A través de un comunicado publicado por Prensa Presidencial en Telegram, la mandataria indicó que solicitó la colaboración de la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía General para esta investigación.

Asimismo, lamentó el fallecimiento de Carmen Teresa Navas, madre del preso político.

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«Esta infamia constituye una violación flagrante del derecho internacional, un atentado contra nuestra soberanía y una grosera intromisión en los asuntos internos de un Estado soberano», dijo el fiscal general, Tarek William Saab, al leer un comunicado suscrito por las tres instituciones.

Asimismo, consideran que Estados Unidos insiste en recurrir a prácticas «propias de regímenes coloniales universalmente rechazados desde hace siglos, utilizando su aparato judicial como instrumento de persecución política global».

A juicio de los integrantes del Poder Ciudadano, pretender vincular a Maduro con «estructuras criminales», no es «solo una calumnia infame, sino un intento de construir un expediente artificial que no resiste el menor análisis serio, técnico o jurídico».

«Frente a esta narrativa falsa y malintencionada hay una verdad irrebatible, el Estado venezolano bajo el liderazgo del presidente Nicolás Maduro y en coordinación con los órganos del sistema de Justicia, ha impulsado una política firme, sostenida y eficaz contra el crimen organizado, el narcotráfico y todas las formas de delincuencia transnacional», añadieron.

Ante esto, denunciaron esta campaña como una «operación ilegítima, que atenta contra los principios de no injerencia y de autodeterminación de los pueblos».

 

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Durante el pleno, la diputada Carolina García explicó que el Poder Ciudadano, que incluye la Fiscalía General, la Contraloría General y la Defensoría del Pueblo, fue incluido en la Constitución aprobada en 1999 como una rama del poder público, rompiendo con la «estructura clásica» en la división de poderes.

El presidente de la comisión será el diputado Giuseppe Alessandrello.

En agosto de 2017, la extinta Asamblea Nacional Constituyente (ANC), un foro integrado únicamente por oficialistas que ejerció en el país durante dos años, designó a Tarek William Saab como fiscal general, luego de aprobar la destitución de Luisa Ortega Díaz, así como su inhabilitación para el ejercicio de cualquier cargo público.

La ANC acusó a Ortega de cometer «actos inmorales», y a su esposo, el exdiputado Germán Ferrer, de ser parte de una trama de extorsión que presuntamente operaba desde la Fiscalía.

Posteriormente, en octubre de 2018, la ANC designó como nuevo contralor general a Elvis Amoroso, que ocupó el cargo hasta 2023, cuando lo dejó por ser nombrado presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), donde se mantiene hasta la fecha.

De acuerdo con la legislación venezolana, las designaciones del contralor, fiscal y defensor corresponde al Parlamento, entonces controlado por la oposición y declarado en «desacato» por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), por lo que la ANC hizo uso de su carácter plenipotenciario para asumir estas tareas.

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“Lo que pasó aquí fue una tentativa de golpe por  gente preparada. No sé si el expresidente lo ordenó, pero lo que sé es que tiene culpa porque se pasó cuatro años instigando odio”, denunció Lula en un acto con representantes sindicales en el Palacio de Planalto, en Brasilia.

El mandatario progresista también responsabilizó al líder ultraderechista, al que derrotó en las elecciones presidenciales el pasado mes de octubre, de “mentir a la sociedad”, insistiendo en que “el pueblo tenía que estar armado para garantizar la democracia”.

“La democracia se garantiza con cultura, con libros, con debate, con educación, con comida, con empleo…”, enumeró el gobernante, que asumió el poder el pasado 1 de enero.

Bolsonaro, quien actualmente se encuentra en Estados Unidos sin una previsión oficial sobre su regreso a Brasil, fue incluido, a petición de la Fiscalía General, en la lista de investigados de la Corte Suprema por “incitar” la intentona golpista del pasado 8 de enero.

Lula también denunció la semana pasada que “muchos” policías y militares fueron conniventes con el caos generado en la capital brasileña el 8 de enero, que dejó un balance de unos 1.800 detenidos.

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Gabriela Morales

Con información de agencias de noticias y medios internacionales

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«Gracias a las respuestas inmediatas del Ministerio Público (MP, Fiscalía), se dio a conocer a los responsables del siniestro causado en los galpones del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), ubicado en la zona industrial de Antímano de la ciudad caraqueña», indicó el Ministerio de Salud en una nota de prensa.

El ente indicó que tras las investigaciones se determinó que el incendio «fue provocado» con la participación de estas personas, «quienes realizaban custodia de los suministros e insumos médicos destruidos por sus acciones perpetradas».

La Fiscalía General de Venezuela emitió una orden de aprehensión contra Miranda y Cambero para ser presentados ante el Tribunal Segundo contra el Terrorismo, por los delitos de terrorismo y asociación para delinquir.

Venezuela recibió el viernes un tercer cargamento con 300.000 insumos para diálisis, sin precisar la procedencia del material.

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Gerardo Contreras

Con información de medios nacionales

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Esta visita que responde a la invitación formal que realizó el gobierno de Nicolás Maduro mediante la Fiscalía General de la República, ocurre en el marco de las relaciones institucionales que sostiene Venezuela con la CPl.

Se espera que el Fiscal Khan conozca a fondo el funcionamiento de las instituciones del Estado venezolano y establezca un diálogo de cooperación positiva, en línea con el Estatuto de Roma, según han divulgado instancias y voceros judiciales y gubernamentales nacionales.

El fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, arribó a Caracas para cumplir agenda de 3 días en el país, informó VTV la tarde de este domingo 31 de octubre. Khan se reunirá con autoridades venezolanas y con representantes de distintos sectores políticos. pic.twitter.com/RZ9lXrryMx

— Diario Panorama (@diariopanorama) October 31, 2021

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María Gabriela Moncada

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Asimismo, el demócrata Cuomo desistió de renunciar a pesar de una oleada de críticas desatada por el informe que presentó recientemente la Fiscalía General, donde se concluyó que acosó sexualmente a 11 mujeres en el entorno de trabajo, debido a esto es muy probable su posible destitución.

La Asamblea Legislativa empezó a investigar a Cuomo en marzo por los presuntos casos de acoso sexual y este lunes se realizó una sesión ejecutiva con los encargados de la pesquisa, esto es una señal de que está llegando a su fin y pronto se considerarán posibles artículos para el “impeachment”.

“Tras la sesión ejecutiva de hoy, presentaré una declaración más detallada sobre el calendario contemplado por el comité judicial para completar esta investigación y los siguientes pasos”, informó el presidente de esa agrupación de la Asamblea, Charles Lavine.

Cuomo tendrá una oportunidad antes de finalizar el juicio

Además, Lavine indicó que el gobernador tendrá la “oportunidad” de aportar “información adicional” al comité, antes “de que haga cualquier recomendación final a la Asamblea”.

La Cámara Baja de Nueva York puede autorizar al proceso de destitución del funcionario con un voto por mayoría simple, al que seguiría un juicio político en el Senado estatal, que también está controlado por los demócratas.

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María Gabriela Moncada

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