La decisión del Supremo deja en suspenso los fallos de tribunales inferiores que exigían informar a los migrantes sobre el país al que serían enviados y darles la posibilidad de impugnar su traslado antes de la expulsión, una medida que la Administración justifica como necesaria para deportar a personas con antecedentes penales.

Los seis jueces que conforman la mayoría conservadora del tribunal votaron a favor del Gobierno de Trump, mientras que las juezas progresistas Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson se opusieron.

La Administración Trump había solicitado en días previos al Supremo que autorizara estas deportaciones al argumentar que su suspensión supondría una «emergencia nacional» y afectaría su capacidad para expulsar a determinados migrantes.

La reactivación de estas deportaciones supone un nuevo paso en la política migratoria del Gobierno, que ha recurrido al envío de migrantes a terceros países, incluidos algunos señalados por violaciones de derechos humanos, como parte de su estrategia de deportaciones masivas y de sus promesas de campaña.

El fallo de los magistrados significa que, por ahora, la Administración puede continuar con el programa y llevar a cabo deportaciones rápidas, incluso a países como Guinea Ecuatorial, donde algunos deportados desde Estados Unidos sufrieron abusos, según una investigación publicada por The New York Times.

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Con información de EFE Servicios

Fuente de imagen referencial: EFE/Shawn Thew

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La decisión del máximo tribunal suspende la orden de un juez federal que mantenía detenida la deportación de ocho inmigrantes a Sudán del Sur, dentro de los que se encuentran dos cubanos y un mexicano.

La subsecretaria de Seguridad Nacional Tricia McLaughlin dijo que tras la decisión del Supremo el Gobierno Trump “ahora puede ejercer su autoridad legal” y expulsar a los inmigrantes indocumentados a un país dispuesto a aceptarlos.

«¡Que se pongan en marcha los aviones de deportación!», puntualizó la funcionaria, tras aplaudir la votación de 6 a 3, en la que solo las tres jueces progresistas se mostraron en contra de permitir las deportaciones a terceros países.

En una breve orden no firmada, el Supremo suspendió la orden del juez federal Brian Murphy, de Massachusetts, que el mes pasado determinó que la Administración de Trump violó una orden que le impedía deportar a los ocho inmigrantes a un país donde pueden ser torturadas sin darles la oportunidad a una defensa legal adecuada.

Debido al fallo del juez Murphy, los ocho inmigrantes y once agentes migratorios permanecen en una base aérea de Yibuti, donde, según los abogados del Gobierno, corrían peligro por estar expuestos a un posible ataque de Yemen, además de riesgos a su salud por condiciones «deplorables».

En su alegato frente al Supremo, el Gobierno de Trump sostuvo que los inmigrantes enviados a terceros países cometieron crímenes «monstruosos» y que sus propios países no habían querido recibirlos.

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DOBLE LLAVE

Con información de EFE Servicios

Fuente de imagen referencial: EFE/Jim Lo Scalzo

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