Los detenidos formaban presuntamente parte de un grupo «de extrema izquierda, propalestino, antigubernamental y anticapitalista» y planeaban una serie de explosiones en «varias partes de California» al igual que ataques en contra de agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

«Tras una intensa investigación, el Departamento de Justicia, en coordinación con el FBI, evitó lo que habría sido un complot terrorista masivo y atroz en el Distrito Central de California (los condados de Orange y Los Ángeles)», escribió la fiscal.

El director del FBI, Kash Patel, anunció la detención de un quinto individuo en Nueva Orleans, quien planeaba un «ataque violento aparte». Las autoridades identificaron a los cuatro detenidos en California como Audrey Illeene Carroll, Zachary Aaron Page, Dante Gaffield y Tina Lai.

Acusaciones del FBI

El plan, llamado «Operación Sol de Medianoche«, instruía a los participantes a plantar mochilas con explosivos caseros en cinco ubicaciones distintas de manera simultánea el 31 de diciembre. Las bombas iban dirigidas contra «dos empresas estadounidenses».

Los acusados fueron arrestados por el FBI tras viajar al desierto de Mojave para realizar pruebas de detonación de los explosivos. El FBI señaló al grupo Turtle Island Liberation Front como la organización responsable.

Además, dos de los detenidos discutieron planes para atacar agentes y vehículos de ICE en enero y febrero de 2026 con el objetivo de «acabar con algunos y asustar al resto». El primer fiscal adjunto, Bill Essayli, vinculó los arrestos al esfuerzo de la administración Trump para «extinguir las amenazas terroristas de extrema izquierda».

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La ‘Operation Dirtbag’ (Operación basura) adelantada en los últimos diez días deja un saldo de arrestos de 54 «depredadores sexuales», 164 «criminales sexuales», dos asesinos sentenciados, un condenado por narcotráfico y otros ocho «delincuentes atroces», expuso Madison Sheahan, subdirectora del ICE, en una rueda de prensa en Miami.

El operativo se enfocó en depredadores de niños, violadores y «violentos criminales» extranjeros con sentencias como agresión sexual de menores, violación, conducta lasciva, explotación infantil e intento de homicidio, según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés).

Aunque no se detalló la nacionalidad de todos los aprehendidos, el DHS compartió fotografías de cuatro cubanos, un venezolano y un ucraniano implicados en delitos sexuales a menores de edad.

Las detenciones las realizaron las autoridades de Florida, que lideran a nivel nacional los acuerdos 287(g) que permiten a agentes locales colaborar con el ICE en detenciones migratorias, señaló Sheahan.

La funcionaria destacó que Florida se ha convertido en emblema de la política migratoria de la segunda Administración de Donald Trump, pues hay 335 acuerdos 287(g) para cooperar con el ICE y el estado ha abierto centros de detención para migrantes como ‘Alligator Alcatraz’ y ‘Operation Depot’.

El pasado 26 de septiembre, más de 350 inmigrantes fueron detenidos tras un operativo de cuatro días de la Patrulla de Carreteras de Florida (FHP, en inglés), y el vicegobernador, Jay Collins, reiteró que las autoridades estatales irán detrás de su estimado de 1,1 millones de indocumentados detenidos en el estado.

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La jueza Maame Frimpong también emitió una orden que prohíbe al Gobierno federal restringir el acceso de los abogados en un centro de detención de migrantes en Los Ángeles.

La decisión de la magistrada llega tras la demanda que presentaron la semana pasada ante un tribunal de distrito de California personas afectadas por las redadas y organizaciones defensoras de derechos humanos, que denuncian que en los operativos sehan cometido múltiples violaciones constitucionales y de perfil racial.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) niega estas acusaciones y asegura que son «repugnantes y categóricamente falsas».

Denuncias contra redadas indiscriminadas

La Unión Estadounidense de Libertades Civiles del Sur de California (ACLU SoCal), uno de los grupos que representan a los demandantes, detalló en un comunicado que la orden de la jueza «prohíbe a los agentes de inmigración detener a personas en redadas sin una sospecha razonable».

También prohíbe que las detenciones se basen en factores como la raza o etnia, el hablar español o inglés con acento; el tipo de empleo y la presencia en determinados lugares como estaciones de autobús, lavaderos de autos o explotaciones agrícolas.

La segunda «ordena al DHS que proporcione acceso a un abogado entre semana, fines de semana y días festivos a las personas detenidas en el B-18, el edificio federal en el centro de Los Ángeles».

Las redadas migratorias en el área metropolitana de Los Ángeles comenzaron hace un mes y han generado un fuerte rechazo social e incluso fuertes enfrentamientos con los agentes, lo que ha convertido a California en un símbolo de resistencia contra el Gobierno de Trump.

La demanda fue motivada después de que el pasado 22 de junio hombres enmascarados que apenas portaban un chaleco con escudos de la Patrulla Fronteriza detuvieron a varios trabajadores de forma violenta, como quedó registrado en videos que se volvieron virales.

Los múltiples testimonios de los familiares de los detenidos en redadas coincidían en que ellos estaban incomunicados y que los arrestos estaban basados en perfil racial.

“Sin importar el color de su piel, el idioma que hablen o dónde trabajen, todos tienen garantizados los derechos constitucionales que los protegen de detenciones ilegales”, declaró Mohammad Tajsar, abogado principal de la Fundación ACLU SoCal, tras conocerse la decisión de la jueza.

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La organización indicó en una nota de prensa que en el primer semestre del año censura e intimidación fueron las principales violaciones registradas.

«Periodistas, medios de comunicación y personas particulares concentran el mayor número de víctimas. Destacan 23 detenciones, 44 incidentes vinculados al entorno digital y un uso constante del poder estatal para silenciar voces críticas», añadió.

En junio pasado, expresa, documentó tres violaciones al derecho a la libertad de expresión, dos casos de censura y uno de intimidación.

«Los hechos afectaron a periodistas, reporteros y plataformas web, y ocurrieron tanto en el estado Táchira como en espacios digitales», destacó.

Asimismo, dijo que las instituciones del Estado y cuerpos de seguridad fueron identificados como responsables directos en estos casos.

Detenciones de analistas financieros

«Además, se consolidó una nueva arremetida contra economistas y analistas financieros, a quienes se les persigue por difundir datos sobre inflación y poder adquisitivo», sostuvo.

Espacio Público aseguró que el mes pasado se mantuvieron las «desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, amenazas por ejercer el periodismo, así como bloqueos de información en zonas fronterizas».

La organización señaló que al menos cinco analistas financieros fueron detenidos por cuerpos de seguridad del Estado «sin cargos formales, en un contexto de control sobre las cifras económicas y de inflación».

«El Observatorio Venezolano de Finanzas denunció estos hechos como parte de una política para limitar el acceso a información confiable sobre la realidad económica», relató.

Igualmente, recordó que un tribunal de Caracas ratificó la privativa de libertad contra la periodista Nakary Mena Ramos, «detenida en abril tras publicar un reportaje sobre la inseguridad».

«Fue imputada por ‘instigación al odio’ y ‘publicación de noticias falsas’, junto a su pareja Gianni González».

En el país hay 20 periodistas detenidos, de los cuales 12 están sometidos a procesos penales con medidas cautelares, según un registro difundido a finales de junio por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP).

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«Queremos reportar un golpe importante en el que se le dio captura a once miembros de la organización Tren de Aragua en Bogotá (…) Fueron capturados ocho por orden judicial y tres en flagrancia», expresó el alcalde en una rueda de prensa.

Entre los detenidos está un hombre identificado con el alias de ‘L’, al que las autoridades acusan de ser el líder del Tren de Aragua en el centro de Bogotá.

Estas personas se dedicaban, según la investigación de las autoridades, al tráfico de estupefacientes y de armas, que vendían a otros grupos criminales.

También se les acusa de ser los responsables del lanzamiento de una granada en el barrio San Bernardo, en el centro de Bogotá, que dejó tres muertos y nueve heridos en marzo pasado.

La Embajada de Estados Unidos en Colombia y la Policía colombiana ofrecen un total de 12 millones de dólares por la captura de tres líderes de la organización criminal.

Esos cabecillas son Giovanny San Vicente; Yohan José Romero, alias ‘Johan Petrica’, y Héctor Guerrero Flores, alias ‘Niño Guerrero’, por quienes se ofrecen recompensas de tres, cuatro y cinco millones de dólares, respectivamente.

A los tres se les acusa de delitos de conspiración para cometer crímenes, tráfico de narcóticos y de personas, y lavado de dinero.

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Trump anunció el despliegue de 2.000 soldados de la Guardia Nacional de California para, según él, contrarrestar manifestaciones focalizadas, que ya fueron controladas y no representaban ningún problema de seguridad, contra las redadas migratorias en Los Ángeles, el condado más poblado de Estados Unidos con cerca de 10 millones de habitantes.

Por el contrario, los defensores de los derechos civiles han advertido que la decisión del Gobierno Trump representa “una amenaza” para la metrópoli.

“Esta es una peligrosa escalada que pone en riesgo a las comunidades estadounidenses y a nuestra democracia”, dijo este domingo en un comunicado Neera Tanden, directora ejecutiva del Centro para el Progreso Americano.

Esta es la primera vez en 60 años que un presidente estadounidense despliega la Guardia Nacional de cualquier estado sin contar con la autorización del gobernador a cargo, que es el comandante en jefe de las fuerzas militares estatales.

La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) condenó desde ayer el despliegue de las tropas y dijo que estudia imponer una demanda.

La administración republicana tomó la decisión a pesar de que funcionarios electos, la Policía y el alguacil de Los Ángeles confirmaron que las protestas, que en su mayoría se mantuvieron pacíficas, estaban contenidas.

La mayor queja de Trump es el “supuesto” daño del edificio federal que alberga la cárcel migratoria de Los Ángeles, que este domingo luce con grafitis contra el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

Tom Homan, el conocido como ‘zar de la frontera’ designado por Trump, amenazó hoy con arrestar a Bass y Newsom, «si se exceden» en sus competencias sobre el despliegue de soldados, en la que negó la afirmación previa del gobernador demócrata de que la Administración Trump estaba creando un «espectáculo”.

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A iniciativa del presidente Nayib Bukele, el Congreso aprobó el pasado 20 de mayo la ley en mención, que grava con un impuesto del 30 % las donaciones internacionales, sean para personas naturales o jurídicas.

«La CIDH expresa su preocupación por la tributación establecida, que puede inviabilizar la sostenibilidad financiera de las organizaciones y medios de comunicación alternativos o comunitarios que actúan en defensa de derechos humanos y que dependen de los fondos de la cooperación internacional», indicó el organismo en un comunicado.

La comisión también advirtió que dicha ley posee una «discrecionalidad» y «ambigüedad» sobre «las actividades que son prohibidas de ser financiadas con recursos extranjeros».

«En 2021, la CIDH y su RELE (Relatoría Especial de Libertad de Expresión) llamaron al Estado de El Salvador a no aprobar una normativa con tales características, por lo que instaron a su derogación», subrayó el comunicado.

Preocupación de la CIDH

El organismo, que forma parte de la Organización de los Estados Americanos (OEA), también manifestó su preocupación por las «detenciones recientes contra personas defensoras de derechos humanos».

La CIDH hizo referencia a las detenciones de la abogada anticorrupción Ruth López, del abogado ambientalista Alejandro Henríquez, del pastor evangélico y líder comunitario José Ángel Pérez, y de Fidel Zavala, portavoz de una organización humanitaria.

Además, la comisión denunció la existencia de «órdenes de arresto contra Ivania Cruz y Rudy Joya, todos defensores de la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios», junto a Zavala.

«Organizaciones de la sociedad civil cuestionan que las causas penales serían una forma de represalia por su labor con personas detenidas durante el régimen de excepción y por denuncias de abusos en las cárceles», expuso la CIDH.

El comunicado también apuntó que «frente a las alegaciones sobre el uso indebido del derecho penal con el posible fin de intimidar, castigar o impedir las actividades de defensa de derechos humanos, la CIDH llama al Estado a abstenerse de incurrir en esta práctica».

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En el tercer mes del año se constató «el menor número de arrestos fronterizos registrado en la historia de EE.UU., con poco menos de 7.200; esto significa que hubo días con menos de 200, lo que, nuevamente, es el nivel más bajo registrado», declaró la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ante el Congreso.

La baja en los datos de cruces irregulares en la frontera de EE.UU. con México coincide con el endurecimiento en la política migratoria del país tras la llegada al poder en enero de Trump, quien ha prometido una histórica campaña masiva de deportaciones de indocumentados.

Durante su comparecencia, Noem resaltó que específicamente el 25 de febrero de 2025, la Patrulla Fronteriza encontró un récord de menos de 160 migrantes en la frontera suroeste con México.

En los tres primeros meses del año, el DHS también registró una baja del 94 % en los arrestos con menores migrantes no acompañados.

Encuentros con migrantes en la frontera

En marzo, el tráfico de fentanilo en la frontera se redujo un 54 % en comparación con el año anterior, según datos oficiales. En ese mismo mes, la Guardia Costera incautó 105.000 kilos de fentanilo y otras drogas ilícitas.

En febrero pasado, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) registró 8.347 encuentros con migrantes irregulares en la frontera suroeste, lo que significó una caída del 94 % internanual y una disminución del 71 % intermensual.

Las autoridades migratorias estadounidenses ya habían reportado una reducción de un 85 % de los cruces en el límite con México durante los primeros 11 días del segundo Gobierno de Trump, frente al mismo período del 2024.

Trump llegó al poder con la promesa de realizar una deportación masiva de migrantes, a los que suele llamar «criminales». Este lunes, el DHS anunció que pagará 1.000 dólares a los indocumentados que elijan autodeportarse voluntariamente, además de ofrecer ayudas para comprar boletos de regreso a sus países.

Entre otras acciones, Trump ha militarizado la frontera, ha ordenado redadas en varios puntos del país y ha revocado beneficios migratorios para varias nacionalidades.

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Trump invita, además, a los indocumentados a usar una aplicación recién lanzada por el Gobierno estadounidense en la que pueden informar a la administración que abandonan el país, según el video.

ILLEGAL ALIENS: Download the CBP Home App – Now Available on All App Stores

Do it the easy way, or get deported the hard way. pic.twitter.com/Kb3GgAl7it

— The White House (@WhiteHouse) March 18, 2025

El video, de 90 segundos, forma parte de una campaña publicitaria más amplia destinada a animar a estos inmigrantes a irse antes de que las autoridades estadounidenses los detengan.

Esta iniciativa surge en un momento en el que el gobierno del republicano Donald Trump se está esforzando por deportar a miles de inmigrantes indocumentados, pero no cuenta para ello con suficientes fondos, espacios de detención, agentes e infraestructura, agrega el medio.

 

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En estas tres semanas del operativo, que consiste en el despliegue de 10.000 elementos de la Guardia Nacional en el límite con Estados Unidos para que Trump pause los aranceles del 25 %, se han confiscado 54,9 kilogramos de fentanilo y 705 armas, reportó el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.

El funcionario enunció en conferencia que, desde el comienzo de la presidencia de Claudia Sheinbaum el 1 de octubre, han «detenido 13.179 personas por delitos de alto impacto y se han asegurado 6.582 armas de fuego, 112,8 toneladas de droga, incluyendo 1.260 kilos y 1,3 millones de pastillas de fentanilo».

También han destruido 329 laboratorios clandestinos de metanfetaminas en tres estados.

Además, destacó el arresto en las últimas dos semanas de personas vinculadas al Cartel de Sinaloa, que Estados Unidos considera ahora un grupo terrorista, como el ‘Wero Bryan’, presunto operador de Los Chapitos, y de Kevin Alonso, supuesto jefe de seguridad de Iván Archivaldo Guzmán, ‘El Chapito’.

El secretario de la Defensa, Ricardo Trevilla, reveló que el Ejército mexicano ha detenido a narcotraficantes gracias a la inteligencia compartida por los polémicos drones y otros vuelos de Estados Unidos para vigilar al crimen organizado en México.

Intensifican las labores en la frontera de México-EEUU

Sobre el terreno se intensifican las labores, como en Ciudad Juárez, una de las principales urbes en la frontera norte de México, donde las autoridades mexicanas y estadounidenses buscan túneles clandestinos que conecten con El Paso, Texas, tras descubrir uno el 10 de enero.

«Creemos, o tenemos la convicción, que probablemente existan más túneles en la ciudad», declaró el fiscal de Chihuahua, César Jáuregui, en un recorrido.

Las pesquisas se han reforzado con la colaboración del Consulado de Estados Unidos, mientras que la Fiscalía General de la República (FGR) ha asumido la investigación por la magnitud del caso, que involucra posible tráfico de drogas.

Sobre el fentanilo, las autoridades señalaron que las incautaciones en Ciudad Juárez han sido menores que en otras regiones fronterizas, como Baja California.

En los últimos 18 meses, hubo cerca de 15 operativos relacionados con el tráfico de esta droga, en su mayoría por presuntos criminales de Sinaloa.

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Al menos un centenar de presuntos pandilleros y un número aún no informado de otros inmigrantes fueron detenidos por agentes federales durante operativos simultáneos en el área metropolitana de Denver, según confirmó el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés).

Igualmente un video difundido por la División Rocky Mountain de la Agencia Estadounidense Antidrogas (DEA) muestra a los agentes yendo de puerta en puerta en varias viviendas e incluso arrojando granadas de humo dentro de las residencias como parte de los operativos.

Hasta el momento, se confirmó la presencia de ICE, junto con la DEA y el FBI, en tres complejos de apartamentos en Aurora, al este de Denver: Edge of Lowry, Whispering Pines y Cedar Run, todos ellos asociados con la presencia de la pandilla internacional Tren de Aragua.

Durante las acciones, los uniformados pidieron documentos de identidad de los residentes en los apartamentos y de dueños y clientes de negocios cercanos. Además, marcaron las puertas de algunos apartamentos.

La agencia destacó que «las investigaciones continúan» junto con el Buró de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF, en inglés), alguaciles federales y agentes de Investigaciones de Seguridad Interna (HSI).

También se reportaron operativos de inmigración en Ohio, Georgia, Illinois, Arizona, California, Florida, Texas, Massachusetts, Nueva York y Nueva Jersey, en algunos casos con gran cantidad de agentes y en otros casos arrestos individuales.

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En la frontera de El Corinto, entre Guatemala y Honduras, la Cruz Roja guatemalteca atiende a los migrantes que requieren de asistencia médica.

«Nuestro trabajo es aliviar un poco el sufrimiento y dignificar la vida de las personas que están en tránsito«, explica a EFE Mariana Bonilla, que trabaja con la Cruz Roja en el Centro de Atención para Personas Migrantes y Refugiadas (CAPMIR), ubicado en el lado guatemalteco de la frontera.

Cada mañana, Bonilla, de 31 años, y el resto de su equipo, rastrean la carretera fronteriza rodeada por palma africana, bananeras y el imponente río Motagua, el más extenso de Guatemala, en busca de grupos de migrantes para orientarlos e indicar los puntos donde pueden recibir apoyo.

Fuente de imagen referencial principal: EFE/David Toro

Dentro de su centro de atención, respaldado por la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (IFRC), los migrantes reciben tanto asistencia médica como psicosocial. «Muchos vienen con traumas por su paso por la selva del Darién» entre Colombia y Panamá, explica Bonilla.

Dengue y cambio climático en Guatemala

Dos kilómetros después de cruzar la frontera, en la ruta migratoria, se encuentra la aldea de Jimeritos, una comunidad integrada por agricultores dedicados principalmente al cultivo de banano que desde hace seis años ha convertido su pequeño salón comunal en un refugio para que los migrantes puedan descansar.

«Nos motiva trabajar con los migrantes. Ellos salen de sus países para buscar una mejoría para su familia y acá les damos lo que podemos, porque nosotros no sabemos cuándo tendremos la misma necesidad«, explica Felicita Palencia, una habitante de Jimeritos que fue capacitada por Cruz Roja para atender a los migrantes.

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El salón de la comunidad cuenta con un dormitorio con capacidad para 12 personas y, de acuerdo con los líderes de la aldea, hay noches donde reciben hasta 30 migrantes que buscan refugio antes de seguir su trayecto hacia la frontera con México de Tecún Umán, ubicada a unos 540 kilómetros en el otro extremo del país.

Los comunitarios prestan atención pese a las dificultades que atraviesan, como fuertes epidemias de dengue que afectan al departamento de Izabal, donde en 2023 se registraron más de 500 casos y la región fue puesta en alerta roja por las autoridades sanitarias, una enfermedad de la que tampoco se libran los migrantes.

El pasado 2 de mayo, en el salón comunitario, la Cruz Roja reunió a los niños de la escuela primaria pública de Jimeritos para darles una charla sobre medidas de higiene y saneamiento para eliminar el zancudo que transmite el dengue, así como herramientas para identificar los síntomas de esta enfermedad.

Carlos Linares, que vive en esta aldea de acogida de migrantes desde hace 42 años, asegura a EFE que la mayor preocupación para ellos es el cambio climático, pues la temporada de lluvias se acerca y en años como 2001 y 2020 muchas casas fueron destruidas por las tormentas.

Una ruta de peligros

«Esta parte del camino es la más difícil para llegar a Estados Unidos, porque hay mucha policía y pueden regresarnos a Honduras«, explica a EFE Mario Alvarado, un migrante hondureño que decidió buscar el «sueño americano».

Con temperaturas de 40 grados, Alvarado atravesó la frontera, bordeando el río Motagua y las plantaciones de palma africana, para evitar ser detenido por las autoridades guatemaltecas.

Alvarado es la tercera vez que se encamina a Estados Unidos. Lo hace con su compatriota Danny Gámez, el mismo con el que hace unos meses fueron deportados desde Texas, Estados Unidos, después de una travesía que les permitió trabajar en la nación norteamericana como pintores.

Así como Alvarado y Gámez, miles de migrantes intentan cruzar Guatemala cada año y solo en lo que va de 2024 han sido detenidos casi 8.000 por las fuerzas de seguridad para su posterior deportación, según cifras del Instituto Guatemalteco de Migración (IGM).

«No importa cuantas veces nos deporten. Si en Honduras no hay condiciones para vivir, siempre vamos a encontrar la forma de volver a irnos«, reitera Alvarado, antes de alejarse entre el sendero de una plantación junto a su compañero de travesía.

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En una rueda de prensa, Kirby afirmó que EEUU está «profundamente preocupado» por el arresto de Henry Alviárez y Dignora Hernández, dirigentes nacionales del partido Vente Venezuela (VV), que lidera la opositora María Corina Machado.

A pesar de esos arrestos, Kirby dijo que EEUU aún está «dispuesto a considerar el alivio de sanciones» a Venezuela si se cumple con lo establecido en el acuerdo alcanzado en octubre en Barbados, en el que el chavismo y la oposición firmaron garantías para las elecciones presidenciales de este año, incluida la observación electoral.

No obstante, reconoció que ese tipo de arrestos «hace dudar» sobre cuán en serio el Gobierno de Nicolás Maduro se toma el cumplimiento de esos compromisos.

#EsNoticia

El portavoz de la Casa Blanca John Kirby, afirmó que el gobierno de EEUU está abierto a mantener suspendidas las sanciones al Gobierno del presidente @NicolasMaduro a pesar de las detenciones de dirigentes opositores

📹 @WhiteHouse #VenezuelaNews 🇻🇪 pic.twitter.com/jpZ6Wps2Re

— Agencia Venezuela News (@venezuelanewsVN) March 22, 2024

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«Ecuador ha visto una disminución significativa en las tasas de homicidios, atribuida a medidas integrales y a la colaboración con socios internacionales», explicó la canciller ecuatoriana en los márgenes de la Comisión de Estupefacientes de la ONU que se celebra esta semana en Viena.

«Hemos bajado en un 60 % las tasas de homicidios o muertes violentas en el país», sostuvo Sommerfeld, al defender que la situación actual es muy distinta a la de hace sólo cien días.

Noboa extendió la semana pasada por 30 días más el estado de excepción, bajo el cual se encuentra Ecuador desde el 8 de enero debido a una inusual oleada de violencia.

La Constitución ecuatoriana permite mantener esa medida durante 90 días seguidos como máximo.

La tasa de homicidios se ha multiplicado por ocho en Ecuador en los últimos cinco años y 2023 concluyó con más de 7.800 muertes violentas y con la incautación de más de 200 toneladas de cocaína, récords históricos en el país.

En la intervención de la canciller @gabisommerfeld, durante el 67º Período de Sesiones de la Comisión de Estupefacientes de la @ONUDD en Viena, destacó la necesidad de unir esfuerzos a nivel global para enfrentar el crimen organizado y el narcotráfico.
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— Cancillería del Ecuador 🇪🇨 (@CancilleriaEc) March 14, 2024

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La cifra se desprende de un balance del gobierno de Ecuador sobre las operaciones policiales y militares realizadas en el territorio nacional bajo este nuevo escenario, donde 22 bandas del crimen organizado han sido consideradas como grupos terroristas y actores beligerante no estatales.

Entre el 9 y el 29 de enero las autoridades ecuatorianas también afirman haber abatido a seis presuntos miembros de estas bandas ahora catalogadas como terroristas, mientras que dos policías fueron asesinados y otros once fueron liberados de distintos secuestros ejecutados aparentemente por estas mafias.

Durante ese periodo se han incautado cerca de 1.500 armas de fuego, cerca de 2.000 armas blancas, casi un millar de alimentadoras de armas, más de 75.500 balas y más de 5.200 explosivos.

De acuerdo al balance del Ejecutivo, en estos veinte días hubo trece atentados a infraestructuras públicas y privadas y doce a establecimientos policiales.

El «conflicto armado interno» fue declarado por el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, el 9 de enero ante una oleada de atentados y acciones violentas atribuidas al crimen organizado, que incluyeron el secuestro y asesinato de policías, alertas de explosiones, vehículos incendiados, motines simultáneos en cárceles con unos 200 rehenes que lograron ser liberados y la toma de un canal de televisión por parte de un grupo armado.

🇪🇨 #Ecuador: más de 4.000 detenidos durante los primeros veinte días de «conflicto armado»

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— Canal 5 Noticias (@5noticiasuy) January 29, 2024

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Este pronunciamiento refleja la profunda inquietud de Estados Unidos respecto a las acciones que impactan a sectores clave de la sociedad venezolana.

Ciudadanos afectados

En el comunicado, Estados Unidos condena enérgicamente la emisión de órdenes de arresto y las detenciones que han alcanzado al menos a 33 ciudadanos venezolanos. Esta lista incluye a miembros de la oposición democrática, representantes de la sociedad civil, exmilitares y periodistas.

La diversidad de los afectados resalta la amplitud de las medidas adoptadas y sus implicaciones en distintos sectores de la sociedad.

Impacto en derechos y pluralidad

La preocupación manifestada por Estados Unidos se centra en el posible impacto de estas acciones en la democracia y los derechos civiles en Venezuela.

Desde la perspectiva de las relaciones internacionales, Estados Unidos emite una firme condena a las acciones que considera contrarias a los principios democráticos. Además, este llamado resalta la importancia de salvaguardar los derechos fundamentales y promover un ambiente propicio para el diálogo y la diversidad de ideas.

Estados Unidos busca garantías para ciudadanos

El comunicado reafirma el compromiso de Estados Unidos con la defensa de los derechos humanos y la promoción de principios democráticos en la región. La exigencia de respetar la diversidad de voces y asegurar un proceso legal justo para todos los ciudadanos refleja la voluntad de abogar por valores fundamentales a nivel internacional.

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Gabriel Velásquez

Con información de medios nacionales e internacionales

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La captura de los venezolanos en esta supuesta situación y región en disputa (según la policía de Guyana), agrega tirantez sobre la creciente preocupación en torno a la soberanía territorial del Esequibo.

Detención en medio de la disputa por el Esequibo

El arresto de estos individuos, que se encontraban en posesión de armas de fuego sin licencia, así como de sustancias ilegales, ha suscitado una mayor inquietud en una región ya agitada.

La región de Arakaka se ubica en el corazón de la disputa territorial entre Guyana y Venezuela, específicamente en la zona reclamada por Venezuela como parte de Esequibo.

Durante el allanamiento de la residencia en la que se encontraban los venezolanos, las autoridades de Guyana descubrieron una pistola Glock 19 y dos pistolas Beretta 92 A1, además de una cantidad significativa de municiones.

Adicional a las armas, los agentes también informaron la incautaron cocaína y marihuana.

Incremento de la presencia militar

Este delito o incidente se produce en medio de un aumento de la presencia y vigilancia militar venezolana cerca de la hoy frontera común.

El gobierno de Guyana ha solicitado una explicación al embajador venezolano en Georgetown, Carlos Amador Pérez Silva, sobre la intensificación de la actividad o presencia militar en la zona fronteriza.

Este episodio policial de detención de venezolanos en una zona de tensión fronteriza subraya la necesidad de una resolución pacífica de la disputa territorial entre Guyana y Venezuela por la región de Esequibo; y reafirma la conveniencia de la cooperación binacional.

El próximo 3 de diciembre, Venezuela celebrará un referendo consultivo en un intento por reforzar sus derechos sobre el Esequibo, un territorio de 160,000 kilómetros cuadrados, lo que plantea aún más interrogantes sobre el futuro de la región y la relación entre estos dos países vecinos, mencionan medios internacionales.

De interés: Guyana asegura que busca «solución definitiva y pacífica» a la disputa con Venezuela

@rafarias86

Con información de medios internacionales

Fuente de imagen referencial: Unsplash+

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Los hechos ocurrieron simultáneamente durante los días de pascua en las ciudades de Norrkoping, Linkoping, Landskrona, Orebro, Malmo y Estocolmo,

La gira fue permitida por las autoridades suecas, lo que causó la molestia en varios grupos religiosos en el país europeo, ocasionando la destrucción de una escuela primaria y al menos 20 vehículos propiedad de los cuerpos policiales.

Aunque el ministro de justicia sueco, Morgan Johansson, recalcó la importancia de la libertad de expresión en el país; y el orgullo del pueblo sueco porque esto se cumpla como un derecho constitucional, algunos entes públicos establecieron que Paludan abusó de este derecho para promover odio, división social, violencia y la islamofobia.

https://twitter.com/Al_descubierto_/status/1516065241074999302

De interés: Honduras prevé la extradición a EE.UU. del expresidente Hernández para este jueves

Miguel Arocha

Con información de medios internacionales y redes sociales

Los manifestantes de la marcha conocida como “Kill the Bill”, lanzaron piedras y otros objetos mientras la Policía intentó contenerlos, más de 100 personas fueron detenidas.

De acuerdo con un comunicado de las autoridades londinense -a través de de Twitter– se indicó que, «la operación policial de hoy todavía está en curso y el número de arrestos puede aumentar, pero en este momento, más de 100 personas han sido detenidas por una variedad de delitos. Diez policías resultaron heridos durante el operativo; No se cree que ninguno de ellos esté grave».

Más de 300 personas se reunieron frente a las Cámaras del Parlamento británico, a estas se le sumaron un grupo de mujeres que protestaron por la brutalidad policial contra las vigilias llevadas a cabo por el asesinato de Sarah Everard.

Debido a estos acontecimientos, Boris Johnson, primer ministro británico, propuso una nueva ley policial que otorga amplios poderes a la Policía para limitar el derecho de protesta y ampliar la libertad del Ministerio del Interior para decidir la legalidad de una manifestación.

Más de cien detenidos en Londres en las protestas contra la ley sobre manifestaciones https://t.co/kevPcXz2C7

— Diario de Ibiza (@Diario_de_ibiza) April 4, 2021

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María Gabriela Moncada

Con información de dpa, Sky News y redes sociales