En un auto al que tuvo acceso EFE este miércoles, el juez da orden de recabar los movimientos realizados en decenas de cuentas de más de diez entidades bancarias desde el 1 de enero de 2020 por Rodríguez Zapatero, sus hijas, el empresario Julio Martínez y varias empresas del entorno societario de este.

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía pretende cruzar esos datos con los movimientos que ha detectado y que apuntan a posibles transferencias de cientos de miles de euros a Zapatero y sus hijas en lo que los investigadores sospechan que constituye una trama de tráfico de influencias.

El juez José Luis Calama investiga a Zapatero por presuntamente liderar una trama de tráfico de influencias para favorecer a la aerolínea Plus Ultra a cambio de beneficios económicos, en un caso que se ha ampliado por el hallazgo de unas joyas valoradas en 1,3 millones de euros en una caja fuerte en su oficina o por intermediaciones en Bolivia o Venezuela.

Causa en contra de Zapatero

El juez Calama aprecia indicios de la existencia de «una estructura organizada y estable, dirigida por José Luis Rodríguez Zapatero, orientada al ejercicio de influencias ilícitas en favor de determinados clientes», entre los que cita Plus Ultra, Inteligencia Prospectiva y Softgestor.

Esas empresas retribuirían tales servicios mediante «contratos de asesoría simulados», permitiendo justificar pagos cuyo destinatario real sería José Luis Rodríguez Zapatero y la sociedad Whathefav, administrada por sus hijas, Alba y Laura.

Una operativa que se articularía a través del entramado societario controlado por Julio Martínez Martínez, «quien no se limita a canalizar fondos, sino que actúa como persona de confianza de José Luis Rodríguez Zapatero, interlocutor directo con los clientes y gestor funcional de la red».

La información obtenida por la UDEF indica que Zapatero habría recibido 490.780 euros desde Análisis Relevante, empresa de Martínez, entre 2020 y 2025, «además de un volumen muy superior de transferencias justificadas mediante supuestos servicios profesionales −conferencias, mediación, asesoramiento estratégico, análisis geopolítico− procedentes de diversas sociedades».

Una de las cuentas de Zapatero en el Banco Santander podría funcionar como receptora de fondos, que eran redistribuidos inmediatamente a otras cuentas del mismo titular. Desde una de ellas se canceló anticipadamente un préstamo hipotecario de 500.000 euros mediante transferencia de 498.000 euros, tras la adquisición de un inmueble por 580.000 euros.

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En un escrito remitido al juez José Luis Calama, que investiga el caso, el empresario Julio Martínez Sola admite que la aerolínea suscribió un contrato con una empresa de Julio Martínez, que habría tenido las mismas pretensiones que Zapatero, en el que se asumía el pago de «elevadas cantidades de dinero» por las labores de «acompañamiento» para obtener el crédito citado, de 53 millones de euros y concedido en 2021 con motivo de la crisis de la covid.

Aun así, el presidente de la aerolínea dice que ni él ni el director financiero de la compañía, Roberto Roselli, tuvieron «una constancia fehaciente de las concretas actuaciones llevadas a cabo para influir o favorecer la concesión del rescate a Plus Ultra» por parte de la corporación empresarial estatal española SEPI.

Ambos «tuvieron plena conciencia» de que Julio Martínez y Rodríguez Zapatero «sí tenían la pretensión de cobrar por las gestiones a realizar, (así que por [ahí] vendrá la mordida)», dice el escrito para referirse a una frase incluida en una de las conversaciones entre el exdirectivo venezolano de la aerolínea Rodolfo Reyes y el financiero Roberto Roselli.

El documento presentado por Martínez Sola, al que tuvo acceso EFE este lunes, añade que eso «fue asumido por ambos de forma sobrevenida de salvar a la compañía, aun cuando desconociesen qué acuerdos internos pudiesen tener» Julio Martínez y Rodríguez Zapatero.

Pago a Zapatero

Martínez Sola asegura, asimismo, que Plus Ultra pagó el 1 % del dinero obtenido con el préstamo (530.000 euros) a través de tres sociedades: Análisis Relevante S.L., Voli Analítica S.L. y IOT Domotic Europe, vinculadas todas ellas a Julio Martínez.

La firma del contrato con la sociedad Idella Consulenza, propiedad de Julio Martínez, vinculaba «directamente la remuneración al resultado del procedimiento ante la SEPI», es decir, la obtención del crédito, y estipulaba ese 1 % del total más IVA,agrega el presidente de Plus Ultra.

Rodríguez Zapatero negó al juez el 17 de junio pasado haber ejercido influencia para favorecer a la aerolínea Plus Ultra en la concesión del préstamo y rechazó que se comunicara con nadie de la misma. Está investigado por sospechas de tráfico de influencias, organización criminal, blanqueo de capitales y falsedad documental.

«Las gestiones oportunas»

El presidente de la aerolínea explica que la primera comunicación con Rodríguez Zapatero se produjo mediante una llamada tras contactar por teléfono con el empresario venezolano Manuel Fajardo.

Fue esta persona quien le dijo que Rodríguez Zapatero «podría ayudarle» a acceder «a un crédito o ayuda pública» que mitigase la mala situación financiera de la compañía.

El 30 de abril de 2020, Martínez Sola recibió una llamada de Rodríguez Zapatero con un número oculto, en la que el empresario trasmitió al expresidente «la difícil situación financiera» de la aerolínea y la «necesidad de acceder» a un crédito público.

Según el escrito, Rodríguez Zapatero «manifestó que su intervención podría ser de ayuda y que haría las gestiones oportunas», además de precisar que, en adelante, las comunicaciones de la compañía se «mantendrían con una persona de su confianza», Julio Martínez.

«En dicha conversación (…), no habló nada de honorarios, ni tampoco solicitó nada a cambio de sus gestiones», añade el escrito.

Afirma Martínez Sola que no conoció al expolítico en persona hasta 2024, «aunque sí tuvo noción de que estaba detrás del asunto por referencias de personas cercanas e intermediarios».

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También rechazó que hubiera tenido comunicación con nadie de la aerolínea y que la única persona a la que conoció, en 2024, es al actual presidente de la compañía, Julio Martínez Sola, también encausado.

Zapatero, el primer exjefe del Ejecutivo español investigado por la justicia, declaró ante el juez José Luis Calama, de la Audiencia Nacional, por sospechas de tráfico de influencias, organización criminal, blanqueo de capitales y falsedad documental.

A ellos se añaden el delito fiscal y el de contrabando por las casi 80 joyas que guardaba en una caja fuerte de su oficina, valoradas en 1,3 millones de euros, según la tasación pericial ordenada por el juez.

Sobre este último asunto, que ha levantado gran polvareda política y mediática, Zapatero guarda silencio de momento sobre su origen y estado tributario, y promete hablar dentro de unos días.

El antiguo líder del Partido Socialista español, que gobernó entre 2004 y finales de 2011, respondió al extenso interrogatorio del juez para insistir en que no influyó ante ninguna administración o funcionario públicos en favor de Plus Ultra.

Declaraciones de Zapatero

El expresidente eludió pronunciarse, no obstante, sobre las numerosas declaraciones de directivos de Plus Ultra halladas en el teléfono celular de un accionista, el venezolano Rodolfo Reyes, y que una agencia estadounidense (Homeland Security Investigations) entregó a la Policía española este año. Son unas comunicaciones impugnadas por abogado defensor.

En algunas de ellas se hablaba de «tocar puertas» y «pedir ayuda a Zapatero», según las fuentes, para conseguir el préstamo público que le concedido el gobierno del socialista Pedro Sánchez en 2021.

Más en concreto, negó Zapatero de plano que él lidera ninguna trama de influencias, y sostuvo que únicamente hizo trabajos de consultoría para su amigo Julio Martínez, también investigado.

Argumentó Zapatero que los 490.780 euros que el juez le atribuye como comisiones es el pago de trabajos para Análisis Relevante, empresa de Martínez. Su contrato con esa entidad, era verbal, explicaron las fuentes.

Añadió que no recuerda una comida en la que Julio Martínez, sospecha el juez, pudo recibir la orden de abrir una compañía en Emiratos Árabes para ocultar, supuestamente, una comisión del 1 % del «rescate público» de Plus Ultra.

Sobre la empresa de sus hijas What the Fav, que ingresó 239.755 euros de Análisis Relevante, el expresidente del Gobierno español dijo que se dedicaban al marketing e intervenían en el diseño de los trabajos encargados por clientes finales de la consultora de Martínez.

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«El día de hoy se radicarán ante la judicatura dos solicitudes de formulación de imputación en contra del señor Ricardo Roa«, dijo el lunes a periodistas el fiscal delegado contra la Criminalidad Organizada, Raúl González Flechas.

Según el fiscal, una de las imputaciones se debe a que durante la gestión de Roa como gerente de campaña del Pacto Histórico, se superaron «los topes legalmente previstos para este tipo de eventos electorales«.

La segunda imputación es «por un tema de tráfico de influencias a favor del señor Juan Guillermo Mancera«, quien fue favorecido con una contratación por parte de Ecopetrol tras participar previamente en un negocio con Ricardo Roa en la venta de un apartamento.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) ya había sancionado en noviembre pasado a la campaña presidencial de Petro por violar los topes de financiación en más de 3.500 millones de pesos y por recibir aportes ilegales.

En el caso de tráfico de influencias, la imputación se basa en denuncias de que Mancera, un coronel retirado de la Policía, supuestamente pagó un lujoso apartamento adquirido por Roa en Bogotá. Según el fiscal González, la audiencia de imputación de cargos se hará en la fecha que indiquen los juzgados y no incluye medida de aseguramiento contra el presidente de Ecopetrol.

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Presuntamente, el requerimiento fue presentado el martes por el fiscal supremo Helder Terán, quien “proyectó” una pena de más de 31 años de cárcel para Castillo, que actualmente cumple otra orden de prisión preventiva por 18 meses por intentar dar un golpe de Estado en diciembre pasado.

Terán señaló que al exgobernante se le imputan los delitos de organización criminal, tráfico de influencias agravado y colusión, y que la condena total estimada es la suma de 18 años y cuatro meses por el primer cargo, seis años y ocho meses por el segundo y seis años y cuatro meses por el último, según detalló el rotativo.

En esta investigación también se ha implicado a los exministros de Transportes y Vivienda, Juan Silva y Geiner Alvarado, respectivamente, para quienes también se ha solicitado la prisión preventiva.

En el pedido fiscal, que será evaluado este viernes por el juez supremo Juan Carlos Checkley, se acusa a Silva, quien está prófugo de la Justicia desde el año pasado, de organización criminal y colusión simple, mientras que Alvarado es señalado como presunto autor del delito de organización criminal.

¡¡¡ATENCIÓN!!! Poder Judicial programó para este viernes 3 de marzo, a las 9:30 horas, la audiencia de requerimiento de prisión preventiva contra el expresidente Pedro Castillo y los exministros Geiner Alvarado y Juan Silva.https://t.co/aVVeiS9sCl

— Infórmate Perú (@informateperu) March 1, 2023

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Gabriel Velásquez

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«Siendo esta la etapa postulatoria y estando que la denuncia constitucional presentada por el Ministerio Público cumple todos los requisitos de admisibilidad, corresponde a esta subcomisión admitir y dar trámite a la presente denuncia constitucional a fin de iniciar las investigaciones dentro del marco del debido procedimiento en sede parlamentaria», acordó el grupo parlamentario.

Así, la denuncia entró en una etapa probatoria en la que el acusado puede ser convocado a ejercer su defensa, antes de que el grupo de trabajo emita su informe final, si este procede pasará a la Comisión Permanente, como antesala de la votación en el pleno, donde para prosperar requerirá los votos de la mitad más uno de los legisladores del hemiciclo.

A favor de aceptar a trámite la denuncia por los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión, votaron trece congresistas, ocho lo hicieron en contra y no hubo abstenciones.

#CongresoInforma l Con 13 votos a favor, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales admite a trámite la denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo, por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión. pic.twitter.com/QFOX7X2UjD

— Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) November 17, 2022

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Gabriel Velásquez

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Además, el Ministerio Público peruano solicitó la presencia del exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva debido a que los fiscales lo consideran uno de los principales miembros de lo que denominaron como una «mafia» dentro del sector.

Del mismo modo, la que fue viceministra de Transportes Fabiola Caballero y el exasesor Alex Starost también fueron citados por la Fiscalía a raíz del caso “Puente Tarata III”, un concurso que se asignó irregularmente y que habría servido para favorecer a terceros.

Pedro Castillo y otros seis congresistas de Acción Popular fueron citados

El pasado 29 de mayo, el fiscal general, Pablo Sánchez, dispuso abrir una pesquisa preliminar contra el gobernante peruano. De esta manera, Castillo fue incluido en la investigación, que también indaga la actuación de otros seis congresistas de Acción Popular.

Los fiscales garantizaron que el presidente gozará del «pleno ejercicio de su derecho a defensa de acuerdo con el artículo 117 de la Constitución peruana”, según información del periódico “El Comercio”.

Sin embargo, su abogado, Benji Espinoza, presentó una petición para que se anule y se ponga fin a dicha investigación. «Acabamos de presentar la nulidad absoluta y vamos a darle un plazo razonable a la Fiscalía para que se pronuncie», declaró el defensor legal.

Durante este fin de semana, la Justicia peruana dictó medidas cautelares contra Silva y otros dos diputados de Acción Popular, por lo que tienen prohibido abandonar el país de momento tras ser acusados de cometer delitos como colusión y organización criminal.

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María Gabriela Moncada

Con información de dpa, “El Comercio” y redes sociales

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La fiscal Luz Taquire Reynoso aceptó la comparecencia de Castillo mediante este mecanismo después de que el abogado de la defensa lo solicitará el lunes 16 de mayo, cuando tenía previsto declarar.

En este caso Pedro Castillo será un testigo por escrito

La lista de preguntas ya le fue enviada al gobernante peruano, pero no cuenta con fecha exacta ni plazo límite para responder, según informó el diario peruano “La República”.

El caso aborda la adjudicación de un contrato público valorado en 232,5 millones de soles (52 millones de euros) al Consorcio Tarata III para la construcción de un puente sobre el río Huallaga a su paso por el departamento de San Martín (norte), después que una oficina del Ministerio de Transportes señalara que no cumplía con los criterios técnicos necesarios.

Reynoso investiga al presidente Castillo por presunto delito de lavado de dinero durante la entrega de contratos públicos por parte de Provías Descentralizado, una unidad dependiente del Ministerio de Transportes.

Fiscal de Lavado de Activos envió pliego de preguntas a Pedro Castillo por caso Karelim López https://t.co/y8kmvcgFRn

— Diario Perú21 (@peru21noticias) May 16, 2022

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María Gabriela Moncada

Con información de agencias de noticias, medios internacionales y redes sociales

En las últimas semanas, el mandatario ha estado envuelto en una serie de cuestionamientos. La situación se generó por las licitaciones que lograron con el Estado las empresas vinculadas a la lobista Karelim López y el empresario Samir Abudayeh, tras sus reuniones con Castillo.

La investigación fiscal a Castillo se inició semanas después de conocerse sus reuniones con López, quien está vinculada al consorcio Puente Tarata III, que ganó la buena pro de la obra Puente Tarata. También tiene conexión con Abudayeh, cuya empresa Heaven Petroleum ganó una licitación en Petroperú para venderle biodiesel.

Según Canal RPP y Canal N, las pesquisas del Ministerio Público contra el presidente son por los presuntos delitos de tráfico de influencias y colusión tras las licitaciones otorgadas por Provías Descentralizado y Petroperú.

Caso contra Pedro Castillo

El pasado 18 de diciembre, el procurador general del Estado, Daniel Soria Luján, denunció ante la fiscalía de la Nación al presidente, por la presunta comisión de los delitos de patrocinio ilegal y por “tráfico de influencias”, por el caso Provías y la buena pro que obtuvo el consorcio vinculado a la empresaria Karelim López.

Según la denuncia de la Procuraduría, las reuniones entre López y Castillo se habrían realizado para que el mandatario intercediera a fin de que el consorcio Puente Tarata III gane la buena pro.

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Gabriela Morales

Con información de agencias de noticias y medios internacionales

El interrogatorio se realizó en el Palacio de Gobierno de Lima, en una diligencia que tomó alrededor de cinco horas y que transcurrió de forma privada.

A la conclusión del interrogatorio, el abogado de Castillo, Eduardo Pachas, explicó que el gobernante respondió a más de 40 preguntas, entre ellas dos del procurador general del Estado, Daniel Soria, quien también estuvo presente.

Soria, que recientemente denunció a Castillo ante la Fiscalía por los presuntos delitos de patrocinio ilegal y tráfico de influencias por otro caso distinto, relativo a la licitación para la construcción de un puente, se limitó a indicar por su parte que Castillo respondió él mismo a las preguntas y que la diligencia se desarrolló sin trabas.

Es la primera vez que Castillo declara como presidente ante un fiscal, quien lo interrogó con el objetivo de averiguar el grado de participación que tuvo en las presuntas presiones sobre los ascensos militares que ejercieron el exsecretario de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco, y el exministro de Defensa, Walter Ayala.

Cumpliendo mi deber constitucional, recibí en Palacio de Gobierno a representantes de la @FiscaliaPeru, ante quienes respondí, en condición de testigo, todas las preguntas sobre los ascensos de las FF.AA, como parte de la indagación preliminar que realiza el MP. (1/2)

— Pedro Castillo Terrones (@PedroCastilloTe) December 28, 2021

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Gabriela Morales

Con información de medios internacionales y redes sociales

El Tribunal consideró que el exjefe del Estado francés, entre 2007 y 2012 se benefició de un sistema de doble contabilidad puesto en marcha para poder superar los límites de gasto impuestos por la ley francesa.

Por ello, le impuso una pena superior a la que había solicitado la Fiscalía, que había pedido un año de cárcel con seis meses exentos de cumplimiento.

Este nuevo revés judicial se produce después de que en marzo pasado fuera condenado en primera instancia a tres años de cárcel, dos de ellos exentos de cumplimiento y el otro en arresto domiciliario, por corrupción y tráfico de influencias, sentencia que está pendiente de apelación.

🔴 ÚLTIMA HORA | El expresidente francés Nicolas Sarkozy, declarado culpable de financiación ilegal de su campaña en 2012 https://t.co/pNPdWuat6Z pic.twitter.com/Qy2ed33uSx

— EL PAÍS (@el_pais) September 30, 2021

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Gabriel Velásquez

Con información de agencias de noticias, medios internacionales y nacionales venezolanos

Asimismo, la comisión aprobó por 26 votos a favor y sin abstenciones ni ninguno en contra sacar adelante el debate contra Vizcarra, al igual que contra la exministra de Salud, Pilar Mazzetti y la exministra de Exteriores, Elizabeth Astete.

En este sentido, Mazzetti se enfrentará a una posible sanción de ocho años para no poder acceder a ningún cargo público, mientras que el castigo para Astete sería de un año, pues ambas también se vacunaron saltándose los protocolos con las dosis destinadas a los ensayos clínicos de la empresa china Sinopharm en Perú.

Antes de que se llevara a cabo la votación, Vizcarra denunció en sus redes sociales una supuesta «persecución política» en su contra y denunció que «el tema legal es solo un pretexto para sacar a un contrincante de la carrera electoral».

Yo no estoy aquí para convencerlos de nada, porque son los mismos partidos que hace 5 meses me vacaron y pusieron de manera ilegal a Manuel Merino, quien fue sacado por el pueblo.

— Martín Vizcarra (@MartinVizcarraC) April 8, 2021

El fondo de esta acusación es una venganza, es una persecución política. El tema legal es solo un pretexto para sacar un contrincante de la carrera electoral, dejen al pueblo peruano que decida.

— Martín Vizcarra (@MartinVizcarraC) April 8, 2021

470 personas se vacunaron de manera irregular

La comisión investigadora de “Vacunagate”, informó de que 470 personas se vacunaron de manera irregular, entre ellos Vizcarra, su esposa y sus hermanos, así como funcionarios, autoridades de los ministerios de Salud y de Exteriores, sus familiares, e incluso otra serie de personas que no guardaban relación con ellos.

Por ello, se presentó una denuncia contra Vizcarra y el resto de implicados por los delitos de falsificación documental, organización criminal, tráfico de influencias, cohecho, malversación, y utilización indebida del cargo.

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Gabriela Morales

Con información de dpa y redes sociales

Según la sentencia publicada en el sitio web del tribunal marroquí y reseñado por varios medios locales, los condenados fueron acusados de “hacer, a sabiendas, un documento que contiene datos falsos y complicidad en el fraude”.

De acuerdo con información de la redacción del diario Assabah, explicaron que, el caso se conoció cuando un exdiputado intercedió a favor de un joven para obtener un certificado negativo de PCR, debido a que dio positivo en los resultados, esto con la finalidad de que pudiera presentarse a los exámenes de acceso a la academia de policía.

Las autoridades del tribunal condenaron al exdiputado a dos años de cárcel, mientras que al administrador del Hospital Muley Ali Cherif en Errachidia le dieron tres años de cárcel con prohibición de ejercer cualquier función pública por un tiempo de cinco años, explicó el diario.

El candidato para este falso resultado también recibió su castigo, junto a su hermano, ambos tendrán un año en prisión.

Los condenados fueron acusados de “hacer, a sabiendas, un documento que contiene datos falsos y complicidad en el fraude”.https://t.co/Oya73S3NGr

— El Universal (@ElUniversalCtg) February 27, 2021

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María Gabriela Moncada

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