Maduro y Flores comparecieron en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York ante el juez federal Alvin Hellerstein una semana después de que la Fiscalía les acusara de conspiración para cometer torturas y extendiera a ambos el cargo de conspiración para cometer narcoterrorismo, que hasta ahora solo pesaba contra el depuesto líder.

Preguntado por el juez, Maduro se declaró no culpable y aseguró que está basada en «falsas acusaciones y testimonio contra su persona».

Según dijo, se trata de una «suma de elementos y ataques que ya conocía en el pasado».

Flores, por su parte, fue más comedida y se limitó a declararse «completamente inocente» y «no culpable» de los nuevos cargos.

Ambos afirmaron al juez haber sido informados por sus abogados de la nueva acusación y haber recibido una copia en español de la misma.

Esta fue una de las pocas veces que se pudo escuchar hablar a ambos desde que fueron presentados ante la justicia estadounidense el pasado mes de enero tras ser arrestados en Caracas y trasladados a Nueva York.

Tras su declaración, la audiencia se centró en el calendario a seguir. El juez aplazó hasta el 14 de junio de 2027 el inicio del juicio, que inicialmente estaba previsto para el 1 de junio.

No está previsto que se celebre otra audiencia hasta el mes de diciembre. La última audiencia antes de que inicie el juicio tendrá lugar el próximo 7 de junio.

La defensa solicitó contar con más tiempo para poder preparar su respuesta a la nueva acusación de la Fiscalía estadounidense.

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Según la orden emitida este miércoles por el juez y publicada en el archivo judicial del caso, la audiencia tendrá lugar a las 11 horas de la mañana (15:00 GMT) y versará sobre los cargos contenidos en la acusación actualizada contra Maduro y Flores.

La Fiscalía de EE.UU. presentó hace una semana cargos por conspiración para cometer torturas contra ambos y extendió la imputación de narcoterrorismo, que antes solo pesaba sobre Maduro, a Flores. Siguen acusados de conspiración para importar cocaína a EE.UU. y posesión y conspiración para poseer ametralladoras y artefactos destructivos.

De acuerdo con el texto de la acusación actualizada, el Gobierno de Maduro infligió torturas contra opositores, militares y otras personas detenidas, incluidos tres ciudadanos estadounidenses, y presuntamente siguió una estrategia de «represión y torturas» para mantenerse en el poder durante años.

Sobre la imputación por narcoterrorismo, EE.UU. alega que Maduro y Flores conspiraron para distribuir y poseer «cinco kilogramos o más de mezclas y sustancias que contuvieran una cantidad detectable de cocaína» con la intención de proporcionar «valor económico» a personas u organizaciones relacionadas con «actividades terroristas».

Maduro y Flores fueron capturados el pasado 3 de enero por fuerzas estadounidenses en Caracas y trasladados posteriormente a Nueva York, donde permanecen detenidos mientras afrontan el proceso.

La audiencia de mañana supone la lectura formal de los cargos, tras lo que los acusados tienen derecho a declararse o no culpables.

El juicio está programado para junio de 2027, y el próximo 17 de noviembre está prevista otra audiencia en la que el juez abordará una solicitud para desestimar los cargos bajo la figura de la inmunidad soberana, a la que la Fiscalía de EE.UU. se ha opuesto.

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El abogado de Maduro, Barry Pollack, entregó dos mociones al tribunal: una para desestimar toda la acusación con base en la inmunidad soberana y otra, en caso de que esa no prospere, para desestimar solo el cargo de conspiración por narcoterrorismo.

Maduro está acusado de conspiración para cometer actos de narcoterrorismo, importación de cocaína y posesión de armas automáticas, y está preso en un penal de Nueva York, donde se procesa su caso, desde su captura en Caracas el 3 de enero.

En la primera moción, argumentó que un tribunal de EE.UU. no tiene jurisdicción para procesar a Maduro porque es «jefe de Estado de facto» y la conducta en la que se basan los cargos «consiste en actos atribuibles a los cargos oficiales» y a las «facultades del Estado».

«El Tribunal carecería de jurisdicción sobre el señor Maduro si este tuviera derecho o bien a la inmunidad soberana basada en su condición de jefe de Estado o bien a la inmunidad soberana basada en la conducta (…). Tiene derecho a ambas», indicó en el escrito.

Además, pidió cerrar el caso «con perjuicio», lo que impide en la práctica que pueda presentarse la misma acusación.

En la segunda moción, el abogado pidió la retirada del cargo de narcoterrorismo argumentando que el tribunal tampoco tiene jurisdicción y que no está formulado adecuadamente según la ley estadounidense.

El cargo «pretende acusar a un ciudadano extranjero» por una «conducta exclusivamente extranjera sin alegar adecuadamente el elemento jurisdiccional»; no establece su «intención de causar perjuicio a Estados Unidos, sus ciudadanos o sus intereses», y «no está dentro de la autoridad del Congreso para regular», escribió Pollack.

Se esperaba que Maduro solicitara hoy la inmunidad soberana, puesto que vencía el plazo fijado por el juez Alvin Hellerstein para que la defensa presentara sus argumentos.

La Fiscalía de EE.UU. tiene hasta el 2 de octubre para responder a estas mociones, previsiblemente en contra.

La vista para abordar estas cuestiones está programada el 17 de noviembre, antes del juicio, que por el momento está fechado para junio de 2027.

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«Me enorgullece anunciar que Colombia se unirá a la A3C, convirtiéndose en el miembro número diecinueve, y a través del recién investido presidente, como le gusta decir a nuestro presidente, el presidente El Tigre, Colombia ya solicitó que el Departamento de Guerra se sume a Colombia en su lucha contra el narcoterrorismo, autorizando operaciones militares conjuntas para destruir terroristas y redes terroristas», afirmó Hegseth durante una reunión de la colación en Ciudad de Panamá.

Desde la reciente victoria de Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta de las presidenciales colombianas, las relaciones entre Colombia y EE.UU. han retomado su tradición y se han vuelto más estrechas, lejos de la tensa etapa con el expresidente Gustavo Petro.

Después del triunfo en Colombia del líder ultraderechista, Washington ha expresado al país andino apoyo político, cooperación en seguridad y ayuda tras el terremoto del lunes, al volver a consolidar una alianza cercana y afín entre ambos gobiernos.

El Departamento de Estado de EE.UU. dijo con anterioridad que prevé destinar mil millones de dólares a Colombia como parte de un paquete de asistencia en seguridad, algo de lo que se congratuló el pasado 8 de agosto el nuevo vicepresidente colombiano, José Manuel Restrepo.

El paquete contempla robustecer las fuerzas de seguridad colombianas en la lucha contra organizaciones terroristas y criminales transnacionales, mediante tecnología estadounidense, una mayor operatividad y operaciones coordinadas con las fuerzas estadounidenses.

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El político venezolano apareció más delgado, pero con buen aspecto, en una sala de la planta 23 del tribunal federal del Distrito Sur de Nueva York, en la que se podía ver el ‘skyline’ de la Gran Manzana de fondo y estaba repleta de periodistas, de civiles curiosos y juristas.

Maduro, que mantiene su característico bigote y su pelo un poco canoso -aunque mejor cortado que la última vez-, llegó caminando con normalidad y sin rastro de la cojera que había mostrado en anteriores audiencias.

Flores lució también un mejor aspecto que en las otras sesiones. Vistió el mismo uniforme de color caqui que su esposo, con el pelo teñido, una coleta y gafas.

Petición de inmunidad para Maduro

En la audiencia, que duró menos de 20 minutos, se dibujó un primer calendario del proceso judicial de Maduro y Flores.

Hellerstein propuso que el juicio empiece el próximo 1 de junio de 2027, tras dos bloques de mociones en los que la defensa solicitará la inmunidad de los acusados, de acuerdo con la propuesta presentada por la Fiscalía horas antes.

Barry Pollack, el principal abogado de Maduro -que también ha representado al fundador de WikiLeaks, Julian Assange-, avanzó que durante el primer bloque de mociones solicitarán la inmunidad de los acusados alegando que él ejercía como jefe de Estado y ella como primera dama en el momento de la detención.

Con ese argumento, el equipo legal del líder venezolano planteó que las mociones se dividan en dos ya que, a su juicio, si se acepta la inmunidad, no deberá someterse a las de la segunda ronda, en la que la Fiscalía presentará todas las pruebas de la ya concluida investigación.

El juez dio a la Fiscalía hasta el 15 de noviembre para recabar todas las pruebas clasificadas y fijó el inicio de los argumentos orales de la defensa para dos días más tarde, el 17 de noviembre.

Las partes aceptaron la fecha tentativa, pero los abogados de Maduro dejaron la puerta abierta a solicitar una prórroga.

«Déjelos hablar»

Durante la audiencia, se vio a Maduro tomar anotaciones y, una vez levantada la sesión, conversó con su defensa antes de abandonar el tribunal.

Mientras se preparaban para sacar a los acusados de la sala, el juez intervino para que dejaran a Maduro hablar con Pollack.

«Déjelos hablar», dijo en varias ocasiones Hellerstein, permitiéndoles conversar varios minutos.

Una vez terminó la conversación, Maduro se levantó para salir escoltado y antes de abandonar la sala saludó con la mano a las personas que estaban sentadas en las gradas junto a su equipo legal.

Tanto Maduro como Flores se declararon no culpables ante el juez el 5 de enero, cuando fueron presentados ante la justicia de Nueva York.

Maduro se enfrenta a cargos por conspiración para cometer narcoterrorismo e importación de cocaína, mientras que Flores está acusada de delitos relacionados con la importación de drogas y posesión de armas.

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Esta será la tercera audiencia que se celebre en Nueva York tras la captura de la pareja en su residencia de Caracas el pasado enero.

Maduro se declaró no culpable ante la justicia neoyorquina en enero y lleva encarcelado más de medio año en una prisión federal en Brooklyn.

Se espera que en esta audiencia los fiscales y la defensa aborden la clasificación y preparación de las pruebas del caso, así como la presentación de mociones previas al juicio, para el que todavía no hay fecha.

Cambio de fecha para la audiencia de Maduro

Esta audiencia estaba fijada en principio para el pasado 30 de junio, pero la Fiscalía pidió posponerla para mañana debido a los retos de seguridad.

«El Gobierno entiende que el aplazamiento es estrictamente necesario para evitar problemas de programación y cuestiones logísticas relacionadas con garantizar un traslado seguro del acusado y el mantenimiento de la seguridad pública en relación con la fecha actualmente fijada para el 30 de junio», indicó entonces el documento legal presentado.

En junio y la primera mitad de julio, la seguridad de Nueva York tenía todas sus fuerzas puestas en el Mundial de fútbol 2026, que terminó el pasado domingo con la victoria de la selección española.

La audiencia requiere la presencia física del matrimonio en la sala de Manhattan; por lo tanto, el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) necesita desplegar un fuerte dispositivo de seguridad para resguardar su traslado terrestre desde Brooklyn.

Un caso complejo

Durante la vista judicial de este miércoles, la atención se centrará también en el magistrado a cargo, Alvin Hellerstein, de 92 años, quien en la audiencia anterior mostró una voz fatigada y pequeños lapsus, lo que ha despertado dudas entre los expertos sobre su capacidad para conducir un proceso que se prevé largo y de extrema complejidad técnica.

Maduro se enfrenta a cargos por conspiración para cometer narcoterrorismo e importación de cocaína, mientras que Flores está acusada de delitos relacionados con la importación de drogas y posesión de armas.

En audiencias anteriores, la defensa argumentó su inmunidad como jefe de Estado y el propio Maduro llegó a autodefinirse como un «prisionero de guerra».

Según un reciente análisis del diario The New York Times, las cortes estadounidenses podrían «no tener la autoridad para manejar su caso» debido a una ley ratificada por los propios Estados Unidos.

Es posible que mañana los equipos legales de los acusados, liderados por Barry Pollack y Mark Donnelly, intenten anular el proceso basándose, precisamente, en las circunstancias y el procedimiento de su captura en Caracas el pasado 3 de enero de 2026.

El pasado abril, Estados Unidos accedió a modificar las sanciones a Venezuela para permitir que su Ejecutivo pague los honorarios de los abogados que defienden a los acusados, lo que ha sido uno de los puntos más tratados en las audiencias anteriores.

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El magistrado encargado del proceso, Alvin Hellerstein, manifestó dudas sobre la congelación de los fondos venezolanos por parte del Gobierno de EE.UU., que impide que el acusado pueda financiar su defensa.

La defensa de Flores y Maduro solicitó en febrero desestimar el caso después de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) le negara a los acusados la licencia para pagar su defensa con fondos del Gobierno de Venezuela.

Hellerstein, de 92 años y al que hoy se le pudo escuchar la voz algo quebrada, descartó desestimar el caso «porque eso sería tomar una medida demasiado seria».

Por su parte, el fiscal adjunto de Estados Unidos, Kyle Wirshba, alegó al juez que el Gobierno estadounidense debería poder «utilizar sanciones para influir en la política exterior o la seguridad nacional».

No obstante, el magistrado respondió que, dado que Maduro y Flores están detenidos, «no representan ninguna amenaza para la seguridad nacional», y recalcó que «las cosas han cambiado en Venezuela» y que EE.UU. ya «hace negocios» con el país.

Cargos contra Maduro y Flores

Maduro está acusado por la Justicia estadounidense de cuatro cargos: tres de conspiración para cometer narcoterrorismo, importar cocaína y poseer ametralladoras y artefactos destructivos; y un cuarto delito de posesión de esas armas.

Flores, por su parte, está acusada de otros cuatro cargos relacionados: dos de conspiración para importar cocaína, uno de conspiración para poseer armas y otro de posesión de armas.

En su primera comparecencia, Maduro se declaró «no culpable» y se definió a sí mismo como un «prisionero de guerra».

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El ataque ocurrió en el marco de la operación Lanza del Sur, con el que Estados Unidos ha matado a más de 150 personas en estos barcos en el Pacífico y el Atlántico para combatir el narcotráfico en el área de Centroamérica, Sudamérica y el Caribe.

El Comando Sur aseguró que las fuerzas estadounidenses «condujeron un ataque cinético letal en una embarcación operada por organizaciones designadas como terroristas».

«Inteligencia confirmó que la embarcación estaba transitando a lo largo de conocidas rutas de narcotráfico en el Pacífico del este y estaba involucrada en operaciones de narcotráfico. Seis hombres narcoterroristas murieron en esta acción. Ninguna fuerza militar de EE.UU. sufrió daños«, señaló el SOUTHCOM.

Este nuevo ataque llega tras una última operación que dejó tres muertos el 23 de febrero en el Caribe, también por presunto narcotráfico.

La acción también ocurre después del lanzamiento de la iniciativa ‘Escudo de las Américas’ del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien el sábado reunió a más de una decena de líderes latinoamericanos de derecha en Miami.

Como muestra de esta cooperación, el SOUTHCOM de Estados Unidos y Ecuador realizaron la semana pasada su primer operativo militar conjunto contra el narcotráfico en el país suramericano.

Mientras el secretario de Guerra, Pete Hegseth, firmó un acuerdo con casi 20 gobiernos de Latinoamérica y el Caribe el jueves para comprometerlos a luchar contra los «narcoterroristas» tras avisarles que Estados Unidos «está listo» para lanzar una «ofensiva en solitario».

Aunque organizaciones civiles y legisladores han tachado de ilegales estos ataques, el Gobierno de Trump ha argumentado que sus acciones están justificadas porque está en un «conflicto armado» con carteles y organizaciones terroristas.

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«Estados Unidos está preparado para abordar estas amenazas e ir solo a la ofensiva si es necesario. Sin embargo, es nuestra preferencia y es la meta de esta conferencia que, en el interés del vecindario, lo hagamos todo junto con ustedes», declaró Hegseth en su discurso inaugural en Miami.

El funcionario lideró la conferencia inaugural de las ‘Américas contra los carteles’ en la sede del Comando Sur de Estados Unidos (Southcom) en Florida, donde reafirmó que la nueva Doctrina Monroe o ‘Donroe’ del presidente Donald Trump justifica ataques militares a carteles en Latinoamérica.

Hegseth demandó a los invitados, representantes militares y de seguridad de la mayoría de los países de la región, con excepciones como México, Colombia y Brasil, que deben «ir a la ofensiva contra los narcoterroristas».

«Apenas hemos comenzado a trabajar con ustedes. Ustedes deben hacer más y nosotros debemos hacer más para atacar a los grupos narcoterroristas en todas las áreas. Desmantelaremos los carteles de narcoterroristas en este hemisferio y negaremos el acceso a los adversarios estatales que los apoyen«, expresó.

La conferencia ocurre días después de la primera operación militar conjunta de Estados Unidos y Ecuador contra organizaciones «narcoterroristas» en el país suramericano, tras una visita esta semana de Francis Donovan, comandante del Southcom.

Además, la Administración de Trump ha bombardeado 44 embarcaciones presuntamente ligadas al narcotráfico en el Pacífico y el Caribe desde septiembre pasado, lo que ha dejado al menos 150 muertos, bajo la operación ‘Lanza del sur’.

«Somos su socio principal para trabajar, junto y mediante sus naciones, para alcanzar objetivos compartidos, pero cuando sea necesario, no dudaremos en actuar«, alertó el comandante Donovan.

Hegseth justificó sus acciones al citar que «más de 1 millón de estadounidenses» murieron por sobredosis de fentanilo, cocaína y otras drogas bajo la Administración de Joe Biden (2021-2025), mientras que la industria del tráfico humano «explotó» en un 2.000 %.

Aunque América tiene un octavo de la población mundial, concentra un tercio de los crímenes violentos, señaló Hegseth.

Esta es una conferencia operativa para acercar más a nuestros países hacia un objetivo compartido y hacerlo de manera agresiva. No es una calle de una vía, cada socio en esta región tiene que hacer más e invertir más en seguridad también«, comentó el secretario.

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«Destacan iniciativas conjuntas para reforzar controles, el intercambio de información y coordinación operativa, tanto en aeropuertos como en terminales portuarias, a fin de identificar riesgos y prevenir actividades delictivas», agregó el Ejecutivo en un comunicado.

En la cita, que se realizó en el palacio de Gobierno, en Quito, también estuvo presente el comandante del Comando de Operaciones Especiales Sur de EE.UU., contralmirante Mark A. Schafer; el ministro Defensa de Ecuador, Gian Carlo Loffredo; y el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas ecuatorianas, general Henry Delgado.

De acuerdo a la Presidencia, la cita se enmarca «en el diálogo bilateral para profundizar la cooperación y la coordinación frente a amenazas transnacionales que afectan la estabilidad nacional y regional».

La reunión se hizo pública después de que Noboa anunciara en una ceremonia policial que Ecuador realizará este mes «operaciones militares y policiales muy importantes» con «aliados de la región», entre los que está Estados Unidos, en el marco del inicio de una «nueva fase contra el narcoterrorismo y la minería ilegal«.

Durante este Gobierno, la relación con Estados Unidos ha sido cercana, enfocada principalmente en temas de seguridad, por lo que han firmado algunos acuerdos de cooperación, sumado al interés que mostró el país norteamericano de instalar una base militar en territorio ecuatoriano para el control del Pacífico suramericano, lo que fue rechazado en un referéndum impulsado por Noboa en noviembre pasado.

Ecuador vive desde 2024 bajo un estado de «conflicto armado interno«, declarado por el presidente para intensificar la lucha contra las bandas criminales, especialmente dedicadas al narcotráfico, y a las que se le atribuye la escalada de violencia que ha llevado al país a estar a la cabeza del índice de homicidios en Latinoamérica.

Pese a esa declaratoria, el país cerró 2025 con un récord de asesinatos, al contabilizar 9.235, de acuerdo a cifras del Ministerio del Interior.

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Durante una entrevista con la cadena CNN, el asesor presidencial Stephen Miller aseguró que Venezuela «ha enviado mensajes» al secretario de Estado, Marco Rubio, para «dejar claro» que cumplirán «los términos, las demandas y los requisitos de Estados Unidos».

Antes de eso, Miller destacó como un logro la posición actual de Venezuela y aseguró que esto es producto de haber cercado al país durante meses en el mar Caribe con «la Armada más grande de la historia» y por la destrucción de barcos adjudicados -según EE.UU.- al narcotráfico.

Las declaraciones de Miller sucedieron mientras el secretario de Estado, Marco Rubio, junto al secretario de Guerra, Pete Hegseth y la fiscal general, Pam Bondi, se encontraban en el Senado en una sesión informativa privada con los jefes de cada bancada sobre los antecedentes del ataque.

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«Lo vamos a considerar porque si se nos pide, viene de un aliado y amigo. Y es un lugar estratégico, muy estratégico. Obviamente, como país soberano nos tiene que invitar y tiene que ser algo formal, pero lo vamos a considerar muy de cerca», anticipó Rubio, tras reunirse en Quito con el presidente de Ecuador, Daniel Noboa.

El mandatario ecuatoriano pondrá a voto en un referéndum un conjunto de reformas constitucionales, entre las que se encuentra la eliminación de la prohibición para que existan bases militares extranjeras en Ecuador, impuesta en la Constitución de 2008 que promovió el expresidente Rafael Correa.

Reforma a la Constitución de Ecuador

Esto llevó a que Estados Unidos se viese obligado a salir de la base militar que tenía en la costera ciudad de Manta, lo que le confería una posición estratégica dentro del Pacífico Sur Occidental.

«Ecuador es un país soberano. Si nos invitan, lo vamos a considerar. Teníamos bases anteriormente. Nos pidieron que nos fuéramos en los años de Correa y nos fuimos. Si nos invitan a regresar, lo vamos a estudiar. Es un punto muy estratégico. Si nos ayudan, con lo que están enfrentado con la minería ilegal, el narcoterrorismo y la pesca ilegal», señaló Rubio durante la rueda de prensa posterior al encuentro.

La intención de Noboa, a través del referéndum previsto para finales de año, es conseguir modificar parcialmente la Constitución de Ecuador, una reforma que ya obtuvo el visto bueno de la Asamblea Nacional (Parlamento) y de la Corte Constitucional.

Además de sobre las bases militares, al referéndum también preguntará a la ciudadanía sobre el fin de financiar partidos políticos con fondos públicos, la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, la reducción del número de asambleístas y la posibilidad de firmar contratos laborales por horas, entre otros.

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“La semana pasada fue una semana difícil, complicada, para el país y especialmente para la Policía Nacional, que tuvo que enfrentar con valentía y mucha prudencia, a la vez, pero con firmeza, a los grupos delincuenciales”, expresó el funcionario.

En este escenario de “acciones criminales del narcoterrorismo”, la semana pasada hubo seis policías fallecidos y 29 resultaron heridos.

Asimismo, indicó que mantienen operaciones contra los grupos delincuentes conocidos como “los chonekillers” y los “tiguerones”, pero los atentados continúan.

“Esta mañana amanecimos con un atentado contra una Unidad de Policía Comunitaria (UPC) en Guayaquil, e igual, la respuesta ha sido contundente”, se realizó el “uso legítimo” de las armas de fuego, detalló en la cadena televisiva Teleamazonas.

De acuerdo con Salinas, en el siniestro hubo “dos heridos por parte de los atacantes y una persona que tiene hematomas”.

“La respuesta de los narcodelincuentes fue intentar sembrar terror en Guayaquil, Durán, Esmeraldas y Santo Domingo”, señaló la Presidencia en un vídeo, donde el gobernante, Guillermo Lasso, indicó que fueron “atacados deliberadamente por sabotajes y atentados terroristas orquestados por narcodelincuentes”.

Estos “ataques buscaban generar miedo y caos, pero no lo han logrado”, destacó al considerar que esos actos «fueron una declaratoria de guerra” contra la ciudadanía y la democracia.

SE FRUSTA ATAQUE A UPC EN GUAYAQUIL

Delincuentes intentaron atacar una Unidad de Policía Comunitaria en el sector de Bellavista y fueron repelidos por efectivos de la @PoliciaEcuador.

Hay dos heridos que fueron trasladados a una casa de salud y permanecen bajo vigilancia. pic.twitter.com/KdG3J0hsAt

— Periodismo Público Ecuador (@PeriodismoP_Ec) November 7, 2022

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María Gabriela Moncada

Con información de agencias de noticias, medios ecuatorianos y redes sociales

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