En un auto al que tuvo acceso EFE este miércoles, el juez da orden de recabar los movimientos realizados en decenas de cuentas de más de diez entidades bancarias desde el 1 de enero de 2020 por Rodríguez Zapatero, sus hijas, el empresario Julio Martínez y varias empresas del entorno societario de este.

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía pretende cruzar esos datos con los movimientos que ha detectado y que apuntan a posibles transferencias de cientos de miles de euros a Zapatero y sus hijas en lo que los investigadores sospechan que constituye una trama de tráfico de influencias.

El juez José Luis Calama investiga a Zapatero por presuntamente liderar una trama de tráfico de influencias para favorecer a la aerolínea Plus Ultra a cambio de beneficios económicos, en un caso que se ha ampliado por el hallazgo de unas joyas valoradas en 1,3 millones de euros en una caja fuerte en su oficina o por intermediaciones en Bolivia o Venezuela.

Causa en contra de Zapatero

El juez Calama aprecia indicios de la existencia de «una estructura organizada y estable, dirigida por José Luis Rodríguez Zapatero, orientada al ejercicio de influencias ilícitas en favor de determinados clientes», entre los que cita Plus Ultra, Inteligencia Prospectiva y Softgestor.

Esas empresas retribuirían tales servicios mediante «contratos de asesoría simulados», permitiendo justificar pagos cuyo destinatario real sería José Luis Rodríguez Zapatero y la sociedad Whathefav, administrada por sus hijas, Alba y Laura.

Una operativa que se articularía a través del entramado societario controlado por Julio Martínez Martínez, «quien no se limita a canalizar fondos, sino que actúa como persona de confianza de José Luis Rodríguez Zapatero, interlocutor directo con los clientes y gestor funcional de la red».

La información obtenida por la UDEF indica que Zapatero habría recibido 490.780 euros desde Análisis Relevante, empresa de Martínez, entre 2020 y 2025, «además de un volumen muy superior de transferencias justificadas mediante supuestos servicios profesionales −conferencias, mediación, asesoramiento estratégico, análisis geopolítico− procedentes de diversas sociedades».

Una de las cuentas de Zapatero en el Banco Santander podría funcionar como receptora de fondos, que eran redistribuidos inmediatamente a otras cuentas del mismo titular. Desde una de ellas se canceló anticipadamente un préstamo hipotecario de 500.000 euros mediante transferencia de 498.000 euros, tras la adquisición de un inmueble por 580.000 euros.

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La orden, dictada por el fiscal Brayan Melgar y confirmada a EFE por una persona cercana al exmandatario, también atribuye a Morales los presuntos delitos de atentado contra la seguridad de los medios de transporte, asociación delictuosa, instigación pública a delinquir y atentado contra la seguridad de los servicios públicos.

Durante siete semanas, entre mayo y junio, campesinos de La Paz y la Central Obrera Boliviana (COB) impulsaron bloqueos de carreteras, principalmente en el occidente y el centro de Bolivia, con el respaldo de grupos afines a Morales, para exigir la renuncia del presidente Paz como «única demanda».

Los bloqueos provocaron desabastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal en varias ciudades, dejaron al menos 16 fallecidos, 13 de ellos por la falta de atención médica oportuna debido a los cortes de vías, y ocasionaron pérdidas económicas superiores a 3.000 millones de dólares.

La denuncia fue presentada a principios de julio por los líderes cívicos de Santa Cruz, la región más poblada y el motor económico de Bolivia, a la que posteriormente se sumó el ministro de Gobierno (Interior), Marco Antonio Oviedo.

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«John Thune no debería permitir que el Senado ‘se marche’ hasta aprobar la Ley ‘Save America’ o, mucho mejor aún, hasta eliminar el filibusterismo», publicó Trump en su red Truth Social, presionando nuevamente para erradicar el mecanismo que exige una mayoría cualificada de 60 votos para someter proyectos a votación.

Actualmente, la bancada republicana cuenta con 53 escaños, lo que ha mantenido estancada la propuesta aprobada en la Cámara de Representantes desde marzo.

El proyecto de ley ha generado un fuerte rechazo entre legisladores demócratas y organizaciones de derechos civiles, que advierten que la exigencia de presentar una prueba de ciudadanía y un documento de identidad con fotografía, en un país sin DNI obligatorio, podría dejar a millones de ciudadanos sin la posibilidad de ejercer su derecho al voto.

Pese a que el propio Thune ha reconocido que el partido no cuenta con los apoyos necesarios para superar el filtro parlamentario a dos semanas del receso, Trump reiteró sus descalificativos hacia la oposición demócrata y dejó un duro mensaje a sus filas: «Recuerden, la estupidez siempre trae derrota y muerte».

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Saab, señalado por las autoridades estadounidenses como presunto testaferro del depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro, fue acusado hoy formalmente de lavado de dinero y conspiración para realizar transacciones financieras, así como de ocultar y disfrazar el origen de los fondos.

Durante una muy breve audiencia en un tribunal federal del centro de Miami, sus abogados presentaron una declaración de no culpabilidad ante la jueza Lauren F. Louis y solicitaron que el caso sea juzgado por un jurado.

La jueza no fijó una nueva fecha para el proceso y tampoco se discutieron posibles solicitudes de libertad bajo fianza.

Saab, nacido en Colombia hace 54 años, ya había comparecido por primera vez ante los tribunales el pasado 18 de mayo, dos días después de ser deportado desde Venezuela a Estados Unidos.

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El político venezolano apareció más delgado, pero con buen aspecto, en una sala de la planta 23 del tribunal federal del Distrito Sur de Nueva York, en la que se podía ver el ‘skyline’ de la Gran Manzana de fondo y estaba repleta de periodistas, de civiles curiosos y juristas.

Maduro, que mantiene su característico bigote y su pelo un poco canoso -aunque mejor cortado que la última vez-, llegó caminando con normalidad y sin rastro de la cojera que había mostrado en anteriores audiencias.

Flores lució también un mejor aspecto que en las otras sesiones. Vistió el mismo uniforme de color caqui que su esposo, con el pelo teñido, una coleta y gafas.

Petición de inmunidad para Maduro

En la audiencia, que duró menos de 20 minutos, se dibujó un primer calendario del proceso judicial de Maduro y Flores.

Hellerstein propuso que el juicio empiece el próximo 1 de junio de 2027, tras dos bloques de mociones en los que la defensa solicitará la inmunidad de los acusados, de acuerdo con la propuesta presentada por la Fiscalía horas antes.

Barry Pollack, el principal abogado de Maduro -que también ha representado al fundador de WikiLeaks, Julian Assange-, avanzó que durante el primer bloque de mociones solicitarán la inmunidad de los acusados alegando que él ejercía como jefe de Estado y ella como primera dama en el momento de la detención.

Con ese argumento, el equipo legal del líder venezolano planteó que las mociones se dividan en dos ya que, a su juicio, si se acepta la inmunidad, no deberá someterse a las de la segunda ronda, en la que la Fiscalía presentará todas las pruebas de la ya concluida investigación.

El juez dio a la Fiscalía hasta el 15 de noviembre para recabar todas las pruebas clasificadas y fijó el inicio de los argumentos orales de la defensa para dos días más tarde, el 17 de noviembre.

Las partes aceptaron la fecha tentativa, pero los abogados de Maduro dejaron la puerta abierta a solicitar una prórroga.

«Déjelos hablar»

Durante la audiencia, se vio a Maduro tomar anotaciones y, una vez levantada la sesión, conversó con su defensa antes de abandonar el tribunal.

Mientras se preparaban para sacar a los acusados de la sala, el juez intervino para que dejaran a Maduro hablar con Pollack.

«Déjelos hablar», dijo en varias ocasiones Hellerstein, permitiéndoles conversar varios minutos.

Una vez terminó la conversación, Maduro se levantó para salir escoltado y antes de abandonar la sala saludó con la mano a las personas que estaban sentadas en las gradas junto a su equipo legal.

Tanto Maduro como Flores se declararon no culpables ante el juez el 5 de enero, cuando fueron presentados ante la justicia de Nueva York.

Maduro se enfrenta a cargos por conspiración para cometer narcoterrorismo e importación de cocaína, mientras que Flores está acusada de delitos relacionados con la importación de drogas y posesión de armas.

De interés: Maduro asistirá a una audiencia en Nueva York tras seis meses de su captura

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El juez a cargo del caso, Brian Cogan, confirmó la sentencia del cofundador y uno de los principales líderes del Cártel de Sinaloa, meses después de su declaración de culpabilidad.

Antes de conocer el fallo, El Mayo, de 76 años, leyó una carta en la que se disculpó con todas las personas y familias que habían sido víctimas de sus actos, pidió que cesara la violencia en México e instó a los más jóvenes a elegir otro camino y «evitar cometer los mismos errores».

«Nadie gana en este tipo de guerra», aseguró Zambada en español durante la audiencia de sentencia en la corte federal del Distrito Este de Nueva York, en Brooklyn.

«No puedo cambiar lo que hice, pero sí asumir responsabilidad«, agregó.

La sentencia no impone ninguna multa sobre el mexicano, pero sí ordena el decomiso de 15.000 millones de dólares, tal y como había solicitado la Fiscalía.

Hace unas semanas, la defensa de El Mayo envió una carta al juez Cogan aceptando la condena y reconociendo que con los delitos que se le imputaban pasaría igualmente sus últimos días en prisión, con o sin cadena perpetua.

De interés: ‘El Mayo’ Zambada se declara culpable de delitos por narcotráfico

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Así lo solicitó el asesor jurídico del Departamento de Estado, Reed Rubinstein, en una carta enviada el pasado 11 de julio al fiscal general adjunto de Estados Unidos, Brett Shumate.

En la misiva, el Departamento de Estado recuerda que desde el pasado 5 de marzo reconoce oficialmente a Delcy Rodríguez como jefa de Estado de Venezuela tras asumir el poder de forma interina después de la captura del presidente Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el 3 de enero.

«En consecuencia, el Departamento de Estado solicita que el Departamento de Justicia presente cuanto antes ante el tribunal distrital una sugerencia de inmunidad, informándole de lo anterior a la mayor brevedad», apunta el documento.

Delcy Rodríguez enfrenta una demanda civil ante un tribunal del Distrito Sur de Florida, en Miami, por presuntos secuestros, torturas y actos terroristas vinculados al chavismo.

El gobierno de Trump pidió en la carta a la fiscalía que tome nota de «la especial importancia» que tiene para Estados Unidos que el caso contra Rodríguez sea desestimado, dadas «las significativas implicaciones de política exterior que tendría una actuación de ese tipo».

La carta revela que la Embajada de Venezuela en Estados Unidos ha pedido al Departamento de Estado que certifique la inmunidad de Rodríguez en este caso.

«La presidenta Rodríguez, como jefa de Estado en funciones de un Estado extranjero, goza de inmunidad mientras permanezca en el cargo frente a la jurisdicción del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en este caso», considera la Administración de Trump.

Desde la captura de Maduro, el gobierno de Trump ha estrechado relaciones con el gobierno interino de Rodríguez, quien fuera vicepresidenta, mientras la líder opositora María Corina Machado insiste en su intención de regresar a Venezuela para impulsar una transición democrática en el país.

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Esta será la tercera audiencia que se celebre en Nueva York tras la captura de la pareja en su residencia de Caracas el pasado enero.

Maduro se declaró no culpable ante la justicia neoyorquina en enero y lleva encarcelado más de medio año en una prisión federal en Brooklyn.

Se espera que en esta audiencia los fiscales y la defensa aborden la clasificación y preparación de las pruebas del caso, así como la presentación de mociones previas al juicio, para el que todavía no hay fecha.

Cambio de fecha para la audiencia de Maduro

Esta audiencia estaba fijada en principio para el pasado 30 de junio, pero la Fiscalía pidió posponerla para mañana debido a los retos de seguridad.

«El Gobierno entiende que el aplazamiento es estrictamente necesario para evitar problemas de programación y cuestiones logísticas relacionadas con garantizar un traslado seguro del acusado y el mantenimiento de la seguridad pública en relación con la fecha actualmente fijada para el 30 de junio», indicó entonces el documento legal presentado.

En junio y la primera mitad de julio, la seguridad de Nueva York tenía todas sus fuerzas puestas en el Mundial de fútbol 2026, que terminó el pasado domingo con la victoria de la selección española.

La audiencia requiere la presencia física del matrimonio en la sala de Manhattan; por lo tanto, el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) necesita desplegar un fuerte dispositivo de seguridad para resguardar su traslado terrestre desde Brooklyn.

Un caso complejo

Durante la vista judicial de este miércoles, la atención se centrará también en el magistrado a cargo, Alvin Hellerstein, de 92 años, quien en la audiencia anterior mostró una voz fatigada y pequeños lapsus, lo que ha despertado dudas entre los expertos sobre su capacidad para conducir un proceso que se prevé largo y de extrema complejidad técnica.

Maduro se enfrenta a cargos por conspiración para cometer narcoterrorismo e importación de cocaína, mientras que Flores está acusada de delitos relacionados con la importación de drogas y posesión de armas.

En audiencias anteriores, la defensa argumentó su inmunidad como jefe de Estado y el propio Maduro llegó a autodefinirse como un «prisionero de guerra».

Según un reciente análisis del diario The New York Times, las cortes estadounidenses podrían «no tener la autoridad para manejar su caso» debido a una ley ratificada por los propios Estados Unidos.

Es posible que mañana los equipos legales de los acusados, liderados por Barry Pollack y Mark Donnelly, intenten anular el proceso basándose, precisamente, en las circunstancias y el procedimiento de su captura en Caracas el pasado 3 de enero de 2026.

El pasado abril, Estados Unidos accedió a modificar las sanciones a Venezuela para permitir que su Ejecutivo pague los honorarios de los abogados que defienden a los acusados, lo que ha sido uno de los puntos más tratados en las audiencias anteriores.

De interés: Juez de EEUU ordena a Maduro y su cúpula pagar US$ 314 millones de indemnización

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En un escrito remitido al juez José Luis Calama, que investiga el caso, el empresario Julio Martínez Sola admite que la aerolínea suscribió un contrato con una empresa de Julio Martínez, que habría tenido las mismas pretensiones que Zapatero, en el que se asumía el pago de «elevadas cantidades de dinero» por las labores de «acompañamiento» para obtener el crédito citado, de 53 millones de euros y concedido en 2021 con motivo de la crisis de la covid.

Aun así, el presidente de la aerolínea dice que ni él ni el director financiero de la compañía, Roberto Roselli, tuvieron «una constancia fehaciente de las concretas actuaciones llevadas a cabo para influir o favorecer la concesión del rescate a Plus Ultra» por parte de la corporación empresarial estatal española SEPI.

Ambos «tuvieron plena conciencia» de que Julio Martínez y Rodríguez Zapatero «sí tenían la pretensión de cobrar por las gestiones a realizar, (así que por [ahí] vendrá la mordida)», dice el escrito para referirse a una frase incluida en una de las conversaciones entre el exdirectivo venezolano de la aerolínea Rodolfo Reyes y el financiero Roberto Roselli.

El documento presentado por Martínez Sola, al que tuvo acceso EFE este lunes, añade que eso «fue asumido por ambos de forma sobrevenida de salvar a la compañía, aun cuando desconociesen qué acuerdos internos pudiesen tener» Julio Martínez y Rodríguez Zapatero.

Pago a Zapatero

Martínez Sola asegura, asimismo, que Plus Ultra pagó el 1 % del dinero obtenido con el préstamo (530.000 euros) a través de tres sociedades: Análisis Relevante S.L., Voli Analítica S.L. y IOT Domotic Europe, vinculadas todas ellas a Julio Martínez.

La firma del contrato con la sociedad Idella Consulenza, propiedad de Julio Martínez, vinculaba «directamente la remuneración al resultado del procedimiento ante la SEPI», es decir, la obtención del crédito, y estipulaba ese 1 % del total más IVA,agrega el presidente de Plus Ultra.

Rodríguez Zapatero negó al juez el 17 de junio pasado haber ejercido influencia para favorecer a la aerolínea Plus Ultra en la concesión del préstamo y rechazó que se comunicara con nadie de la misma. Está investigado por sospechas de tráfico de influencias, organización criminal, blanqueo de capitales y falsedad documental.

«Las gestiones oportunas»

El presidente de la aerolínea explica que la primera comunicación con Rodríguez Zapatero se produjo mediante una llamada tras contactar por teléfono con el empresario venezolano Manuel Fajardo.

Fue esta persona quien le dijo que Rodríguez Zapatero «podría ayudarle» a acceder «a un crédito o ayuda pública» que mitigase la mala situación financiera de la compañía.

El 30 de abril de 2020, Martínez Sola recibió una llamada de Rodríguez Zapatero con un número oculto, en la que el empresario trasmitió al expresidente «la difícil situación financiera» de la aerolínea y la «necesidad de acceder» a un crédito público.

Según el escrito, Rodríguez Zapatero «manifestó que su intervención podría ser de ayuda y que haría las gestiones oportunas», además de precisar que, en adelante, las comunicaciones de la compañía se «mantendrían con una persona de su confianza», Julio Martínez.

«En dicha conversación (…), no habló nada de honorarios, ni tampoco solicitó nada a cambio de sus gestiones», añade el escrito.

Afirma Martínez Sola que no conoció al expolítico en persona hasta 2024, «aunque sí tuvo noción de que estaba detrás del asunto por referencias de personas cercanas e intermediarios».

De interés: Zapatero niega al juez que ejerciera influencia para favorecer a Plus Ultra

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Fuente de imagen referencial: EFE/J.J.Guillen

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El exgobernador señaló que el Parlamento tiene la obligación de «definir de manera clara, precisa y categórica la naturaleza» de la falta y que, en caso de desacato, el Supremo «deberá sustituir a la Asamblea Nacional (AN) y, en consecuencia, declarar la ausencia definitiva del presidente de la república y convocar elecciones».

«Le hemos solicitado a la Sala Constitucional (del TSJ) que le ordene a la AN pronunciarse, debatir la materia, cumplir con su deber», dijo en un video que publicó en X.

César Pérez Vivas, aliado de la Nobel de la Paz María Corina Machado, aseguró que la AN «ha evadido la obligación consagrada en la Constitución venezolana de calificar la falta absoluta del señor Nicolás Maduro, quien, como todo el país y el mundo saben, está fuera del territorio nacional y fuera del ejercicio de la función presidencial» desde el 3 de enero, cuando fue capturado.

¿Qué dice la Constitución?

Según la Constitución, la falta temporal del mandatario será suplida por el vicepresidente ejecutivo por 90 días, prorrogables por 90 más, para un total de 180 días, en caso de que así lo decida el Parlamento, que al final no lo discutió.

De declararse la falta absoluta, se debe celebrar una «elección universal, directa y secreta dentro de los treinta días consecutivos siguientes».

Sin embargo, el mismo día de la captura de Maduro, el Supremo había declarado que la ausencia del mandatario se dio en una «situación excepcional, atípica y de fuerza mayor no prevista literalmente en la Constitución».

En ese sentido, ordenó que la entonces vicepresidenta, Delcy Rodríguez, asumiera como mandataria encargada, sin que ello implicara «decidir de fondo sobre la calificación jurídica definitiva de la falta presidencial (temporal o absoluta)».

El pedido a Donald Trump

César Pérez Vivas pidió al presidente estadounidense, Donald Trump, y al secretario de Estado del país norteamericano, Marco Rubio, que «abran los ojos» ya que, según el opositor, las autoridades interinas venezolanas planean «ganar tiempo» y «hacer elecciones en el 2030».

«Venezuela exige un gobierno legítimo y el único con potestad para otorgarlo es el pueblo», agregó.

La semana pasada, el oficialismo y un grupo de exdiputados opositores anunciaron una vía de diálogo que comenzará el próximo 1 de agosto para promover la democracia en el país, de cara a un eventual proceso electoral.

De interés: PJ propone una reconstrucción inspirada en Japón tras el doble terremoto

Con información de EFE Servicios

Fuente de imagen referencial: Red Social X – @CesarPerezVivas

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La denuncia presentada ante la Fiscalía sostiene que las manifestaciones públicas de De la Espriella «incrementan el riesgo» para los excombatientes en proceso de reincorporación y constituyen una forma de estigmatización contra quienes se acogieron al acuerdo.

La acción judicial responde al anuncio hecho por De la Espriella de que, cuando asuma la Presidencia el próximo 7 de agosto, eliminará el cargo del alto comisionado para la Paz y desmontará lo que calificó como un «perverso sistema de impunidad».

En ese pronunciamiento, el futuro mandatario cuestionó que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) autorizara un viaje de Londoño a España y aseguró que el antiguo jefe de las FARC «merece estar preso de por vida», además de criticar que Pilar Rueda Jiménez, esposa del senador Iván Cepeda, trabaje en ese tribunal.

Cuartas también pidió a la Fiscalía investigar las expresiones de De la Espriella dirigidas contra Rueda, al considerar que podrían constituir violencia política de género.

De interés: De la Espriella eliminará oficina de comisionado de Paz en Colombia

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Fuente de imagen referencial: EFE/Carlos Ortega

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El fallo, emitido por el juez Darrin P. Gayles de la Corte del Distrito Sur de Florida, exime temporalmente del pago a algunas figuras de la actual cúpula oficialista y a empresas estatales.

Los detalles de la sentencia

Los sancionados: Además de Nicolás Maduro, la corte responsabilizó directamente a los ministros Diosdado Cabello (Interior) y Vladimir Padrino (Agricultura), al exministro Néstor Reverol, al fiscal general Tarek William Saab, al expresidente del Tribunal Supremo Maikel Moreno, al empresario Alex Saab y al grupo criminal conocido como el «Cártel de los Soles».

Los excluidos por ahora: El juez Gayles excluyó de esta compensación económica a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, a su hermano y presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, así como a las estatales PDVSA y Corporación Venezolana del Petróleo (CVP).

Las bases legales: La demanda acusa a la cúpula chavista de violar tres normativas clave: la Ley Federal Antiterrorismo (ATA), la Ley Antiterrorismo de Florida y la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado (RICO).

Los argumentos del tribunal

En su dictamen, el juez Gayles fue contundente al describir el modus operandi del régimen depuesto, señalando que Maduro:

«Históricamente ha secuestrado y detenido arbitrariamente a ciudadanos estadounidenses para canjearlos por la liberación de criminales venezolanos recluidos en EEUU».

Cometió «actos de terrorismo internacional» y recurrió al «narcoterrorismo» con el fin explícito de «intimidar o coaccionar a la población civil de EEUU».

Contexto de los demandantes y procesos paralelos

Los demandantes (entre quienes se encuentran personas que sufrieron cautiverio en territorio venezolano y dos menores de edad) incluyen a Jerrel Kenemore, Jason Saad y Edgar Marval.

El canje de 2023: Estos tres ciudadanos formaron parte del intercambio de prisioneros ejecutado en 2023 bajo la administración de Joe Biden, que permitió la liberación inicial de Alex Saab.

La situación de Alex Saab: El empresario, señalado como presunto testaferro de Maduro, fue recapturado y se encuentra recluido en Miami, donde afronta una audiencia preliminar por cargos de lavado de dinero.

La captura de Maduro: Aunque la demanda civil fue presentada originalmente en agosto de 2025, tomó fuerza tras la captura de Nicolás Maduro por tropas estadounidenses el pasado 3 de enero en Caracas.

Actualmente, el expresidente permanece preso en Nueva York enfrentando un juicio penal paralelo por narcoterrorismo, donde también se encuentra detenida su esposa, Cilia Flores.

De interés: Delcy Rodríguez firma nueva Ley de hidrocarburos de cara a la reconstrucción

Con información de EFE Servicios

Fuente de imagen referencial: Archivo

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Durante una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), la mandataria indicó que 1.389 resoluciones «fueron estudiadas y analizadas», y añadió que este reglamento se «adapta a la nueva Ley Orgánica de Hidrocarburos» y es para convertir las reservas de Venezuela en el desarrollo del país.

Acompañada de la ministra para Hidrocarburos, Paula Henao, y del vicepresidente sectorial de Economía y Finanzas, Calixto Ortega, Rodríguez añadió que los recursos se invertirán en la «recuperación» y «reconstrucción» de Venezuela tras el doble terremoto del 24 de junio, sin dar más detalles al respecto.

«Habrá los recursos también para la recuperación, la reconstrucción de nuestra patria luego del doblete sísmico del 24 de junio», prometió Rodríguez.

De interés: AN reformó la Ley de Hidrocarburos para incentivar inversión extranjera

Con información de EFE Servicios y redes sociales

Fuente de imagen referencial: EFE/Miguel Gutiérrez

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De acuerdo con el marco legal, la vicepresidenta ejecutiva asumió el mando para suplir la «falta temporal» del mandatario. La ley establece un periodo inicial de 90 días, el cual fue prorrogado por la Asamblea Nacional por otros 90 días más, alcanzando hoy el tope máximo absoluto de 180 días permitidos bajo esa figura.

¿Qué dice la Constitución sobre el vacío de poder?

El artículo 233 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela regula las faltas del Ejecutivo. El texto es claro al estipular las consecuencias de agotar este periodo:

Si la falta temporal se prolonga por más de 90 días, la Asamblea Nacional decidirá por mayoría de sus integrantes si debe considerarse que hay falta absoluta. Al cumplirse la prórroga y sumarse los 180 días, la temporalidad caduca por completo y la vacancia del cargo pasa a ser definitiva e irreversible.

Dado que los hechos ocurrieron dentro de los primeros cuatro años del período constitucional, la norma constitucional es taxativa sobre la ruta institucional obligatoria.

¿Cómo se debería proceder legalmente a partir de hoy?

Juristas y expertos en derecho constitucional señalan que, ante la falta absoluta automática que se genera este 3 de julio, el procedimiento institucional debe activarse de inmediato bajo dos premisas fundamentales:

Convocatoria a elecciones: La Constitución obliga a proceder a una nueva elección universal, directa y secreta dentro de los 30 días consecutivos siguientes para elegir a un nuevo Presidente que complete el período.

La Encargaduría del Cargo: Mientras se realiza ese proceso electoral exprés de un mes, la Presidencia de la República no puede permanecer en manos del Ejecutivo interino saliente, sino que debe ser asumida interinamente por el Presidente o Presidenta de la Asamblea Nacional.

El debate político se traslada ahora al Parlamento, que tiene la obligación legal de declarar formalmente la falta absoluta y trazar la ruta electoral, en un escenario sumamente complejo debido a la emergencia humanitaria y económica provocada por el reciente doblete sísmico del 24 de junio.

De interés: Se eleva a 2.595 los muertos y a 12.400 los heridos por doble terremoto en Venezuela

Con información de EFE Servicios, medios nacionales e internacionales

Fuente de imagen referencial: EFE/ Iván Cárdenas

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La conmemoración de este semestre llega apenas nueve días después de los devastadores terremotos del 24 de junio. Las consecuencias de este doble sismo han sumido al país en una profunda crisis humanitaria que acapara toda la atención pública y los esfuerzos de rescate.

Durante su comparecencia inicial ante el Tribunal Federal de Manhattan, tanto Nicolás Maduro como su esposa, Cilia Flores, se declararon «no culpables» de todos los cargos imputados por la justicia estadounidense. El propio Maduro llegó a intervenir ante el juez afirmando textualmente: «Soy inocente. No soy culpable. Soy un hombre decente».

Cargos que enfrentan en EEUU: La acusación formal de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York detalla delitos graves de narcotráfico y armas:

Nicolás Maduro (4 cargos): Conspiración para narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer dichos armamentos. Se le acusa formalmente de liderar una red criminal coordinada con grupos como las FARC.

Cilia Flores (3 cargos): Conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseerlos. La fiscalía la señala por presuntamente aceptar sobornos para facilitar el tráfico de drogas utilizando su influencia institucional.

Aunque inicialmente se habían fijado comparecencias previas en el cronograma, el tribunal reprogramó las fechas debido a la complejidad legal del caso. El juez de la causa pospuso formalmente el retorno de la pareja a las cortes, fijando la próxima audiencia para el 22 de julio de 2026.

Agravamiento de la crisis nacional

Social: El desastre natural del 24 de junio dejó miles de damnificados y colapsó la infraestructura médica y de rescate, una emergencia que se superpone a la fragilidad social que ya arrastraba el país en este semestre de transición.

Económica: Los daños materiales causados por los sismos paralizaron el comercio y los servicios básicos, profundizando la ya golpeada economía venezolana.

Política: La gestión interina debe lidiar al mismo tiempo con la compleja reconstrucción post-terremoto, la recepción de ayuda internacional y el reacomodo de fuerzas a seis meses de la salida de Maduro del poder.

De interés: Detenidos cuatro CICPC por apropiarse de dinero hallado entre escombros

Con información de medios nacionales

Fuente de imagen referencial: Archivo

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El dictamen reconoce que «los niños nacidos en los Estados Unidos de padres presentes de manera ilegal o temporal están ‘sujetos a la jurisdicción'» por lo que «son ciudadanos desde el nacimiento en virtud de la cláusula de ciudadanía de la Decimocuarta Enmienda».

La decisión fue adoptada por cincos votos a favor y cuatro en contra de los magistrados que componen la corte y mantiene una interpretación de la Constitución que durante más de 150 años considera estadounidense a casi cualquier persona -existen excepciones como los hijos de funcionarios diplomáticos- que nazca dentro de la nación.

El juez Brett Kavanaugh disintió en parte al no compartir la concepción maximalista de la cláusula de ciudadanía al tiempo que no respalda el decreto de Trump que eliminaría de facto la ciudadanía por nacimiento. Otros tres jueces considerados conservadores disintieron del voto de la mayoría al no reconocer la ciudadanía por nacimiento «totalmente» automática.

Trump había prometido en campaña limitar la ciudadanía automática para hijos de migrantes irregulares, una medida que firmó el mismo día en que asumió su segundo mandato el 20 de enero de 2025 y que inauguró un periodo de restrictivas políticas antimigratorias.

La orden, que afectaría a unos 255.000 niños al año, queda anulada con la decisión del Supremo, que analiza en el fallo qué significa ser ciudadano estadounidense y concluye «que alguien nacido en Estados Unidos y sometido a sus leyes entra en el ámbito de la ciudadanía por nacimiento».

De interés: EEUU comienza a implementar su nuevo exámen de ciudadanía, más largo y riguroso

Con información de EFE Servicios y redes sociales

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Entre los candidatos está la exvicefiscal general del Ministerio Público Katherine Haringhton, quien fue sancionada por Estados Unidos en 2015, así como Aimé Nogal, una de las rectoras del Consejo Nacional Electoral, y Luis Emilio Rondón González, exrector de la institución, según la lista compartida por el Comité de Postulaciones Judiciales de la Asamblea Nacional (AN) en Telegram.

Así mismo, el Comité informó que un total de 63 personas se postularon para optar al cargo de inspector de tribunales, mientras que 33 al de director de la Escuela Nacional de Magistratura.

¿Qué se busca?

El pasado 22 de mayo, la AN llamó a los juristas venezolanos a postularse a los cargos de magistrados del Supremo, así como para inspectores y director de la Escuela Nacional de la Magistratura.

La Asamblea Nacional sustituirá solo a ocho magistrados por jubilaciones y renuncias y escogerá a doce nuevos que se sumarán a los otros doce que siguen ejerciendo en la corte.

El Parlamento aprobó la reforma de la ley del TSJ el pasado 12 de mayo y acordó que la Sala Constitucional del tribunal esté conformada por siete magistrados, mientras que el resto de las salas estarán integradas por cinco.

Hasta ahora, la Sala Constitucional estaba conformada por cinco magistrados y las restantes, Político Administrativa, Electoral, Civil, Penal y Social, por tres.

El llamado de Delcy Rodríguez

En abril pasado, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, inauguró la gran consulta nacional para reformar la justicia penal en el país suramericano, con el objetivo de superar los «males que persisten» en el sistema judicial, afectado por el retardo procesal y la corrupción.

En mayo, Rodríguez dijo que, en un primer análisis, encontraron tres grandes desafíos al sistema judicial: el retardo procesal, la corrupción y la criminalización de la pobreza, luego de determinar que el 68 % de las personas encarceladas en el país son de estratos económicos y sociales «menos favorecidos».

De interés: AN avanza en ley para impulsar comercio ganadero y castigar contrabando

Con información de EFE Servicios

Fuente de imagen referencial: Archivo

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También rechazó que hubiera tenido comunicación con nadie de la aerolínea y que la única persona a la que conoció, en 2024, es al actual presidente de la compañía, Julio Martínez Sola, también encausado.

Zapatero, el primer exjefe del Ejecutivo español investigado por la justicia, declaró ante el juez José Luis Calama, de la Audiencia Nacional, por sospechas de tráfico de influencias, organización criminal, blanqueo de capitales y falsedad documental.

A ellos se añaden el delito fiscal y el de contrabando por las casi 80 joyas que guardaba en una caja fuerte de su oficina, valoradas en 1,3 millones de euros, según la tasación pericial ordenada por el juez.

Sobre este último asunto, que ha levantado gran polvareda política y mediática, Zapatero guarda silencio de momento sobre su origen y estado tributario, y promete hablar dentro de unos días.

El antiguo líder del Partido Socialista español, que gobernó entre 2004 y finales de 2011, respondió al extenso interrogatorio del juez para insistir en que no influyó ante ninguna administración o funcionario públicos en favor de Plus Ultra.

Declaraciones de Zapatero

El expresidente eludió pronunciarse, no obstante, sobre las numerosas declaraciones de directivos de Plus Ultra halladas en el teléfono celular de un accionista, el venezolano Rodolfo Reyes, y que una agencia estadounidense (Homeland Security Investigations) entregó a la Policía española este año. Son unas comunicaciones impugnadas por abogado defensor.

En algunas de ellas se hablaba de «tocar puertas» y «pedir ayuda a Zapatero», según las fuentes, para conseguir el préstamo público que le concedido el gobierno del socialista Pedro Sánchez en 2021.

Más en concreto, negó Zapatero de plano que él lidera ninguna trama de influencias, y sostuvo que únicamente hizo trabajos de consultoría para su amigo Julio Martínez, también investigado.

Argumentó Zapatero que los 490.780 euros que el juez le atribuye como comisiones es el pago de trabajos para Análisis Relevante, empresa de Martínez. Su contrato con esa entidad, era verbal, explicaron las fuentes.

Añadió que no recuerda una comida en la que Julio Martínez, sospecha el juez, pudo recibir la orden de abrir una compañía en Emiratos Árabes para ocultar, supuestamente, una comisión del 1 % del «rescate público» de Plus Ultra.

Sobre la empresa de sus hijas What the Fav, que ingresó 239.755 euros de Análisis Relevante, el expresidente del Gobierno español dijo que se dedicaban al marketing e intervenían en el diseño de los trabajos encargados por clientes finales de la consultora de Martínez.

De interés: Albares pide tiempo para que se aclare la imputación de Zapatero

Con información de EFE Servicios y redes sociales

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Además de la condena de cárcel, que se cumpliría en régimen semiabierto, la alta corte le impuso una multa de 100 salarios mínimos, lo que equivale a 162.100 reales (unos 31.700 dólares).

Los cuatro jueces de la Primera Sala del Tribunal Supremo votaron de forma unánime por la condena de Eduardo Bolsonaro, quien vive desde el año pasado en Estados Unidos y no estuvo presente en la audiencia.

La condena implica de forma automática la inhabilitación política por ocho años de Bolsonaro, que perdió su acta de diputado el pasado diciembre, por un exceso de faltas a las sesiones de la Cámara baja.

Para argumentar su voto, el magistrado Alexandre de Moraes, juez instructor del caso, afirmó que el propio Eduardo Bolsonaro admitió haberse trasladado a Estados Unidos en 2025 con el objetivo de gestionar ante la Administración estadounidense la imposición de sanciones contra los jueces que procesaban a su padre, con la intención de evitar una eventual condena.

De interés: Congreso de Brasil aprueba reducción de condena al expresidente Bolsonaro

Con información de EFE Servicios y redes sociales

Fuente de imagen referencial: EFE/Andre Borges

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La Fiscalía, con el visto bueno de los abogados de defensa, pidió el aplazamiento al juez del caso, Alvin K. Hellerstein, en una carta enviada el lunes, en la que argumentó que el cambio de fecha es necesario «para evitar problemas logísticos y de programación en relación con la provisión de transporte seguro y seguridad para el 30 de junio».

Además, se indicó en la misiva que el gobierno excluirá para ambos acusados los días entre el 30 de junio y la nueva fecha de la audiencia del periodo establecido por la Ley de Juicio Rápido.

También afirmó que esa nueva fecha permitirá a la Fiscalía presentar pruebas que sostengan su acusación contra la pareja y que la defensa pueda revisar dichas pruebas y considerar qué mociones previas al juicio prevé realizar.

Maduro y Flores fueron detenidos en Venezuela el pasado 3 de enero en un operativo militar ordenado por el presidente de EEUU, Donald Trump, y desde entonces están en una prisión federal en Nueva York enfrentando su proceso judicial, tras ser acusados de narcoterrorismo, conspirar para exportar droga a este país y de uso de armas.

Ambos se declararon no culpables de los cargos y su defensa podrá ser sufragada por el gobierno venezolano tras apuntarse una victoria en ese sentido, ya que el gobierno de EEUU se oponía, pero el juez prohibió que la defensa comparta pruebas del caso con otros coacusados que aún no han sido detenidos como el ministro del Interior, Diosdado Cabello.

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Con información de EFE Servicios

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