Según los reportes del Ministerio de Salud y la Defensoría del Pueblo, la mayoría de los 17 manifestantes fallecieron en los enfrentamientos ocurridos en las inmediaciones del aeropuerto de Juliaca, epicentro de las protestas que exigen la renuncia de Boluarte, el cierre del Congreso, nuevas elecciones en este año y una asamblea constituyente.

La defensora del Pueblo, Eliana Revollar, dijo a Canal N que entre las víctimas hay una menor de 17 años y lamentó que la movilización de este lunes en Juliaca “se haya tornado muy violenta”.

En este sentido, mencionó que los manifestantes usan “armamento casero” y los exhortó a actuar de forma pacífica sin “estos niveles de violencia”.

“La solución a este problema es política. Por eso nuestro llamado al Congreso y al Gobierno para que encuentren una salida real”, concluyó.

Perú: #enfrentamientos dejan al menos 17 muertos

El epicentro de las protestas fue la ciudad de #Juliaca en las inmediaciones del aeropuerto.

La Defensoría del Pueblo pide al gobierno de #DinaBoluarte una salida politica a la crisis que atraviesa el país.#DWNoticias /cmw pic.twitter.com/TINfSdmE9b

— DW Español (@dw_espanol) January 10, 2023

Por su parte, el director de la Dirección Regional de Salud (Diresa) en Puno, Ismael Cornejo, explicó al mismo medio que el primer fallecido de este lunes murió por una herida de bala en la cabeza y el segundo por una herida de bala en el pulmón, que le destrozó ese órgano.

Asimismo, agregó que la población denunció el sobrevuelo de helicópteros, a baja altura, para lanzar bombas lacrimógenas y disparos a los manifestantes.

Perú vive la jornada de protestas más violenta desde el inicio de la crisis política,
Al menos 17 muertos y más de 30 heridos en las manifestaciones registradas en el sur del país Según los reportes de la Defensoría del Pueblo, la mayoría fallecieron en el aeropuerto de Juliaca pic.twitter.com/ozBMkM61K2

— arrior (@CaroCarreroCC) January 10, 2023

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Gabriela Morales

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El equipo legal de Moody presentó las pruebas ante el tribunal federal del distrito norte de Florida donde se ventila la demanda interpuesta en 2021.

La Administración de Biden sabía, tan solo ocho días después de asumir la Presidencia, que sus políticas de inmigración “estaban creando una colosal crisis de seguridad pública”, dijo Moody en un comunicado.

La fiscal general de Florida sostiene que varios correos electrónicos “retenidos previamente” por el Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. (DHS) contienen conversaciones con los comisionados de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en los que se constata la “destrucción de las estructuras de inmigración” creadas por Donald Trump durante su presidencia.

Migrantes en libertad

Una situación que, según Moody, dejó a la Patrulla Fronteriza estadounidense (USBP) sin otras opciones excepto liberar a casi todos los inmigrantes encontrados en la frontera.

Según la demanda, desde marzo de 2021 la patrulla dejó en libertad a aproximadamente un millón de inmigrantes en la frontera suroeste del país, 105.000 de ellos en un solo mes.

Moody dijo que los mensajes presentados ahora como prueba indican que la oleada de inmigrantes ilegales causada por las políticas de inmigración de Biden “abrumará inmediatamente” la capacidad federal de detención.

El Departamento de Justicia de EE.UU. “debería” haber entregado los correos electrónicos al estado de Florida, sin embargo, este organismo “retuvo la prueba” y fue necesario entablar un litigio para acceder a estos mensajes.

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Gabriela Morales

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Fuente imagen referencial: Archivo

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En las últimas semanas, el mandatario ha estado envuelto en una serie de cuestionamientos. La situación se generó por las licitaciones que lograron con el Estado las empresas vinculadas a la lobista Karelim López y el empresario Samir Abudayeh, tras sus reuniones con Castillo.

La investigación fiscal a Castillo se inició semanas después de conocerse sus reuniones con López, quien está vinculada al consorcio Puente Tarata III, que ganó la buena pro de la obra Puente Tarata. También tiene conexión con Abudayeh, cuya empresa Heaven Petroleum ganó una licitación en Petroperú para venderle biodiesel.

Según Canal RPP y Canal N, las pesquisas del Ministerio Público contra el presidente son por los presuntos delitos de tráfico de influencias y colusión tras las licitaciones otorgadas por Provías Descentralizado y Petroperú.

Caso contra Pedro Castillo

El pasado 18 de diciembre, el procurador general del Estado, Daniel Soria Luján, denunció ante la fiscalía de la Nación al presidente, por la presunta comisión de los delitos de patrocinio ilegal y por “tráfico de influencias”, por el caso Provías y la buena pro que obtuvo el consorcio vinculado a la empresaria Karelim López.

Según la denuncia de la Procuraduría, las reuniones entre López y Castillo se habrían realizado para que el mandatario intercediera a fin de que el consorcio Puente Tarata III gane la buena pro.

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Gabriela Morales

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Por el momento, Castillo aventaja a su contrincante por 49.000 votos, 50,14% versus 49,86% de Fujimori, tras escrutarse el 99,93% de las mesas de sufragio del balotaje del domingo pasado, que la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) consideró limpio y sin «graves irregularidades«.

Perú sufre la incertidumbre, mientras Fujimori moviliza a sus seguidores a las calles por supuesto «fraude»

Keiko Fujimori, candidata a la presidencia de Perú

Por su parte, Castillo muestra una actitud ganadora y solicitó a sus seguidores la noche del sábado «paciencia» y «serenidad». Además, pidió «no caer en la provocación, pues estamos en un momento crítico».

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE), responsable de revisar el escrutinio de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y proclamar al ganador, está bajo presión de los adeptos de ambos aspirantes, quienes a  diario manifiestan en las afuera de su sede en el centro de Lima.

Los ciudadanos peruanos aspiran y exigen legitimidad en el escrutinio de los votos

El premio Nobel peruano Mario Vargas Llosa, que apoya desde España a Fujimori, expresó este domingo, en una entrevista con el Canal N de Lima, que el JNE «es la máxima y la única autoridad que debe pronunciarse» sobre la legitimidad del escrutinio y los pedidos de impugnación.

Pedro Castillo, líder del partido Perú Libre y aspirante a la presidencia peruana

El escritor, que en el pasado fue antifujimorista, enfatizó que el JNE debe evaluar las impugnaciones de Fujimori, pero fue cauto sobre sus denuncias de «fraude».

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María Gabriela Moncada

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