Venezuela «tiene derecho a conocer los términos exactos, el alcance legal y los mandos responsables de la operación», expresó la organización no gubernamental en un comunicado.

Provea advirtió que, basándose en la información disponible, este hecho «constituye presuntamente una clara violación de la soberanía territorial del país y una grave violación de los derechos humanos debido a la flagrante comisión de una ejecución extrajudicial».

«El Estado venezolano tiene la obligación de suministrar información fidedigna y verificable sobre el saldo humano del operativo: número exacto de fallecidos, heridos y detenidos, asegurando la debida identificación de las víctimas», señaló el mensaje.

La ONG recordó que el pasado martes, cuando advirtió de un megaoperativo en el estado Bolívar (sureste), señaló que acciones similares «dejaron cientos de abusos».

Por tanto, Provea sostuvo que la acción del Estado «no puede traducirse, bajo ninguna circunstancia, en ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas o tratos crueles contra personas ajenas al conflicto con los grupos armados o bandas criminales».

La organización dijo que la violencia y el control ejercido por agrupaciones criminales «en el sur de Venezuela son el resultado directo de años de abandono estatal y de una política que priorizó la extracción opaca de recursos sobre la institucionalidad».

«Las autoridades venezolanas abandonaron sus responsabilidades en estas zonas ricas en recursos minerales y el territorio fue penetrado por economías criminales de todo tipo, dejando en medio de la confrontación a cientos de miles de pobladores en condición de vulnerabilidad y sin posibilidades de obtener respuestas y asistencia institucional», reza el comunicado.

En ese sentido, Provea pidió «transparencia absoluta sobre los acuerdos internacionales que amparan esta operación y garantías plenas de que no se repetirán los patrones de ejecuciones extrajudiciales».

Además, la ONG exigió, por estos hechos, explicaciones al fiscal general, Larry Devoe, y a la defensora del Pueblo, Eglée González.

De interés: Venezuela confirma muerte del «Niño» Guerrero en una operación junto a EEUU 

Con información de EFE Servicios y redes sociales

Fuente de imagen referencial: EFE/Ronald Peña

¡Sigue nuestras noticias en Google! Para obtener información actual, interesante y precisa. Haz clic aquí y conoce todos los contenidos de DOBLE LLAVE. Encuéntranos también en X/Twitter e Instagram

En un mensaje en X, Provea indicó que la autorización del gobierno de Rodríguez para el sobrevuelo y el ingreso de estas tropas fue «un claro desacato del artículo 187, numeral 11, de la Constitución», por lo que, dijo, hubo «una flagrante cesión de la soberanía territorial de la República».

El numeral del artículo al cual hace referencia Provea establece que es la Asamblea Nacional (AN) la encargada de «autorizar el empleo de misiones militares venezolanas en el exterior o extranjeras en el país».

La organización defensora de derechos humanos resaltó que luego del ataque militar de Estados Unidos, que terminó con la captura de Nicolás Maduro en Caracas el pasado 3 de enero, «la expresión más rápida de voluntad política del actual gobierno ha sido satisfacer las demandas del tutelaje transnacional, relegando las urgentes demandas de los venezolanos, centradas en democracia, justicia y calidad de vida».

Y, en ese sentido, recordó cómo se avanzó «rápidamente» en la aprobación de las leyes de minas e hidrocarburos para permitir la inversión extranjera, en medio del interés expreso de Estados Unidos en el petróleo y el oro venezolano.

«El ‘nuevo momento político’ anunciado por las actuales autoridades y caracterizado por acuerdos energéticos y compromisos bilaterales entre Venezuela, Estados Unidos y trasnacionales de distintos países, no puede dejar de lado las necesidades de las grandes mayorías», insistió, tras señalar que preocupa «profundamente» que todo esto termine en un «camino de estabilidad autoritaria».

Estados Unidos realizó el sábado 23 de mayo un simulacro de evacuación en su embajada en Caracas con el sobrevuelo de dos helicópteros, que llevaban al jefe del Comando Sur, Francis Donovan y un contingente militar a bordo.

El simulacro, que también sirvió para que Donovan sostuviera encuentros con autoridades del gobierno encargado de Rodríguez, se realizó entre las 10:00 y las 14:00 horas locales (14:00 y 18:00 GMT).

Venezuela y Estados Unidos restablecieron relaciones diplomáticas y consulares el pasado marzo, dos meses después de la captura de Maduro en Caracas por parte de fuerzas estadounidenses y tras siete años de ruptura.

Actualmente el equipo diplomático estadounidense lo encabeza el encargado de negocios en Caracas, John Barrett.

De interés: Provea: desapariciones forzadas en Venezuela aumentaron 196% en 2025

Con información de EFE Servicios

Fuente de imagen referencial: EFE / Ronald Peña R

¡Sigue nuestras noticias en Google! Para obtener información actual, interesante y precisa. Haz clic aquí y conoce todos los contenidos de DOBLE LLAVE. Encuéntranos también en X/Twitter e Instagram

«Ha sido el inicio de la construcción de una agenda colectiva en materia de derechos humanos, que se plantea diferentes acciones, diferentes recomendaciones, llamados tanto a las entidades del Estado venezolano como a la comunidad internacional«, explicó a EFE la directora senior global de Investigación, Campaña, Incidencia y Política de AI, Erika Guevara Rosas.

El encuentro que empezó el lunes en Caracas reunió a Amnistía Internacional y a diversos representantes de ONG y defensores de derechos humanos, varios de ellos recientemente excarcelados, para conversar sobre distintos temas como la libertad de expresión y la seguridad jurídica.

Guevara Rosas sostuvo que fue una jornada histórica porque desde hacía «algún tiempo» que las organizaciones de defensa de los derechos humanos no habían podido reunirse «en libertad».

La abogada señaló que durante el evento se hizo un «mapeo» de los diferentes escenarios en materia de derechos humanos que enfrenta el país caribeño en estos momentos, en el sector educativo, sanitario, laboral, sobre la libertad de expresión, derechos civiles y políticos, así como la libertad de prensa.

Por su parte, el coordinador de exigibilidad de la ONG Provea, Marino Alvarado, calificó de importante la reunión entre activistas y organizaciones de derechos humanos aprovechando «la relativa apertura que hay en el país».

De interés: AI: Colombia y Venezuela, países peligrosos para defender los DDHH

Con información de EFE Servicios y redes sociales

Fuente de imagen referencial: EFE/Ronald Peña

¡Sigue nuestras noticias en Google! Para obtener información actual, interesante y precisa. Haz clic aquí y conoce todos los contenidos de DOBLE LLAVE. Encuéntranos también en X/Twitter e Instagram

«Vemos con preocupación el aumento drástico de las desapariciones forzadas en 2025», dijo la socióloga Lissette González, coordinadora de Monitoreo, Investigación y Medios de Provea, quien indicó que se registraron 160 víctimas frente a las 54 de 2024.

Según la organización no gubernamental, más de 130 dirigentes sindicales «fueron detenidos arbitrariamente» en 2025 y «muchos sometidos a desaparición forzada».

Por otra parte, 336 personas fueron asesinadas por fuerzas policiales y militares, de las cuales el 54 % tenían entre 18 y 30 años de edad, y el Ministerio Público (Fiscalía), entonces encabezado por Tarek William Saab, «no investigó ninguna de estas muertes», aseguró González.

Con esta cifra del año pasado, Provea computa 10.853 personas «asesinadas por agentes del Estado venezolano desde el inicio del Gobierno de Nicolás Maduro», en 2013.

De interés: Expresos políticos denuncian ante la ONU retrasos y negaciones de amnistía

Con información de EFE Servicios y redes sociales

Fuente de imagen referencial: EFE/Ronald Peña R

¡Sigue nuestras noticias en Google! Para obtener información actual, interesante y precisa. Haz clic aquí y conoce todos los contenidos de DOBLE LLAVE. Encuéntranos también en X/Twitter e Instagram

A continuación, los puntos destacados de su postura y el contexto de la reforma:

Prioridad en la autonomía: Marino Alvarado, coordinador de Provea, señaló que el sistema no requiere más jueces, sino que los actuales actúen con independencia y apego a la Constitución para garantizar justicia real.

Designación por concurso: La organización subrayó que los magistrados deben ser elegidos mediante concursos públicos, asegurando así la estabilidad judicial y evitando decisiones discrecionales.

Detalles de la reforma: El proyecto, presentado por Jorge Rodríguez, busca ampliar las salas Político Administrativa, Casación Civil, Penal, Social y Electoral a 5 magistrados cada una, mientras que la Sala Constitucional pasaría a tener 7.

Contexto oficial: Según el Legislativo, la medida busca una «transformación del sistema de justicia». El anuncio coincide con un proceso paralelo para cubrir vacantes en la alta corte por renuncias y jubilaciones.

De interés: PJ rechaza propuesta del Parlamento de aumentar magistrados del TSJ

Con información de EFE Servicios

Fuente de imagen referencial: Archivo

¡Sigue nuestras noticias en Google! Para obtener información actual, interesante y precisa. Haz clic aquí y conoce todos los contenidos de DOBLE LLAVE. Encuéntranos también en X/Twitter e Instagram

«Hice una invitación a estas organizaciones a participar activamente en la Consulta Nacional sobre el Sistema de Justicia Penal», indicó Devoe en su cuenta de X.

A la reunión asistieron representantes de las organizaciones Provea, Civilis, SurGentes y Cecodap, de acuerdo al fiscal general.

Qué opinan las ONG

Por su parte, el coordinador general de Provea, Oscar Murillo, detalló en X que en la reunión expuso ideas para la protección de los derechos humanos en el «marco de la actual y compleja coyuntura política y la necesidad de corregir las fallas estructurales que permiten la impunidad y la denegación de justicia en Venezuela».

En este sentido, subrayó que, para la reconstrucción institucional en Venezuela, los tribunales deben garantizar la recepción de los recursos de habeas corpus, que toda persona detenida pueda designar a su abogado de confianza y «cortar la cadena de abusos y arbitrariedades».

«Insistimos en que el único camino para el desarrollo sostenible de Venezuela requiere que se escuche a la gente con el foco puesto en el respeto a la Constitución y los derechos humanos», concluyó Murillo.

Por su parte, el coordinador general de Cecodap, Carlos Trapani, indicó que expuso las «detenciones irregulares, sin orden, sin información y con uso desproporcionado de la fuerza» que aseguró se cometen en el país, así como las «dilaciones procesales» y la «limitación de contacto con familia y defensa» cuando alguien es arrestado.

«Insistimos, además, en el uso inadecuado del delito de terrorismo en adolescentes y en la necesidad de aplicar un enfoque de protección: cuando un adolescente aparece vinculado a un acto de esta naturaleza, corresponde analizar si ha sido utilizado, manipulado o engañado por adultos», señaló Trapani en X.

Críticas sobre Larry Devoe

Larry Devoe fue designado como fiscal general el pasado 9 de abril y ha sido criticado por sus roles previos ante audiencias internacionales, donde se han denunciado violaciones de derechos humanos en Venezuela.

Tras su nombramiento, el dirigente opositor Juan Pablo Guanipa, cercano a la líder María Corina Machado, acusó a Devoe de ser «cómplice por años» de «todas las atrocidades del chavismo».

El lunes, el fiscal general afirmó que construirá un plan de trabajo conjunto con el Comité Internacional de la Cruz Roja para «reforzar» su labor, incluyendo lo relacionado a los derechos de las personas encarceladas, tras sostener un encuentro con la jefa de la delegación de esta agencia en Venezuela, Valérie Aubert.

De interés: Rodríguez y Petro apuestan por integración eléctrica y de gas entre ambos países

Con información de EFE Servicios

Fuente de imagen referencial: Archivo

¡Sigue nuestras noticias en Google! Para obtener información actual, interesante y precisa. Haz clic aquí y conoce todos los contenidos de DOBLE LLAVE. Encuéntranos también en X/Twitter e Instagram

En una rueda de prensa, el director presidente de la organización, Alfredo Romero, precisó que estas 400 personas están vinculadas a operaciones militares, aunque también hay civiles dentro de este grupo. En este contexto, subrayó que hay personas excluidas de la amnistía que, por ejemplo, fueron «acusadas de delitos que no cometieron» y no pueden ser amnistiados porque fueron arrestados en momentos que no se incluyen en la ley.

Por tanto, Romero pidió la liberación de todos los presos políticos, que son más de 600 según el conteo de Foro Penal, tras la excarcelación de 448 personas desde el pasado 8 de enero.

Por su parte, el director vicepresidente de la ONG, Gonzalo Himiob, criticó que hay «15 años completamente por fuera» de la ley, lo que a su juicio desconoce que «la persecución y prisión política» «ha sido continua».

Respecto a la Ley de Amnistía ONG y opositores manifiestan dudas

En este sentido, señaló que en la Ley de Amnistía se hace una «especie de selección indebida y bastante arbitraria de momentos y meses en específicos«, en los años 2002, 2003, 2004, 2007, 2009, 2013, 2014, 2016, 2017, 2019, 2023, 2024 y 2025.

Himiob precisó que si se suman los meses incluidos en la amnistía no llegan a más de 20, cuando se suponía que debía abarcar el período de 1999 y 2026. Por otra parte, indicó que hay 2.742 personas que «de manera inmediata se ven amparadas por la amnistía», ya que fueron detenidas entre 2024 y 2025 en el contexto de crisis política. De este grupo, 2.186 han sido excarceladas con medidas cautelares, 321 permanecen detenidos y 235 «salieron en libertad plena o no fueron presentados».

La Ley de Amnistía fue aprobada el jueves por unanimidad en un debate en el Parlamento y presentada como la posibilidad de sentar las bases para un nuevo futuro político, mientras que ONG y opositores manifestaron dudas.

En el artículo 9 de la nueva legislación se excluyen de la aplicación de la amnistía los delitos sobre violaciones graves a los derechos humanos, de lesa humanidad, homicidio intencional, lesiones gravísimas, tráfico de drogas, así como delitos de corrupción y personas que promuevan acciones militares contra el país.

De interés: Delcy Rodríguez pide «máxima celeridad» para la aplicación de la ley de amnistía

Con información de EFE Servicios

Fuente de imagen referencial: EFE/Miguel Gutiérrez

¡Sigue nuestras noticias en Google! Para obtener información actual, interesante y precisa. Haz clic aquí y conoce todos los contenidos de DOBLE LLAVE. Encuéntranos también en X/Twitter e Instagram

«El cardenal Baltazar Porras ha sido víctima de la retención de pasaporte en el Aeropuerto de Maiquetía y, por lo tanto, no pudo viajar a su destino. Iba a Colombia para tomar un vuelo hacia España. Está de regreso a su residencia en Caracas», indicó Murillo.

El activista recordó que «la retención y/o la invalidación del documento de identidad se sumó a otras violaciones de derechos fundamentales.

La anulación del pasaporte a Porras tuvo lugar el mismo día en el que se entregó el Premio Nobel de la Paz a la dirigente opositora venezolano María Corina Machado.

El pasado octubre, Porras denunció que las autoridades del país le impidieron viajar hasta Isnotú (estado Trujillo), donde tenía previsto asistir a una misa por el natalicio del médico José Gregorio Hernández, el primer santo venezolano, quien es oriundo de esa localidad.

A lo largo de su vida religiosa, Porras, crítico del poder desde el púlpito, ha sido blanco de duros cuestionamientos por parte del Gobierno venezolano.

Porras, nacido en Caracas el 10 de octubre de 1944, fue nombrado arzobispo metropolitano de Caracas el 17 de enero de 2023 por el papa Francisco y tomó posesión de la sede el 28 de enero del mismo año, cargo en el que duró hasta 2024.

Ejerció entre 1999 y 2006 la Presidencia de la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) y entre 2007-2011 asumió la vicepresidencia del Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM).

De interés: Edmundo González voló a Oslo para la entrega del Nobel de la Paz

DOBLE LLAVE

Con información de EFE Servicios

Fuente de imagen referencial: EFE/Rayner Peña R.

Visita nuestro canal de noticias en Google News y síguenos para obtener información precisa, interesante y estar al día con todo. También en X/Twitter e Instagram puedes conocer diariamente nuestros contenidos

«Aún no hay investigación independiente sobre la muerte de Raúl Isaías Baduel, un exministro de (Hugo) Chávez que luego fue castigado como preso político por años, víctima de una cirugía clandestina contra su voluntad y su familia», señaló en X la organización no gubernamental.

Por su parte, la ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) exigió «justicia para Raúl», quien, aseguró, fue «víctima del patrón de persecución a la disidencia, torturas, tratos crueles e inhumanos, y la negligencia médica que sufrió en prisión».

Raúl Isaías Baduel, según su familia, falleció «en una celda del Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia), diez meses después de una operación hecha en un quirófano improvisado, sin la atención médica necesaria».

«Fue ministro de la Defensa, un hombre de principios, un militar que creyó en la Constitución, en la soberanía y en el respeto a la vida, pero cuando se negó a apoyar la reforma constitucional de 2007, su voz disidente se convirtió en su condena», afirma la familia, que asegura también que «fue aislado, incomunicado, humillado y torturado».

En X, la activista Andreína Baduel, hija del militar, denunció el domingo que «la persecución» contra su familia «no ha cesado».

Josnars Adolfo Baduel, hijo también del exministro, está detenido desde 2020.

«Pero no han logrado quebrarnos, porque ser Baduel no es un delito, es tener el valor de defender la verdad, aunque duela. Hoy recordamos su vida, denunciamos su muerte y seguimos exigiendo justicia por todos los presos políticos que siguen padeciendo la misma tortura que lo mató», agregó la activista.

Proceso contra Raúl Isaías Baduel

Raúl Isaías Baduel, quien fue aliado del fallecido mandatario Hugo Chávez (1999-2013), fue considerado como el artífice de su vuelta a la Presidencia tras el golpe de Estado que lo derrocó durante 48 horas en abril de 2002.

Posteriormente, se pronunció contra la propuesta de reforma constitucional de Chávez.

En 2009, fue arrestado e inhabilitado para ejercer cargos públicos hasta que concluyera su condena. En 2015, se le otorgó libertad condicional, bajo unas premisas que, según la Justicia venezolana, incumplió, por lo que volvió a la cárcel en 2017, año en el que debería haber finalizado su pena.

Luego, le fueron imputados nuevos delitos, entre ellos contra la integridad de la nación y la independencia, lo que llevó a que su detención se prolongara de manera indefinida.

De interés: Andrés Velásquez pide al Vaticano pronunciarse por los presos políticos en Venezuela

DOBLE LLAVE

Con información de EFE Servicios

Fuente de imagen referencial: Archivo

Visita nuestro canal de noticias en Google News y síguenos para obtener información precisa, interesante y estar al día con todo. También en X/Twitter e Instagram puedes conocer diariamente nuestros contenidos

«Nos reconforta saber que el exministro Rodrigo Cabezas, así como Daniel Cadenas y Gerardo Cacique, miembros del Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF), están en libertad con sus seres queridos», escribió Murillo en una publicación en X.

El partido político opositor Un Nuevo Tiempo (UNT) celebró la excarcelación de los tres y reafirmó su compromiso con el «diálogo y el entendimiento como vías legítimas para avanzar hacia una solución pacífica».

«Seguiremos insistiendo en la necesidad de acuerdos que permitan más liberaciones de presos políticos y la construcción de un país donde la justicia y la libertad sean una garantía para todos», añadió en X.

Cabezas fue detenido el pasado 12 de junio por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en Maracaibo, capital del estado Zulia (oeste, fronterizo con Colombia), según denunció entonces la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clipp) .

Nos reconforta saber que el ex ministro Rodrigo Cabezas, así como Daniel Cadenas y Gerardo Casique, miembros del Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF), están en libertad y con sus seres queridos.

Exigimos la libertad de todas las personas detenidas arbitrariamente por…

— Oscar Murillo (@oscarfmurillo) July 23, 2025

De interés: ONG Foro Penal computa 932 presos políticos en Venezuela

DOBLE LLAVE

Con información de EFE Servicios

Fuente de imagen referencial: EFE/Henry Chirinos

Visita nuestro canal de noticias en Google News y síguenos para obtener información precisa, interesante y estar al día con todo. También en X/Twitter e Instagram puedes conocer diariamente nuestros contenidos

«Expresamos nuestro apoyo a otras organizaciones como Provea, como Médicos Unidos, que también han sido igualmente atacadas de forma injusta, criminalizadas y estigmatizadas y eso debe cesar y así lo hemos requerido ante la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos y las diferentes entidades de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales», señaló Romero.

El activista pidió que se resguarde la integridad física de los miembros de todas estas organizaciones para «poder seguir firmes» en su labor.

«En Foro Penal rechazamos (…) con firmeza que se nos llame terroristas», añadió.

Asimismo, dijo que la ONG tiene una trayectoria de 23 años defendiendo «pacíficamente» derechos humanos y prestando ayuda, «tanto legal como humanitaria gratuita a víctimas de persecución política y a sus familias en toda Venezuela».

«Nunca, jamás, hemos promovido la violencia, trabajamos con la Constitución, las leyes y los tratados en materia de derechos humanos», subrayó Romero.

En una conferencia de prensa, Cabello indicó este miércoles que las ONG Provea, Foro Penal, Médicos Unidos y Maracaibo Posible están presuntamente ligadas a una «estructura terrorista», según pruebas recabadas en uno de los tres teléfonos incautados al dirigente opositor Juan Pablo Guanipa, detenido el pasado viernes y a quien acusó de ser el «jefe de esta red».

De interés: Gobierno venezolano desmanteló «acciones terroristas» contra las elecciones

DOBLE LLAVE

Con información de EFE Servicios

Fuente de imagen referencial: Archivo

Visita nuestro canal de noticias en Google News y síguenos para obtener información precisa, interesante y estar al día con todo. También en X/Twitter e Instagram puedes conocer diariamente nuestros contenidos

#DenunciaEP | Se desconoce el paradero de nuestro director ejecutivo Carlos Correa desde las 5:00 pm aproximadamente, de este 7 de enero.

No ha sido posible establecer comunicación. Según testigos, fue interceptado en el centro de Caracas por presuntos funcionarios… pic.twitter.com/lbpWqronfd

— Espacio Público (@espaciopublico) January 8, 2025

La desaparición de Correa fue denunciada también por diversos activistas, que exigen conocer su paradero, a la vez que condenan su supuesta «detención».

La ONG Provea, que se refirió a la desaparición como «detención arbitraria», condenó el hecho, divulgado por medio de información brindada por testigos, que aseguraron que fue «interceptado» en la tarde por supuestos funcionarios del Estado.

Por su parte, el movimiento ciudadano Dale Letra se sumó a la denuncia por la «desaparición del defensor de derechos humanos» y reclamó «respeto al Estado de derecho» que considera no se cumple.

Asimismo, al reclamo se unió el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), entre otros.

De interés: Jorge Rodríguez pide arrestar a Edmundo González si ingresa a Venezuela

DOBLE LLAVE

Con información de EFE Servicios y redes sociales

Fuente de imagen referencial: EFE/Rayner Peña R/Archivo

Visita nuestro canal de noticias en Google News y síguenos para obtener información precisa, interesante y estar al día con todo. También en X/Twitter e Instagram puedes conocer diariamente nuestros contenidos

Se cumplen 50 días de la detención arbitraria de la defensora Rocío San Miguel.
No ha podido juramentar a sus abogados, por lo que está vulnerado su derecho a la defensa.
Defender derechos humanos no es delito. #LibertadParaLosPresosPoliticos pic.twitter.com/eJ4YSoWU7i

— PROVEA (@_Provea) March 31, 2024

El fiscal general, Tarek William Saab, dijo el pasado 19 de febrero que San Miguel «entregó información» sobre sistemas de defensa militar a un embajador de la Unión Europea (UE) y a embajadas de otros tres países, que no especificó.

Más de 200 organizaciones y 415 miembros de la sociedad civil de Venezuela rechazaron recientemente la «detención arbitraria» de la activista, arrestada en el aeropuerto internacional de Maiquetía, ubicado en La Guaira, cuando se disponía a viajar en compañía de su hija.

De interés: La NASA detectó y cuantificó miles de incendios forestales en Venezuela

DOBLE LLAVE

Con información de EFE y redes sociales

Fuente de imagen referencial: @_Provea

Visita nuestro canal de noticias en Google News y síguenos para obtener información precisa, interesante y estar al día con todo. También en Twitter e Instagram puedes conocer diariamente nuestros contenidos

Perspectiva de ONG Provea

Provea, una influyente ONG, destacó que millones de obreros y jubilados en Venezuela reciben «un salario mínimo y una pensión de hambre». Según estimaciones independientes, estos ingresos no alcanzan para cubrir la canasta básica de alimentos para una familia de cinco personas, valorada en más de 500 dólares mensuales.

Henrique Capriles habla de burla y falta de soluciones económicas

Henrique Capriles, dos veces candidato presidencial, no dudó en calificar el anuncio como una burla. Para él, este bono no resuelve los problemas económicos ni aborda la falta de poder adquisitivo que afecta a millones de venezolanos.

Sus críticas resaltan la percepción generalizada de que esta medida no aborda los desafíos económicos más amplios del país.

De interés: Ministro de Defensa sueco llamó a estar preparados para una guerra

Gabriel Velásquez

Con información de medios nacionales, internacionales y redes sociales

Fuente de imagen referencial: Archivo

Visita nuestro canal de noticias en Google News y síguenos para obtener información precisa, interesante y estar al día con todo. También en Twitter e Instagram puedes conocer

Khan fue recibido la noche de este jueves por el presidente venezolano Nicolás Maduro en el Palacio de Miraflores, con el objetivo de establecer líneas de trabajo para que la CPI pueda desarrollar su trabajo en el país.

El encuentro se llevó a cabo en el despacho número 1 del Palacio de Gobierno, donde Khan estuvo acompañado por sus asistentes Jonathan Agar y Sarah Hishan; además de la asesora de cooperación internacional, Miia Aro Sánchez.

Khan sostuvo encuentro con Delcy Rodríguez y Gladys Gutiérrez

Horas antes de la reunión con el primer mandatario nacional, Khan se reunió con la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, como parte de la agenda de su tercera visita al país.

Tanto las autoridades de la CPI como del Gobierno venezolano se abstuvieron de ofrecer detalles sobre los puntos tratados en esta reunión. Apenas se informó del encuentro a través del canal del Estado, Venezolana de Televisión (VTV), quien transmitió imágenes del saludo inicial.

Tras la reunión con la vicepresidenta, Khan se trasladó a la sede del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), donde se reunió con la presidenta del Poder Judicial, magistrada Gladys María Gutiérrez Alvarado.

A través de una nota de prensa, el TSJ indició que Gutiérrez le ofreció al fiscal de la CPI «consideraciones acerca de los logros obtenidos y la gestión que realiza al frente del Poder Judicial venezolano, destacando la labor permanente que se desarrolla para garantizar a los y las justiciables la tutela judicial efectiva, el debido proceso y la celeridad procesal».

Según la comunicación oficial, el encuentro también tomó en cuenta «los avances en la cooperación técnica prevista en el Memorándum de Entendimiento, en las materias que atañen al Poder Judicial venezolano, de acuerdo con el ordenamiento jurídico aplicable».

En el encuentro también participaron el magistrado Edgar Gavidia Rodríguez y el magistrado Henry José Timaure Tapia, primer y segundo vicepresidente del TSJ, respectivamente; el secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos y agente del Estado ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, Dr. Larry Devoe; así como el Dr. Federico Fuenmayor y el Dr. Julio Arias, asesores del Despacho de la Presidencia del TSJ.

Presidenta del TSJ sostuvo reunión con el Fiscal de la Corte Penal Internacional https://t.co/6ATUSEOff2 pic.twitter.com/IspSSd8DpA

— TSJ Venezuela (@TSJ_Venezuela) June 9, 2023

Más temprano, el fiscal general de la República, Tarek William Saab, informó que sostuvo un encuentro con el fiscal Karim Khan, con el fin de evaluar la implementación del memorando de entendimiento suscrito entre el Estado y la CPI en noviembre de 2021.

«Hemos culminado la reunión en el despacho del @MinpublicoVEN con el ciudadano Fiscal de la CPI Karim Khan: donde intercambiamos opiniones en relación a los logros en materia de protección de los Derechos Humanos en #Venezuela», indicó Saab a través de su cuenta en la red social Twitter.

#AHORA… hemos culminado la reunión en el despacho del @MinpublicoVEN con el ciudadano Fiscal de la CPI @IntlCrimCourt Karim Khan: donde intercambiamos opiniones en relación a los logros en materia de protección de los Derechos Humanos en #Venezuela pic.twitter.com/s4p8EbwHdA

— Tarek William Saab (@TarekWiliamSaab) June 8, 2023

Asimismo, la reunión entre Saab y Khan estuvo enfocada en «la implementación del Memorándum de entendimiento, suscrito entre el Estado Venezolano y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional», agregó el fiscal.

Actualización informativa

Así, en esta breve visita a Venezuela, el fiscal Khan se reunió con Maduro, el fiscal Saab, la presidenta del TSJ, Gladys Gutiérrez, y la vicepresidenta Delcy Rodríguez, pero no con las víctimas. Tampoco hubo declaración a la prensa sobre la agenda.

El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) criticó este viernes la falta de información de la Corte Penal Internacional (CPI) sobre la visita del fiscal Karim Khan al país.

De interés: Sujeto apuñaló a cuatro niños en Annecy, Francia

Víctor De Abreu

La información fue dada a conocer por Khan durante una rueda de prensa al concluir su agenda en Colombia, donde se reunió con el primer mandatario de ese país, Gustavo Petro.

“El derecho y la justicia internacional es demasiado importante como para dejarla a jueces y fiscales (solamente), todo el mundo debe tener una participación. Después de esta misión a Colombia y a Venezuela, cuando yo regrese, tendré unas reuniones con la sociedad civil”, indicó el fiscal en declaraciones a la prensa.

De momento, las autoridades del gobierno venezolano no han confirmado una nueva visita del fiscal Khan.

La organización de Derechos Humanos Provea confirmó la visita del fiscal a través de su cuenta en Twitter, al tiempo que rechazó que no existiera un pronunciamiento oficial por parte de las autoridades venezolanas.

“Fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, anuncia que visitará Venezuela tras finalizar hoy su visita oficial a Colombia. Para Venezuela, opacidad total. No hubo ningún anuncio oficial de las autoridades venezolanas sobre la visita a Venezuela del fiscal”, indicó la ONG a través de Twitter.

URGENTE

Fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, anuncia que visitará Venezuela tras finalizar hoy #7Jun su visita oficial a Colombia:

“El derecho y la justicia internacional es demasiado importante como para dejarla a jueces y fiscales, debe incluir a todo el mundo”… pic.twitter.com/TXUOMBCELr

— PROVEA (@_Provea) June 7, 2023

«Para Venezuela opacidad total. No hubo ningún anuncio oficial de las autoridades venezolanas sobre la visita a Venezuela del Fiscal. Mientras que para Colombia la visita fue anunciada desde el 26 de mayo por un magistrado y luego ratificada el 31 de mayo por el presidente, Gustavo Petro, la cual inició el 5 de junio en ese país», agregó la organización.

Gobierno venezolano rechaza el trabajo de Karim Khan

El gobierno venezolano rechazó en los últimos meses la investigación de la Corte Penal Internacional (CPI) contra el Ejecutivo por crímenes de lesa humanidad, así como el trabajo que ha realizado el fiscal Karim Khan en el acompañamiento de las denuncias.

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, acusó a Karim Khan a finales de abril de perseguir jurídicamente a Venezuela, al tiempo que apoya la exigencia del Gobierno venezolano de que se detenga la investigación de la CPI por crímenes de lesa humanidad, como requisito para reanudar el diálogo político con la oposición venezolana.

“La paralización de ataques en tribunales internacionales, eso incluye la Corte Penal Internacional, manejada por Estados Unidos, con un fiscal designado por Estados Unidos, solo para perseguir a Venezuela”, indicó Cabello en su programa Con el Mazo Dando.

Días antes, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, indicó que la reanudación de la mesa de negociación con la oposición dependía del cese de la investigación en la Corte Penal Internacional (CPI), así como el levantamiento de las sanciones y la liberación de los activos en el exterior.

De interés: Municipio Libertador prohíbe caravanas de graduación de bachilleres

Víctor De Abreu

El informe reveló un desempeño desalentador para Venezuela en el período comprendido entre 2019 y 2021 en términos de seguridad alimentaria.

El país contabilizó una preocupante caída del 22.9% en su índice de Prevalencia de Subalimentación (IPS), lo que evidencia una significativa disminución en la capacidad de la población para acceder a alimentos suficientes y nutritivos.

Esta situación se traduce en una dolorosa realidad para aproximadamente 6.5 millones de venezolanos, quienes tuvieron que enfrentar largos períodos de hambre y escasez de alimentos durante esos tres años.

La falta de acceso a una alimentación adecuada afecta gravemente la salud y el bienestar de la población, especialmente de los grupos más vulnerables, como niños, ancianos y personas con enfermedades crónicas.

Entre los factores determinantes de esta crisis alimentaria se encuentra la pérdida significativa del ingreso mensual de los ciudadanos venezolanos.

La hiperinflación galopante, la devaluación de la moneda y las políticas económicas inadecuadas han generado una profunda crisis socioeconómica en el país, afectando negativamente la capacidad adquisitiva de la población y limitando su acceso a alimentos básicos.

De interés: Moldavia espera unirse a la Unión Europea para protegerse de Rusia

El informe señala que en 2021 hubo 711 detenciones arbitrarias, mientras que en 2022 se registraron 121. La ONG también indicó que el promedio anual general de estos hechos, en los últimos 32 años sistematizados en los informes, disminuyó un 98,45 %.

El informe señala que el 52 % de las detenciones arbitrarias se realizaron durante operativos policiales y militares dentro del esquema de seguridad ciudadana.

Detenciones sin orden judicial

Además, la organización indicó que las «detenciones arbitrarias continúan siendo arbitrarias», porque no se practican mediante orden judicial o en flagrancia, no se respeta el debido proceso, la presunción de inocencia ni el derecho a la defensa.

La ONG hizo un llamado a las autoridades venezolanas para que respeten los derechos humanos de todas las personas y pongan fin a la práctica de detenciones arbitrarias y la tortura.

La organización, Provea, que defiende los derechos humanos, presentó su informe anual correspondiente a 2022, y sus voceros aseguraron que la Venezuela post pandemia es más pobre y más desigual. Reporta @NeidyFreytesUrb #VIVOplay pic.twitter.com/p61TAsW1EZ

— VIVOplay (@vivoplaynet) May 9, 2023

De interés: Juez condena a Trump por abuso sexual y difamación

“Según los patrones que hemos observado en los últimos años, en la medida que nos acerquemos a un escenario electoral van a aumentar las situaciones de persecución y hostigamiento contra todos los sectores, contra las academias, los gremios y las organizaciones sociales y de derechos humanos que acompañamos la movilización de las comunidades en la calle por la exigencia de sus derechos”, advirtió el coordinador general de Provea, Rafael Uzcátegui.

Uzcátegui alertó que «la única contención» con la que cuentan ante este escenario es la actuación de los mecanismos internacionales de protección a los Derechos Humanos, en referencia a la Corte Penal Internacional (CPI), la Misión Internacional de la ONU de Determinación de Hechos (FFM, por sus siglas en inglés), la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El representante de Provea advirtió que la justicia internacional “es la única amenaza creíble para las autoridades” del Gobierno y la única protección contra el sistema de justicia.

La organización presentó este martes su informe correspondiente a la situación de los derechos humanos en Venezuela durante el año 2022.

En el informe, revelaron que las autoridades venezolanas han profundizado los mecanismos de control de la población y se mantiene la discriminación y exclusión por razones políticas.

“Se están tomando decisiones para mantener el control de la población y no para satisfacer sus necesidades (…) La única política pública que existe en este momento por parte de las autoridades venezolanas es la preservación de poder, no es la satisfacción de las necesidades de los venezolanos”, denunció Uzcátegui.

La propuesta fue presentada por el primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, quien dijo que han identificado 62 organizaciones de la sociedad civil “que operan con fines absolutamente políticos y que reciben financiamiento de gobiernos distintos al nacional bolivariano y el fin es imponer su democracia, lo que ellos interpretan como democracia”. Esto sería prohibido por la nueva legislación y que dejaría a estas ONG en situación de ilegalidad.

Entre estas organizaciones mencionó a Súmate, Futuro Presente, Provea, el Instituto Parlamentario Fermín Toro y la Fundación Más Ciudadanos de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB).

Ley restringiría el trabajo de las ONGs

La organización internacional Human Rights Watch (HRW) alertó que la administración de Nicolás Maduro podría “disolver” las organizaciones no gubernamentales que trabajan en Venezuela con la ley que este martes el parlamento de mayoría oficialista aprobó en primera discusión.

“GRAVE: Un nuevo intento de restringir el importante y valiente trabajo que hacen las organizaciones de DD.HH. en Venezuela. Se trata de un esfuerzo burdo para darle apariencia de legalidad a una persecución que lleva años”, advirtió Tamara Taraciuk, directora adjunta de HRW para las Américas.

Diosdado Cabello nombró algunas de las 65 ONGs que deben ser investigadas: pic.twitter.com/LmCDLldyla

— (@polianalitica) January 24, 2023

Le puede interesar: Maduro apoya la propuesta de implementar una moneda común

Gabriel Velásquez

Con información de medios nacionales y redes sociales

Fuente imagen referencial: Wikimedia, vía web

Visita nuestro canal de noticias en Google News y síguenos para obtener información precisa, interesante y estar al día con todo. También en Twitter e Instagram puedes conocer diariamente nuestros contenidos