Entre los candidatos está la exvicefiscal general del Ministerio Público Katherine Haringhton, quien fue sancionada por Estados Unidos en 2015, así como Aimé Nogal, una de las rectoras del Consejo Nacional Electoral, y Luis Emilio Rondón González, exrector de la institución, según la lista compartida por el Comité de Postulaciones Judiciales de la Asamblea Nacional (AN) en Telegram.

Así mismo, el Comité informó que un total de 63 personas se postularon para optar al cargo de inspector de tribunales, mientras que 33 al de director de la Escuela Nacional de Magistratura.

¿Qué se busca?

El pasado 22 de mayo, la AN llamó a los juristas venezolanos a postularse a los cargos de magistrados del Supremo, así como para inspectores y director de la Escuela Nacional de la Magistratura.

La Asamblea Nacional sustituirá solo a ocho magistrados por jubilaciones y renuncias y escogerá a doce nuevos que se sumarán a los otros doce que siguen ejerciendo en la corte.

El Parlamento aprobó la reforma de la ley del TSJ el pasado 12 de mayo y acordó que la Sala Constitucional del tribunal esté conformada por siete magistrados, mientras que el resto de las salas estarán integradas por cinco.

Hasta ahora, la Sala Constitucional estaba conformada por cinco magistrados y las restantes, Político Administrativa, Electoral, Civil, Penal y Social, por tres.

El llamado de Delcy Rodríguez

En abril pasado, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, inauguró la gran consulta nacional para reformar la justicia penal en el país suramericano, con el objetivo de superar los «males que persisten» en el sistema judicial, afectado por el retardo procesal y la corrupción.

En mayo, Rodríguez dijo que, en un primer análisis, encontraron tres grandes desafíos al sistema judicial: el retardo procesal, la corrupción y la criminalización de la pobreza, luego de determinar que el 68 % de las personas encarceladas en el país son de estratos económicos y sociales «menos favorecidos».

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También rechazó que hubiera tenido comunicación con nadie de la aerolínea y que la única persona a la que conoció, en 2024, es al actual presidente de la compañía, Julio Martínez Sola, también encausado.

Zapatero, el primer exjefe del Ejecutivo español investigado por la justicia, declaró ante el juez José Luis Calama, de la Audiencia Nacional, por sospechas de tráfico de influencias, organización criminal, blanqueo de capitales y falsedad documental.

A ellos se añaden el delito fiscal y el de contrabando por las casi 80 joyas que guardaba en una caja fuerte de su oficina, valoradas en 1,3 millones de euros, según la tasación pericial ordenada por el juez.

Sobre este último asunto, que ha levantado gran polvareda política y mediática, Zapatero guarda silencio de momento sobre su origen y estado tributario, y promete hablar dentro de unos días.

El antiguo líder del Partido Socialista español, que gobernó entre 2004 y finales de 2011, respondió al extenso interrogatorio del juez para insistir en que no influyó ante ninguna administración o funcionario públicos en favor de Plus Ultra.

Declaraciones de Zapatero

El expresidente eludió pronunciarse, no obstante, sobre las numerosas declaraciones de directivos de Plus Ultra halladas en el teléfono celular de un accionista, el venezolano Rodolfo Reyes, y que una agencia estadounidense (Homeland Security Investigations) entregó a la Policía española este año. Son unas comunicaciones impugnadas por abogado defensor.

En algunas de ellas se hablaba de «tocar puertas» y «pedir ayuda a Zapatero», según las fuentes, para conseguir el préstamo público que le concedido el gobierno del socialista Pedro Sánchez en 2021.

Más en concreto, negó Zapatero de plano que él lidera ninguna trama de influencias, y sostuvo que únicamente hizo trabajos de consultoría para su amigo Julio Martínez, también investigado.

Argumentó Zapatero que los 490.780 euros que el juez le atribuye como comisiones es el pago de trabajos para Análisis Relevante, empresa de Martínez. Su contrato con esa entidad, era verbal, explicaron las fuentes.

Añadió que no recuerda una comida en la que Julio Martínez, sospecha el juez, pudo recibir la orden de abrir una compañía en Emiratos Árabes para ocultar, supuestamente, una comisión del 1 % del «rescate público» de Plus Ultra.

Sobre la empresa de sus hijas What the Fav, que ingresó 239.755 euros de Análisis Relevante, el expresidente del Gobierno español dijo que se dedicaban al marketing e intervenían en el diseño de los trabajos encargados por clientes finales de la consultora de Martínez.

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Además de la condena de cárcel, que se cumpliría en régimen semiabierto, la alta corte le impuso una multa de 100 salarios mínimos, lo que equivale a 162.100 reales (unos 31.700 dólares).

Los cuatro jueces de la Primera Sala del Tribunal Supremo votaron de forma unánime por la condena de Eduardo Bolsonaro, quien vive desde el año pasado en Estados Unidos y no estuvo presente en la audiencia.

La condena implica de forma automática la inhabilitación política por ocho años de Bolsonaro, que perdió su acta de diputado el pasado diciembre, por un exceso de faltas a las sesiones de la Cámara baja.

Para argumentar su voto, el magistrado Alexandre de Moraes, juez instructor del caso, afirmó que el propio Eduardo Bolsonaro admitió haberse trasladado a Estados Unidos en 2025 con el objetivo de gestionar ante la Administración estadounidense la imposición de sanciones contra los jueces que procesaban a su padre, con la intención de evitar una eventual condena.

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La Fiscalía, con el visto bueno de los abogados de defensa, pidió el aplazamiento al juez del caso, Alvin K. Hellerstein, en una carta enviada el lunes, en la que argumentó que el cambio de fecha es necesario «para evitar problemas logísticos y de programación en relación con la provisión de transporte seguro y seguridad para el 30 de junio».

Además, se indicó en la misiva que el gobierno excluirá para ambos acusados los días entre el 30 de junio y la nueva fecha de la audiencia del periodo establecido por la Ley de Juicio Rápido.

También afirmó que esa nueva fecha permitirá a la Fiscalía presentar pruebas que sostengan su acusación contra la pareja y que la defensa pueda revisar dichas pruebas y considerar qué mociones previas al juicio prevé realizar.

Maduro y Flores fueron detenidos en Venezuela el pasado 3 de enero en un operativo militar ordenado por el presidente de EEUU, Donald Trump, y desde entonces están en una prisión federal en Nueva York enfrentando su proceso judicial, tras ser acusados de narcoterrorismo, conspirar para exportar droga a este país y de uso de armas.

Ambos se declararon no culpables de los cargos y su defensa podrá ser sufragada por el gobierno venezolano tras apuntarse una victoria en ese sentido, ya que el gobierno de EEUU se oponía, pero el juez prohibió que la defensa comparta pruebas del caso con otros coacusados que aún no han sido detenidos como el ministro del Interior, Diosdado Cabello.

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La ley, que consta en principio de 17 artículos, tiene por «objeto regular, proteger y fomentar la actividad ganadera nacional en todas sus modalidades y formas, estableciendo así mecanismos de control, de fiscalización y trazabilidad tecnológica», explicó la diputada chavista, Gerardina Parada, al presentar el proyecto ante la plenaria de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento).

De manera genérica, Parada explicó que el fin es impulsar la producción primaria ganadera, modernizar la producción pecuaria y «optimizar los procesos administrativos vinculados a la comercialización».

La intención, indicó, es «diseñar un régimen eficaz de sanciones administrativas e indexación económica» ante los casos de contrabando de extracción o de «alteración de sistemas de control» para asegurar el «resarcimiento real de los daños causados a las unidades de producción» o productores.

El proyecto de ley ahora debe ser sometido a un proceso de consultas con diferentes sectores y posteriormente discutido artículo por artículo en un nuevo debate en el Parlamento para que quede definitivamente sancionado.

Adicionalmente, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, ordenó la conformación de una comisión mixta entre los diputados del área de política interior y de economía para que evalúen, junto a la Fiscalía, las sanciones penales que se le pueda imponer a quien cometa abigeato.

El parlamentario hizo esta petición luego de avalar una intervención del diputado opositor Julio César Reyes, quien hace parte de la fracción Libertad, a la que pertenece Henrique Capriles, en la que denunciaba casos de extorsión o contrabando.

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«La Corte estima pertinente ordenar al Estado que disponga, en un plazo de 18 meses a partir de la notificación de la presente sentencia, el cierre del centro de detención ‘El Helicoide'», indica la CorteIDH.

El tribunal internacional también dispuso «que el traslado de las personas allí detenidas se efectúe conforme a los estándares establecidos en la Convención Americana en materia de integridad personal, libertad personal y debido proceso».

En su sentencia, la CorteIDH indica que constató que varias instituciones y organismos internacionales que monitorean la situación de los derechos humanos en Venezuela han determinado que las personas privadas de libertad en El Helicoide han sido sujetas a torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes.

En particular, la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela, creada por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, indicó que había motivos suficientes para afirmar que un número importante de personas privadas de la libertad en El Helicoide fueron víctimas de detención arbitraria, así como de torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes.

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«No pretendemos que Estados Unidos vaya a resolvernos de un plumazo nuestros casos, pero sí queremos hacerle entender (…) que en el marco de una recuperación de un país y de una recuperación de las relaciones internacionales tiene que pasar por tener un sistema de justicia sano», dijo a EFE la abogada Zimaru Fuentes.

La jurista, que es pariente del militar retirado Larry José Moya, llegó junto a otra decena de familiares de los presos por el llamado caso «PDVSA-Obrero» a las cercanías de la legación estadounidense, donde otro grupo de manifestantes se instaló desde el pasado domingo.

La causa «PSVSA-Obrero» involucra a personas detenidas desde 2024 que no pertenecen a la estatal petrolera y a obreros de bajo rango de la empresa. Fue denunciada ante la prensa por familiares en febrero de este año, sin que las autoridades hayan ofrecido detalles al respecto.

Los familiares han reportado distintas cifras de presos relacionados a este caso: primero hablaron de 170, luego de más de 150 y posteriormente de 160, pero de estos un total de 77 ha salido en libertad después de las distintas medidas otorgadas por mediación del Parlamento o la Defensoría del Pueblo en el marco de la Ley de Amnistía aprobada en febrero de este año.

La gran mayoría de estos presos permanece en la cárcel de Yare, en el estado Miranda.

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El nuevo límite quedó fijado para el próximo miércoles a las 4:00 p.m. (20:00 GMT).

El diputado Giuseppe Alessandrello, presidente del comité, informó que la decisión se tomó de manera unánime debido al alto volumen de participación, que ya supera los 600 postulados. El proceso, que originalmente vencía esta semana tras una primera extensión, mantendrá sus puertas abiertas en la sede parlamentaria todos los días, incluyendo sábado y domingo.

Claves del nuevo TSJ y el proceso de selección

• Ampliación de la corte: Tras la reforma de la Ley Orgánica del TSJ aprobada en mayo pasado, el máximo tribunal pasará a estar integrado por 32 jueces (anteriormente eran 20).
• Nueva distribución: La Sala Constitucional se ampliará de cinco a siete magistrados, mientras que el resto de las salas (Político-Administrativa, Electoral, Casación Civil, Casación Penal y Casación Social) pasarán de tres a cinco integrantes cada una.
• La renovación: El Parlamento tiene la tarea de sustituir a ocho magistrados por motivos de jubilación y renuncia, además de designar a los doce nuevos jueces que completarán la cuota de la reforma. También se elegirán a los inspectores y al director de la Escuela Nacional de la Magistratura.
• Próximos pasos: Una vez cerrado el lapso de postulaciones este miércoles, se abrirá un período de 15 días para evaluaciones e impugnaciones. Posteriormente, el comité consignará la lista definitiva de elegibles ante la plenaria de la Asamblea Nacional para los nombramientos finales.

Marco de la reforma judicial

Este proceso coincide con la reciente inauguración de una gran consulta nacional para reformar la justicia penal, liderada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

El Ejecutivo ha señalado que el plan busca erradicar tres grandes males del sistema: el retardo procesal, la corrupción y la «criminalización de la pobreza», tras revelar que el 68 % de la población carcelaria en el país pertenece a los estratos socioeconómicos menos favorecidos.

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DOBLE LLAVE

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La decisión, una medida cautelar sin piso jurídico, fue tomada por la presidenta de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, Gloria Arizabaleta, del Pacto Histórico, el mismo partido del presidente, porque supuestamente Petro participó en la actual campaña política para apoyar a Cepeda, a pesar de que legalmente no puede hacerlo.

«No he hecho intervención en política y lo he aclarado», aseveró Petro a las puertas del Consejo de Seguridad de la ONU en Nueva York, donde hoy presidió un debate sobre la búsqueda de soluciones para la paz en Oriente Medio.

El presidente aseguró que el intento de suspensión es por «tener un pensamiento diferente» y defendió que por el hecho de ser presidente no deja de tener «derechos fundamentales», en lo que se entiende como una alusión a su derecho a pronunciarse sobre las elecciones.

Argumentos contra Petro

En el auto de Arizabaleta, que no fue debatido por ese organismo, la congresista argumentó que la inédita suspensión provisional del mandatario puede ordenarse «siempre y cuando se evidencien serios elementos de juicio que permitan establecer que la permanencia en el cargo, función o servicio público posibilita la interferencia del autor de la falla en el trámite de la investigación».

Petro ha sido denunciado varias veces por presunta participación en política durante la campaña para las elecciones cuya segunda vuelta será el 21 de junio, and el 26 de mayo la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara le abrió una investigación.

Casi a diario, el presidente comenta lo que sucede en la campaña y responde a mensajes de sus adversarios políticos, como el abogado De la Espriella con quien suele enfrentarse en la red social X.

Sin embargo, según la Constitución, la Comisión de Investigación y Acusación, en caso de que su indagación encuentre mérito para sancionar al presidente, debe acusarlo ante el Senado, que es el que tiene la facultad de suspenderlo, por lo cual la medida de hoy carece de validez.

«Pretender que una sola representante pueda adoptar una medida de esa magnitud es un despropósito. No hay lugar para ello y sería una decisión contraria a la Constitución», afirmó el ministro del Interior, Armando Benedetti, a periodistas.

La medida cautelar que nunca se había tomado en Colombia y que trataba de acelerar el proceso de suspensión total del presidente, fracasó luego de que Arizabaleta revocara la decisión y radicara un nuevo auto que deberá ser votado por todos los miembros de la Comisión de Investigación y Acusación.

«La medida tiene serios problemas de validez constitucional. El artículo 194 de la Constitución es claro: la suspensión del presidente es una falta temporal que solo puede decretar la plenaria del Senado, previa admisión pública de la acusación», expresó el abogado y profesor de la Facultad de Estudios Jurídicos, Políticos e Internacionales de la Universidad de La Sabana, Sergio Morales.

Críticas de la oposición

El candidato De la Espriella calificó como un «autoatentado legislativo» la decisión de la presidenta de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.

«Lo que acaba de ocurrir es un prevaricato monumental, un autoatentado legislativo diseñado a la medida para Gustavo Petro y para que, por supuesto, él pueda hacer campaña, salir tranquilo mientras se victimiza y le prende fuego al país», dijo De la Espriella.

El expresidente Iván Duque (2018-2022) manifestó que la orden de Arizabaleta de suspender a Petro sólo busca la «victimización» del jefe de Estado.

«Una congresista no puede suspender al presidente de la República. ¿Qué se busca? ¿Un mecanismo de victimización para que Petro intervenga de manera más vulgar en las elecciones? Muy curioso que todo esto salga de la propia coalición de gobierno», expresó Duque, quien agregó: «Los colombianos no nos vamos a dejar meter los dedos a la boca».

Por su parte, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, opositor a Petro afirmó: «No crean bobos a los colombianos» y calificó de «golpe a pocos días de las elecciones» el intento de la congresista de suspender al presidente.

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«A nuestro juicio, las distintas fases de este proceso han dejado de ser un espacio de justicia para operar al margen de la Constitución, de la ley y de los tratados internacionales suscritos por la república, ocasionando la ruptura del debido proceso», señaló García a los medios a las afueras del Palacio de Justicia, en Caracas.

El jurista explicó que los acusados por el caso PDVSA están siendo juzgados en condiciones de desigualdad y de forma discriminada, porque fueron detenidos sin orden judicial y sin haber estado en una situación de flagrancia.

Además, dijo que en las fases iniciales del proceso se les impidió designar a sus abogados de confianza y se les dificultó el acceso oportuno al expediente judicial.

«Aún con el acceso limitado que hemos obtenido, hemos detectado un desorden enorme procesal, actas y autos sin firmas de los intervinientes, piezas cuya nomenclatura se desconoce y ausencia de números de folios, de cierre, todo lo cual genera una inseguridad jurídica», agregó.

García denunció que se pretende imponer que el juicio continúe de manera telemática cuando se han llevado a cabo más de 16 audiencias de forma presencial.

«La audiencia del caso PDVSA ha sido diferida en dos ocasiones (…) debido a que el director del (centro penitenciario) Rodeo I, se niega a cumplir con la orden judicial de traslado de los imputados a la sede del juzgado, ordenando al tribunal, a los procesados y a sus abogados de confianza las reglas del debate que mejor le parezca», subrayó.

García exigió el que el juicio sea público, en el que se permita el ingreso como observador de la Defensoría del Pueblo y de relatores especiales de la ONU y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

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En una opinión de más de 100 páginas, el juez John McConell Jr. señaló que esas políticas de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) dejaron a «incontables inmigrantes que vivían en EE.UU. en un limbo legal indeterminado», y que son «contrarias a la ley, arbitrarias y caprichosas».

McConell señaló que USCIS ejerce una autoridad de la que carece y «justifica sus acciones con preocupaciones ‘de seguridad nacional’ meramente pretextuales, que encubren sentimientos antiinmigrantes que (la agencia) tiene prohibido que influyan en su proceso de toma de decisiones».

La agencia pausó la adjudicación de beneficios migratorios para 39 países de África, Asia, Latinoamérica y Oriente Medio, a cuyos ciudadanos se les ha impedido «recibir decisiones finales» sobre sus solicitudes de asilo, permisos de trabajo, tarjeta verde y ciudadanía en EE.UU.

El juez sostuvo que la pausa de USCIS «no puede atribuirse a nada que estas personas hicieran mal, sino que emana solo de la casualidad de su nacimiento», y declaró que la agencia «violó las mismas leyes de inmigración que el Congreso le encargó administrar, así como las leyes administrativas» por las que se rige.

Pausa a las solicitudes de asilo

Esas políticas, que incluyen el llamado ‘veto migratorio’ y una pausa a las solicitudes de asilo, se aplicaron después de que en noviembre de 2025 un ciudadano afgano presuntamente disparara contra la Guardia Nacional en Washington D.C., lo que dejó una agente muerta y otra herida.

El fallo incluye en la explicación del contexto unas declaraciones de la exsecretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, suscritas por Trump, que recomendó «un veto migratorio en cada maldito país que ha inundado a nuestra nación con asesinos, sanguijuelas y yonquis de la ayuda social», y arremetía contra los «invasores extranjeros».

La mayoría de países afectados por estas políticas eran africanos, y los americanos eran Cuba, Venezuela, Antigua y Barbuda, Dominica y Haití.

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El presidente del Comité de Postulaciones, Giuseppe Alessandrello, informó que la prórroga, cuyo cierre inicial era el 6 de junio, se otorgó debido a las numerosas solicitudes de los juristas.

Puntos clave del proceso

Postulaciones recibidas: Hasta la fecha se han registrado 280 aspirantes.

Próximos pasos: El 11 de junio se publicará la lista de postulados para iniciar la fase de impugnaciones y evaluaciones. Se estima que en unos 30 días se presente el listado definitivo de elegibles ante la plenaria del Parlamento.

Nueva estructura del TSJ: Tras la reforma de ley aprobada el 12 de mayo, el máximo tribunal pasará a tener 32 jueces (en lugar de los 20 actuales).

La Sala Constitucional contará con 7 magistrados (antes 5).

Las salas Político-Administrativa, Electoral, Civil, Penal y Social tendrán 5 magistrados cada una (antes 3).

Renovación de cargos: Se sustituirá a 8 magistrados por jubilación o renuncia, y se seleccionarán 12 nuevos para alcanzar la cifra de 32.

Contexto de reforma judicial

Esta medida coincide con el inicio de la consulta nacional para reformar la justicia penal, inaugurada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

El Ejecutivo busca reestructurar el sistema tras identificar que el 68 % de la población carcelaria pertenece a los estratos sociales menos favorecidos, fijando como principales desafíos el combate al retardo procesal, la corrupción judicial y la criminalización de la pobreza.

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La abogada Anna Estevao, del bufete Harris Trzaskoma, fue incorporada formalmente al equipo legal de Maduro mediante una notificación presentada ante el Tribunal Federal para el Distrito Sur de Nueva York, donde el presidente depuesto enfrenta cargos de narcoterrorismo y tráfico de drogas por los que se declaró no culpable.

Estevao formó parte de la defensa del magnate del hip-hop Sean «Diddy» Combs y participó en el juicio que concluyó con la absolución del artista de los cargos más graves de tráfico sexual y conspiración para extorsionar.

Durante ese proceso, la abogada estuvo a cargo del contrainterrogatorio de Cassandra Ventura, principal testigo de la acusación y expareja del músico.

Su incorporación se produjo dos días después de que el abogado principal de Maduro, Barry Pollack, anunciara su llegada al bufete Harris Trzaskoma.

Se busca impugnar la legalidad de la captura y traslado de Maduro a Estados Unidos

Pollack, conocido también por haber representado al fundador de WikiLeaks, Julian Assange, adelantó que buscará impugnar la legalidad de la captura y traslado de Maduro a Estados Unidos.

Esto sucede mientras la defensa prepara mociones previas al juicio cuya próxima audiencia está prevista para el 30 de junio en Manhattan.

El gobierno de Estados Unidos permitió, en abril, que el Estado venezolano financie la defensa legal de Maduro en el proceso, tras una disputa sobre el uso de fondos públicos para cubrir los honorarios de sus abogados.

La decisión, recogida en presentaciones judiciales ante el juez Alvin Hellerstein, supuso un cambio respecto a restricciones previas que impedían ese tipo de pagos por las sanciones vigentes, aunque se establecieron condiciones específicas sobre el origen y la disponibilidad de los recursos.

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«Esta larga lista de perjuicios se debe a la insaciable búsqueda de los demandados por ganar la carrera armamentística de la IA y amasar grandes fortunas, a pesar de conocer el peligro de ChatGPT», se lee en la demanda, recogida por medios nacionales.

La demanda civil es independiente de una investigación criminal que el fiscal general de Florida, James Uthmeier, lanzó el pasado abril contra la empresa de inteligencia artificial por presuntamente «aconsejar» al responsable de un tiroteo masivo que dejó dos muertos en la Universidad Estatal de Florida en 2025.

La demanda acusa a OpenAI de cargos de prácticas comerciales engañosas e injustas, negligencia, violación de las leyes de responsabilidad por productos defectuosos, tergiversación fraudulenta, y causar molestias públicas.

«ChatGPT fue diseñado por los demandados para mantener a los usuarios enganchados a las conversaciones por cualquier medio, independientemente de la veracidad, porque esto conlleva un mayor uso del chatbot, más datos de entrenamiento para su mejora y un mayor valor de mercado para OpenAI», agregó la Fiscalía en su documento.

Según la Fiscalía, la demanda ansía proteger a la población local de OpenAI y disminuir los riesgos de lo que considera como un peligro público. El documento responsabiliza a Altman por estas fallas de seguridad y lo acusa directamente del daño ocasionado.

Florida es el primer estado de EE.UU. en demandar a esta empresa de inteligencia artificial y a su fundador por cuestiones de diseño y seguridad.

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«En esta ocasión hemos previsto un despliegue nacional que comienza el día de hoy, el equipo de esta comisión presidencial va a estar desplegado en todos los estados, reuniéndose con todos los sectores interesados», indicó Devoe en un acto transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión.

Asimismo, explicó que habrá un mecanismo de consulta general para escuchar la opinión de todos los sectores e involucrados en el funcionamiento diario del sistema de justicia penal como comunidades organizadas, movimientos de derechos humanos, mujeres, campesinos, indígenas, jóvenes y trabajadores.

Devoe explicó que se desarrollará un proceso de consulta específica con los actores del sistema de justicia penal «con una mirada autocrítica».

«Venimos aquí a este proceso a revisar cada uno de los procesos, de las prácticas, de los modos de proceder que estamos desarrollando cada uno de los actores del sistema de justicia para mejorar, para transformar», agregó.

También, prosiguió, activarán plataformas de consulta digital para que los ciudadanos puedan participar sin tener que movilizarse e incluirán a las academias para realizar un conjunto de estudios especializados sobre diferentes áreas del sistema de justicia, que permitan recabar datos y hacer recomendaciones para el desarrollo de políticas y correctivos en esta materia.

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El objetivo es contrarrestar la presión relacionada con el honor familiar para acceder a este tipo de casamiento, según señaló el gobierno de derecha sueco en la proposición de ley presentada el pasado marzo.

La prohibición implica que cualquier matrimonio con parientes cercanos contraído en el extranjero tampoco será reconocido en Suecia como regla general y que los hermanastros y hermanos por adopción tampoco podrán casarse entre sí.

«La violencia y la opresión por motivos de honor no tienen lugar en nuestra sociedad», dijo el ministro de Justicia sueco, Gunnar Strömmer, al presentar la ley.

Strömmer resaltó entonces que la prohibición es «una medida importante para asegurar el derecho de cada persona a decidir por sí misma sobre su vida».

Con la adopción de esta ley, Suecia se une a otros países como Noruega y Austria, que también han prohibido los matrimonios entre familiares próximos en los últimos años.

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Este proceso se suma al caso por narcoterrorismo, narcotráfico y armas que ya enfrenta en Nueva York desde su llegada en enero a suelo estadounidense.

Claves del nuevo proceso

El rol de Alex Saab: Detenido en Miami tras su deportación desde Venezuela el pasado 16 de mayo, el empresario colombiano y exministro es considerado por los fiscales como una pieza clave («el arma más valiosa»). Estiman que posee información detallada sobre el entramado financiero de Maduro.

Motivo de la nueva indagatoria: Según reportes de CBS News y Miami Herald, la Casa Blanca y el DOJ expresaron en privado su preocupación por la falta de cargos de lavado de dinero en el caso de Nueva York, calificando el proceso pendiente como «débil».

Liderazgo del caso: Esta segunda investigación, iniciada en marzo, está a cargo del fiscal de casos internacionales Michael Berger, en conjunto con el FBI, el HSI (Investigaciones de Seguridad Nacional) y la división criminal del IRS (fisco estadounidense).

Cargos contra Saab: El empresario está acusado en el Distrito Sur de Florida por lavado de dinero y conspiración, vinculados a la corrupción y explotación de un programa estatal venezolano de asistencia alimentaria.

Saab ya había sido procesado en Miami por cargos similares, pero fue liberado en 2023 durante la Administración de Joe Biden en un intercambio de prisioneros, regresando a Venezuela donde ejerció como ministro de Industrias y Producción Nacional entre 2024 y 2026.

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En la comunicación, firmada por la presidenta de la Comisión, Gloria Elena Arizabaleta, se señala que la decisión fue tomada tras las «últimas declaraciones y publicaciones en redes sociales» del mandatario relacionadas con las elecciones.

La apertura de la investigación ocurre después de críticas de distintos sectores políticos y organismos de control por mensajes publicados por Petro en apoyo al candidato oficialista Iván Cepeda, a pocos días de las elecciones.

La carta, dirigida al secretario de la Comisión, Jairo Fabián Corzo Ordóñez, indica que la actuación se sustenta en el artículo 422 del Código Penal colombiano, que establece el delito de intervención en política, así como en las facultades otorgadas por la Ley 600 de 2000 y la Ley Quinta de 1992.

La legislación colombiana prohíbe a los funcionarios públicos participar en actividades políticas o intervenir en controversias electorales, salvo el ejercicio del voto.

El presidente de Colombia cuenta con fuero constitucional, por lo que no puede ser investigado ni juzgado por la Justicia ordinaria mientras ejerce el cargo.

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Con información de EFE Servicios y redes sociales

Fuente de imagen referencial: EFE/Ricardo Maldonado Rozo

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«Sé que vamos a superar las quinientas liberaciones en las próximas horas», aseguró la mandataria encargada en un acto transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

En el acto participaron el fiscal general, Larry Devoe; la defensora del pueblo, Eglée González Lobato; el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez; el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Caryslia Rodríguez, así como el diputado y presidente de la comisión de seguimiento de la ley de amnistía, Jorge Arreaza.

Rodríguez señaló que estos son casos que no estaban enmarcados en la ley de amnistía, promulgada en febrero pasado, por lo que tuvieron «un proceso distinto», a través de la Comisión de Revolución Judicial y el Programa para la Paz y la Convivencia Democrática.

Así mismo, la jefa de Estado encargada dijo que bajo estos dos esquemas se han hecho consultas con ONG y universidades, que no precisó, que los han llevado a un proceso «hasta ahora de 395 liberaciones».

Por otra parte, Rodríguez aseguró que un total de 8.740 personas han recibido la libertad plena desde febrero pasado con la ley de amnistía.

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Con información de EFE Servicios y redes sociales

Fuente de imagen referencial: EFE/Palacio de Miraflores

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La AN en realidad sustituirá solo a ocho magistrados por jubilaciones y renuncias y escogerá a 12 nuevos que se sumarán a los otros 12 que siguen ejerciendo en la corte.

En un mensaje en Telegram, el Parlamento informó también sobre la apertura del proceso para nuevos inspectores del Supremo, así como para el cargo de director de la Escuela Nacional de la Magistratura.

Entre los requisitos se exige ser venezolano de nacimiento y no poseer otra nacionalidad, ser un ciudadano con «reconocida honorabilidad» y competencia, así como no ser cónyuge ni mantener afinidad con ningún magistrado del Supremo.

El presidente del Comité de Postulaciones Judiciales, integrado por diez miembros de la sociedad civil y 11 diputados, se instaló el pasado miércoles para comenzar a organizar el proceso de evaluación de candidaturas de magistrados.

El presidente de la comisión, el diputado chavista Giuseppe Alessandrello, estimó entonces que el proceso completo se tome 45 días, aproximadamente, aunque afirmó que «puede ser menos», lo que dependerá, agregó, del desarrollo de la fase de impugnaciones.

Superar los «males que persisten»

El Parlamento aprobó la reforma de la ley del TSJ el pasado 12 de mayo y acordó que la Sala Constitucional del tribunal esté conformada por siete magistrados, mientras que el resto de las salas estarán integradas por cinco.

Hasta ahora, la Sala Constitucional estaba conformada por cinco magistrados y las restantes, Político Administrativa, Electoral, Civil, Penal, Social, por tres.

En abril pasado, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, instaló una comisión para la Gran Consulta sobre la Reforma a la Justicia Penal, con el objetivo de superar los «males que persisten» en el sistema judicial, afectado por el retardo procesal y la corrupción.

El proceso para elegir nuevos magistrados se lleva a cabo cuando ONG y opositores, entre otros, exigen justicia por el caso del preso político Víctor Hugo Quero Navas, cuya muerte bajo custodia del Estado en julio de 2025 fue informada por el gobierno el pasado 7 de mayo, luego de 16 meses de denuncias sobre su desaparición por parte de la madre, Carmen Navas, quien falleció el domingo.

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Con información de EFE Servicios

Fuente de imagen referencial: Archivo

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