La acusación, que se dio a conocer en la corte federal para el distrito sur de Nueva York, en Manhattan, a solo unos pasos de la Alcaldía, convierte a Adams, exsenador estatal y excapitán de la Policía, en el primer alcalde de esta ciudad en ser imputado mientras está en funciones.

Los cargos fueron presentados después de que recientemente los fiscales federales exigieran a la Alcaldía que revelara todas las comunicaciones entre la administración de Adams con Turquía y otros cinco países.

Adams negó reiteradamente haber hecho algo indebido, y además aseguró que se defenderá y que no renunciará, aunque la gobernadora del estado, Kathy Hochul, tiene potestad para destituirlo, luego de un proceso que comenzaría con suspenderlo durante 30 días y darle la oportunidad de escucharle en su defensa.

Según la acusación de 57 páginas, tras convertirse Adams en presidente del condado de Brooklyn en 2014, y por cerca de una década hasta llegar a la alcaldía, «buscó y aceptó beneficios valiosos e indebidos», como viajes internacionales de lujo, incluso de empresarios extranjeros adinerados y al menos de un funcionario del gobierno turco que buscaba tener influencia sobre él.

Indica además que en 2018, tras dar a conocer su intención de ser candidato a la alcaldía, aceptó y buscó contribuciones ilegales para su campaña en 2021, así como otros bienes de diverso valor.

Otros señalamientos contra Adams

La acusación asegura que a medida que el poder de Adams crecía, sus benefactores extranjeros buscaron sacar provecho de esas relaciones, particularmente cuando, en 2021, quedó claro que sería el próximo alcalde de la ciudad.

Adams tiene puesta su mirada en la reelección para un segundo mandato y, según este documento, ya estaba planificando solicitar más contribuciones ilegales y accediendo a solicitudes de quienes le apoyaron en 2021.

La acusación indica que esas donaciones de contribuyentes ricos fueron encubiertas a través de testaferros en EE.UU. y que las empresas lo hicieron por medio de múltiples empleados, evadiendo así la ley que busca prevenir la influencia extranjera en las elecciones estadounidenses y reducir el poder corporativo en la política, algo de lo que Adams era consciente.

Asegura que Adams «robó fondos públicos» al usar esas donaciones aprovechándose de una un programa de fondos de Nueva York.

Incluso indica que un funcionario turco que hizo donaciones a través de testaferros facilitó que Adams y sus acompañantes viajaran gratis o con descuento en la aerolínea nacional de Turquía a ese país y otros destinos como Francia, China, Sri Lanka, India y Hungría. Adams viajó gratis dos veces a Turquía en 2015.

Ese funcionario, junto a otros turcos hicieron distintos arreglos para que Adams y sus acompañantes se alojaran gratis en hoteles de lujo, comieran en restaurantes costosos y disfrutaran de entretenimiento sin pagar por ello mientras estuvieran en Turquía y a su regreso no informó de los beneficios obtenidos durante el viaje como se exige a empleados públicos y candidatos.

En uno de sus viajes a Turquía en 2019 solicitó contribuciones para su campaña por lo que se le puso en contacto con un empresario rico de ese país, que aportó 50.000 dólares.

En su lugar, la acusación indica que Adams trató de ocultar los beneficios creando documentos falsos con la ayuda de empleados a los que instruyó para ayudarlo.

A cambio de esos beneficios el funcionario turco pidió a Adams que como alcalde presionara a funcionarios del Departamento de Bomberos para que autorizaran la apertura de un edificio que albergaría el consulado de ese país en Manhattan -frente a Naciones Unidas- que no habían aprobado por problemas de seguridad.

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DOBLE LLAVE

Con información de EFE Servicios

Fuente de imagen referencial: EFE/EPA/JOHN TAGGART

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A través de un escrito, Anticorrupción pidió a la Audiencia Nacional española que procese al ex director de Seguridad y Prevención de Pérdidas de PDVSA, donde ingresó en 2005 y controlaba la contratación con particulares.

La pareja, ahora bajo investigación judicial, compró en 2015 una vivienda en Barcelona, España, por 1.150.000 euros sin hipoteca, «mediante dos cheques bancarios entregados en el propio acto de compraventa», indica la Fiscalía.

La compra «se realizó con ganancias ilícitas que fueron invertidas en un condominio situado en Miami (EE.UU.) que fue originariamente pagado a partir de sobornos de Roberto Enrique Rincón y Abraham Shiera, ambos contratistas de PDVSA», según el comunicado.

La Fiscalía monitorea además tres operaciones por un total de 60.000 euros desde la cuenta de la pareja, que fueron destinados a la compra de un vehículo y dos motocicletas, «adquiridos con dinero procedente de sus actividades delictivas, con el dinero obtenido de los sobornos», sostiene la parte acusadora.

Anticorrupción apunta a un procedimiento que tiene abierto en Estados Unidos «en el marco de una trama que habría desviado miles de millones de dólares de la compañía pública PDVSA».

Entre los investigados también se encuentran los ex viceministros venezolanos Nervis Villalobos y Javier Alvarado Ochoa.

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Víctor De Abreu

Gerardo García, vicepresidente del MAS, señaló que fue un error haber elegido a Arce como jefe de Estado y lo acusó de haber adoptado posturas políticas más conservadoras, lo que generó descontento dentro del partido.

Cuando se le cuestionó si fue un error haber puesto a Arce en la Presidencia, García respondió afirmativamente, argumentando que las debilidades de su gobierno se están haciendo evidentes.

Tensiones en el oficialismo

García calificó al presidente Arce y al vicepresidente David Choquehuanca como «traidores» y acusó a este último de ser un «resentido político».

Además, expresó su decepción hacia Arce, a quien inicialmente habían considerado un economista competente y capaz de administrar el país, pero ahora perciben que está más inclinado a recibir instrucciones que a liderar.

Estas tensiones dentro del MAS se intensificaron después de la detención del ministro de Medio Ambiente y Aguas, Juan Santos, quien enfrenta acusaciones de corrupción relacionadas con presuntos sobornos millonarios a empresas que obtuvieron contratos en su ministerio. Esta situación ha contribuido a profundizar las divisiones y las críticas hacia el gobierno de Arce desde dentro de su propio partido.

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Además de sus bienes, la petición de la Fiscalía también incluye los que estén a nombre de su «entorno familiar«.

Actualmente, el expresidente peruano se encuentra en Estados Unidos en libertad bajo fianza mientras se resuelve su recurso de “habeas corpus”, con el que pretende frenar su extradición.

En su último recurso, Toledo alegó que la crisis política tras la detención del expresidente Pedro Castillo en diciembre de 2022 hace peligrar el debido proceso judicial, llegando incluso a asegurar que su seguridad estaría en peligro debido a que el actual estado de emergencia está «impulsado por prejuicios racistas».

Toledo está acusado por las autoridades peruanas de colusión y blanqueo de capitales en el marco de la investigación por sobornos que habría recibido de la constructora brasileña Odebrecht a cambio de que la compañía fuera favorecida en la licitación de obras de la carretera Interoceánica, acusaciones que niega.

En el marco de esta operación, Toledo fue detenido en Estados Unidos en julio de 2019 con vistas a su extradición a Perú. Sin embargo, en marzo de 2020 logró la libertad bajo fianza alegando riesgos a su salud por la pandemia de coronavirus.

https://twitter.com/FiscaliaPeru/status/1636729102521466886

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Leison Bustamante

Con información de dpa y redes sociales

Fuente imagen referencial: Willax, vía web

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«No vamos a barrer nada debajo de la alfombra», afirmó Metsola durante una larga intervención en la apertura de la sesión plenaria en Estrasburgo (Francia) para censurar con firmeza la corrupción, lamentar que lo que considera un «ataque» a la institución y a la democracia por parte de quienes tratan de comprar favores y advertir que el Parlamento «siempre estará del lado de la ley».

Metsola manifestó sentir «rabia y tristeza» por estos hechos

La política maltesa comentó que fueron «los días más largos de su vida» y expresó tanto su «furia» como su «rabia y tristeza» por los hechos investigados, al tiempo que confirmó que estuvo colaborando con las autoridades belgas en la pesquisa y que durante el fin de semana estuvo presente en una de las redadas.

La Fiscalía federal belga confirmó poco después que la investigación por corrupción, blanqueo y organización criminal lleva abierta «más de cuatro meses» antes de actuar el pasado viernes, cuando se realizaron cerca de una veintena de registros, se precintaron despachos en la sede en Bruselas de la Eurocámara que este lunes fueron registrados y fueron detenidas seis personas, de las que cuatro permanecen privadas de libertad y el miércoles declararán ante el juez.

Entre los imputados está la eurodiputada griega Eva Kaili, que ocupa una de las catorce vicepresidencias del Parlamento Europeo y en cuyo domicilio se hallaron durante los registros unos 600.000 euros. En otras dos actuaciones, las autoridades belgas incautaron «varias centenas de miles de euros» en una maleta en una habitación de hotel y otros 150.000 euros en el domicilio de otro eurodiputado.

Frente a este escenario, Metsola despojó durante el fin de semana a Kaili de sus funciones y tareas de representación como vicepresidenta, si bien será el pleno del Parlamento Europeo quien deba decidir sobre su destitución como vicepresidenta.

🔴 LIVE | Statement at @Europarl_EN #EPlenary in Strasbourg https://t.co/De0jCxXmjE

— Roberta Metsola (@EP_President) December 12, 2022

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María Gabriela Moncada

Con información de agencias de noticias y redes sociales

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Caso Odebrecht involucró a muchos funcionarios y figuras públicas latinoamericanas

El tribunal indico en un comunicado, que durante la audiencia Martinelli aceptó que conspiró junto a su hermano Ricardo y otros para «abrir cuentas bancarias en paraísos fiscales en nombre de empresas fantasmas, para recibir y ocultar más de 28 millones de dólares de sobornos» de Odebrecht.

El acusado reveló que el objetivo principal era «beneficiar a un familiar cercano, un funcionario de alto rango en Panamá». Martinelli reconoció que parte de esos fondos fueron utilizados para comprar un yate y una propiedad inmobiliaria en Estados Unidos.

En este contexto, la sentencia está prevista para el 20 de mayo de 2022. Cabe destacar que, la declaración de culpabilidad disminuirá la condena del hijo del exmandatario panameño.

Cuentas pendientes con la justicia panameña

Panamá también reclama a los hermanos Martinelli por un escándalo de corrupción igualmente relacionado con sobornos a cambio de obras, conocido como «Blue Apple«.

El 21 de diciembre de 2016, Odebrecht se declaró culpable ante el tribunal federal de Broklyn de haber distribuido más de 700 millones de dólares en sobornos a gobernantes, funcionarios públicos y partidos políticos latinoamericanos para conseguir y retener obras de infraestructura.

#LoÚltimo Luis Enrique Martinelli Linares se declara culpable de conspiración para lavar dinero en el caso Odebrecht, y cambia su declaración de «no culpable» realizada el pasado 16 de noviembre. #TReporta pic.twitter.com/4VIz9o7HGs

— Telemetro Reporta (@TReporta) December 2, 2021

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María Gabriela Moncada

Con información de agencias de noticias, DW y redes sociales

Vladimiro Montesinos, autor de las grabaciones

Según reseñó el diario peruano El Comercio, Arce, quien renunció al órgano electoral, será investigado por el presunto delito de cohecho pasivo específico, y de la misma forma Montesinos.

Conjuntamente, en el marco del caso se investigará al abogado Guillermo Sendón y al excomandante Pedro Rejas, partícipes en los audios, también por cohecho activo específico.

Un plazo de cinco meses para las averiguaciones

La Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios preparó la apertura de la investigación y marcó cinco meses de plazo para realizar las indagaciones.

En este contexto, se pedirá al JNE una copia certificada de la renuncia de Arce al Pleno, que ocurrió el pasado 23 de junio debido a que él consideraba que el ente carecía de «transparencia».

De esta forma, se recogerán las declaraciones del magistrado, el exasesor de Fujimori y del presidente de la agrupación política Frente Esperanza, Fernando Olivera, quien difundió los audios, entre otras personas involucradas en el caso, informó el medio peruano mencionado.

Las grabaciones difundidas

Fernando Olivera, presidente del partido político Frente Esperanza, responsable de la difusión de los audios

Montesinos facilitó a una de las figuras del fujimorismo, Rejas, «echar un poco de gasolina«, que significa, sobornar, a miembros del JNE para decantar la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del 6 de junio a favor de Keiko Fujimori.

Según la transcripción, Montesinos dio a Rejas el número de teléfono del abogado Sendón, quien aparentemente mantenía contacto con miembros del JNE. Además, la conversación dio a entender que no fue la primera sobre este asunto.

Trama de corrupción y presunto intento de manipulación electoral

«Si hubiéramos hecho el trabajo que hemos planteado… por la mezquindad (de esos) nos ha pasado esto. Ahora ya es tarde, pero aparte de eso, la gente que tiene (Keiko Fujimori) no sirve», indicó.

La Marina de Guerra y el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), responsables de la prisión militar de Callao donde se encuentra recluido Montesinos, confirmaron la veracidad de la grabación, difundida por el excongresista Olivera, que tuvo permiso para comunicarse los días 10 y 23 de junio.

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María Gabriela Moncada

Con información de dpa, El Comercio y redes sociales