A través de X, la organización detalló que, del total de presos políticos, 357 son hombres y 32 son mujeres. Además, indicó que 225 son civiles y 164 militares.

De este grupo, 388 son adultos y uno es menor de edad, añadió Foro Penal, que lidera la defensa de los presos políticos en Venezuela.

La ONG subrayó que desde 2014 hasta la fecha han registrado 19.133 «detenciones políticas», y estiman que más de 11.000 personas están «sujetas arbitrariamente a medidas restrictivas de su libertad», como la prohibición de salida del país o régimen de presentación periódica ante tribunales, medidas que la organización consideró arbitrarias.

Familiares de presos políticos en Venezuela permanecen a las afueras de la Embajada de Estados Unidos en Caracas para pedir por la liberación de los que siguen detenidos.

Los parientes, que se instalaron cerca de la legación diplomática desde el domingo, denuncian que aún son cientos los presos políticos en el país, luego de cinco meses del anuncio del gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, sobre la liberación de un «número importante» de personas.

El pasado mayo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su gobierno iba a asegurarse de liberar a todos los encarcelados por motivos políticos en Venezuela.

Por su parte, el gobierno de Venezuela niega que en el país haya personas detenidas por motivos políticos y asegura que permanecen encarceladas porque cometieron delitos, una afirmación que rechazan varias ONG y partidos políticos opositores.

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Según cifras de Foro Penal, publicada en X, en el país hay 369 hombres y 35 mujeres en prisión por motivos políticos.

Del total de presos políticos, 225 son civiles, entre ellos un adolescente, y 179 militares, según la organización.

Además, 167 de esas personas están condenadas y las otras 237 no, aseguró el ente no gubernamental, que desde 2014 contabiliza 19.102 detenciones con fines políticos en el país.

Reporte oficial

Hace dos semanas, el presidente del Parlamento, el oficialista Jorge Rodríguez, anunció la liberación de trescientas personas como parte de una nueva tanda de excarcelaciones, paralela a las otorgadas a través de la amnistía aprobada en febrero pasado.

Días después, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó que en las «próximas horas» se alcanzarían quinientas excarcelaciones.

Sin embargo, los familiares de los presos políticos han denunciado que el gobierno no ha cumplido con las excarcelaciones prometidas.

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Con información de EFE Servicios y redes sociales

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Deficiencias mencionadas por HRW

Criterios restrictivos: Aunque la ley menciona un periodo desde 1999, limita la amnistía a eventos específicos en años seleccionados, lo que excluye a numerosos procesados.

Falta de transparencia: Se reporta que los jueces deniegan solicitudes sin la debida motivación, restringen el acceso a expedientes y limitan la representación por abogados particulares.

Indefensión: Muchos solicitantes no han sido informados formalmente de los cargos o pruebas en su contra, dificultando su capacidad para argumentar su elegibilidad.

Denuncias de corrupción y retrasos

Cobros irregulares: Familiares de detenidos han denunciado exigencias de pagos en dólares en tribunales para procesar las boletas de libertad. Incluso la presidencia encargada reconoció tener reportes sobre jueces implicados en estos cobros.

Cifras en disputa: Mientras el gobierno asegura que más de 9.000 personas han sido beneficiadas, la ONG Foro Penal sostiene que la ley actúa como un «embudo» para paralizar o ralentizar las liberaciones de presos políticos.

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Con información de EFE Servicios

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«Lamentablemente la Ley de Amnistía está sirviendo más que para agilizar la libertad de presos políticos, como un embudo para ralentizar o paralizar la libertad de muchos presos políticos que hoy son 485», dijo el director presidente de la ONG, Alfredo Romero, en un mensaje en X, sin añadir más detalles.

Hasta el jueves pasado, Foro Penal contaba 490 personas detenidas por motivos políticos en Venezuela, entre ellos 44 extranjeros o ciudadanos con doble nacionalidad.

El gobierno interino de Delcy Rodríguez comenzó con un proceso de excarcelaciones, cinco días después de la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, por parte de Estados Unidos en un ataque a Caracas.

A final de ese mes propuso una ley de amnistía para presos políticos que fue finalmente aprobada en el Parlamento el 19 de febrero.

Rodríguez afirmó el martes que «más de 8.000» personas han sido amnistiadas desde la promulgación de la ley, aunque la gran mayoría son personas que estaban en libertad condicional.

Más de un mes después de su promulgación, las autoridades venezolanas no han publicado un listado con las identidades de los amnistiados, pese a la petición pública del alto comisionado de Naciones Unidas para los derechos humanos, Volker Türk.

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Con información de EFE Servicios

Fuente de imagen referencial: EFE/ Miguel Gutiérrez

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Este proceso se ha intensificado luego de la aprobación de la Ley de Amnistía en febrero pasado, aunque la oposición insiste en que las excarcelaciones deben ser «masivas, rápidas y transparentes».

Puntos clave del reporte

Cifras en contraste: Mientras la PUD contabiliza 758 casos verificados, el diputado oficialista Jorge Arreaza reportó la semana pasada que 8.146 personas han recibido «libertad plena» bajo el marco de la ley (310 estaban en prisión y 7.836 bajo medidas cautelares).

Alcance de la Ley: La normativa contempla beneficios para hechos ocurridos en un lapso de 27 años (desde 1999), pero se limita a 13 eventos específicos, excluyendo delitos como corrupción, homicidio, violaciones de DD. HH. u operaciones militares.

Pendientes y vigilias: Pese a los avances, la ONG Foro Penal estima que aún permanecen 503 personas detenidas por motivos políticos. Familiares y activistas mantienen vigilias permanentes a las afueras de los centros de reclusión del país.

Postura oficial: El Gobierno Nacional mantiene su posición de que no existen detenidos por motivos políticos, asegurando que los procesados incurrieron en delitos comunes, afirmación que es rechazada por organizaciones defensoras de derechos humanos.

Condiciones de libertad

La coalición opositora no desglosó si estas 758 liberaciones representan libertad plena o si los ciudadanos continúan sujetos a procesos judiciales y medidas cautelares, como la prohibición de salida del país o regímenes de presentación ante tribunales.

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Fuente de imagen referencial: EFE/ Ronald Peña R

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Cifras clave del reporte

Beneficiarios: De los 8.146 liberados, 310 se encontraban en centros de reclusión y 7.836 mantenían medidas cautelares (prohibición de salida del país o presentaciones periódicas).

Solicitudes procesadas: En cinco semanas, la comisión parlamentaria ha recibido 11.559 solicitudes válidas que cumplen con los parámetros de la ley.

Ritmo de otorgamiento: Solo entre el pasado martes y este jueves, se sumaron 62 nuevas amnistías (8 para encarcelados y 54 para personas con medidas restrictivas).

Limitaciones y controversias

Alcance temporal y temático: Aunque la ley abarca un periodo de 27 años (desde 1999), solo se aplica a 13 hechos específicos ocurridos en 13 años distintos. Quedan excluidos delitos de corrupción, homicidio, violaciones de derechos humanos y operaciones militares.

Falta de transparencia: A más de un mes de su aplicación, aún no se ha publicado un listado oficial con las identidades de los beneficiarios, pese a la solicitud del Alto Comisionado de la ONU, Volker Türk.

Situación de la prensa: El SNTP denuncia que 20 periodistas continúan bajo medidas cautelares sin recibir libertad plena, calificando el retraso como un patrón de obstrucción a la justicia.

El panorama actual

Mientras las autoridades celebran los avances, la ONG Foro Penal estima que aún quedan 503 presos políticos tras las rejas (incluyendo 44 extranjeros) y más de 11.000 ciudadanos siguen sujetos a restricciones judiciales.

Familiares y activistas mantienen vigilias en las afueras de los recintos penitenciarios a la espera de nuevas boletas de excarcelación.

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Con información de EFE Servicios

Fuente de imagen referencial: EFE/ Miguel Gutiérrez

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En una publicación en X, el director presidente de la organización, Alfredo Romero, dio a conocer la cifra, que tiene como fecha de corte el domingo hasta las 15:00 hora local.

Romero no desglosó el número, como suelen hacer las ONG al distinguir entre dos tipos de liberaciones: aquellas en las que los detenidos salen de prisión pero continúan sometidos a procesos judiciales y a medidas cautelares, como presentarse ante tribunales o no salir del país, y los casos de libertad plena, cuando la persona queda sin cargos ni restricciones judiciales.

Tampoco precisó la cifra de liberaciones otorgadas en el marco de la amnistía, ya que sus números incluyen a presos políticos excarcelados antes y después de que fuera aprobada la ley, impulsada por la mandataria encargada, Delcy Rodríguez, y promulgada por el Parlamento, controlado por el oficialismo.

Foro Penal contabilizó 526 presos políticos en Venezuela hasta el pasado lunes, aunque el gobierno niega que haya personas arrestadas por estos motivos, sino que afirma que cometieron varios delitos.

El viernes, el Legislativo informó que un total de 7.654 personas han sido beneficiadas por la Ley de Amnistía. De ese total, 247 estaban detenidos y 7.407 tenían medidas cautelares.

La amnistía contempla un período de 27 años, desde 1999, cuando el chavismo llegó al poder, hasta febrero de 2026, pero establece que se concederá a personas vinculadas con 13 «hechos» ocurridos en 13 años distintos, lo que no incluye a todos los presos políticos.

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Con información de EFE Servicios y bluradio.com

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En su cuenta de X, el dirigente opositor subrayó que «la liberación de militares perseguidos y apresados por años» ha sido una exigencia de Venezuela, donde, a su juicio, el gobierno «ha sido implacable» con los funcionarios de las Fuerzas Armadas.

«Todos los presos políticos, civiles y militares, deben lograr la libertad plena, inmediata e incondicional», manifestó el también exdiputado, aunque el gobierno niega que haya personas detenidas por estos motivos y asegura que cometieron delitos.

El sábado, el presidente de la comisión parlamentaria para la aplicación de la Ley de Amnistía en Venezuela, el diputado oficialista Jorge Arreaza, informó de que 31 militares fueron excarcelados con «medidas alternativas» con el objetivo de contribuir a la paz.

A través de un mensaje en X, el diputado indicó entonces que el Sistema de Justicia Militar de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) acordó otorgar estas medidas el viernes a los militares, quienes, añadió, ya se encuentran en libertad.

Arreaza no precisó las identidades de los militares o cuáles son sus causas ante la Justicia.

El reporte de la ONG Foro Penal

El viernes, el presidente de la ONG Foro Penal, Alfredo Romero, informó de la excarcelación de al menos ocho presos políticos militares, entre ellos, Rocío Fernández, capitán del Ejército Bolivariano y perteneciente al pueblo indígena wayú, y Jesús Sifontes, teniente de corbeta de la Armada.

Foro Penal indicó que ambos estaban «arbitrariamente» detenidos desde agosto de 2024, cuando Venezuela atravesaba una crisis que se desató tras la cuestionada victoria de Nicolás Maduro en las presidenciales de julio de ese año, proclamada por un organismo electoral afín al chavismo que luego no publicó las actas de votación.

El Parlamento, controlado por el chavismo, aprobó por unanimidad en febrero una histórica Ley de Amnistía para los casos de presos políticos desde 1999 hasta 2026, pero que se aplicará de forma específica a 13 «hechos» ocurridos en 13 años distintos, lo que excluye el resto del período establecido, así como los casos relacionados con operaciones militares.

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Con información de EFE Servicios

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A través de un comunicado, la cartera de Estado informó que estas acciones forman parte del seguimiento a la «revisión integral de causas» ordenada por el mandatario Nicolás Maduro, capturado por fuerzas de Estados Unidos el pasado 3 de enero en Venezuela, y que continúa la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

«Este procedimiento de revisión se mantendrá de manera permanente y continua, siempre en estricto apego al ordenamiento jurídico vigente», afirmó el Ministerio venezolano.

Asimismo, subrayó que las 116 excarcelaciones se suman a las 187 otorgadas durante el mes de diciembre de 2025, aunque en ese entonces no se publicó una lista de los nombres de las personas, por lo que ONG demandaron información precisa al respecto.

A primera hora de la jornada e inicio de semana, la ONG Foro Penal confirmaba la excarcelación de más de 40 personas

El anuncio se da días después de que el jefe del Parlamento y hermano de la presidenta encargada, Jorge Rodríguez, anunciara la excarcelación de un «número importante» de personas, aunque el gobierno no ha hecho pública la cifra total ni los nombres.

La ONG Foro Penal, dedicada a la defensa de presos políticos en Venezuela, ha verificado, hasta las 6:23 de la mañana de este lunes, la excarcelación de más de 40 personas que ONG denuncian detenidas por motivos políticos.

Desde el pasado jueves, cuando se anunciaron las excarcelaciones, familiares de presos políticos han pernoctado en varios centros penitenciarios a la espera de la liberación de sus seres queridos, por lo que ONG como Comité por la Libertad de los Presos Políticos han alertado sobre la incertidumbre del proceso.

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Con información de EFE Servicios

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En el reporte, publicado en la red social X, la organización no gubernamental detalló que, entre los detenidos, hay 782 hombres y 120 mujeres.

El listado especifica que 898 son adultos y cuatro adolescentes de entre 14 y 17 años.

Del total, 728 son civiles y 174 militares, indicó Foro Penal, que subrayó que este listado «no incluye, todavía, a todos los que han sido arrestados y liberados o se mantienen bajo arresto a corto plazo (48 horas)».

La mayoría de estas personas fueron detenidas después de las presidenciales de julio de 2024, en las que el ente electoral, controlado por el oficialismo, proclamó como ganador al mandatario Nicolás Maduro, pese a las denuncias de «fraude» de la oposición mayoritaria, agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), que reclama la victoria de Edmundo González Urrutia.

Tanto Maduro como el fiscal general, Tarek William Saab, niegan que en el país haya personas detenidas por motivos políticos, sino que aseguran cometieron delitos, una afirmación que rechazan varias ONG y líderes opositores.

El pasado jueves, la ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) alertó de que 91 presos políticos padecen «enfermedades graves» y denunció que el «deterioro físico progresivo» de estos detenidos es producto de una «forma de violencia estructural».

La ONG denunció en un mensaje en X la «negación sistemática de atención médica, el incumplimiento de tratamientos y la exposición a condiciones insalubres» en cárceles venezolanas, lo que constituye, subrayó, una «violación directa al derecho a la vida y a la integridad personal».

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La organización indicó que su muerte se debió a un infarto fulminante tras más de un año de aislamiento absoluto en El Helicoide.

Alfredo Díaz, fue detenido en noviembre de 2024 bajo cargos de «incitación al odio» y «terrorismo», acusaciones calificadas por el Foro Penal como cargos fabricados para criminalizar la disidencia. El detenido pasó más de 365 días incomunicado, sin visitas familiares ni contacto con abogados.

Muere a la edad de 55 años. Había sido concejal, alcalde del municipio Mariño y gobernador del estado Nueva Esparta por Acción Democrática. Era un «luchador social inocente», aseguran sus compañeros de partido.

Se señala que llevaba meses solicitando atención médica

Su arresto se dio en medio de la ola poselectoral del 28 de julio de 2024, en la que ocurrieron unas 2.000 detenciones, según Amnistía Internacional y otras organizaciones de derechos humanos.

En El Helicoide, Díaz “llevaba meses solicitando atención médica y se la negaron”, denunció el líder opositor Leopoldo López, lo que habría agravado su salud hasta el infarto fatal de este 5 de diciembre.

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos además del Foro Penal exigen una investigación independiente.

Su esposa demanda explicaciones públicas, en un contexto en el que, según varias organizaciones de derechos humanos, al menos 20 presos políticos han muerto bajo custodia desde 2015, y al menos nueve de ellos fueron detenidos tras las elecciones presidenciales de 2024.

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Con información de EFE, otras agencias, redes sociales, medios nacionales e internacionales

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En el reporte, la organización no gubernamental detalló que entre los detenidos hay 767 hombres y 117 mujeres. El listado especifica que 880 son adultos y cuatro adolescentes de entre 14 y 17 años.

Del total, 711 son civiles y 173 militares, indicó Foro Penal, que subrayó que este listado «no incluye, todavía, a todos los que han sido arrestados y liberados o se mantienen bajo arresto a corto plazo (48 horas)».

La mayoría de los detenidos fueron capturados después de las presidenciales de julio de 2024, en las que el ente electoral, controlado por el oficialismo, proclamó como ganador al actual presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pese a las denuncias de «fraude» de la oposición mayoritaria, agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD).

Tanto Maduro como el fiscal general, Tarek William Saab, niegan que en el país haya personas detenidas por motivos políticos, sino que aseguran cometieron delitos, una afirmación que rechazan varias ONG y líderes opositores.

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A través de su cuenta de X, el líder opositor indicó que el Vaticano «no puede ser indiferente» ante los presos políticos, que son 838 según la ONG Foro Penal, la mayoría detenidos en el contexto poselectoral tras la cuestionada reelección del mandatario Nicolás Maduro el 28 de julio de 2024.

Igualmente, aseguró que el cardenal Pietro Parolin, actual secretario de Estado de la Santa Sede y quien fue nuncio apostólico en Venezuela (2009-2013), «conoce el estado de violación sistemática de derechos humanos en Venezuela».

La Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) también pidió esta semana «medidas de gracia» que permitan la liberación de los presos políticos con motivo de la canonización de Hernández y Rendiles.

«Consideramos también que es una ocasión propicia para que las autoridades del Estado dicten medidas de gracia que permitan recobrar la libertad a los encarcelados por razones políticas», expuso la CEV en una Carta Pastoral.

A juicio de la Iglesia venezolana, esta medida favorecería la tranquilidad y armonía de los familiares y allegados de los presos políticos, así como de la «sociedad entera».

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En el reporte, la organización detalló que, entre los 89 extranjeros, hay también tres españoles, dos alemanes, dos argentinos, dos ecuatorianos, dos franceses, dos neerlandeses, dos peruanos y dos ucranianos, según un conteo hasta este 15 de septiembre.

El resto son de República Checa, Cuba, Líbano, Pakistán, Guyana, Hungría, Italia y Rumania, de acuerdo con la organización.

Entre los venezolanos detenidos con doble nacionalidad, hay 13 colombianos, 13 españoles, seis italianos, cinco portugueses, un chileno, un chipriota, un argentino y un húngaro.

Además, hay una persona detenida con doble nacionalidad iraní e irlandesa, y otro con ciudadanía polaca y ucraniana, precisó Foro Penal.

Tanto el gobierno como la Fiscalía niegan que en el país haya personas detenidas por motivos políticos, sino que aseguran cometieron delitos, una afirmación que rechazan varias ONG y líderes opositores.

La ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPP) pidió a España su «influencia y liderazgo» para que, por la «vía diplomática», se impulse la liberación de los presos políticos en Venezuela.

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En el reporte, publicado a través de Instagram, la organización señala que, hasta el pasado 26 de agosto, 720 hombres y 96 mujeres permanecían encarcelados por motivos políticos en Venezuela.

Según Foro Penal, en el grupo de arrestados hay 812 adultos y cuatro menores de edad de entre 14 y 17 años.

La mayoría de los detenidos, entre ellos 646 civiles y 170 militares, fueron arrestados después de las presidenciales del año pasado, en las que el ente electoral, controlado por el oficialismo, proclamó como ganador al actual presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pese a las denuncias de «fraude» de la oposición mayoritaria, agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD).

Desde 2014 hasta la fecha, Foro Penal ha registrado 18.474 casos que tipifica como «detenciones políticas» en Venezuela.

Tanto Maduro como el fiscal general, Tarek William Saab, niegan que en el país hayan personas detenidas por motivos políticos, sino que, aseguran, cometieron delitos, una afirmación que rechazan varias ONG y líderes opositores.

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En una publicación en X, la organización detalló que, hasta el 2 de junio, en el grupo de detenidos hay 82 personas, una menos que en el informe pasado.

Según la ONG, el total de arrestados está compuesto por 831 hombres, 96 mujeres, entre los cuales hay 922 adultos y cinco adolescentes con edades comprendidas entre los 14 y 17 años.

La mayoría de los detenidos, entre ellos 758 civiles y 169 militares, fueron capturados después de los comicios presidenciales de 2024, en los que el ente electoral, controlado por el oficialismo, proclamó como ganador al presidente Nicolás Maduro, pese a las denuncias de «fraude» de la oposición mayoritaria.

Desde 2014 hasta la fecha, el Foro Penal ha registrado 18.409 casos que tipifica como «detenciones políticas» en Venezuela.

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La cantidad supone 12 presos menos que en el reporte divulgado el pasado 2 de mayo, en el que la organización computó 906 personas encarceladas en el país por razones políticas.

En este nuevo conteo, la ONG indicó que los arrestados se dividen en 805 hombres y 89 mujeres, de los cuales 889 son adultos y cinco son adolescentes de entre 14 y 17 años de edad.

Según detalló Foro Penal, el número de civiles presos bajó de 737 a 725, aunque la cantidad de militares privados de libertad se mantuvo en 169.

Además, la ONG señala que desde 2014 hasta la fecha, se han realizado en la nación un total de 18.346 «detenciones políticas».

La mayoría de los ciudadanos, incluidos en este conteo, fueron detenidos después de los comicios presidenciales de 2024, en los que el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó como ganador al actual gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro, pese a las denuncias de «fraude» de la oposición mayoritaria, que defiende la victoria de su candidato, Edmundo González Urrutia.

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«Yo aspiro a que los que están presos salgan por una negociación», declaró Rosales durante una rueda de prensa desde la ciudad de Maracaibo, la capital del Zulia, y aseguró que han planteado esta posibilidad «varias veces».

Manuel Rosales recordó que él estuvo «seis años en el exilio y más de un año preso», e indicó que fue liberado por una «negociación».

«Es a partir de una negociación como podemos salir de este grave hueco en el que caímos. Un hueco feo, que nos ha llevado a este desastre», agregó el opositor, para quien Venezuela ya tiene «25 años en este permanente conflicto, en esta permanente lucha, en procesos donde se gana y se pierde», lo que consideró «parte de la competencia».

Asimismo, Rosales, candidato a la reelección por el Zulia para los comicios regionales del 25 de mayo, insistió en que «la abstención, la violencia o las sanciones económicas jamás han sido eficaces como métodos de lucha, ni para provocar el cambio político» en el país.

«En la política y en la vida todos hablamos y si hablar es negociar, hay que negociar y hablar», reiteró el dos veces alcalde de Maracaibo y quien ocupa, desde diciembre de 2021, por segunda ocasión la gobernación del estado petrolero.

Según la ONG Foro Penal, en Venezuela hay 890 personas que considera como presos políticos, la mayoría detenidos tras las elecciones presidenciales del 28 de julio del año pasado.

En el contexto poselectoral, más de 2.400 personas fueron arrestadas, de las que 2.006 han sido excarceladas, según la Fiscalía, que acusa a los detenidos después de los comicios de «terroristas» y niega, al igual que Maduro, que sean presos políticos, sino que aseguran cometieron varios delitos.

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La cifra supone seis arrestados menos que la semana pasada, cuando el Foro Penal contabilizaba 896 ciudadanos detenidos por razones políticas.

La organización indicó que del total de detenidos, 800 son hombres y 90 son mujeres, entre los cuales hay 885 adultos y cinco adolescentes de entre 14 y 17 años de edad, la mayoría arrestados luego de los comicios presidenciales de 2024, en los que el ente electoral proclamó como ganador a Nicolás Maduro pese a las denuncias de «fraude» de la oposición mayoritaria.

Asimismo, el Foro Penal señaló que 722 de los presos son civiles y 168 militares.

La ONG precisó en el informe que, desde 2014 hasta la fecha, ha registrado 18.330 «arrestos políticos» en Venezuela.

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La cifra supone siete arrestados menos que hace una semana, cuando el Foro Penal contabilizaba 903 detenidos por razones políticas.

La organización indicó que del total de detenidos, 808 son hombres y 88 son mujeres, entre los cuales hay 891 adultos y cinco adolescentes de entre 14 y 17 años de edad, la mayoría arrestados luego de las presidenciales de julio del año pasado, en las que el ente electoral proclamó la victoria de Nicolás Maduro pese a las denuncias de «fraude» de la oposición mayoritaria.

Además, Foro Penal señaló que 729 de los presos son civiles y 167 militares de distintos cuerpos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

La ONG agregó que, desde 2014 hasta la fecha, ha registrado 18.326 «detenciones con fines políticos» en Venezuela.

¿Qué dicen las autoridades?

Según la Fiscalía, más de 2.400 personas fueron detenidas, de las cuales han sido excarceladas 2.006, según la institución por generar «violencia» durante las protestas poselectorales.

Tanto Maduro como el fiscal general, Tarek William Saab, aseguran que en el país no hay presos políticos, sino que las personas que fueron detenidas, sostienen, porque cometieron delitos.

El jueves 10 de abril, madres, familiares, amigos y defensores de derechos humanos de los considerados presos políticos convocaron una vigilia de oración en el Helicoide, la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), para exigir la «libertad plena» de las personas detenidas, informó la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos.

Un grupo de familiares de detenidos en el contexto de crisis poselectoral pidió el pasado martes una audiencia con Maduro para exponer «las graves violaciones al debido proceso y al derecho a la defensa» en estas causas y solicitar su intermediación en favor de la libertad de sus parientes.

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