«Tenemos una lista de 17 personas con problemas de salud, algunos muy graves», dijo a la prensa Antonio González Plessmann, miembro de Surgentes, quien participó en una concentración frente a la sede del Ministerio Público en Caracas.

El activista aclaró que, «de manera general», todos los detenidos por esta causa «tienen problemas de salud» y ansiedad, a la vez que permanecen «en unas condiciones de reclusión que -consideró- no son las adecuadas».

Entre los problemas de salud que enfrentan los detenidos, mencionó enfermedades cutáneas y gástricas.

«Por lo menos (…) 17 personas podrían optar por una medida humanitaria», añadió González Plessmann, quien se encontraba acompañado de familiares.

Los parientes de los detenidos e integrantes de Surgentes acudieron a la Fiscalía para exigir celeridad en este proceso, ya que los acusados llevan entre cuatro y cinco años en prisión mientras enfrentan un juicio que sus allegados consideran injusto, debido a que niegan que tengan vínculos con los «tancol».

González Plessmann denunció que varios de los detenidos cumplieron la mayoría de edad tras las rejas y que solo dos de los 67 que tienen registrados por esta causa han logrado su liberación.

Sin embargo, Surgentes estima que son más de 200 los detenidos vinculados a los «tancol».

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Con información de EFE Servicios y redes sociales

Fuente de imagen referencial: EFE/Ronald Peña R

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«Hice una invitación a estas organizaciones a participar activamente en la Consulta Nacional sobre el Sistema de Justicia Penal», indicó Devoe en su cuenta de X.

A la reunión asistieron representantes de las organizaciones Provea, Civilis, SurGentes y Cecodap, de acuerdo al fiscal general.

Qué opinan las ONG

Por su parte, el coordinador general de Provea, Oscar Murillo, detalló en X que en la reunión expuso ideas para la protección de los derechos humanos en el «marco de la actual y compleja coyuntura política y la necesidad de corregir las fallas estructurales que permiten la impunidad y la denegación de justicia en Venezuela».

En este sentido, subrayó que, para la reconstrucción institucional en Venezuela, los tribunales deben garantizar la recepción de los recursos de habeas corpus, que toda persona detenida pueda designar a su abogado de confianza y «cortar la cadena de abusos y arbitrariedades».

«Insistimos en que el único camino para el desarrollo sostenible de Venezuela requiere que se escuche a la gente con el foco puesto en el respeto a la Constitución y los derechos humanos», concluyó Murillo.

Por su parte, el coordinador general de Cecodap, Carlos Trapani, indicó que expuso las «detenciones irregulares, sin orden, sin información y con uso desproporcionado de la fuerza» que aseguró se cometen en el país, así como las «dilaciones procesales» y la «limitación de contacto con familia y defensa» cuando alguien es arrestado.

«Insistimos, además, en el uso inadecuado del delito de terrorismo en adolescentes y en la necesidad de aplicar un enfoque de protección: cuando un adolescente aparece vinculado a un acto de esta naturaleza, corresponde analizar si ha sido utilizado, manipulado o engañado por adultos», señaló Trapani en X.

Críticas sobre Larry Devoe

Larry Devoe fue designado como fiscal general el pasado 9 de abril y ha sido criticado por sus roles previos ante audiencias internacionales, donde se han denunciado violaciones de derechos humanos en Venezuela.

Tras su nombramiento, el dirigente opositor Juan Pablo Guanipa, cercano a la líder María Corina Machado, acusó a Devoe de ser «cómplice por años» de «todas las atrocidades del chavismo».

El lunes, el fiscal general afirmó que construirá un plan de trabajo conjunto con el Comité Internacional de la Cruz Roja para «reforzar» su labor, incluyendo lo relacionado a los derechos de las personas encarceladas, tras sostener un encuentro con la jefa de la delegación de esta agencia en Venezuela, Valérie Aubert.

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Con información de EFE Servicios

Fuente de imagen referencial: Archivo

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«Se trata de una medida urgente que abonaría a la recuperación de la constitucionalidad en el país y a abrir progresivamente condiciones para el diálogo y la convivencia democrática», indicó la organización en un comunicado.

Se excluirían de esta ley, aclaró la ONG, los delitos graves contra las personas, violaciones a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad.

La organización saludó la excarcelación de 13 presos políticos en Venezuela, según informaron dirigentes opositores la madrugada del domingo.

Solución propuesta de Surgentes

A juicio de Surgentes, esta decisión permite «avanzar hacia la solución democrática, institucional y constitucional de las diferencias políticas que atraviesa el país y que amenazan gravemente la defensa y vigencia de los derechos humanos».

«El conflicto venezolano debe reconstitucionalizarse y eso pasa, entre otras medidas, por liberar a todos los presos políticos y ofrecer garantías para el ejercicio de la política y el respeto a la soberanía popular», añadió.

De acuerdo a la ONG Foro Penal, en Venezuela hay 815 presos políticos, la mayoría detenidos tras las protestas en contra del resultado oficial de los comicios presidenciales de julio de 2024.

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Con información de EFE Servicios

Fuente de imagen referencial: EFE/MIGUEL GUTIÉRREZ

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A través de X, Provea compartió un video en el que el esposo de la activista, Antonio González, informó que pudo conversar con Grajales por teléfono, luego de cuatro días sin comunicación, según denunció.

«Me informó que fue tratada con respeto y que se encuentra bien. Mandó fuerzas para la lucha. Me pidió que transmitiera que tiene mucha fuerza, que está convencida de que la lucha por los derechos humanos en Venezuela es una lucha justa y correcta», indicó González.

Asimismo, señaló que la activista envió «palabras de aliento» a los familiares de presos políticos que integran el Comité de Madres en Defensa de la Verdad, colectivo que fue agredido el pasado martes mientras realizaban una vigilia en las inmediaciones del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en Caracas, por sus parientes arrestados.

Grajales fue detenida después de participar en un acto a las afueras de la ONU, en Caracas, para rechazar las agresiones que sufrieron familiares de presos.

Este lunes, la Fiscalía acusó a la activista de los presuntos delitos de incitación al odio, conspiración con Gobierno extranjero y asociación.

Antonio González, esposo de Martha Lía Grajales, detenida arbitrariamente el pasado viernes 08 de agosto, informó que el día de hoy pudo comunicarse vía telefónica con la activista.

Martha Lía Grajales fue trasladada al centro de reclusión INOF en Los Teques, estado Miranda.… pic.twitter.com/SLHEvNqIHE

— PROVEA (@_Provea) August 12, 2025

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Con información de EFE Servicios

Fuente de imagen referencial: EFE/Miguel Gutiérrez

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