La norma publicada en el diario oficial El Peruano, que ya había sido aprobada por el Congreso, modifica el Código Penal y el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, declarando imputables penalmente a los adolescentes de 16 y 17 años que cometan asesinato, extorsión, violación sexual, entre otros delitos graves.

Durante el primer debate en el Congreso de la norma, el parlamentario ultraconservador Alejandro Muñante, uno de los autores de la iniciativa, afirmó que en Perú, cuando un menor de 16 o 17 años comete delitos muy graves, es simplemente sancionado «como un infractor de la ley penal».

El parlamentario fujimorista y exministro del Interior Fernando Rospigliosi también consideró «indispensable» la aprobación de esta iniciativa ya que, según dijo, la Policía sabe que las bandas criminales reclutan a jóvenes de 16 y 17 años para que cometan delitos muy graves.

Rechazo a la ley

Tras la promulgación de la nueva norma, el Poder Judicial emitió un comunicado en el que «rechaza esta ley por considerarla incompatible con la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos».

«Esta reforma introduce un enfoque punitivo que desconoce la especial condición de los adolescentes, contraviniendo estándares nacionales e internacionales de protección», recoge el mensaje.

A juicio del poder judicial, la ley «vulnera el artículo 4 de la Constitución, que exige una protección especial para los adolescentes», así como una disposición «que obliga a interpretar los derechos fundamentales conforme a los tratados internacionales».

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Con información de EFE Servicios

Fuente de imagen referencial: EFE/Paolo Aguilar

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«Entre otras muchas cosas, crea y define distintos tipos de violencia que la sociedad ha avanzado en identificar, mejora el seguimiento, control y dictación de medidas cautelares», señaló la secretaria de Estado desde el Museo de la Educación Gabriela Mistral, ubicado en el centro de Santiago.

Orellana afirmó que «(la ley) incorpora a los niños y niñas víctimas de pleno derecho, no solo como testigos de la violencia que sufren sus madres y cuidadoras principales, sino también reconociéndolos con toda la evidencia científica disponible como personas de pleno derecho a las que también afecta esta situación”.

La ley incorpora a los niños y niñas víctimas de pleno derecho, no solo como testigos de la violencia (Fuente de esta imagen principal: EFE/Ailen Díaz)

Añadió que esto “permitirá que se tomen mejores medidas de alejamiento, que no se crucen los procedimientos de familia con los procedimientos penales vinculados a la seguridad y que como sociedad nos demos la oportunidad de romper con el ciclo de la violencia generación a generación».

La iniciativa, presentada durante su segundo gobierno por la expresidenta Michelle Bachelet (2014-2018) y la entonces ministra Claudia Pascual -hoy senadora-, se promulga 30 años después de la entrada en vigencia de la primera ley sobre violencia doméstica de 1994 en el marco de la Convención de Belém do Pará, suscrita y ratificada por Chile en el mismo año.

Entre otras medidas, el nuevo cuerpo legal fortalece las medidas cautelares y establece mecanismos de supervisión judicial para garantizar su adecuado cumplimiento, además de ampliarlas a delitos de violencia de género y agresiones que ocurran fuera de las relaciones filiales, afectivas o de convivencia.

Estamos muy contentas con la promulgación de la #LeyIntegral, una normativa que establece un marco para vidas libres de violencias. Nuestro compromiso sigue firme con las generaciones futuras, para seguir avanzando sin retroceder en los derechos ya conquistados. https://t.co/NVxfJAF1aG

— Luz Vidal Huiriqueo (@LuzVidalH) June 8, 2024

En adelante, desde el ministerio de la Mujer y Equidad de Género trabajarán en la implementación efectiva de la ley en conjunto con la Justicia del país suramericano, el Ministerio Público y las fuerzas policiales.

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En su discurso, desde la sala que resguarda el Acta de la Independencia de Venezuela, el jefe de Estado resaltó que esta ley deriva del mandato del pueblo que se pronunció en el referendo consultivo del pasado 3 de diciembre del 2023.

Recordó que más del 90 % del electorado venezolano aprobó la defensa del territorio en disputa con la República Cooperativa de Guyana, a través de las cinco preguntas del referendo.

Resaltó que la ley recoge las cinco preguntas y respuestas del referendo consultivo del 3 de diciembre en 39 artículos, seis capítulos y cuatro disposiciones transitorias.

Maduro señaló que, en 75 años de historia de Venezuela, los distintos gobiernos mantuvieron la posición sólida y justa de no reconocer la Corte Internacional de Justicia (CIJ) como instancia para resolver la controversia sobre la Guayana Esequiba. Esto cumple la pregunta 6 del referendo, señaló Maduro.

Asimismo, en el capítulo dos, que va del artículo 9 al 13, se establece la creación del estado Guayana Esequiba, y se crea, en el artículo 19, una Alta Comisión que será la instancia de toma de decisiones sobre el estado.

Indicó el presidente Maduro que, en el artículo 23, se prohíbe el mapa político de Venezuela sin el estado Guayana Esequiba.

En ejercicio de su democracia y soberanía el pueblo venezolano reafirmó sus derechos irrenunciables sobre el Esequibo. Este es el mapa de Venezuela, íntegro, que incluye nuestro territorio de la Guayana Esequiba. pic.twitter.com/VDpxvIt6Do

— MIPPCI (@Mippcivzla) April 4, 2024

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Fiorella Tagliafico R.

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Fuente de imagen referencial principal: X / @Asamblea_Ven

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