La decisión del Supremo deja en suspenso los fallos de tribunales inferiores que exigían informar a los migrantes sobre el país al que serían enviados y darles la posibilidad de impugnar su traslado antes de la expulsión, una medida que la Administración justifica como necesaria para deportar a personas con antecedentes penales.

Los seis jueces que conforman la mayoría conservadora del tribunal votaron a favor del Gobierno de Trump, mientras que las juezas progresistas Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson se opusieron.

La Administración Trump había solicitado en días previos al Supremo que autorizara estas deportaciones al argumentar que su suspensión supondría una «emergencia nacional» y afectaría su capacidad para expulsar a determinados migrantes.

La reactivación de estas deportaciones supone un nuevo paso en la política migratoria del Gobierno, que ha recurrido al envío de migrantes a terceros países, incluidos algunos señalados por violaciones de derechos humanos, como parte de su estrategia de deportaciones masivas y de sus promesas de campaña.

El fallo de los magistrados significa que, por ahora, la Administración puede continuar con el programa y llevar a cabo deportaciones rápidas, incluso a países como Guinea Ecuatorial, donde algunos deportados desde Estados Unidos sufrieron abusos, según una investigación publicada por The New York Times.

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El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) alcanzó en julio el número mensual de detenciones más alto en lo que va del segundo mandato de Trump, con 49.571 arrestos, según datos de las universidades de California Berkeley y UCLA.

Además, las acciones migratorias de Trump han generado cientos de demandas sin precedentes de diversas organizaciones a través del país, encabezadas por la Unión Americana por las Libertades Civiles (ACLU), que su Administración ha rebatido, algunas con éxito.

El rechazo de Trump a la inmigración irregular ha estado presente a lo largo de su carrera, con discursos xenófobos que han creado mucha controversia, como el que pronunció en 2015, cuando anunció que aspiraba a la presidencia y afirmó que México enviaba a EE.UU. crimen, drogas y violadores.

A su llegada a la Casa Blanca en 2017 firmó de inmediato órdenes ejecutivas prohibiendo la entrada al país durante 90 días de ciudadanos de varios países de mayoría musulmana y suspendió indefinidamente el programa de admisión de refugiados sirios.

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«Mientras trabajamos en acomodar esta formación a fondo, las citas de servicios de visado serán ajustadas», indicó a EFE un portavoz del Departamento de Estado, que no aclaró cuándo se reanudarán esos servicios.

«Cuando hay cambios en las citas para entrevistas de visados, las embajadas y consulados comunican cualquier cambio directamente a los solicitantes», indicó el portavoz, algo que coincide con los mensajes que han comenzado a recibir solicitantes de visado en todo el mundo con suspensiones de citas ya programadas.

El entrenamiento está relacionado con nuevos procedimientos para asegurarse que los receptores de esos visados no suponen un cargo a las arcas públicas y «no se convierten en dependientes de los beneficios públicos de Estados Unidos que necesitan los estadounidenses que califican para ello».

Según el Departamento de Estado esta nueva formación a funcionarios y empleados consulares comenzó a principios de agosto a nivel «mundial», por lo que esas cancelaciones temporales se aplican por igual en toda la red de consulados de Estados Unidos.

Según otra fuente citada por el Washington Post, las citas para obtener visados de inmigrante han sido canceladas desde el lunes hasta el final de este mes de agosto.

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«Hay que detener la inmigración ilegal en Europa. Conozco Europa mejor que nadie, mejor que quienes la gobiernan, y tengo excelentes relaciones allí. Hay dos cosas que están acabando con Europa. La primera es la inmigración. La segunda es la energía», declaró Trump ante los medios en el Despacho Oval.

«Cuando vi lo que sucedió en España, me dije que nosotros teníamos una versión de eso, se podría decir que mucho peor. Permitimos la entrada de veinticinco millones de personas bajo el mandato de Joe Biden y los demócratas. Tuvimos fronteras abiertas, y países de todo el mundo enviaron a nuestro país a personas que ellos no querían», afirmó.

Trump se vanaglorió de que actualmente Estados Unidos tiene la «mejor frontera» por la que «no ha entrado ni una sola persona» en quince meses, tras endurecer las políticas migratorias con deportaciones masivas, restricciones de visados y seguridad en frontera.

El jefe de Estado cree que «la inmigración es un problema increíble para Europa» por que está dejando «entrar a gente que, en muchos casos, no va a aportar nada positivo», una posición compartida por varios miembros de su Gabinete, entre ellos el vicepresidente, JD Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio.

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La ‘Operation Dirtbag’ (Operación basura) adelantada en los últimos diez días deja un saldo de arrestos de 54 «depredadores sexuales», 164 «criminales sexuales», dos asesinos sentenciados, un condenado por narcotráfico y otros ocho «delincuentes atroces», expuso Madison Sheahan, subdirectora del ICE, en una rueda de prensa en Miami.

El operativo se enfocó en depredadores de niños, violadores y «violentos criminales» extranjeros con sentencias como agresión sexual de menores, violación, conducta lasciva, explotación infantil e intento de homicidio, según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés).

Aunque no se detalló la nacionalidad de todos los aprehendidos, el DHS compartió fotografías de cuatro cubanos, un venezolano y un ucraniano implicados en delitos sexuales a menores de edad.

Las detenciones las realizaron las autoridades de Florida, que lideran a nivel nacional los acuerdos 287(g) que permiten a agentes locales colaborar con el ICE en detenciones migratorias, señaló Sheahan.

La funcionaria destacó que Florida se ha convertido en emblema de la política migratoria de la segunda Administración de Donald Trump, pues hay 335 acuerdos 287(g) para cooperar con el ICE y el estado ha abierto centros de detención para migrantes como ‘Alligator Alcatraz’ y ‘Operation Depot’.

El pasado 26 de septiembre, más de 350 inmigrantes fueron detenidos tras un operativo de cuatro días de la Patrulla de Carreteras de Florida (FHP, en inglés), y el vicegobernador, Jay Collins, reiteró que las autoridades estatales irán detrás de su estimado de 1,1 millones de indocumentados detenidos en el estado.

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«Pedimos a las autoridades de Estados Unidos detener la persecución contra nuestros hermanos migrantes. Pedimos que se le respeten sus derechos y el derecho a la migración es fundamental en los derechos humanos», dijo Escobar en el marco del cierre de las fiestas patronales de la capital salvadoreña.

El principal jerarca católico salvadoreño también instó a «no criminalizarles en su estatus solo por ser indocumentados», ya que «son personas nobles, personas buenas, trabajadoras que han hecho mucho por aquel país» y sostuvo que «merecen un trato digno».

Política contra migrantes en EEUU

En Estados Unidos, el presidente Donald Trump busca acelerar las deportaciones y detenciones para cumplir con su promesa de campaña de expulsar a los más de 11 millones de migrantes indocumentados que viven en el país.

Cada año, más de 500.000 personas procedentes de estos tres países intentan emigrar de manera irregular a Estados Unidos en busca de mejores condiciones de vida.

El número de aprehensiones en Estados Unidos y México de salvadoreños, hondureños y guatemaltecos -ciudadanos del llamado Triángulo Norte de Centroamérica- alcanzó los 39.292 en los primeros cinco meses de 2025, un 86,5 % menos que en el mismo lapso del año 2024, según datos oficiales.

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Fuente de imagen referencial: EFE/Rodrigo Sura

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«No se pueden sustituir fácilmente. La gente que vive en las ciudades no hace ese trabajo. Lo hemos intentado. No lo hacen. Estas personas (los migrantes) lo hacen de forma natural», aseguró el mandatario en declaraciones a la cadena CNBC.

El republicano se refirió en estos términos después de preguntarle por el impacto de las deportaciones de migrantes en la economía del país, como se reflejó en el último informe sobre empleo.

Según dijo, su Administración está «sacando criminales», sin embargo, afirmó estar «trabajando con los agricultores para que no se vean afectados por estas expulsiones», porque «son una parte muy importante de este país y no vamos a hacer nada que perjudique a los agricultores».

«Estamos trabajando en eso, y vamos a sacar reglas y regulaciones«, dijo sobre los trabajadores migrantes del sector.

Planes para trabajadores migrantes

En esta línea, al interrogarlo de nuevo sobre estos supuestos planes, el republicano se mostró abierto a que algunos «regresen legalmente», tras ser expulsados.

«Quiero trabajar con ellos. En algunos casos, los estamos enviando de vuelta a sus países con un permiso, para que vuelvan legalmente. Y estamos haciendo cosas que son muy difíciles de hacer y muy complejas, pero que funcionan muy bien. Los enviamos de vuelta, y luego estudian, aprenden, y regresan. Regresan legalmente«, explicó.

Esta no es la primera vez que el neoyorquino asume que su política migratoria puede afectar a los agricultores del país, así como a otros sectores como la hotelería y el ocio. El pasado mes de junio, ya avanzó cambios para paliar los efectos en estos trabajos.

El informe de empleo de julio, que fue muy criticado por Trump por mostrar una creación neta de empleo de sólo 73.000 puestos, se ve afectado por una caída en 1,7 millones de empleos de migrantes entre marzo y el mes pasado.

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DOBLE LLAVE

Con información de EFE Servicios

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Putin desafiante: EE.UU. señala persistencia de planes bélicos

El portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, enfatizó que Putin, a pesar de las adversidades, confirma la continuidad de sus objetivos bélicos.

Miller resaltó que esta postura persiste a pesar de las bajas en el Ejército ruso, la paralización económica y el aislamiento internacional de Rusia.

Ante la situación crítica, Miller instó a los republicanos en el Congreso a desbloquear el millonario paquete de ayuda militar destinado a Ucrania e Israel. Esta acción busca presionar a la administración de Joe Biden para adoptar una política migratoria más estricta.

La respuesta de Estados Unidos refleja la creciente preocupación por la actitud desafiante de Putin y subraya la necesidad de acciones firmes para contrarrestar sus planes bélicos en la región.

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Gabriel Velásquez

Con información de medios internacionales

Fuente de imagen referencial: Unsplash/Markus Spiskes

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Así se desprende del nuevo informe que la organización publicó y presentó en Washington sobre la crisis del llamado Tapón del Darién, una selva pantanosa en la frontera entre Colombia y Panamá donde cruzan miles de migrantes en dirección a Estados Unidos.

La organización señaló que “muchos migrantes huyen de crisis de derechos humanos en las Américas, incluyendo de violencia, persecución y pobreza, y arriesgan sus vidas en esta selva” debido a la falta de vías seguras y legales para migrantes y solicitantes de asilo.

Según el documento, el 97 % de las personas que llegan al Tapón del Darién consideran que es el camino más duro hacia Estados Unidos por los graves abusos -incluyendo violencia sexual- que padecen al intentar cruzarlo.

HRW especificó que, en el lado colombiano del Darién, el Clan del Golfo “regula las rutas y extorsiona a quienes se benefician del flujo migratorio”, mientras que criminales y delincuentes “cometen de forma rutinaria robos y abusos sexuales en el lado panameño”.

El documento de 63 páginas y titulado «Este infierno era mi única opción», insiste en que las restricciones de movimiento, a menudo promovidas por Estados Unidos, son “políticas fallidas que empujan a los migrantes hacia rutas peligrosas”.

Encontró también evidencias de que los requisitos de visado impuestos por los gobiernos de México y Centroamérica a venezolanos y ecuatorianos en 2021 y 2022 han contribuido a que el número de personas de ambas nacionalidades que cruzan el Darién se haya disparado.

HRW indica que los gobiernos de las Américas “deberían tomar medidas para establecer políticas migratorias respetuosas de los derechos humanos”, como la creación de vías seguras y legales para migrar y garantías para solicitar asilo.

«Ha sido lo peor que me ha pasado. Yo sentí que no iba a salir de ahí».

Las restricciones de movimiento han empujado a migrantes y solicitantes de asilo a cruzar el Tapón del Darién, lo cual los expone a abusos.

Nuevo informe de @hrw_espanol: https://t.co/fL6dgKzyk8 pic.twitter.com/GeDymaTZLq

— Human Rights Watch (@hrw_espanol) November 9, 2023

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Fiorella Tagliafico

Con información de medios internacionales y redes sociales

Fuente de imagen referencial: @enteratee24

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El titular del Departamento de Seguridad Interior (DHS), Alejandro Mayorkas, señaló que actualmente se concede a las familias reunificadas un permiso de permanencia humanitario en Estados Unidos, que les permite estar juntos nuevamente con sus hijos y vivir y trabajar legalmente en el país, pero es temporal.

Biden, que llegó al poder hace un año prometiendo una política migratoria “justa y humana”, creó el 2 de febrero de 2021 el Grupo de trabajo para la reunificación de familias migrantes, que habían sido separadas durante la administración Trump (2017-2021).

En junio, el grupo liderado por Mayorkas informó que había identificado 3.913 menores separados de sus allegados entre el 1 de julio de 2017 y el 20 de enero de 2021, cuando Biden asumió. Además, dijo que revisaba otros 1.723 casos de separaciones; algunas ocurridas incluso desde enero de 2017.

El DHS estima que unas 1.200 familias migrantes siguen separadas. La gran mayoría son centroamericanas, provenientes de Guatemala, Honduras, El Salvador

“Lo que encontramos fue la ausencia de registros de las familias separadas, o registros incompletos o inexactos, y nuestro primer desafío fue identificar realmente a las familias separadas”, dijo el miércoles Mayorkas.

“Hasta ahora hemos reunido a más de 120 familias. Estamos en proceso de reunificación de más de 400, y estamos presentes en los países de origen para contactar otras familias y animarlas a iniciar el proceso”, agregó.

Biden, que consideró “criminales” las separaciones, dijo que apoyaba una compensación para las familias migrantes separadas, pero su gobierno abandonó el mes pasado las negociaciones con los abogados de las familias que presentaron demandas judiciales.

Los demandantes, buscan indemnizaciones por lo que consideran daño psicológico, anunciaron que seguirán adelante con los litigios

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Gabriela Morales

Con información de agencias de noticias y medios internacionales