los derechos humanos presentadas por organizaciones no gubernamentales durante la militarización de prisiones ordenada por el Gobierno del presidente Daniel Noboa en el marco del «conflicto armado interno» que declaró contra el crimen organizado.

Según su informe, la Defensoría contabilizó 24 fallecimientos de presos en diversas cárceles del país entre el 9 de febrero y el 7 de marzo de 2024, «por muertes naturales y en otros casos por muertes violentas, con indicios de presunta tortura. Así también, existen alertas del deceso de PPL (personas privadas de libertad) con signos de desnutrición».

Ese registro corresponde al primero de los tres meses que duró el estado de excepción que Noboa decretó a nivel nacional contra las bandas criminales, y cuya declaración de «conflicto armado interno» se mantiene vigente, con la que el Gobierno ha pasado a denominar a estos grupos como terroristas y actores beligerantes no estatales.

«De la información recopilada por parte de familiares, personas privadas de libertad, medios de comunicación y sociedad civil, se identificó el incremento de fallecidos en los CPL (centros de privación de libertad), los mismos se encuentran bajo custodia de las Fuerzas Armadas», manifestó la Defensoría.

Derechos de los presos en Ecuador

La institución que vela por el cumplimiento de los derechos fundamentales en Ecuador señaló que se encuentra realizando un seguimiento permanente a las cárceles de las provincias de Esmeraldas, Santo Domingo, Carchi, Imbabura, Pichincha (cuya capital es Quito), Cotopaxi, Sucumbíos y Napo, en las cuales desde el 1 de mayo se suspendió el servicio de alimentación.

Asimismo, se hizo eco de los reportes periodísticos que advierten de que la suspensión del servicio de alimentación se extienda a la provincia de Guayas, cuya capital es Guayaquil, donde se encuentra el mayor complejo carcelarios del país, que con alrededor de 12.000 reclusos, una tercera parte aproximadamente de la población penitenciaria del país.

«Las autoridades tenían conocimiento sobre el posible riesgo de incidentes en los centros por problemas en la alimentación», apuntó la Defensoría.

La plataforma SOS Cárceles Ecuador denunció la presunta muerte de un recluso de la cárcel de Latacunga, en la provincia de Cotopaxi, por supuesta malnutrición, una información que hasta el momento no ha sido confirmada ni tampoco desmentida por el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI), la agencia penitenciaria del Estado.

El Gobierno ha atribuido la suspensión del servicio de alimentación a una presunto vínculo de la empresa proveedora con el crimen organizado, mientras que la compañía ha señalado en medios de comunicación que registra una importante deuda del Estado.

Violencia en las prisiones

En algunas cárceles los familiares de los presos se han organizado para recoger donaciones y proveer de alimentos a sus parientes recluidos.

Las prisiones de Ecuador son uno de los epicentros de la crisis de violencia de Ecuador al haber estado muchas de ellas controladas por las bandas criminales, por lo que Noboa pasó a militarizarlas cuando decretó a inicios de año el estado de excepción a nivel nacional.

Entre 2020 y 2023 fueron asesinados dentro de ellas más de 500 presos, la mayoría en una serie de cruentas masacres carcelarias por disputas entre bandas rivales.

A estas bandas, dedicadas principalmente al narcotráfico, se les atribuye la ola de violencia que azota a Ecuador y que le ha llevado a figurar entre los primeros países de Latinoamérica con más homicidios, con una tasa de 47 por cada 100.000 habitantes en 2023, según el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO).

Hasta el momento Noboa ha cerrado filas en torno a las fuerzas estatales frente a las denuncias de violaciones a los derechos humanos durante lo que el jefe de Estado ha denominado como una «guerra» al crimen organizado.

El lunes, el viceministro de Gobierno, Esteban Torres, rechazó la carta remitida por la organización Human Rights Watch (HRW) a Noboa en la que le expresaba que sus evaluaciones sobre ese primer estado de excepción determinaron que la declaración de «conflicto armado interno» no está suficientemente motivada y que esa medida contribuyó a serias violaciones de los derechos humanos.

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«Ya tenemos adelantado un protocolo (…) para el uso masivo de los brazaletes electrónicos, para confinar en los hogares a quienes hayan incurrido en delitos menores o no violentos, sobre todo atendiendo a las mujeres que dejan solos a sus hijos mientras cumplen la pena«, dijo el mandatario nacional durante un acto en Caracas, a propósito de la instalación del nuevo año judicial.

Aunque no ofreció mayores detalles de este plan, indicó que es parte del trabajo de la reforma del sistema carcelario y judicial del país que, tras la intervención de varios centros penitenciarios, el año pasado, avanza en una «nueva fase».

En este sentido, pidió al Poder Legislativo dar «pasos superiores» para «pagar la deuda de los retrasos judiciales» y cumplir con la promesa de la «revolución judicial», un plan anunciado en junio de 2021, a partir del cual se han reformado un paquete de leyes en el área y se han reestructurado varios cuerpos de seguridad.

#Nacionales I El sistema de justicia de Venezuela está elaborando un protocolo para que privados de libertad por delitos menores o no violentos usen brazaletes electrónicos. https://t.co/tESpFSrAWL ,

— LA PRENSA de Lara (@laprensalara) February 1, 2024

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Fiorella Tagliafico

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«He firmado el decreto ejecutivo declarando Conflicto Armado Interno», escribió Noboa en un mensaje en su cuenta X (antes Twitter) en la que apuntó que ha identificado a grupos del crimen organizado trasnacional «como organizaciones terroristas y actores no estatales beligerantes».

Entre ellos enumeró a «Águilas, ÁguilasKiller, Ak47, Caballeros Oscuros, ChoneKiller, Choneros, Covicheros, Cuartel de las Feas, Cubanos, Fatales, Gánster, Kater Piler, Lagartos, Latin Kings, Lobos, Los p.27, Los Tiburones, Mafia 18, Mafia Trébol, Patrones, R7, Tiguerones».

He firmado el decreto ejecutivo declarando Conflicto Armado Interno e identifiqué a los siguientes grupos del crimen organizado transnacional como organizaciones terroristas y actores no estatales beligerantes: Águilas, ÁguilasKiller, Ak47, Caballeros Oscuros, ChoneKiller,… pic.twitter.com/rVfSTFmHlG

— Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) January 9, 2024

Y agregó que ha ordenado a las Fuerzas Armadas ejecutar operaciones militares para neutralizar a estos grupos.

Noboa firmó el decreto en momentos de gran tensión en el país por estallidos de automóviles en distintas ciudades, ataques con explosivos, secuestro de policías y retención de agentes de las penitenciarías en las propias cárceles.

En la televisión se observó en directo cuando los encapuchados sometían al personal y luego se escucharon disparos y gritos, hasta que llegó la Policía.

La Policía indicó en sus redes sociales que evacuaron a las personas de la zona «a fin de verificar novedades con los trabajadores del medio de comunicación y restablecer el orden».

Mientras tanto, instituciones como la Universidad de Guayaquil y varios locales comerciales en Quito cerraron sus puertas ante el temor por los actos violentos en desarrollo.

Además se suspendieron las clases en todos los niveles por la ola de violencia desatada.

Toma de canal de televisión

La Policía de Ecuador confirmó este martes que desplegó «unidades especializadas» a las afueras del canal de televisión TC, en la ciudad de Guayaquil, luego de que hombres armados sometieran al personal del medio durante una transmisión en vivo.

Encapuchados armados toman canal de televisión en Ecuador (+ videos) https://t.co/JkC1BaFdpV #noticias #carabobo #venezuela pic.twitter.com/g2018B1Xkh

— Agencia Carabobeña de Noticias (@AgenciaCN) January 9, 2024

«Ante el ingreso de delincuentes a las instalaciones de un medio de comunicación en #GYE, nuestras unidades especializadas se encuentran desplegadas en el lugar para atender esta emergencia«, informó la Policía en un su cuenta de X.

Posteriormente, informaron que los trabajadores fueron liberadas ante la acción de las Fuerzas Armadas.

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Fiorella Tagliafico

Con información de EFE Servicios

Fuente de imagen referencial: EFE/José Jácome

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El estado de excepción permite la actuación de las Fuerzas Armadas de Ecuador, en apoyo a la Policía, para el control de la seguridad interna, sobre todo en los centros carcelarios, como ya lo han hecho en anteriores ocasiones.

«Acabo de firmar el decreto de estado de excepción para que las Fuerzas Armadas tengan todo el respaldo político y legal en su accionar«, aseguró Noboa en un mensaje a través de Instagram.

🇪🇨 | URGENTE: El Presidente de Ecuador Daniel Noboa, declara Estado de Excepción y ordena a las Fuerzas Armadas y a la Policía tomar control de las cárceles para frenar motines, afirmando que no tolerará la dominación del narcotráfico en el país. pic.twitter.com/jF0syC5o1F

— UHN PLUS (@UHN_Plus) January 8, 2024

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Fiorella Tagliafico

Con información de EFE Servicios

Fuente de imagen referencial: X / @pabloaure

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Bautista, a través de sus redes sociales, señaló que se debe ingresar al portal del Ministerio de Interior y Justicia y buscar el apartado que dice «Traslados» de los presos.

Seguido de ello, se desplegarán los penales cuyas listas están disponibles para ser consultadas.

Hasta el momento son seis las cárceles que han sido tomadas por las autoridades en el marco de la operación Gran Cacique Guaicaipuro.

La autoridad aclaró que el establecimiento asignado por su traslado es «temporal».

Hemos implementado un vínculo en nuestra página web, para que los familiares de los privados de libertad que se encontraban en los centros intervenidos por la Operación Cacique Guaicaipuro conozcan sobre el establecimiento asignado por su traslado temporal pic.twitter.com/OnjomIxf9o

— Celsa Bautista Ontiveros (@CelsaBautistaO) November 8, 2023

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Fiorella Tagliafico

Con información de medios internacionales y redes sociales

Fuente de imagen referencial: X: @CelsaBautistaO

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En las últimas dos décadas, las cárceles de Honduras han sido escenario de incendios, enfrentamientos y amotinamientos, sucesos en los que 1.050 personas fueron asesinadas, indicó el organismo hondureño en un comunicado, con motivo del Día de las Personas Privadas de Libertad, que se conmemora el 24 de septiembre.

Entre los últimos hechos violentos en las cárceles de Honduras figura la muerte de 46 mujeres durante una reyerta seguida de un incendio el pasado 20 de junio, en el Centro Femenino de Adaptación Social (Cefas), cercano a Tegucigalpa.

El Conadeh instó al Estado de Honduras a implementar de manera «urgente» una adecuada gestión penitenciaria, donde exista un mayor control interno y seguridad de los presos y sus familiares.

Además, considera necesario recuperar la gobernabilidad en los centros penitenciarios tomando como eje transversal el respeto a los derechos humanos.

El organismo de derechos humanos registró entre 2019 y el primer semestre de 2023 al menos 1.696 quejas de violaciones de los derechos humanos en las cárceles.

Las denuncias están relacionadas con la falta de atención de salud, abuso de autoridad, hostigamiento, torturas, malos tratos a los familiares de los presos, retraso en la aplicación de justicia, hacinamiento, falta de servicios básicos y violencia, entre otras.

Destacó la importancia de prevenir la tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes en las cárceles y centros de detención.

También hizo un llamamiento a las autoridades hondureñas a investigar todo acto que constituya o pueda constituir un acto de tortura, tratos crueles inhumanos y degradantes, como parte de las obligaciones contraídas por el Estado al ratificar la Convención contra la Tortura y su Protocolo Facultativo.

El sistema penitenciario hondureño está conformado por 25 cárceles, en las que permanecen alrededor de 19.557 personas, de las cuales 18.306 son hombres y 1.251 mujeres.

En la mayoría de las prisiones, con edificios obsoletos, hay hacinamiento, lo que también contribuye a que sean de alta peligrosidad.

El 54 % de los presos están sentenciados, mientras que el 46 % procesados, según datos oficiales.

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@rafarias86

Con información de medios internacionales y agencias

Fuente de imagen referencial: Deleece Cook / Unsplash

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En la cárcel de Turi, situada en las cercanías de la andina ciudad de Cuenca, capital de la provincia de Azuay, los reos se encaramaron a los tejados para protestar presuntamente por la operación que se realiza en la prisión de Latacunga, capital de la céntrica provincia andina de Cotopaxi.

El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI) informó en un comunicado que en torno a la cárcel de Cuenca, llamada oficialmente Centro de Privación de Libertad Azuay Número 1, se desplegaron policías y militares a fin de hacer frente a cualquier actividad que pueda afectar la seguridad interna de la prisión.

Horas más tarde, medios locales también reportaron disturbios en la cárcel de Azogues, situada en la también andina provincia de Cañar, colindante con Azuay.

Estas tres cárceles (Latacunga, Cuenca y Azogues) están presuntamente controladas por la banda criminal Los Lobos, por lo que los disturbios en Cuenca y Azogues serían aparentemente una respuesta al ingreso de policías y militares en la prisión de Latacunga.

La intervención en el centro carcelario de Latacunga, llamada oficialmente por las autoridades como Centro de Privación de Libertad Cotopaxi Número 1, contó con la participación de 2.200 policías y militares.

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Fiorella Tagliafico

Con información de medios internacionales

Fuente de imagen referencial: Twitter / @ecuador_today

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