A través de su cuenta de X, el CNP detalló que, entre los incidentes contabilizados, 18 corresponden a «hostigamientos», 11 a «amenazas», ocho a «intimidaciones», siete al cierre de emisoras de radio y cuatro al decomiso de equipos usados para el ejercicio del periodismo.

Asimismo, reportó tres «agresiones físicas» y dos verbales, dos robos de equipos, dos ocasiones en las que se borró el material de los periodistas, 2 deportaciones de corresponsales extranjeros, 1 cierre de un canal de televisión y 1 acto vandálico en la sede del CNP.

«El informe revela que la estrategia de control se mantiene firme, buscando la anulación total del periodismo independiente», afirmó la gremial en su cuenta de Instagram, que contabiliza, en total, 21 periodistas detenidos «arbitrariamente» en Venezuela.

Ipys estima que en Venezuela «informar sigue siendo una labor castigada»

En noviembre pasado, la ONG Instituto Prensa y Sociedad (Ipys) de Venezuela denunció el «deterioro sostenido de las condiciones para ejercer el periodismo y el impacto directo de la impunidad en la labor informativa» en el país.

Para Ipys, en Venezuela «informar sigue siendo una labor castigada» y por ello reiteró su llamado a las autoridades a investigar los que consideró como «crímenes contra periodistas», así como «sancionar a los responsables» y «garantizar» que «estas violaciones» no se repitan.

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«Después de 5 días desaparecido, el periodista Joan Camargo recuperó su libertad este 4 de noviembre. Desde el SNTP exigimos una investigación oportuna y sanciones urgentes para los responsables de la desaparición forzosa de la que fue víctima durante más de 100 horas», exigió el sindicato en su cuenta de X.

Horas antes, la madre de Camargo, María Rodríguez, pidió ayuda a las autoridades venezolanas para conocer el paradero de su hijo, luego de afirmar que lo tenían «inocentemente recluido en algún lugar», según un video compartido por el SNTP.

El pasado domingo, la familia comunicó que introdujo ante la Justicia un recurso de habeas corpus para conocer el paradero del periodista. De momento, ni el gobierno ni la Fiscalía se han pronunciado sobre el caso de Joan Camargo.

El lunes, la ONG Justicia, Encuentro y Perdón advirtió del aumento de las detenciones en Venezuela «sin información pública suficiente» de los casos, lo que consideró como un «escenario de inseguridad jurídica y angustia prolongada» debido a esta «opacidad» y también por la «negación del acceso a asistencia legal».

Por su parte, el Instituto Prensa y Sociedad (Ipys) de Venezuela afirmó recientemente que en el país «informar sigue siendo una labor castigada» y por ello reiteró su llamado a las autoridades a investigar los que consideró como «crímenes contra periodistas», así como «sancionar a los responsables» y «garantizar» que «estas violaciones» no se repitan.

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A través de una nota de prensa, Ipys detalló que las «agresiones más comunes» fueron el «hostigamiento y las amenazas (29 casos), el discurso estigmatizante (19), las detenciones arbitrarias (14), las restricciones en internet (33) y las limitaciones de acceso a la información pública (15)».

Además, Ipys aseguró que la «falta de sanciones judiciales ha consolidado un círculo de impunidad en el que los agresores no son procesados, las víctimas no son reparadas y la sociedad se acostumbra al silencio».

Ipys contabiliza dieciocho periodistas y trabajadores de la prensa detenidos en Venezuela, aunque otras organizaciones amplían esta cifra a veintidós. En nueve de estos dieciocho casos, según la ONG, «no ha habido ningún pronunciamiento oficial sobre su paradero ni sobre los procesos judiciales abiertos en su contra».

Para Ipys, en Venezuela «informar sigue siendo una labor castigada» y por ello reiteró su llamado a las autoridades a investigar los que consideró como «crímenes contra periodistas», así como «sancionar a los responsables» y «garantizar» que «estas violaciones» no se repitan.

En 2024, la ONG documentó 383 casos en los que consideró hubo «violaciones» a las garantías informativas en Venezuela, lo que representa un aumento del 64,4 % en comparación con 2023, cuando sumó 233 denuncias.

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La familia del periodista venezolano dijo que, luego de tres días, todavía no se tiene información oficial sobre el paradero de Joan Camargo, así como de «su situación jurídica ni sobre el lugar donde se encuentra», por lo que considera que está en «desaparición forzada».

Asimismo, subrayó que el habeas corpus, que se introduce para solicitar que un detenido sea presentado ante tribunales, debe «resolverse con prioridad y sin demoras», como establece la legislación venezolana, que también señala, añadió la familia, que esto debe ocurrir en «un máximo de 96 horas desde su presentación (la del recurso)».

«Reiteramos nuestra profunda preocupación por la desaparición forzada de Joan Camargo y exigimos su inmediata liberación, así como el respeto a sus derechos humanos y el cumplimiento de las garantías constitucionales y legales que le protegen», manifestó.

El SNTP denunció que el reporteto fue «interceptado» por una «moto y un vehículo del que se bajaron varios hombres que lo obligaron a subir»

La familia del periodista aseguró el viernes que recorrió seis centros de detención en Caracas, pero en todos negaron tenerlo en custodia.

De momento, ni el gobierno ni la Fiscalía han reportado el arresto. De confirmarse que se trata de una detención, el número de periodistas y trabajadores de la prensa encarcelados en Venezuela ascendería a 23, según el SNTP.

El domingo, la ONG Instituto Prensa y Sociedad (Ipys) de Venezuela afirmó que en el país «informar sigue siendo una labor castigada» y por ello reiteró su llamado a las autoridades a investigar los que consideró como «crímenes contra periodistas», así como «sancionar a los responsables» y «garantizar» que «estas violaciones» no se repitan.

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La institución hace un llamado urgente para que se respeten y mejoren las condiciones de libertad de expresión en el entorno digital en el país. En los últimos años, han observado con preocupación diversos casos que van en detrimento de estas libertades.

Ha identificado bloqueos a portales informativos, suplantaciones de identidad, campañas de desprestigio en redes sociales, problemas de conectividad, así como suspensiones arbitrarias de perfiles en plataformas sociales, entre otras limitaciones.

El informe anual compartido en marzo reveló la documentación de un total de 27 incidencias en el entorno digital durante el año 2022. Estos incidentes abarcaron desde bloqueos a páginas web de medios de comunicación hasta ataques cibernéticos y otras formas de violaciones digitales.

Es fundamental reconocer la importancia de salvaguardar las libertades digitales en el contexto actual, donde el acceso a la información y la libertad de expresión en línea son fundamentales para el ejercicio pleno de los derechos ciudadanos.

IPYS insta a las autoridades y a la sociedad en su conjunto a tomar medidas concretas para garantizar un entorno digital abierto, seguro y respetuoso de los derechos fundamentales de los ciudadanos.

👩‍💻Para conocer cuáles fueron los medios de comunicación afectados por bloqueos digitales durante 2022, lee este #24May nuestro Reporte Anual Derechos Digitales 2022. https://t.co/Fp24C9IWLU pic.twitter.com/8CDPUd2Xbs

— IPYS Venezuela (@ipysvenezuela) May 17, 2023

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“Se trata de un balance cuatrimestral que resume las restricciones informativas documentadas en el territorio venezolano entre enero y abril de 2023. Este reporte detalla que al menos 115 violaciones a las garantías informativas comprendidas en 73 casos fueron constatadas durante los primeros cuatro meses del año», indicó Ipys.

El reporte del organismo refleja que el estado Trujillo, con ocho casos, fue la entidad donde se documentaron más limitaciones informativas, seguido por el estado Aragua y el Área Metropolitana de Caracas, con cuatro incidentes cada uno.

El balance detalla además que enero, con 22 casos, fue el mes en el que se registraron más denuncias de restricciones a las libertades informativas en lo que va de 2023.

El reporte cuatrimestral reflejó además que la mayoría de las vulneraciones fueron perpetradas por actores desconocidos, seguidos de gobernaciones y sus dependencias, los cuerpos de seguridad del Estado y los ministerios y sus dependencias.

Los reporteros, con 63 registros, fueron los profesionales más afectados por los ataques contra la prensa durante el primer cuatrimestre de 2023, donde 58 de ellos fueron hombres y 41 mujeres.

El informe fue presentado como parte del 30° aniversario de la proclamación del Día Mundial de la Libertad de Prensa, que se conmemora este 3 de mayo por iniciativa de la ONU.