El Estado venezolano clarifica que la participación en las audiencias no implica el reconocimiento de la jurisdicción de la Corte en la controversia territorial, ni respaldará la decisión que pueda adoptar.

Venezuela acude a estas audiencias sólo para mostrar ante el mundo la verdad sobre los derechos que desde su nacimiento le corresponden sobre el territorio de la Guayana Esequiba

Señala el comunicado oficial

También refiere el documento oficial que, Venezuela mantiene su posición histórica y respeta el mandato popular expresado en el referéndum consultivo del 3 de diciembre de 2023.

«La única solución posible para la controversia territorial, en el marco del Derecho Internacional, se encuentra en el Acuerdo de Ginebra. Este tratado internacional es el marco normativo que debe ser cumplido de buena fe, con el objeto de poner fin a la controversia territorial mediante un arreglo práctico, aceptable y satisfactorio para ambas partes. La República Bolivariana de Venezuela reivindica sus derechos históricos de soberanía sobre la Guayana Esequiba y ratifica que no renunciará jamás al territorio que desde su nacimiento le pertenece», puntualiza el texto.

#Comunicado 📢 La República Bolivariana de Venezuela informa sobre su participación, a partir de este 4 de mayo de 2026, en las audiencias del proceso incoado unilateralmente por la República Cooperativa de Guyana ante la Corte internacional de Justicia, en claro desconocimiento… pic.twitter.com/oFNDmJX2cX

— Yvan Gil (@yvangil) May 2, 2026

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Fuente de imagen referencial: El Foco (Cortesía)

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Una mayoría aplastante tanto de senadores como de diputados rechazó el veto de Lula a una ley que ya había sido aprobada en diciembre pasado con el respaldo de la ultraderecha y parte del centro.

A cinco meses de las elecciones que deben enfrentar al actual mandatario y al senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente, los legisladores abrieron las puertas a una rebaja para el líder ultraderechista condenado a 27 años de cárcel por la Corte Suprema el año pasado.

La norma impide la acumulación de penas por crímenes de naturaleza parecida y acelera la progresión hacia el estatus semiabierto, por lo que según los expertos el expresidente podrá salir del régimen cerrado en un plazo de entre dos y cuatro años, antes de lo anteriormente previsto.

Durante el debate, el senador derechista Sérgio Moro afirmó que el veto del mandatario era «cruel» y que la reducción era una «cuestión de justicia», al considerar que el Supremo impuso condenas «absurdas» a personas «simples».

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«La mayoría de detenciones fueron de corta duración, efectivamente, pero se dieron en el contexto de movilizaciones de calle, cobertura de manifestaciones«, indicó Marysabel Rodríguez, socióloga y miembro de la ONG, durante la presentación del informe anual en Caracas.

Del total de detenciones, 22 fueron periodistas, seis particulares -infociudadanos o activistas- y un trabajador público.

Rodríguez señaló que seis de estos arrestados fueron acusados del delito de incitación al odio y cuatro de ellos fueron detenidos por expresiones que publicaron en espacios digitales.

En este cuatrimestre, Espacio Público ha registrado un total de 91 violaciones a la libertad de expresión, un 16 % menos de lo registrado en el mismo periodo de 2025, sin embargo, Rodríguez advirtió que este descenso en denuncias es «bajo» pero la «violencia en torno a los casos es mayor«.

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«La designación de magistrados no puede repetir los errores recientes en la selección del fiscal general y la defensora del pueblo, donde el proceso constitucional fue desplazado por la lógica política. Un camino así solo prolonga la crisis institucional«, señaló la ONG en una publicación en X.

Así mismo, Cepaz dijo que el comité parlamentario designado para este proceso debe funcionar con reglas claras, convocatorias públicas, plazos definidos, verificación rigurosa de credenciales y acceso a la información para que la ciudadanía pueda fiscalizar el proceso.

«La transparencia es una exigencia constitucional«, subrayó el comunicado.

Cepaz sostuvo que Venezuela necesita magistrados con trayectoria profesional sólida, seleccionados por méritos, no por afinidad política ni para sustituir lealtades dentro del aparato de poder.

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De acuerdo a un comunicado de su oficina, el mandatario considera «necesario» intentar primero una negociación extrajudicial en los casos abiertos contra Netanyahu como paso previo a examinar formalmente la solicitud de indulto, con el objetivo de explorar un posible acuerdo entre las partes.

Un acuerdo con la Fiscalía sería, según esta nota, la solución que Herzog consideraría como la más «adecuada y apropiada«.

En este contexto, el medio israelí Ynet informó de que el presidente israelí tiene previsto contactar en los próximos días a los abogados de Netanyahu y a la fiscal general, Gali Baharav-Miara, para impulsar un proceso intensivo de mediación penal.

Las mismas fuentes sostienen que, en esta fase, se espera que Baharav-Miara se vea obligada a responder a la iniciativa presidencial y a aceptar participar en una mediación, incluso si no la considera adecuada.

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La denuncia, presentada originalmente en febrero, cobró relevancia internacional el viernes pasado viernes tras una entrevista concedida por los demandantes al diario The New York Times.

Detalles de la acusación

Los demandantes: Cuatro hermanos originarios de Nueva Jersey afirman haber sido sometidos a un proceso de «lavado de cerebro» que facilitó conductas inapropiadas en diversos lugares, incluida la residencia del artista.

Justificación del silencio: Según el testimonio, la magnitud de la figura pública de Michael Jackson y el respeto que inspiraba dificultaron que denunciaran la situación legal en su momento.

Respuesta de la defensa: El abogado del patrimonio de Michael Jackson, Marty Singer, rechazó categóricamente las acusaciones, calificándolas como un «intento desesperado por obtener dinero».

Contexto y coincidencia mediática

La revelación de esta demanda coincide con el estreno mundial de la película biográfica «Michael», protagonizada por su sobrino Jaafar Jackson, la cual busca retratar todas las etapas de la vida del cantante.

Este nuevo proceso se suma a un largo historial de litigios que han marcado el legado de Michael Jackson, incluyendo el mediático caso de 1993 (resuelto con un acuerdo extrajudicial) y denuncias posteriores que, aunque nunca derivaron en una condena penal, han mantenido el debate sobre su vida privada vigente hasta la actualidad.

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A través de un mensaje difundido por la ONG Provea, la familia denunció que el proceso permanece bajo un manto de impunidad y exigió que se investigue no solo a los autores materiales, sino a toda la cadena de mando responsable.

Puntos clave de la denuncia

Cuestionamiento al Estado: Los padres recordaron que las autoridades inicialmente intentaron desviar la responsabilidad del hecho, hasta que en 2021 la Fiscalía admitió que la muerte fue causada por el impacto de una bomba lacrimógena disparada por un efectivo de la Guardia Nacional.

Exigencia a nuevas autoridades: Además del llamado al fiscal Devoe, instaron a la defensora del Pueblo, Eglée González Lobato, a cumplir con su mandato y luchar contra la impunidad en este y otros casos de jóvenes fallecidos en 2017.

Estatus legal: La familia señaló que, a pesar del reconocimiento del hecho, solo una persona ha sido detenida y llevada a juicio, sin que exista hasta ahora una reparación integral para las víctimas.

Alianza por la justicia

La petición fue realizada también en representación de la Alianza de Familiares y Víctimas de 2017, un comité que agrupa a deudos de las más de 120 personas que perdieron la vida durante la crisis política desatada tras las sentencias del TSJ que suprimieron las competencias del Parlamento hace casi una década.

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El foco principal será la validez del Laudo Arbitral de 1899, que definió la frontera actual, y que Venezuela considera nulo desde 1962.

Cronología y puntos clave del conflicto

El territorio: Se disputa la región del Esequibo (160.000 km²), zona rica en recursos bajo administración de Guyana pero reclamada históricamente por Caracas.

Inicio del proceso: Guyana demandó ante la CIJ en 2018 para ratificar el laudo de 1899 bajo el marco del Acuerdo de Ginebra de 1966.

Competencia de la Corte: Aunque Venezuela inicialmente no reconoció la jurisdicción del tribunal, la CIJ falló en 2020 que sí es competente para decidir sobre el caso y rechazó las objeciones venezolanas en 2023.

Tensiones recientes: En meses pasados, la Corte dictó medidas cautelares tras el referéndum venezolano de 2023 y sus planes de elecciones en la zona, ordenando a Caracas abstenerse de cualquier acción que altere el statu quo actual de administración guyanesa.

Las audiencias de mayo representan el inicio de la etapa final del juicio, acercando al tribunal a una sentencia definitiva sobre uno de los diferendos territoriales más antiguos del continente.

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Puntos clave del caso

El esquema: Van Dyke participó en la planificación de la «Operación Resolución Absoluta» (iniciada en diciembre de 2025). Usó su conocimiento privilegiado sobre el operativo del 3 de enero para realizar apuestas en la plataforma Polymarket.

Las cifras: Invirtió cerca de 33.000 dólares en 13 apuestas distintas (entre el 27 de diciembre y el 2 de enero), obteniendo una ganancia de aproximadamente 400.000 dólares.

Modus operandi: Intentó ocultar su identidad como trader mientras apostaba a favor de que Maduro estaría «fuera» del poder antes de finalizar 2026.

Cargos legales: Enfrenta delitos por violación de la Ley de Intercambio de Productos Básicos, fraude electrónico y transacciones ilegales. Las penas podrían alcanzar entre 10 y 20 años de prisión por cargo.

Dato relevante: El fiscal Jay Clayton comparó el caso con el tráfico de información privilegiada tradicional, mientras que el presidente Trump lo equiparó mediáticamente con el histórico veto de Pete Rose en la MLB por apostar en su propio terreno.

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Detalles del proceso legislativo

Comisión preliminar: Está integrada por 11 diputados, presidida por el oficialista Giuseppe Alessandrello. Incluye una representación mixta de la bancada chavista y sectores de la oposición (Avanzada Progresista, Fuerza Vecinal y bancada Libertad).

Marco legal: La selección se basa en la reforma judicial impulsada por el Ejecutivo. Según la ley, los magistrados deben ser aprobados por mayoría calificada (dos terceras partes del Parlamento).

Vacantes: Jorge Rodríguez, presidente de la AN, confirmó la existencia de plazas disponibles por «distintas circunstancias», aunque no precisó el número exacto ni las salas técnicas a las que pertenecen.

Ruta de selección según la Constitución

Convocatoria pública: El Comité de Postulaciones recibe y evalúa credenciales.

Poder Ciudadano: La Fiscalía, Defensoría y Contraloría realizan una segunda preselección.

Votación final: La plenaria de la Asamblea Nacional designa a los magistrados definitivos.

Contexto institucional y DD.HH.

Nombramientos previos: Este proceso sigue a la reciente designación de Larry Devoe como Fiscal General y Eglée González Lobato como Defensora del Pueblo.

Ley de Amnistía: El anuncio coincide con los dos meses de vigencia de la Ley de Amnistía. Cifras oficiales indican que 8.000 personas han recibido libertad plena, aunque no existe un listado público de beneficiarios.

Presos Políticos: La ONG Foro Penal reporta que, al 20 de abril, permanecen 473 detenidos por motivos políticos, incluyendo a 43 personas de nacionalidad extranjera o con doble nacionalidad.

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El objetivo es que el aumento de salario prometido para mayo por el Gobierno no se «pulverice» con la inflación.

«El sueldo (mínimo) sigue siendo 0,27 centavos de dólar (al mes). Lamentablemente no hemos recibido ningún tipo de información sobre lo que se ha prometido«, indicó la diputada Amelia Belisario en rueda de prensa.

A su juicio, el salario en Venezuela «dejó de existir» e insistió en que su fracción legislativa desconoce los parámetros para el aumento de sueldo que anunció la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, la semana antepasada.

Belisario señaló que los venezolanos necesitan un sueldo digno, ajustado a la realidad, atado a la «inflación real«, con transparencia y control parlamentario.

«Necesitamos un salario que sea ley, que genere prestaciones y permita ahorrar«, añadió, al tiempo que exigió que no se paguen más «bonos discrecionales» que «además se evaporan».

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Fuente de imagen referencial: EFE/Ronald Peña

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El segundo debate necesario para su aprobación tardó cuatro sesiones, incluida la de hoy, para aprobar esta norma, que tiene un total de 131 artículos y deroga la Ley de Minas vigente desde 1999, aprobada por un decreto del entonces presidente Hugo Chávez, fallecido en 2013, quien tenía poderes especiales otorgados por el Legislativo.

La ley abre la puerta en sus primeros doce artículos a la inversión privada y extranjera, así como a la mediación y el arbitraje para la resolución de conflictos.

¿Qué dice la Ley de Minas?

En el artículo 74 de la nueva norma, se establece que ningún funcionario del Estado ni sus familiares podrán obtener títulos a los que se refiere esta Ley, ni podrán participar como accionistas o asociados en cooperativas o sociedades mercantiles para adquirir títulos mineros hasta que no hayan transcurrido cinco años desde el cese del ejercicio de su cargo.

El Banco Central de Venezuela «tiene el derecho preferente para la compra del mineral oro que se obtenga como consecuencia de cualquier actividad minera ejercida en el territorio nacional», de acuerdo a la ley.

Por otra parte, en el artículo 91, se indica que el pago de regalías al Estado venezolano es de hasta 13 % sobre la producción bruta del mineral, calculado sobre el valor comercial del producto final.

De acuerdo con este artículo, el ministerio con competencia en minería será el encargado de determinar los «parámetros necesarios» para determinar estos pagos que, según el artículo 92, el Estado podrá exigir «en dinero o en especie«.

Asimismo destaca el 36, que indica que el Estado, «por razones de interés público y carácter estratégico, se podrá reservar la actividad primaria de la minería de minerales radioactivos, así como su aprovechamiento, beneficio y comercialización de sus productos y subproductos».

En el artículo 124 se señala que en el caso de que las actividades mineras sean desarrolladas en áreas bajo régimen de administración especial de protección ambiental, se aplicará una pena de 10 a 15 años de prisión.

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En una transmisión de la AN, el presidente del Parlamento Jorge Rodríguez, juramentó a Devoe y también a González, de quien subrayó previamente que «jamás ha militado en un partido político» y consideró esto como una «gran oportunidad».

Por su parte, el diputado Henri Falcón rechazó la designación de ambos funcionarios en nombre de su bancada opositora, Libertad, al considerar que no respaldará la designación de un fiscal ni de un defensor que no reúna las condiciones de «idoneidad, autonomía, independencia y pluralidad democrática».

«Sabemos que las instituciones han sido habilitadas como trincheras ideológicas de una parcialidad política en Venezuela«, subrayó Falcón.

En marzo, un total de 11 organizaciones no gubernamentales denunciaron la «ausencia de reglas claras y públicas» sobre el procedimiento y los criterios de evaluación para designar a los titulares de la Fiscalía General y Defensoría del Pueblo.

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«Se trata de muchísimos casos de personas campesinas, de lugares apartados (…) que fueron detenidas muchas veces cerca de sus casas y después desaparecidas durante un mes», señaló Antonio González Plessmann, miembro de Surgentes, a las afueras de la sede del Legislativo, en Caracas, acompañado de un grupo de familiares de estos presos que tenían carteles con fotografías de sus parientes.

Estos detenidos fueron acusados por la justicia de ser parte de los ‘tancol‘, un acrónimo creado por el Gobierno de Venezuela para referirse a «terroristas armados narcotraficantes colombianos«, que empezó a ser utilizado a mediados del año 2021.

González Plessmann indicó que fue un estigma por el cual se detuvo, especialmente entre 2021 y 2023, a una «gran cantidad de personas», en estados fronterizos con Colombia, acusados posteriormente de terrorismo, lo que advierte el activista es un «delito eminentemente político».

El investigador sostuvo que hasta la fecha pudieron registrar 45 casos, la mayoría de ellos con nacionalidad colombo-venezolana, pero añadió que empezaron a recibir más llamadas de familiares con casos similares por lo que cree que pueden llegar a documentar unos 200 detenidos acusados de terroristas.

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Después de tres horas de discusión y tras aprobar el artículo 115, de 130 que se estima tiene la norma, el diputado Orlando Camacho pidió diferir la discusión para otra sesión legislativa, una propuesta que fue aprobada por «extraordinaria unanimidad», según afirmó el primer vicepresidente del Parlamento, Pedro Infante, quien dirigió el final del debate.

Entre los 60 artículos de la Ley de Minas aprobados en la plenaria, se destaca el artículo 91, que establece que el pago de regalías al Estado venezolano de hasta 13 % sobre la producción bruta del mineral, calculado sobre el valor comercial del producto final.

De acuerdo con este artículo, el ministerio con competencia en minas será el encargado de determinar los «parámetros necesarios» para determinar estos pagos que, según el artículo 92, el Estado podrá exigir «en dinero o en especie«.

Asimismo, del artículo 94 al 98 se estableció el régimen tributario para el sector, que incluye una alícuota de «hasta 6 %» como impuesto a la minería.

Entre los tributos exentos para las actividades relacionadas con las minas se incluye el impuesto a los grandes patrimonios y contribuciones especiales a los fondos relacionados con ciencia, deporte, antidrogas, así como la contribución establecida en la Ley de Protección de las Pensiones de la Seguridad Social. Las actividades mineras tampoco están sujetas a tributos estadales o municipales.

Los diputados también aprobaron artículos relacionados con las concesiones que serán de 30 años, pudiendo prorrogarse por dos períodos consecutivos de hasta 10 años, así como contratos para la minería, el registro del sector, y las escalas de la actividad, que en los artículos 79 al 82 son identificadas como «Pequeña«, «Mediana» y «Gran minería«.

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El texto, aprobado con 62 votos a favor y 48 en contra, obliga -salvo excepciones sin definir- a los tribunales militares israelíes a imponer dicha pena a los palestinos residentes en Cisjordania ocupada, mientras que a los tribunales ordinarios que juzgan a ciudadanos les da la posibilidad de aplicar en su lugar la cadena perpetua y estipula más condiciones para imponerla.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, asistió a la votación en el plenario de la Knéset y votó a favor de la reforma, promovida por el partido del ministro israelí de Seguridad Nacional, el ultranacionalista y supremacista judío Itamar Ben Gvir.

Voto parlamentario mayoritariamente a favor, aunque con criterios divididos

Así lo hicieron la mayoría de parlamentarios del partido de Netanyahu, el Likud, y todos los partidos de su coalición menos el ultraortodoxo Yahadut HaTora (Judaísmo de la Torá). El ultraderechista Israel Beitenu (Nuestro Hogar Israel), en la oposición, votó en cambio a favor.

En general, los partidos de la oposición, incluyendo Yesh Atid (Hay Futuro), Kachol Lavan (Azul y Blanco) y los árabes Hadash y Taal (Movimiento Árabe para la Renovación), votaron en contra.

La ejecución de la pena, según la normativa, deberá realizarse en un plazo máximo de 90 días por el Servicio Penitenciario tras la sentencia, mediante ahorcamiento, con regulaciones específicas sobre la detención separada del recluso, el acceso restringido a autoridades y familiares y la supervisión de la ejecución.

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Fuente de imagen referencial: EFE/EPA/ABIR SULTAN)

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Este tratado se negocia en Naciones Unidas y representa una oportunidad histórica para consolidar un marco jurídico que guíe a los Estados sobre cómo proteger a la población ante las catástrofes.

La directora regional de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (IFRC) para América, la estadounidense Loyce Pace, fue la encargada de intervenir ante la Asamblea para exponer los beneficios y la necesidad de este tratado antes de la votación.

«Desde la Federación Internacional de la Cruz Roja, hemos acompañado este proceso con la certeza de que este tratado representa una oportunidad histórica para transformar la manera en que protegemos a las personas», afirmó Pace ante los parlamentarios congregados durante la 39 Asamblea Ordinaria del Parlatino, en Ciudad de Panamá.

La directora regional explicó que este tratado busca que «la protección de las personas en situaciones de desastre no dependa del azar, sino de compromisos claros, normas sólidas y acciones coordinadas», haciendo un «llamado claro a los parlamentos de la región a revisar su legislación, identificar brechas y prepararse desde ahora».

Tratado aprobado por unanimidad

Tras el discurso, y la intervención de parlamentarios de Chile o Venezuela, se votó la declaración en apoyo al tratado, que fue aprobada por unanimidad.

En el documento se recuerda que en América Latina y el Caribe, la segunda región más propensa a desastres en el mundo, se registraron en lo que va de siglo más de 1.500 desastres, afectando a más de 190 millones de personas, con un predominio de fenómenos hidrometeorológicos ligados al cambio climático.

Por ello, y teniendo en cuenta que «los desastres resultan de la interacción entre eventos físicos y la gestión humana, agravados por la vulnerabilidad y falta de preparación de las comunidades, así como modelos de desarrollo y, en general, prácticas ambientales insostenibles», el Parlatino declaró «su apoyo decidido a las negociaciones».

Está previsto que en enero de 2027 se apruebe finalmente el tratado durante una conferencia en Filipinas, un logro «histórico» tras más de dos décadas de intentos por concretar el documento y después del mandato que en diciembre de 2024 dio la Asamblea General de las Naciones Unidas para negociarlo entre más de 190 países.

«Esta declaración va en avanzada, es el primer parlamento en el mundo que adopta una declaración de compromiso, no solamente con el proceso de la negociación del tratado y con su adopción en enero del 27, pero sobre todo hace un llamado a los parlamentos para que revisen ya sus leyes, empiecen a ejecutar», explicó a EFE la jefa regional de diplomacia humanitaria de IFRC, Liliana López.

Además, remarcó, «llama una colaboración para que todas esas leyes que hay en los países que a veces operan de manera fragmentada, tengan la oportunidad histórica de incorporarse en una sola legislación y se pueda ver la atención a un desastre en todas sus fases con una mirada centrada en las personas, no en las pérdidas y daños materiales, no en las pérdidas y daños económicos».

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Fuente de imagen referencial: EFE/Bienvenido Velasco

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La iniciativa establece un plazo máximo de 180 días para que el Departamento de Estado entregue al Congreso una hoja de ruta detallada, que incluya acciones diplomáticas, mecanismos de cooperación internacional y asistencia dirigida a facilitar un cambio político en el país.

El comité subrayó en su comunicado que “el pueblo venezolano merece democracia” y cuestionó la oposición de algunos legisladores republicanos a la propuesta, destacando el carácter bipartidista del respaldo a la medida.

Rubio tiene hasta 180 días para entregar el plan (estrategia integral) de transición en Venezuela

De acuerdo con la resolución, la cual fue aprobada el viernes, se establece un plazo máximo de 180 días para que el Departamento de Estado entregue al Congreso una hoja de ruta.

El proyecto, que había sido introducido semanas atrás en la Cámara de Representantes, busca formalizar y supervisar la política exterior de Washington hacia Venezuela en un contexto marcado por recientes cambios políticos en el país.

La resolución contempla e incluye mecanismos de seguimiento por parte del Congreso, tales como informes periódicos sobre los avances en la implementación de la estrategia, su progreso.

La medida se produce en un momento en que la administración estadounidense ha declarado e informado que su política hacia Venezuela, está orientada a estabilizar el país, promover la recuperación económica y avanzar hacia un proceso de transición política.

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Con información de medios internacionales y nacionales, agencias, así como redes sociales

Fuente de imagen referencial principal: Lexi Zotomayor en Unsplash

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En un acto organizado en apoyo a Maduro en Caracas y tras el inicio de la audiencia, el dirigente dijo que el proceso, «en su origen, es ilegítimo e ilegal», por lo que pidió elevar la voz «por la verdad, la justicia, la paz y por la libertad» de su padre y de Flores, también diputada.

«Hoy Venezuela y el mundo se levantan para elevar la voz más poderosa que puede tener un ser humano y una sociedad, que es la verdad, y aunque sean poderosos en medios de comunicación e intenten imponer narrativas, (…) nosotros, con la verdad real, con los hechos, siempre encontramos un huequito para colarnos«, dijo.

Maduro Guerra, quien más temprano expresó su confianza en el retorno de ambos al país, aseguró que los dos están «muy bien, fuertes» y «con mucho ánimo«, y señaló que su padre, «delgado, atleta, está haciendo ejercicios todos los días«.

Detalles de la audiencia de Maduro

En el tribunal federal de Nueva York, Maduro y Flores estaban sentados junto a su defensa y llevaban unos auriculares para escuchar la traducción de lo que se discute durante la vista, según informa CNN.

El juez encargado del caso, Alvin Hellerstein, entró en la sala de la corte alrededor de las 11:45 (15:45 GMT), pese a que la audiencia estaba prevista para las 11:00.

Uno de los abogados de Maduro y Flores, Barry Pollack, dijo al magistrado que sus clientes no pueden pagar su defensa por sí mismos y afirmó que «tienen todo el derecho a usar» fondos del Gobierno de Venezuela, de acuerdo con la cadena.

La defensa del matrimonio pidió recientemente al juez la desestimación de los cargos, alegando que el Gobierno de EE.UU. revocó las licencias que permitían usar fondos venezolanos para sufragar su defensa, lo que califican de «error administrativo«. Sin embargo, el juez descartó este jueves desestimar su caso.

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Fuente de imagen referencial: EFE/Miguel Gutiérrez

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La norma fue aprobada por unanimidad y su texto remitido a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que se debe pronunciar sobre el carácter orgánico de la legislación, informó el presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez, tras declararla sancionada.

El parlamentario pidió que esta ley «sirva y contribuya para acabar con el viacrucis» que, a su juicio, sufre la población venezolana al hacer trámites administrativos en instituciones y organismos del Estado.

Integrada por 12 artículos, la ley tiene el objetivo de simplificar las gestiones ante el Estado para mejorar la eficiencia y eficacia de las instituciones públicas, así como «superar los trámites y procedimientos administrativos burocráticos, innecesarios, inútiles, impertinentes o complejos».

Otras especificaciones de la ley

Entre otras cosas, la ley otorga a la Presidencia Ejecutiva la atribución de «suspender, reducir, modificar o suprimir» cualquier tipo de trámite, procedimiento, requisito o permiso para agilizar procesos, también puede ordenar la digitalización de trámites o crear normativas para la uniformidad de estas gestiones.

También crea una comisión nacional para evaluar y proponer medidas con esta finalidad, que estará integrada por la Presidencia y Vicepresidencia Ejecutiva, los vicepresidentes sectoriales, dos diputados de la AN, dos representantes de alcaldes y gobernadores, respectivamente, y un delegado de la Defensoría del Pueblo.

Asimismo, exige a todos los organismos estatales incorporar nuevas tecnologías para optimizar las gestiones y cada uno debe designar una «unidad responsable» de esta optimización, para relacionarse con otros organismos públicos, confirmar requerimientos y comparar datos para evitar «requisitos redundantes«.

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Fuente de imagen referencial: EFE/Ronald Peña R.

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