«Jesús también llama a sus discípulos a ser pacificadores, personas que construyen puentes en lugar de muros, personas que valoran el diálogo y la unidad en lugar de la división. Por favor, eviten usar categorías políticas para hablar de la fe. Hablen de la Iglesia. La Iglesia no pertenece a ningún partido político; más bien, ayuda a formar la conciencia», aseguró el papa por videoconferencia.

León XIV, que ha hablado en defensa de la dignidad y el trato humano hacia los inmigrantes y criticado el trato «extremadamente irrespetuoso» que han recibido en EE.UU., respondió así a una pregunta sobre sus anhelos para con el futuro de la Iglesia y el rol que los jóvenes pueden jugar.

El pontífice aseguró que los jóvenes son parte esencial del presente y futuro de la iglesia católica y que lo primero en lo que hay que pensar en este sentido es «en profundizar la amistad con Jesús», en línea con la experiencia de sus primeros discípulos.

«Esto significa conversión personal, dejar que Dios transforme nuestros corazones», añadió León XIV.

Durante el evento, celebrado en Indianapolis, el sumo pontífice también dialogó con cinco jóvenes sobre temas como la salud mental, la construcción de relaciones personales o el equilibrio entre fe y las nuevas tecnologías, incluida la inteligencia artificial (IA).

El papa también instó a los jóvenes a usar la IA -la cual consideró incapaz de sustituir a la inteligencia humana- de manera «responsable», para que fomente el crecimiento personal y no distraiga de la educación o de la «vocación a la santidad».

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El magistrado Ricardo Martínez, del Distrito Oeste de Washington en Seattle, bloqueó una directiva del Departamento de Salud y Servicios Humanos emitida en julio pasado que buscaba excluir a las familias de participar en varios programas debido a su estatus migratorio.

El HHS había reinterpretado la definición de “beneficio público federal” en una política de 1996, conocida como PRWORA, que permite a los inmigrantes indocumentados acceso a ciertos beneficios federales de salud.

En concreto, el Gobierno Trump prohibió a indocumentados acceder a muchos beneficios estatales y locales como Head Start, un programa preescolar dirigido a niños menores de cinco años financiado con recursos federales.

“Hoy el tribunal fue claro: el HHS no tiene la autoridad para imponer una restricción basada en la inmigración a las familias de Head Start”, dijo en un comunicado Jennesa Calvo-Friedman, abogada del Proyecto de Derechos de la Mujer de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles, que representa a los demandantes.

La abogada recalcó que ningún niño ni ninguna familia debería tener miedo de acceder a servicios esenciales de aprendizaje temprano como Head Start.

El fallo del juez Martínez se da después de que una coalición de 21 estados ganara una demanda para detener la implementación de la nueva política del HHS.

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El director del servicio de Ciudadanía e Inmigración, Joseph Edlow, afirmó que el examen actual para la ciudadanía es «demasiado fácil» y que se necesita un formato más riguroso que evalúe mejor el conocimiento cívico y constitucional de los aspirantes.

Cambios en las pruebas para la ciudadanía

Durante un evento este jueves en Washington, organizado por el Centro de Estudios para la Migración, Edlow detalló que los cambios podrían incluir elevar el puntaje mínimo y añadir un ensayo escrito donde el solicitante explique qué significa ser ciudadano estadounidense.

Como parte de su estrategia el servicio reactivará entrevistas con vecinos y compañeros de trabajo de los solicitantes de ciudadanía, una práctica que no se usaba desde la presidencia de George W. Bush, y busca reforzar sus investigaciones con agentes especiales.

Edlow subrayó que la agencia está abandonando un modelo centrado en la atención al solicitante para adoptar uno enfocado en la aplicación estricta de la ley, declarando una «guerra al fraude» en el proceso de naturalización.

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El Departamento de Estado detuvo recientemente la emisión de visas de trabajo para inmigrantes que buscan convertirse en conductores de camiones comerciales en Estados Unidos.

El secretario de Estado, Marco Rubio, atribuyó la suspensión al “creciente número” de conductores extranjeros que operan camiones con remolque en las carreteras estadounidenses que pone en peligro la vida de los estadounidenses y socava el sustento de los camioneros nacidos en EEUU.

“El gobierno está siendo muy injusto porque muchos de nosotros llevamos años conduciendo por las carreteras estadounidenses ayudando al país, trabajamos en la pandemia llevando mercancías y en ese momento no le quitábamos el trabajo a nadie”, opina a EFE Salvador, un inmigrante salvadoreño que no quiso revelar su apellido por temor a represalias.

El conductor que está amparado por el Estatus de Protección Temporal (TPS) asegura que teme que la Casa Blanca busque revocar su licencia comercial, lo deje sin trabajo e incluso pueda terminar deportado.

El miedo del inmigrante no es infundado, y es que el Gobierno ha emitido una serie de medidas para limitar el trabajo de camioneros inmigrantes en el país.

Desde junio el Departamento de Transporte de EE.UU. exige una prueba de inglés para los conductores de carga, en cumplimiento de una orden ejecutiva firmada por el mandatario estadounidense en abril.

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La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, publicitó la nueva estrategia cuando se cumplen siete meses de la llegada del mandatario republicano a la Casa Blanca con la promesa de reducir a cero la inmigración indocumentada.

“Este muro es parte de la diferencia. Demasiado alto para escalarlo. Demasiado estrecho para atravesarlo. Y ahora, por orden del presidente, será pintado de negro, tan caliente al tacto que los inmigrantes ilegales ni siquiera lo intentarán”, dijo la funcionaria.

 

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Noem estuvo en una sección del muro fronterizo sur en Santa Teresa (Nuevo México), donde explicó a los agentes la nueva estrategia de la Casa Blanca para aumentar la temperatura de la estructura metálica actualmente de color marrón y, por lo tanto, dificultar su escalada, además de aumentar la vida útil del metal.

La secretaria explicó que la nueva pintura se realizó “específicamente” a petición del presidente Donald Trump. Destacó que la renovación del muro ayudará a los agentes de la Oficina de Protección Fronteriza y Aduanas (CBP) a hacer su trabajo.

La Casa Blanca también está invirtiendo en tecnología, cámaras, sensores e infraestructura fluvial en la frontera suroeste.

De interés: Fiscal de Nueva York dice que ICE viola ley al retener inmigrantes en su sede

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El señalamiento es parte de un documento que la Fiscalía presentó como «amigos de la corte», en la demanda presentada contra ICE por un grupo de inmigrantes detenidos en su oficina local, en el edificio 26 Federal Plaza en Manhattan, que alberga varias agencias federales.

James indicó en un comunicado que su acción busca poner fin al trato ilegal a los inmigrantes arrestados en Nueva York, incluidos aquellos detenidos después de asistir a los procedimientos de la corte de inmigración y a las citas de registro de rutina en la oficina local.

Condiciones en la sede de ICE Nueva York

La demanda presentada por los detenidos alega que el Gobierno federal mantiene a decenas de personas en pequeñas habitaciones durante días en condiciones deficientes. Según han reclamado los inmigrantes en su demanda, están hacinados en habitaciones con un solo inodoro y un lavamanos, y no se les proporcionan camas ni colchonetas para dormir.

Aseguran además que reciben solo dos comidas al día, no hay personal médico disponible durante la noche, y no se permite la visita de familiares ni abogados.

La fiscal argumentó que hasta junio, las directrices de ICE limitaban el uso de las salas de detención de sus oficinas locales a un máximo de doce horas, «pero informes recientes han revelado que cientos de personas han estado retenidas allí durante días en condiciones inseguras e insalubres».

La Fiscalía pidió al tribunal que dé paso a la moción de los demandantes y emita una orden preliminar para que ICE cumpla con la ley y mejore las condiciones «inhumanas» de los detenidos.

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Tom Homan, el zar fronterizo de Estados Unidos, dijo a la prensa que ha leído muchas noticias falsas sobre la posibilidad de que la administración republicana esté planeando favorecer a ciertos indocumentados.

Homan también se refirió a las provisiones de un proyecto bipartidista presentado en el Congreso esta semana que daría una vía a la residencia permanente a algunos indocumentados subrayando que Trump no firmará ninguna amnistía.

Su negativa, sin embargo, contradice declaraciones pasadas del presidente Trump, quien se ha mostrado preocupado por el golpe a los agricultores, después de varias redadas en campos de California.

«Creo que pronto tendremos una orden al respecto«, añadió. «No podemos hacerle eso a nuestros agricultores, ni a los establecimientos de ocio ni a los hoteles», agregó.

Política para indocumentados

Días después el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) aclaró que las redadas continuarían en los campos, y Trump volvió a decir que no quería perjudicar a los agricultores.

Pero Homan, el encargado en ayudar a implementar la política migratoria de Trump, enfatizó que «no habrá amnistía», tras ser cuestionado sobre las posibles exenciones para las deportaciones de trabajadores agrícolas.

Tras las redadas en campos agrícolas, rancheros, dueños de granjas, e incluso legisladores republicanos han presionado al Gobierno Trump para que reduzca los operativos migratorios en los cultivos.

Aproximadamente un millón de personas trabajan en el campo en Estados Unidos, y cerca del 40% de ellas carecen de un estatus migratorio regular.

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Alrededor de 722 personas fueron detenidas en la región metropolitana de Los Ángeles en los diez primeros días de junio, cuando las autoridades del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) iniciaron las redadas, de acuerdo a las cifras obtenidas por el Proyecto de Datos de Deportación de la Facultad de Derecho de la Universidad de California Berkeley.

El rotativo angelino analizó las cifras y encontró que el 69 % de los arrestados durante ese período por ICE no tenía antecedentes penales y el 58 % nunca había sido acusado de ningún delito.

Los datos contradicen al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que este martes dijo en un comunicado que desde el pasado 6 de junio ICE y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) iniciaron una operación “para expulsar a los peores delincuentes extranjeros ilegales”.

Al respecto, la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, dijo la semana pasada en una entrevista con la CNN que a pesar de que la Casa Blanca había dicho que iba a perseguir a delincuentes violentos se había enfocado en trabajadores.

“No era una guarida de narcos, era un Home Depot«, dijo Bass cuestionando los espacios en los que se estaban llevando a cabo las redadas.

El análisis de Los Angeles Times encontró que la edad promedio de los arrestados era de 38 años y que, en su mayoría, se trataba de hombres. Casi el 48 % eran mexicanos, el 16 % guatemaltecos y el 8 % salvadoreños.

De interés: El Supremo de EEUU da vía libre para deportar migrantes a terceros países

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Trump anunció el despliegue de 2.000 soldados de la Guardia Nacional de California para, según él, contrarrestar manifestaciones focalizadas, que ya fueron controladas y no representaban ningún problema de seguridad, contra las redadas migratorias en Los Ángeles, el condado más poblado de Estados Unidos con cerca de 10 millones de habitantes.

Por el contrario, los defensores de los derechos civiles han advertido que la decisión del Gobierno Trump representa “una amenaza” para la metrópoli.

“Esta es una peligrosa escalada que pone en riesgo a las comunidades estadounidenses y a nuestra democracia”, dijo este domingo en un comunicado Neera Tanden, directora ejecutiva del Centro para el Progreso Americano.

Esta es la primera vez en 60 años que un presidente estadounidense despliega la Guardia Nacional de cualquier estado sin contar con la autorización del gobernador a cargo, que es el comandante en jefe de las fuerzas militares estatales.

La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) condenó desde ayer el despliegue de las tropas y dijo que estudia imponer una demanda.

La administración republicana tomó la decisión a pesar de que funcionarios electos, la Policía y el alguacil de Los Ángeles confirmaron que las protestas, que en su mayoría se mantuvieron pacíficas, estaban contenidas.

La mayor queja de Trump es el “supuesto” daño del edificio federal que alberga la cárcel migratoria de Los Ángeles, que este domingo luce con grafitis contra el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

Tom Homan, el conocido como ‘zar de la frontera’ designado por Trump, amenazó hoy con arrestar a Bass y Newsom, «si se exceden» en sus competencias sobre el despliegue de soldados, en la que negó la afirmación previa del gobernador demócrata de que la Administración Trump estaba creando un «espectáculo”.

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Un panel del Undécimo Tribunal de Apelaciones de EE.UU. denegó por unanimidad la solicitud del fiscal de Florida James Uthmeier, para suspender el fallo de un tribunal inferior que mantiene bloqueada la controvertida medida desde el mes pasado.

El fallo inicial contra la SB 4-C, impulsada por el gobierno de Ron DeSantis, señala que la ley es probablemente inconstitucional, por lo que detuvo su implementación mientras continúa el proceso legal.

La ley permite el arresto y encarcelamiento de personas que hubieran ingresado al país sin inspección, incluso si habían regularizado su estatus migratorio y no habían cometido ningún otro delito.

Además, obliga a mantenerlas en prisión preventiva sin considerar sus circunstancias particulares. Organizaciones defensoras de derechos de los inmigrantes sostuvieron que esta ley no solo era cruel, sino que también violaba la ley federal y los derechos constitucionales básicos.

Coalición de Inmigrantes de Florida

La demanda contra la ley aprobada en febrero pasado fue presentada en nombre de la Coalición de Inmigrantes de Florida, la Asociación de Trabajadores Agrícolas de Florida y varias personas afectadas en nombre de todos los afectados por la ley.

Bacardi Jackson, directora ejecutiva de la ACLU de Florida, dijo en un comunicado que la decisión del tribunal de apelaciones “ no es solo una victoria legal, sino un rotundo rechazo a la crueldad disfrazada de política”.

“Los legisladores de Florida intentaron usar el miedo como ley y la discriminación racial como forma de gobierno. La SB 4-C fue un flagrante abuso de poder diseñado para castigar a los inmigrantes y dividir a nuestras comunidades”, agregó la abogada.

Por su parte, Cody Wofsy, subdirector del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU, dijo que la decisión del Undécimo Circuito “se suma” a otros tribunales en Florida, Texas y Oklahoma, entre otros estados que han analizado estas leyes antiinmigrantes y las han bloqueado

El abogado agregó que es hora de que los estados entiendan el mensaje: “las leyes estatales de inmigración son inconstitucionales”.

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Trump firmó este miércoles la orden ejecutiva que prohíbe la entrada de inmigrantes de Afganistán, Birmania, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen y limitado las procedentes de Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela.

De acuerdo con la orden del mandatario, los 12 países con prohibición total «son deficientes en cuanto a la detección y el control y representan un riesgo muy alto para los Estados Unidos».

«No podemos permitir una migración abierta desde ningún país en el que no podamos realizar una evaluación y un control seguro y confiable. Por eso hoy firmo una nueva orden ejecutiva que impone restricciones de viaje a países como Yemen, Somalia, Haití, Libia y muchos otros», indicó el presidente.

En un video en la página de X de la Casa Blanca, Trump indicó que el reciente incidente en Colorado, contra judíos, es un ejemplo de los peligros «extremos» que representa para EE.UU. la entrada de extranjeros que no han sido examinados adecuadamente, así como de aquellos que llegan aquí como visitantes temporales y se quedan más tiempo del permitido por sus visas.

Aseguró que debido a ello ahora hay «millones y millones» de inmigrantes sin estatus legal en el país y recordó que durante su primer mandato también emitió prohibiciones de viaje -a nacionales de paises musulmanes,- «una de nuestras políticas más exitosas y fueron clave para prevenir grandes ataques terroristas extranjeros en suelo estadounidense».

Ese consideró la presencia a gran escala de terroristas, la falta de cooperación en materia de seguridad de visas, la imposibilidad de verificar la identidad de los viajeros y los registros inadecuados, entre otros.

El presidente indicó que la lista está sujeta a revisión en función de si se realizan mejoras materiales y, asimismo, se pueden agregar nuevos países a medida que surjan amenazas en todo el mundo.

De interés: Supremo permite al gobierno Trump retirar la residencia temporal a migrantes

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La secretaria del DHS, Kristi Noem, aseguró en una audiencia ante el Senado que «no tiene planes de realizar un ‘reality’ show», luego que de fuera interpelada sobre la participación de la Administración en la producción.

La inédita posibilidad de que EE.UU. diera luz verde a una competencia televisiva cuyo fin sea obtener la naturalización en el país, fue reportada inicialmente por el diario británico The Daily Mail, que informó sobre el supuesto respaldo de Noem, algo que funcionarios de su departamento negaron.

La subsecretaria de la agencia, Tricia McLaughlin, aseguró en comunicado remitido a EFE la semana pasada que Noem «no ha respaldado ni conoce la propuesta de ningún programa de ficción o telerrealidad», aunque añadió en ese entonces que el plan «no ha recibido aprobación, ni rechazo del personal».

Propuesta del reality para inmigrantes

La portavoz admitió que la agencia gubernamental «recibe cientos de propuestas para programas de televisión al año» y que cada una «se somete a un riguroso proceso de selección antes de su rechazo o aprobación».

El productor Rob Worsoff, quien llevó la idea al DHS, aseguró al diario que el programa está pensado como «una celebración de ser estadounidense y del privilegio de ser ciudadano de Estados Unidos».

«Esto no es ‘Los Juegos del Hambre’ para inmigrantes», dijo. «Esto no es: ‘Si pierdes, te enviaremos en barco fuera del país’».

Los reportes de que el DHS estaba evaluando esta propuesta se dieron a conocer cuando la agencia se mueve rápidamente para impulsar la agenda del presidente, Donald Trump, quien regresó al poder en enero con una política de mano dura contra la inmigración, que incluye promesas de una histórica deportación masiva de indocumentados.

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El 20 de enero, día de su investidura, Donald Trump firmó uno de sus decretos más criticados. Su objetivo: negar ese derecho a los hijos de migrantes en situación irregular o bajo estatus de residencia temporal, como asilo o visas.

El principio de ciudadanía por derecho de nacimiento está consagrado en la 14ª Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que lleva en vigor más de 150 años y determina que cualquier persona nacida en suelo estadounidense es ciudadana.

El decreto de Trump fue impugnado y suspendido por los tribunales de distrito de Maryland, Massachusetts (ambos en el noreste) y el estado de Washington (noroeste). Lo consideran inconstitucional.

Magistrados demócratas y republicanos han congelado otras iniciativas de Trump, muchas de ellas migratorias.

Ante esta situación su gobierno presentó un recurso de emergencia ante la Corte Suprema, integrada por nueve magistrados de los cuales seis son conservadores. Le pide que restrinja la aplicación de la orden judicial a las partes que presentaron el caso y al distrito donde preside el juez.

«Los tribunales han emitido 40 medidas cautelares universales contra el gobierno federal», afirmó el asesor jurídico de la administración John Sauer, quien argumentó a favor de Trump en la vista judicial.

De interés: Tribunal rechaza recurso de Trump para revocar ciudadanía por nacimiento

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Esta proclamación exige que los agentes sean retirados de entidades estatales y locales, entre otros lugares, pero no indica cómo se financiaría tal esfuerzo.

“A más tardar 60 días después de la fecha de esta proclamación, el Secretario de Seguridad Nacional complementará las operaciones de cumplimiento y deportación existentes mediante la delegación y contratación de agentes del orden público estatales y locales, ex agentes federales, agentes y personal de otras agencias federales y otras personas para aumentar la fuerza de operaciones de cumplimiento y deportación del Departamento de Seguridad Nacional en no menos de 20.000 agentes con el fin de llevar a cabo una campaña intensiva para expulsar a los inmigrantes ilegales que no han salido voluntariamente”, anota el comunicado de la Casa Blanca.

En el texto, Trump indica que es su “obligación legal” ejercer todas las herramientas a su disposición para poner “fin a esta invasión, expulsar a los invasores extranjeros ilegales de Estados Unidos y proteger al pueblo estadounidense”.

“Esta proclamación establece el Proyecto de Regreso a Casa, que ofrecerá a los extranjeros ilegales una opción: salir de Estados Unidos voluntariamente, con el apoyo y la asistencia financiera del Gobierno Federal, o quedarse y afrontar las consecuencias”, añade el comunicado.

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El documento, presentado por el Departamento de Justicia de Kristi Noem, pide a los tribunales que detengan la orden interpuesta por la jueza de Massachusetts, Indira Talwani, el pasado 15 de abril.

Esta disposición bloqueó temporalmente el intento del Gobierno de Trump por revocar el estatus legal y los permisos de trabajo de cientos de miles de beneficiarios de un programa humanitario para migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.

Con la emisión de esta orden, «el tribunal de distrito realizó la misma revisión que el Congreso prohibió: anulando innecesariamente políticas migratorias cruciales, cuidadosamente diseñadas para disuadir la entrada ilegal, viciando prerrogativas fundamentales del Poder Ejecutivo y deshaciendo políticas aprobadas democráticamente que tuvieron un papel importante en las elecciones de noviembre», indica el texto presentado ante el Supremo.

El Supremo «debería suspender la orden del tribunal de distrito. Por lo general, un extranjero que llega a EE.UU. y no puede demostrar su admisibilidad es expulsado sin demora o detenido en espera de los procedimientos de expulsión», agrega el escrito de 27 páginas, firmado por el procurador general John Sauer.

Órdenes de Trump

En octubre de 2024, antes de las elecciones presidenciales, la Administración de Biden anunció que no renovaría el conocido como ‘parole humanitario’, lo que significaba que los beneficiarios no podían extender su estatus legal más allá de los dos años estipulados inicialmente.

Trump ordenó revocar este programa migratorio, que protege a cerca de 530.000 venezolanos, cubanos, nicaragüenses y haitianos de su deportación, y se instauró durante el Gobierno del demócrata Joe Biden (2021-2025) en un intento por ampliar las vías legales para migrar a Estados Unidos y reducir los cruces fronterizos irregulares.

Pero la jueza Talwani, nominada por el expresidente Barack Obama (2009-2017), especificó que el Gobierno debe respetar la fecha de vencimiento y no puede eliminarlo de forma anticipada sin una revisión caso por caso.

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Trump invita, además, a los indocumentados a usar una aplicación recién lanzada por el Gobierno estadounidense en la que pueden informar a la administración que abandonan el país, según el video.

ILLEGAL ALIENS: Download the CBP Home App – Now Available on All App Stores

Do it the easy way, or get deported the hard way. pic.twitter.com/Kb3GgAl7it

— The White House (@WhiteHouse) March 18, 2025

El video, de 90 segundos, forma parte de una campaña publicitaria más amplia destinada a animar a estos inmigrantes a irse antes de que las autoridades estadounidenses los detengan.

Esta iniciativa surge en un momento en el que el gobierno del republicano Donald Trump se está esforzando por deportar a miles de inmigrantes indocumentados, pero no cuenta para ello con suficientes fondos, espacios de detención, agentes e infraestructura, agrega el medio.

 

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La orden pretende modificar la interpretación actual de la Enmienda 14 de la Constitución de EE.UU., que establece que toda persona nacida en suelo estadounidense obtiene automáticamente la nacionalidad, independientemente del estatus migratorio de sus padres.

En la práctica, la eliminación de la ciudadanía por derecho de nacimiento impediría que el Departamento de Estado emitiera pasaportes a los niños nacidos de padres indocumentados y que la Administración de la Seguridad Social los reconociera como ciudadanos, lo que dificultaría su acceso a derechos básicos y la posibilidad de trabajar legalmente en el país.

Quitar la ciudadanía por derecho de nacimiento ha sido una demanda recurrente de grupos conservadores. Trump ya había amenazado con revocar este derecho mediante una orden ejecutiva durante su primer mandato (2017-2021), aunque nunca llegó a hacerlo.

La Casa Blanca no ha detallado cómo se implementará esta medida, que previsiblemente enfrentará desafíos legales en los tribunales y que muchos expertos consideran inconstitucional.

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Los datos publicados por el Ministerio del Interior de España reflejan un aumento del 236,6 % en el número de llegadas irregulares desde el 1 de enero hasta el 15 de abril de este año en comparación con el mismo periodo de 2023, con 12.321 personas más.

La gran mayoría de inmigrantes llegaron a las islas atlánticas de Canarias, con 14.030 personas en 212 embarcaciones precarias como pateras o cayucos, con un aumento del 490,5 % respecto al número alcanzado en 2023 (2.376).

La conocida como ruta canaria de inmigración -desde la costa de África Occidental hasta las islas Canarias a través del Atlántico- es una de las más peligrosas del mundo, según las estadísticas de entidades como la Organización de Naciones Unidas para las Migraciones (OIM).

El resto de llegadas de inmigrantes corresponden a las islas mediterráneas de Baleares, a Ceuta y Melilla -ciudades españolas en el norte de África- y a la costa mediterránea de la España peninsular.

» 🔴 #EXCLUSIVA | Más de 50.000 inmigrantes ilegales han entrado en #Europa en lo que va de año.
🇪🇸 #España lidera todas las estadísticas.
🇮🇨 Sólo #Canarias, con más de 14.000 entradas ilegales, recibe más del 25% de toda la inmigración ilegal en #Europa. pic.twitter.com/vFnu5H7NNj

— Sephe (@Sett_Sepp) April 16, 2024

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Fiorella Tagliafico R.

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Fuente de imagen referencial principal: EFE/Carlos de Saá

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El proyecto de ley, al que se opusieron hace unos días los legisladores republicanos, habría eliminado un déficit presupuestario de 700 millones de dólares y su fracaso supondrá que Estados Unidos reduzca su capacidad para retener detenidos.

Así, señala The Washington Post citando a fuentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés), tras el fracaso de la ley funcionarios del ICE han comenzado a hacer circular una propuesta interna para ahorrar dinero que supondría la liberación de «miles de detenidos» y reduciendo la capacidad de los centros de detención de 38.000 a 22.000 camas.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) del que depende el ICE podría intentar cubrir el déficit de financiación utilizando dinero de otras agencias como la Guardia Costera y la Administración de Seguridad del Transporte.

El proyecto de ley fronterizo bipartidista al que se opusieron los legisladores republicanos la semana pasada habría proporcionado 6.000 millones en fondos suplementarios para las operaciones de control de ICE.

A su vez, obligaría al gobierno federal a impedir que las personas que crucen de manera irregular puedan solicitar protección cuando se registren más de 8.500 arrestos en un día.

EE.UU. estudia liberar a miles de inmigrantes detenidos por falta de fondos, según el WP https://t.co/YBmXTI34QC

— Agencia NDS (@agenciaNDS) February 14, 2024

De interés: La aplicación CBP One, una vía para el asilo en EE.UU.

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Desde la majestuosidad del Palacio Apostólico, el Pontífice lamentó la trágica realidad que vive esta población vulnerable y enfatizó la urgente necesidad de una respuesta humanitaria para aliviar su sufrimiento.

Desafíos humanitarios en la ruta migratoria

El líder de la Iglesia católica subrayó la complejidad de la crisis migratoria, especialmente para las familias con niños, quienes, engañadas por falsas promesas de rutas cortas y seguras, se aventuran en recorridos peligrosos.

El Papa describió cómo muchos son maltratados y robados en el camino, enfrentando una realidad que contradice las esperanzas que inicialmente los impulsaron a emprender el viaje hacia un futuro mejor.

Francisco enfatizó que la solidaridad y la compasión son esenciales para abordar esta situación humanitaria. Su llamado resonó como un recordatorio de la importancia de actuar con empatía y urgencia frente a la crisis que afecta a aquellos que buscan refugio y mejores oportunidades en medio de desafíos difíciles.

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Gabriel Velásquez

Con información de medios internacionales

Fuente de imagen referencial: Unsplash/Isaac Quesada

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