«Esta decisión responde a su deseo de reencontrarse con su familia y acompañar personalmente el desarrollo y cierre de esta etapa, con la expectativa de que la situación jurídica pueda resolverse conforme a derecho y de manera definitiva», dice el texto firmado por el hermano mayor de San Miguel.

La activista fue enviada a España el pasado 9 de enero cuando se anunció su excarcelación junto a otros cuatro españoles.

Su regreso se da en un momento que el Gobierno de Venezuela, ahora a cargo de Delcy Rodríguez, ha anunciado un «nuevo momento político» con reconciliación y perdón, luego de la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero durante el ataque militar de Estados Unidos contra Caracas.

De interés: Rocío San Miguel fue imputada por delitos de traición a la patria, terrorismo y conspiración

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Rafa no es un atleta profesional. Su historia no comenzó en pistas ni estadios, sino en una sala de emergencias, en medio del desconcierto y el miedo que provoca la primera convulsión de un hijo. Desde ese día, su vida y la de su esposa Melissa cambiaron para siempre. El diagnóstico de Dravet, una forma severa de epilepsia infantil los obligó a navegar un sistema que, pese a su desarrollo, aún no reconoce la epilepsia como una discapacidad dentro del NDIS, dejando a miles de familias sin acceso a apoyos esenciales desde el momento del diagnóstico. Esa brecha, ese vacío, fue el punto de partida de una transformación personal que convirtió a un padre en corredor de ultra distancias y en una de las voces más visibles de la causa.

La estadística que lo marcó para siempre es tan simple como contundente; uno de cada veinticinco australianos padece o podría padecer epilepsia. De allí nació el nombre de la organización que fundó junto a Melissa: 1IN25. Lo que comenzó como un intento de entender y acompañar la condición de su hija se convirtió en un movimiento nacional que busca visibilizar la epilepsia como una condición que afecta educación, empleo, economía familiar, salud mental, independencia y futuro. La misión de 1IN25 es clara, lograr que la epilepsia sea reconocida, atendida y apoyada con la misma seriedad que otras condiciones crónicas.

Antes de montarse, plantearse, subirse a la travesía de 325 kilómetros, Rafa ya había demostrado que su activismo no se limita a discursos. En 2023 corrió durante 25 horas seguidas en Gold Coast, un gesto profundamente simbólico que conectaba con la estadística 1 en 25 y que buscaba representar, con su propio cuerpo, el desgaste, la incertidumbre y la resistencia que viven las familias afectadas por la epilepsia. Aquella hazaña lo puso en el radar de medios, organizaciones y comunidades que encontraron en él una voz honesta, vulnerable y determinada.

Ahora, su nuevo desafío es mucho más grande. La carrera desde Sídney hasta Canberra no es solo un acto de resistencia física, es una declaración política. Rafa correrá acompañado por un pequeño equipo de apoyo y un videógrafo que documentará cada etapa del recorrido. La travesía forma parte de la campaña nacional All Eyes on Epilepsy, que busca amplificar el impacto del Senate Inquiry actualmente en curso, un proceso parlamentario que analiza las barreras de diagnóstico, el acceso a tratamientos, la epilepsia farmacorresistente, el impacto psicosocial y económico, y la necesidad urgente de incluir la epilepsia dentro del NDIS.

Cada kilómetro que Rafa correrá representa una historia, una familia, una crisis convulsiva, un día de incertidumbre. Su objetivo es llevar esas voces hasta el corazón del gobierno australiano, entregando una petición formal al Senado al llegar a Canberra. No se trata de un acto individual, sino de un movimiento masivo que reúne a organizaciones, familias, médicos, cuidadores y activistas de todo el país. Rafa insiste en que él no es el protagonista:

– “Esto no es sobre una persona. Es sobre un país que necesita ver la epilepsia”.

La carrera, que comenzará el viernes, será también un recordatorio de que la migración no solo lleva talento y trabajo a un país, sino también historias de resiliencia. Rafa, un venezolano que llegó a Australia en 2015 en busca de estabilidad personal y donde formó una familia, se ha convertido en un símbolo inesperado de lucha social. Su cuerpo será la carta que entregue al Parlamento; sus pasos, el mensaje que miles esperan que finalmente sea escuchado.

Cuando llegue a Canberra, después de siete días de esfuerzo, no habrá un podio esperándolo. No habrá medallas ni ceremonias deportivas. Habrá, en cambio, una oportunidad histórica para que la epilepsia deje de ser una condición relegada a la sombra y pase a ocupar el lugar que merece en las políticas públicas australianas. Rafa correrá por su hija, pero también por todos aquellos que no pueden hacerlo, y en ese gesto, profundamente humano, reside la verdadera magnitud de su hazaña.

La gran hazaña en números

La ruta

●        Salida: Ópera de Sídney

●        Fecha y hora: Viernes 8 de mayo, 6:00 am

●        Llegada prevista: Parlamento australiano en Canberra, Jueves 14 de mayo

●        Distancia total: Aproximadamente 325 km

●        Duración: 7 días

●        Ritmo previsto:

–   50 km diarios durante los primeros 6 días

–   25 km el último día, entrando a Canberra

●        Objetivo final: entregar una petición formal al Senado australiano en el marco del Senate Inquiry sobre epilepsia.

Para conocer más sobre Rafa García y esta histórica hazaña, visita www.1in25.co o directamente en sus redes sociales @Rafagn11 y @1in25.co

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Con información e imágenes referenciales suministradas por Oscar D. Torres

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«Hacer política, defender derechos humanos o hasta opinar sobre lo que pasa en Venezuela puede ser causa de asesinato, ya no solo dentro del país«, escribió el activista Peche en su cuenta en la red social X.

Hacer politica, defender derechos humanos o hasta opinar sobre lo que pasa en Venezuela puede ser causa de asesinato, ya no solo dentro del país.

Hoy mi hermano de vida @yendrive y yo lo vivimos en carne propia. Todavía lo estoy procesando pero lo más importante es que…

— Luis Peche Arteaga (@LuisPecheVE) October 13, 2025

El activista indicó que se encuentra bien al igual que Velásquez y agradeció a todos aquellos que han escrito sobre el hecho.

La Defensoría del Pueblo de Colombia denunció el hecho e instó a la Fiscalía a abrir una investigación «pronta y exhaustiva que permita esclarecer los hechos y adoptar medidas de protección para las víctimas«, al tiempo que reiteró su rechazo a toda forma de violencia, estigmatización o discriminación contra quienes buscan refugio y asilo en Colombia.

La institución indicó que el activista Velásquez había acudido a la entidad para solicitar acompañamiento en su trámite de protección internacional, tras huir de Venezuela por -aseguró- «persecución derivada de su labor en defensa de los derechos humanos».

Según la Policía Nacional de Colombia, se trató de un «ataque sicarial» tras el que ambos fueron trasladados a una clínica, donde se encuentran fuera de peligro, aunque Velásquez tuvo que ser sometido a una cirugía.

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«El FBI está trabajando junto con nuestros socios policiales locales y estatales en Utah para investigar a fondo y buscar justicia en el fatal tiroteo de Charlie Kirk en la Universidad Utah Valley«, indicó el FBI en X.

El Buró Federal de Investigaciones compartió un link en el que cualquier persona que tenga información, fotografías y vídeos de lo sucedido puede enviárselas para, en sus palabras, «ayudar a obtener más respuestas».

El formulario compartido pide el nombre, apellido, número de teléfono y dirección de correo electrónico de la persona que colabore, y da la opción de enviar archivos y de precisar por escrito los datos de los que se dispone.

Kirk, de 31 años, era fundador de Turning Point USA, una influyente organización conservadora enfocada en el activismo universitario. Nació en Arlington Heights, un suburbio de Chicago, y fue asesinado de un disparo en un evento al aire libre en un campus universitario de Utah.

La policía detuvo el miércoles a dos personas consideradas sospechosas del asesinato de Kirk, pero las liberó después al considerar que no estaban relacionadas con el tiroteo.

«Se cree que el tiroteo fue un ataque intencionado contra Kirk. Se cree que el tirador disparó desde el techo de un edificio hacia el lugar del acto público en el patio estudiantil. No se pueden proporcionar aclaraciones adicionales para proteger la integridad de la investigación», ha afirmado el Departamento de Seguridad Pública de Utah, que comparte con el FBI el liderazgo de las pesquisas.

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A través de X, Provea compartió un video en el que el esposo de la activista, Antonio González, informó que pudo conversar con Grajales por teléfono, luego de cuatro días sin comunicación, según denunció.

«Me informó que fue tratada con respeto y que se encuentra bien. Mandó fuerzas para la lucha. Me pidió que transmitiera que tiene mucha fuerza, que está convencida de que la lucha por los derechos humanos en Venezuela es una lucha justa y correcta», indicó González.

Asimismo, señaló que la activista envió «palabras de aliento» a los familiares de presos políticos que integran el Comité de Madres en Defensa de la Verdad, colectivo que fue agredido el pasado martes mientras realizaban una vigilia en las inmediaciones del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en Caracas, por sus parientes arrestados.

Grajales fue detenida después de participar en un acto a las afueras de la ONU, en Caracas, para rechazar las agresiones que sufrieron familiares de presos.

Este lunes, la Fiscalía acusó a la activista de los presuntos delitos de incitación al odio, conspiración con Gobierno extranjero y asociación.

Antonio González, esposo de Martha Lía Grajales, detenida arbitrariamente el pasado viernes 08 de agosto, informó que el día de hoy pudo comunicarse vía telefónica con la activista.

Martha Lía Grajales fue trasladada al centro de reclusión INOF en Los Teques, estado Miranda.… pic.twitter.com/SLHEvNqIHE

— PROVEA (@_Provea) August 12, 2025

De interés: ONG Foro Penal computa 932 presos políticos en Venezuela

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«Fue presentada e imputada la ciudadana Martha Lía Grajales en el lapso de ley tras haberse solicitado orden de aprehensión en su contra por acciones en contra de las instituciones venezolanas y la paz de la república», señaló la institución en Instagram.

El Ministerio Público (MP) indicó que a la activista se le dictó una medida de privativa de libertad «por el tribunal de la causa por los delitos de incitación al odio, conspiración con Gobierno extranjero y asociación», sin ofrecer mayores detalles de los supuestos hechos que habría cometido la activista.

Comités de derechos humanos identificados exigieron la libertad de Grajales, quien fue detenida el viernes luego de participar en un acto a las afueras de la ONU, en Caracas, en apoyo a los familiares de presos políticos que fueron agredidos el martes cuando hacían una vigilia ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela.

Más de 800 personas firmaron un documento para exigir la liberación de Grajales, según informó el domingo la ONG SurGentes, que asegura desconocer el paradero de su cofundadora desde su detención el pasado viernes.

 

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De interés: ONG Foro Penal computa 932 presos políticos en Venezuela

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«El 31 de agosto lanzamos el mayor intento de romper el asedio ilegal israelí sobre Gaza con decenas de barcos que navegan desde España. Nos reuniremos con docenas más el 4 de septiembre navegando desde Túnez y otros puertos», señala el anuncio, en el que además de Thunberg participan varios activistas propalestinos.

La campaña señala que también se busca la movilización de «más de 44 países en manifestaciones simultáneas y acciones para romper la complicidad en solidaridad con el pueblo palestino».

Thunberg fue una de las integrantes de la Flotilla de la Libertad que intentó llevar ayuda humanitaria a Gaza pero fue interceptada el 8 de junio por el Ejército israelí.

De los doce activistas que viajaban a bordo del Madleen, un barco de la Flotilla de la Libertad que pretendía romper el bloqueo israelí sobre Gaza y entregar una cantidad simbólica de ayuda humanitaria en el enclave, cuatro (entre ellos Thunberg) aceptaron ser deportados tras la intercepción del navío por el Ejército israelí.

Los abogados de los activistas dijeron que las autoridades de Israel «interceptaron y se apoderaron por la fuerza» del navío y «detuvieron a los voluntarios, violando su voluntad y sus derechos fundamentales conforme al derecho internacional».

Otro barco de la Flotilla de la Libertad, el Handala, también fue interceptado por el Ejército israelí el pasado 27 de julio.

 

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A través de X, la PUD indicó que también se «le ha negado la atención médica que requiere con urgencia».

«Exigimos que se le respeten sus derechos y que sea liberada, al igual que todos los presos políticos en Venezuela», manifestó el bloque opositor, que pidió una medida humanitaria para la también presidenta de la organización no gubernamental Control Ciudadano.

Rocío San Miguel fue acusada por la Fiscalía de tener un supuesto vínculo con una conspiración que incluía un presunto plan de magnicidio contra Nicolás Maduro y otros altos funcionarios, y fue detenida el 9 de febrero de 2024 en el aeropuerto internacional de Maiquetía, que sirve a Caracas, cuando se disponía a viajar en compañía de su hija.

El domingo, varias ONG se pronunciaron a favor de San Miguel, entre ellas el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), que afirmó que, durante estos 12 meses, la activista ha sido sometida a un proceso que tacha de «viciado», «plagado de irregularidades» y «violaciones» a las formalidades legales.

Rocío San Miguel requiere una operación

En diciembre, el abogado de San Miguel, Juan González Taguaruco, dijo que ella sufrió una fractura en agosto que fue diagnosticada a finales de 2024.

Al respecto, Provea indicó este domingo que San Miguel no puede ser sometida a una intervención por «quienes demoraron 4 meses en diagnosticarla», al tiempo que señaló que en reclusión «no hay condiciones para el postoperatorio ni una rehabilitación digna», por lo que solicitó a la Administración de Maduro que la activista pueda ser operada en libertad.

Según el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, San Miguel «entregó información» sobre sistemas de defensa militar a un embajador de la Unión Europea y a embajadas de otros tres países, datos que no precisó.

La ONG Acceso a la Justicia advirtió que, el pasado diciembre, la audiencia de juicio de la defensora de derechos humanos fue pospuesta para febrero de este año.

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En Instagram, la ONG venezolana aseguró que no tiene acceso al expediente de su director y tampoco «mayor información» sobre su caso, luego de que se detallara que Carlos Correa fue presentado ante un tribunal con competencia en terrorismo, pero no se precisaran los delitos de los que se le acusa, según denunció la esposa, Mabel Calderín, el miércoles.

Espacio Público afirmó que Correa estuvo recluido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en Caracas, conocida como Helicoide, donde en «repetidas» ocasiones «negaron su paradero e información».

«Seguimos exigiendo el respeto y garantía plena a sus derechos humanos, así como continúa más vigente que nunca la labor de la organización en el país», manifestó.

En este sentido, afirmó que seguirá «promoviendo y defendiendo el derecho a la libertad de expresión e información en Venezuela, como vía para la existencia y fortalecimiento de una democracia que garantice libertad, justicia social y dignidad para todas las personas».

Carlos Correa fue denunciado por la ONG como «desaparecido» el pasado 7 de enero, y desde entonces varios partidos opositores, activistas políticos y sociales, organizaciones no gubernamentales, universidades y presidentes pidieron su liberación.

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«Agradecemos a todas las personas, organizaciones, gobiernos y colectivos que se sumaron a la voz por la liberación», señala el mensaje en el que la ONG afirma que continúa con «el trabajo por la defensa de la dignidad humana».

La excarcelación, de la que no se dan más detalles, llegó horas después de que Mabel Calderín, esposa del director de Espacio Público, informara que habían sabido que su esposo fue presentado ante un tribunal con competencia en terrorismo, pero no de cuáles son los delitos de los que se le acusa.

«Hoy nos recibió el fiscal 52 nacional de delitos económicos, Alirio Mendoza, quien nos dijo que la información que podía ofrecer era puntual y que nos explicó que Carlos fue detenido el 7 de enero, efectivamente, y fue presentado el 9 de enero con defensoría pública», explicó Calderín en un video publicado por Espacio Público en X.

Señaló que, de acuerdo a la información del fiscal, Carlos Correa fue presentado ante un tribunal con competencia en terrorismo pero que, añadió, no le podía explicar «cuáles eran los cargos que se le imputaban».

Calderín indicó que acudieron nuevamente a la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), conocido como el Helicoide, donde les negaron que el activista se encuentre allí detenido.

La ONG Espacio Público reportó el pasado martes la «desaparición» de Correa, el mismo día que la detención de siete políticos opositores, entre ellos el excandidato presidencial Enrique Márquez, así como el «secuestro» de Rafael Tudares, yerno del líder opositor Edmundo González Urrutia, quien calificó así el hecho.

Diversos partidos opositores, activistas políticos y sociales, organizaciones no gubernamentales, universidades y organismos internacionales se han pronunciado en la última semana en favor de Correa, de quien destacan su trayectoria en defensa de los derechos humanos.

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«¡Roland Carreño debe estar libre!», expresó en X la formación, que señaló al activista como un «dirigente, periodista y defensor de derechos humanos ejemplar».

En ese sentido, aseguró que «todos» saben que Carreño «no ha cometido ningún delito» y, por lo tanto, debe ser «liberado inmediatamente».

«2025, como año de la libertad, debe encontrar a Venezuela sin un solo preso político. ¡Liberen a Roland! ¡Liberen a los presos políticos!», agregó VP.

Carreño fue detenido, por primera vez, el 26 de octubre de 2020, acusado de financiamiento al terrorismo, conspiración y tráfico ilícito de armas de guerra,  y excarcelado el 18 de octubre de 2023, tras un acuerdo firmado entonces entre el gobierno y la principal coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), en Barbados.

Ni visitas ni alimentos

El jueves 2 de enero, VP también denunció que el gobierno de Maduro suspendió, hasta el próximo lunes, las visitas y entregas de alimentos a los considerados «presos políticos» recluidos en el Helicoide, la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en Caracas.

Asimismo, afirmó que la medida de suspensión se suma a lo que considera «violaciones de derechos humanos de algunos presos políticos», como Carreño y Freddy Superlano, también colaborador de la formación, a quienes se les ha negado el acceso a sus familiares y abogados de confianza desde que fueron detenidos.

VP exigió al Estado Venezolano que deje de «poner en riesgo la vida de estos venezolanos y que los libere inmediatamente», una petición que extendió también para todos los «presos políticos».

La ONG Foro Penal informó el martes 31 de diciembre que tras las excarcelaciones de las últimas semanas, quedan en el país 1.794 «presos políticos», la mayoría detenidos en el contexto de protestas postelectorales contra el resultado oficial que dio el triunfo a Maduro.

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Se cumplen 50 días de la detención arbitraria de la defensora Rocío San Miguel.
No ha podido juramentar a sus abogados, por lo que está vulnerado su derecho a la defensa.
Defender derechos humanos no es delito. #LibertadParaLosPresosPoliticos pic.twitter.com/eJ4YSoWU7i

— PROVEA (@_Provea) March 31, 2024

El fiscal general, Tarek William Saab, dijo el pasado 19 de febrero que San Miguel «entregó información» sobre sistemas de defensa militar a un embajador de la Unión Europea (UE) y a embajadas de otros tres países, que no especificó.

Más de 200 organizaciones y 415 miembros de la sociedad civil de Venezuela rechazaron recientemente la «detención arbitraria» de la activista, arrestada en el aeropuerto internacional de Maiquetía, ubicado en La Guaira, cuando se disponía a viajar en compañía de su hija.

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La organización Fossil Free London (Londres sin combustibles fósiles), que convocó la manifestación en Park Lane, al lado del céntrico parque de Hyde Park, denunció el arresto en su cuenta de X.

«Greta Thunberg acaba de ser detenida», dijo la organización.

BREAKING: Greta Thunberg has been arrested blocking the entrance to the Oil and Money conference.

Hours after delivering a speech about the pollution of our politics by oily money.

It’s up to us to stand up for us.

It’s up to us to save us. #OilyMoneyOut pic.twitter.com/kgY2HoWXPO

— Fossil Free London (@fossilfreeLDN) October 17, 2023

De interés: Ayuda humanitaria para Gaza está a la espera de la apertura del paso de Rafah

Fiorella Tagliafico

Con información de medios internacionales y redes sociales

Fuente de imagen referencial: Twitter / @fossilfreeLDN

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