La información fue confirmada por el fiscal general de la República, Tarek William Saab, a través de su cuenta en Twitter, donde indicó que los detenidos fueron identificados como José Villegas y Eileen Yepez, médicos anestesiólogos.

Saab indicó que la acusación contra Villegas y Yepez es por intrusismo (ejercicio de actividad profesional no autorizada) y por «ocasionar grave daño al cantante Jesús Hidrobo, mejor conocido como «El Duke».

#AHORA … La fiscalía 94 Nacional tramitó y ya fue #ejecutada ORDEN DE APREHENSIÓN, contra JOSE VILLEGAS y EILEEN YEPEZ* (médicos Anestesiologo) quienes haciendo #intrusismo ocasionaron grave daño al cantante JESÚS HIDROBO (El Duke): Dichos sujetos serán #imputados por el… pic.twitter.com/YIVflVv2eI

— Tarek William Saab (@TarekWiliamSaab) June 9, 2023

El fiscal indicó que ambos serán imputados por el Ministerio Público (MP) ante el tribunal 21 de Control del Área Metropolitana de Caracas (AMC).

«La fiscalía 94 Nacional tramitó y ya fue #ejecutada ORDEN DE APREHENSIÓN, contra JOSE VILLEGAS y EILEEN YEPEZ (médicos anestesiólogos), quienes haciendo intrusismo ocasionaron grave daño al cantante JESÚS HIDROBO (El Duke): Dichos sujetos serán #imputados por el @MinpublicoVEN ante el tribunal 21 de Control del AMC #JUSTICIA», informó.

Desde hace semanas, trascendió a través de las redes sociales que El Duke había sufrido una reacción adversa a la anestesia que le administraron para hacerse una operación estética. Hasta el momento, los familiares no han informado detalles de su situación de salud.

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Víctor De Abreu

El hecho ocurrió el pasado 27 de marzo en la ciudad fronteriza, donde murieron 40 migrantes y otros 28 resultaron heridos.

González, además de otros tres funcionarios de la instalación, son acusados por los delitos de ejercicio ilícito del servicio público, lesiones y homicidio doloso.

Hace pocos días, un juez mexicano dictó prisión preventiva oficiosa en contra de tres funcionarios del INM, lo que asciende a siete la lista de implicados en el incendio en el centro migratorio.

La Fiscalía mexicana informó que también procesará al titular del INM de México, Francisco Garduño, así como al director de Control y Verificación Migratoria, Antonio Molina.

Los funcionarios deberán comparecer el 21 de abril en audiencia nacional, donde se mencionarán las acusaciones que los vinculan con el incendio de Ciudad Juárez.

Los migrantes de diversas nacionalidades, entre ellos mujeres y niños, se encontraban hacinados en tres tráileres con doble contenedor, detalló un comunicado del Grupo de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz en Tamaulipas.

Según el boletín, personal militar y de la Guardia Nacional detectó el jueves por la noche los vehículos en un punto de revisión del Ejército ubicado en el kilómetro 53 de la carretera Ciudad Victoria a Monterrey, en el municipio de Hidalgo.

Hasta ahora las autoridades pudieron detectar que 564 migrantes eran provenientes de Guatemala, 39 de Honduras, 20 de El Salvador, 28 de Nicaragua y uno de Belice. Según los reportes, habían al menos 197 menores que viajaban solos.

Según las primeras investigaciones, los migrantes viajaban desde el central estado de Puebla, con destino a Monterrey, Nuevo León

Mientras que los vehículos fueron trasladados al Complejo de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas en Ciudad Victoria, para que autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM) y de la Fiscalía General de la República (FGR) puedan llevar a cabo la contabilización de los migrantes.

Por otra parte, personal de la Cruz Roja mexicana acudió a las instalaciones del Complejo de Seguridad para dar asistencia médica a quienes lo solicitaran.

Ahora, las autoridades trabajan para determinar el estatus migratorio de las personas interceptadas, así como la situación jurídica de los detenidos.

La región registra en los últimos meses un flujo migratorio histórico con 147.000 indocumentados detectados en el país de enero a agosto, el triple de 2020, y un récord de 212.000 indocumentados detenidos solo en julio por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de Estados Unidos.

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Gabriela Morales

Con información de agencias y medios internacionales

Fuentes diplomáticas mexicanas confirmaron este miércoles que la Interpol emitió la semana pasada una ficha roja para capturar a Bozzo.

El periplo arrancó el pasado 11 de agosto, cuando un juez mexicano impuso prisión preventiva a la polémica presentadora de televisión por un presunto delito fiscal que sobrepasa los 602.004 dólares, al vender un inmueble embargado por el fisco.

En este sentido, la Fiscalía General de la República (FGR) cree que Bozzo vendió el inmueble para pagar una deuda. Así incurrió en el delito de “depositario infiel” por el que la podrían sentenciar de tres a nueve años en prisión.

De esta manera, al no presentarse voluntariamente en el penal del municipio de Almoloya de Juárez, México, un juez federal ordenó el 18 de agosto la captura de la presentadora.

La conductora del programa “Laura de Todos” tiene 69 años de edad y nacionalidad peruana, mexicana e italiana

La presentadora cuenta supuestamente con un estado de salud delicado

La defensa de Bozzo intentó frenar la orden de arresto alegando problemas de salud de la presentadora, pero la petición fue rechazada por el juez.

Según medios locales, su abogado, Diego Ruiz, explicó que la presentadora “está bastante grave”, puesto que sufre un enfisema pulmonar muy avanzado debido a su adicción al tabaco, además de una depresión diagnosticada.

Desde la semana pasada, los 195 países que integran la Interpol cuentan con una orden de búsqueda y captura contra Bozzo.

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Gabriela Morales

Con información de medios internacionales

Según las autoridades, la Unidad Especializada Contra la Trata y Tráfico Ilegal de Personas dirigió en las últimas horas un amplio operativo en diferentes puntos del país, llevó a golpear a una estructura dedicada al tráfico de personas indocumentadas.

Asimismo, subrayaron que entre los nueve capturados está el líder de la organización identificado como José Rafael Martínez Escobar, y “algunos de sus familiares que realizaban distintas funciones”, así como dos miembros de la Policía Nacional Civil (PNC) que “realizaban funciones de colaboradores”.

Apuntaron que estás detenciones permitirán que se resuelvan al menos quince casos de víctimas que pagaron entre 5.000 y 11.000 dólares para ser llevadas indocumentadas a EE.UU.

Las víctimas, en algunos casos, efectuaron sus pagos entregando propiedades y otros bienes

De acuerdo con la FGR, la operación para proceder a las capturas se llevó a cabo de manera simultánea con el acompañamiento de la Policía en diferentes municipios de los departamentos de Cuscatlán, San Salvador y Santa Ana.

Por otra parte, la Fiscalía incautó siete vehículos, entre ellos uno blindado, municiones para armas, documentación relativa a los bienes que se recibían en concepto de pagos y 12.780 dólares en efectivo.

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Gabriela Morales

Con información de agencias y medios internacionales