El regreso en masa a Venezuela de estas inversiones «lo descartamos», aunque «probablemente haya algún porcentaje» que sí lo haga, «pero las empresas que están establecidas, no solamente en Panamá sino en la región, llegaron para quedarse. No son capitales golondrina», afirmó Soto, en el marco de la II Cumbre Anual de la Cavex celebrada en la capital panameña.

Las empresas venezolanas han «conquistado» estos mercados latinoamericanos y aunque «para nosotros Venezuela es nuestra tierra natal, la estamos viendo como otro mercado más», agregó el presidente de la Cavex, que se define como una plataforma de articulación del empresariado venezolano en la región y el mundo.

La salida del poder de Nicolás Maduro —capturado en enero pasado junto a su esposa, Cilia Flores, por EE.UU.— y los cambios que se espera sean impulsados por el Gobierno interino, han generado expectativas sobre el futuro de Venezuela tras casi tres décadas de crisis.

Inversiones con impacto económico positivo en la región

«Cavex es una plataforma que une a trece asociaciones gremiales en trece países. Esto es muy importante, porque la historia nos llevó a otros países pero ahora, ante una posible perspectiva de recuperación, la plataforma ideal para que la empresa que se mantuvo dentro de las fronteras venezolanas exporte es Cavex«, aseguró Soto.

La Cavex ha impulsado estudios de Impacto Económico de la Migración Venezolana en ocho países: Aruba, Colombia, Chile, Costa Rica, Ecuador, Perú, Panamá y República Dominicana. Soto precisó que solo en Panamá las inversiones ascienden a 1.900 millones de dólares, generando 40.000 empleos directos. En Aruba, la cifra alcanza los 1.100 millones de dólares, mientras que en República Dominicana supera los 550 millones.

Finalmente, el directivo destacó que estas cifras no incluyen al estado de Florida (EE.UU.), donde se concentra la mayoría del capital venezolano, y subrayó que la cámara será el «puente ideal» para que las empresas ya fortalecidas en la región aporten a la posible recuperación de Venezuela.

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«Las armas con las que matan civiles en el Cauca vienen del Ecuador: municiones y explosivos entran por la frontera«, afirmó el mandatario en un mensaje publicado en su cuenta de X.

Los comentarios de Petro se producen ocho días después del atentado perpetrado en la Vía Panamericana, en el departamento del Cauca, que dejó al menos 20 civiles muertos y 30 heridos, y que el Gobierno atribuye a disidencias de las FARC.

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«He decidido demandar penalmente al presidente Noboa por su calumnia«, señaló Petro al anunciar la acción judicial.

El señalamiento de Noboa, hecho en una entrevista con la revista Semana, fue rechazado por el mandatario colombiano, quien negó cualquier relación y aseguró que su presencia en Ecuador obedeció únicamente a actividades oficiales.

En esa entrevista, Noboa afirmó que Petro «se reunió con miembros de la Revolución Ciudadana, y algunos de esos miembros tienen nexos con alias Fito», en referencia al movimiento político vinculado al expresidente Rafael Correa.

Respuesta de Petro

Petro respondió defendiendo su visita a Manta, a donde viajó en mayo de 2025 tras asistir a la posesión de Noboa, y aseguró que contó con la protección permanente del Ejército ecuatoriano y su esquema de seguridad colombiano.

«El mismo Noboa dio la orden (…) para que el Ejército ecuatoriano en todo momento día y noche, me cuidaran en Manta«, agregó, señalando que fue tratado con displicencia por pedir la libertad del «preso político» Jorge Glas.

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Uruguay se convirtió en 2025 en el primer país en autorizar la eutanasia mediante la Ley de Muerte Digna, cuya reglamentación se firmó este miércoles, lo que permite a pacientes en fase terminal solicitar el procedimiento bajo condiciones específicas.

En Colombia, la eutanasia fue despenalizada en 1997 por la Corte Constitucional mediante una sentencia que reconoció el derecho a morir dignamente.

Sin embargo, su regulación no avanzó sino hasta 2015, cuando se establecieron protocolos y se realizó el primer procedimiento legal en el país y en la región.

En 2021, el alto tribunal amplió ese derecho al eliminar el requisito de enfermedad terminal y permitirlo también para menores de edad en determinadas condiciones.

En Ecuador, la Corte Constitucional despenalizó la eutanasia en 2023 y ordenó su regulación, lo que permitió que una paciente accediera formalmente al procedimiento.

Igualmente en Perú, aunque la eutanasia sigue prohibida en términos generales, una sentencia judicial de 2021 ordenó despenalizarla para el caso específico de la psicóloga Ana Estrada, cuyo derecho fue ratificado por la Corte Suprema en 2022 y que falleció en 2024.

Cuba, por su parte, aprobó en 2023 una ley que reconoce el derecho a decisiones sobre el final de la vida, pero aún carece de regulación secundaria, por lo que no se aplica en la práctica.

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En sus redes sociales, el Senae señaló que informó a los operadores de Comercio Exterior del incremento de la llamada «tasa de seguridad» para las mercaderías de origen y procedencia colombiana.

El jueves, el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca anunció que dicha tasa se elevará «tras constatar la falta de implementación de medidas concretas y efectivas en materia de seguridad fronteriza por parte de Colombia».

«Esta medida se fundamenta en criterios de seguridad nacional y busca reforzar la corresponsabilidad en una tarea que debe asumirse de manera conjunta para enfrentar la presencia del narcotráfico en la frontera», señaló.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, tachó de «monstruosidad» la decisión de Ecuador y consideró que eso «significa el fin del Pacto Andino (sic) para Colombia».

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En un extenso informe divulgado en Asunción, la capital de Paraguay, AI apuntó que las legislaciones que regulan la actuación de las ONG en estos seis países «imponen controles desproporcionados» a las organizaciones de la sociedad civil, lo que, aseguró, «afecta directamente su capacidad para apoyar y acompañar comunidades» vulnerables.

«Estamos viendo un aumento significativo en lo que llamamos prácticas autoritarias en diferentes medidas, que están restringiendo la labor de personas que defienden los derechos humanos, de personas que son identificadas como disidencias a los Gobiernos y eso se ha manifestado en un cierre del espacio cívico«, dijo a EFE la directora de AI para las Américas, Ana Piquer.

La abogada señaló que las disposiciones de estas leyes buscan «ahogar financiera y administrativamente» a las organizaciones al «exigirles requisitos que son tan complejos que finalmente hacen que la organización esté casi que dedicada a cumplirlos».

Piquer citó como ejemplo de esto a la Ley de Agentes Extranjeros promulgada en 2025 en El Salvador, que ordena un 30 % de impuestos sobre las transacciones internacionales de las ONG que operan en este país.

«Eso, sumado a otros impuestos a los que ya estaban sujetas, puede significar que paguen más de la mitad de sus ingresos en impuestos. Ya casi que no pueden cumplir su labor, su presupuesto no da», agregó.

Otro ejemplo de esto, indicó, ocurre con la ley sancionada en 2020 en Nicaragua, la primera de este tipo para entonces en América Latina, que ha provocado el cierre de cientos de organizaciones.

Denuncias de ONG

El informe también destaca la narrativa oficial «estigmatizante» contra directivos y organizaciones de la sociedad civil que son acusados de estar contra los intereses de sus propios países.

«En el caso de Ecuador, la narrativa estigmatizante fue muy brutal, se sumó en un contexto de protestas», afirmó al respecto Piquer, al tiempo que aseveró que en ese país, en el marco de la ley que regula a las ONG, se cerraron las cuentas bancarias de muchas organizaciones, causando su parálisis financiera.

Por otra parte, el documento refiere que una ONG venezolana denunció ante AI que las organizaciones civiles son consideradas como «enemigos internos» por el Gobierno.

«Somos percibidos como opositores al Gobierno porque documentamos y denunciamos violaciones a derechos humanos», detalló la ONG, que declaró bajo condición de anonimato.

En ese sentido, la jefa de IA para las Américas sostuvo que las leyes anti-ONG en los seis países comparten sus aprobaciones «de manera exprés, sin debate, sin participación de la sociedad civil, con conceptos extremadamente vagos y con discursos muy estigmatizantes en contra de las organizaciones», que suelen ser señaladas de «antipatria» sin base.

También apuntó que los países analizados están en «diferentes lugares del espectro político».

De igual forma, Piquer explicó que AI recomienda «la reforma o derogación de estas legislaciones» en todos los casos, por considerar que vulneran los derechos humanos y tratados internacionales que los mismos Estados han ratificado.

«La recomendación es que esto se tiene que revertir, esto se tiene que modificar», insistió Piquer, tras sentenciar que las ONG realizan sus labores humanitarias donde los Estados no llegan.

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Fuente de imagen referencial: EFE/Juan Pablo Pino

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«Ha aparecido una bomba tirada desde un avión. Se va a investigar bien los modos, muy en la frontera con Ecuador (sic), ratificando un poco mi sospecha, pero hay que investigar bien, que están bombardeándonos desde Ecuador y no son los grupos armados«, expresó el mandatario durante un consejo de ministros.

La denuncia de Petro ocurre en medio de la guerra comercial entre ambos países, que inició en enero el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, al anunciar la imposición de una «tasa de seguridad» del 30 % a importaciones colombianas, ante una supuesta falta de acciones del Gobierno vecino en la lucha contra el narcotráfico en la frontera.

Colombia respondió con aranceles a 73 productos y cortó el suministro de electricidad a Ecuador, por lo que el Gobierno de Noboa aumentó la tarifa que cobraba por transportar crudo colombiano por uno de sus más grandes oleoductos. Además, desde el 1 de marzo subió el gravamen al 50 %.

En su denuncia de este lunes sobre el hallazgo de una bomba, Petro manifestó que «van muchos estallidos» y dijo que pronto hará pública «una grabación» que le llegó a su Gobierno desde Ecuador sobre lo ocurrido.

El mandatario señaló además que le pidió la semana pasada en una llamada telefónica a su homólogo estadounidense, Donald Trump, que «actúe y llame al presidente de Ecuador porque nosotros no queremos ir a una guerra».

«La soberanía nacional se respeta (…) La bomba está activa, entonces es peligrosa y tenemos que tomar las decisiones del caso», añadió Petro.

La semana pasada, Ecuador y Estados Unidos firmaron un acuerdo con el que formalizaron la apertura de la primera oficina del Buró Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) en el país andino, que tendrá como objetivo apoyar en el combate contra los grupos del crimen organizado internacional.

Además de la apertura de la oficina, se creó una nueva unidad policial que permitirá a ambos países mejorar su capacidad conjunta para «identificar, desmantelar, y llevar ante la Justicia a quienes trafican drogas, lavan dinero, contrabandean armas, y financian el terrorismo», de acuerdo a la información proporcionada entonces por la Embajada de Estados Unidos en Ecuador.

Este acuerdo se suma a las operaciones militares conjuntas que ambos países iniciaron a principios de mes en Ecuador contra organizaciones «terroristas», en las que bombardearon y destruyeron un campamento de entrenamiento de los Comandos de la Frontera, una disidencia de la desmovilizada guerrilla colombiana de las FARC.

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Fuente de imagen referencial: EFE/Presidencia de Colombia

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El ataque ocurrió en el marco de la operación Lanza del Sur, con el que Estados Unidos ha matado a más de 150 personas en estos barcos en el Pacífico y el Atlántico para combatir el narcotráfico en el área de Centroamérica, Sudamérica y el Caribe.

El Comando Sur aseguró que las fuerzas estadounidenses «condujeron un ataque cinético letal en una embarcación operada por organizaciones designadas como terroristas».

«Inteligencia confirmó que la embarcación estaba transitando a lo largo de conocidas rutas de narcotráfico en el Pacífico del este y estaba involucrada en operaciones de narcotráfico. Seis hombres narcoterroristas murieron en esta acción. Ninguna fuerza militar de EE.UU. sufrió daños«, señaló el SOUTHCOM.

Este nuevo ataque llega tras una última operación que dejó tres muertos el 23 de febrero en el Caribe, también por presunto narcotráfico.

La acción también ocurre después del lanzamiento de la iniciativa ‘Escudo de las Américas’ del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien el sábado reunió a más de una decena de líderes latinoamericanos de derecha en Miami.

Como muestra de esta cooperación, el SOUTHCOM de Estados Unidos y Ecuador realizaron la semana pasada su primer operativo militar conjunto contra el narcotráfico en el país suramericano.

Mientras el secretario de Guerra, Pete Hegseth, firmó un acuerdo con casi 20 gobiernos de Latinoamérica y el Caribe el jueves para comprometerlos a luchar contra los «narcoterroristas» tras avisarles que Estados Unidos «está listo» para lanzar una «ofensiva en solitario».

Aunque organizaciones civiles y legisladores han tachado de ilegales estos ataques, el Gobierno de Trump ha argumentado que sus acciones están justificadas porque está en un «conflicto armado» con carteles y organizaciones terroristas.

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Fuente de imagen referencial: EFE/@Southcom

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«Por aquí no va a pasar ni cocaína, ni marihuana, ni ninguna droga que el Estado pueda detener en su ruta», afirmó Cabello en una rueda de prensa transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Cabello, que ha negado los señalamientos que ha hecho Estados Unidos contra Venezuela sobre narcotráfico, señaló que el pasado 5 de enero incautaron 238 fardos con un total de 6.850 kilogramos de droga, distribuidos en 6.758 kilos de marihuana y 91,75 kilos de cocaína.

«Un duro golpe a la industria de la droga, un duro golpe a quienes creen que van a pasar droga por el territorio venezolano, un durísimo golpe a la narrativa de decir que Venezuela es un país que facilita el tráfico de droga», afirmó.

Agregó que las autoridades hicieron una operación en la región del Catatumbo, en la zona binacional de paz con Colombia, donde detuvieron a tres personas.

El titular de Interior reiteró que por Venezuela pasa un porcentaje «muy pequeño» de la droga y señaló a Colombia y Ecuador por el narcotráfico de la región, afirmando que este último país «es el mayor distribuidor de drogas del mundo».

«Desde Colombia se cultiva, desde Colombia se envía a Ecuador, y Ecuador es el mayor distribuidor de drogas por el mundo, gracias al apoyo que tiene en las instituciones del gobierno actual del Ecuador, tienen control sobre aduaneras y tienen control sobre empresas exportadoras de frutas, y ahí van enviado ellos su droga para el mundo», indicó Cabello.

Sin embargo, insistió que las autoridades venezolanas no se descuidan «ni un instante» de su lucha contra el narcotráfico y destacó que el 2025 fue un año «muy exitoso», en el que dieron «certeros golpes».

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En el documento se detalla que una zona de seguridad de frontera «abarca el espacio terrestre de cuarenta kilómetros desde los límites fronterizos hacia el interior del territorio nacional, el espacio marítimo de diez millas náuticas, y el espacio aéreo correspondiente». Además, que desde la Secretaría Nacional de Seguridad Pública y del Estado se había remitido un informe reservado en el que se recomienda al mandatario que convoque al Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe) para que analice declarar las zonas de seguridad de frontera y áreas reservadas que constan en los documentos.

El Cosepe se reunió este lunes e identificó esas zonas de seguridad en la frontera y otras áreas declaradas como reservadas «que por motivos de seguridad nacional requieren de regulaciones especiales para garantizar la seguridad integral de las personas que habitan en el territorio ecuatoriano, así como para enfrentar las graves amenazas de seguridad que enfrenta el Estado ecuatoriano».

Por lo que Noboa aprobó esas zonas y también las regulaciones especiales y las normas que se aplicarán y ordenó difundirlo «a todas las instituciones públicas y privadas que operan en las áreas reservadas de seguridad y zonas de frontera».

El 24 de diciembre, el Gobierno anunció que mantendría habilitado solo un paso fronterizo con Colombia y con Perú debido a «razones de seguridad nacional» y el sábado afirmó que esa decisión estaba sustentada «en análisis técnicos y de inteligencia» y que «busca cerrar el paso a economías criminales, evitar el uso de rutas irregulares y proteger a la ciudadanía frente a delitos como la trata de personas, el contrabando, la minería ilegal, la extorsión y el sicariato».

En otro decreto, Noboa también declaró como áreas reservadas de seguridad a los perímetros de las cárceles del país, que ya habían sido declaradas como zonas de seguridad en abril de 2024, y aprobó las regulaciones especiales que serán aplicadas en esas zonas. Las cárceles son uno de los epicentros de la crisis de violencia criminal sin precedentes que atraviesa Ecuador, al haber sido asesinados en su interior unos 600 reclusos desde 2021, la mayoría en una serie de masacres por enfrentamientos entre bandas rivales.

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El año 2025 deja importantes cambios políticos en Latinoamérica: Cuatro elecciones presidenciales ganadas por candidatos alejados de la izquierda y un Premio Nobel de la Paz que también tuvo peso político, especialmente en Venezuela, expresa en su párrafo inicial.

-Todo parece indicar que el pendulo de la política se está moviendo hacia la derecha en Europa y Latinoamerica. Adolfo Salgueiro, analista de política internacional, advierte que «la tendencia señalada poco tiene que ver con orientaciones ideológicas, sino más bien con el repetido desencanto de las poblaciones con la gestión de sus gobiernos, que las más de las veces terminan sin dar cumplimiento a las promesas electorales hechas en campaña, lo cual provoca el desencanto de los votantes que aprovechan la posibilidad de alternancia que ofrecen las democracias para castigar a quien les falló y dar una oportunidad a quien ofrece un rumbo diferente…»

En el caso de Latinoamérica, este año que se despide hubo elecciones presidenciales en Bolivia, Ecuador, Chile y Honduras ganadas por candidatos conservadores o de la derecha.

Una primera lectura evidencia que Nicolás Maduro ha perdido apoyo internacional, por lo menos en el vecindario latinoamericanos. Veamos:

Bolivia anunció distanciamiento con Cuba, Nicaragua y Venezuela

Las elecciones generales en Bolivia fueron el 17 de agosto. Días antes en las calles de La Paz se veían pocos carteles con los nombres de los candidatos. Solo algunas personas acompañaban las caminatas de campaña.

Según las encuestas, ninguno de los ocho aspirantes a la Presidencia superaba 22% en intención de voto. La preocupación de los electores estaba enfocada en conseguir gasolina o diésel en los surtidores, combustibles cada vez más escasos.

El balotaje fue el domingo 19 de octubre. Ganó Rodrigo Paz Pereira (Partido Demócrata Cristiano), sucediendo a Luis Arce. Rodrigo Paz rompió con casi dos décadas de hegemonía del MAS, partido de Evo Morales, representando un cambio hacia la centroderecha.

El nuevo ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, Fernando Aramayo, señaló que el gobierno de Rodrigo Paz apostará por una «perspectiva pragmática» en política exterior y confirmó que «ya se están restableciendo relaciones diplomáticas con Estados Unidos», casi dos décadas después de que el presidente Evo Morales rompiera con Washington.

Descartó cortar el diálgo con Nicaragua, Cuba y Venezuela aunque ha confirmado que se producirá un lógico distanciamiento puesto que no comparten «valores y principios».

En Ecuador el «anticorreísmo» jugó a favor de Noboa

El calendario electoral pautó que los ecuatorianos sufragarían el domingo 9 de febrero en primera vuelta; y, en caso de existir balotaje la votación sería el domingo 13 de abril.

En el proceso serían electos presidente/a y vicepresidente/a de la República del Ecuador, asambleístas nacionales, provinciales, del exterior y parlamentarios andinos.

Hubo segunda vuelta y resultó reelecto Daniel Noboa aunque la opositora Luisa González desconoció los resultados y habló del «mayor fraude que han visto los ecuatorianos».

Según el escrutinio del Consejo Nacional Electoral (CNE), con 90% de las actas escrutadas, Noboa obtuvo casi 56% de los votos frente a 44% de González.

Ese resultado indicaría que el «anticorreísmo» volvió a ser una gran fuerza política que jugó en contra de González y a favor de Noboa.

En Chile un abogado «ultraconservador» es el nuevo presidente

El domingo 16 de noviembre fueron las elecciones presidenciales en Chile. La candidata oficialista Jeannette Jara, militante del Partido Comunista y abanderada de la coalición Unidad por Chile, y el opositor José Antonio Kast, fundador del Partido Republicano, competirían en segunda vuelta de acuerdo con los resultados preliminares publicados por el Servicio Electoral de Chile.

La segunda vuelta fue el 14 de diciembre y el ganador, por amplio margen, fue José Antonio Kast, abogado de 59 años, calificado de «ultraconservador». Será el presidente de la república entre el 11 de marzo de 2026 y el 11 de marzo de 2030 y tendrá la misión de estabilizar esta década marcada por las consecuencias del estallido social, la pandemia, la fallida promesa de cambiar la Constitución y, sobre todo, por el aumento de la inseguridad.

En Honduras, contaron y recontaron hasta que «por fin»

La elección presidencial en Honduras fue el domingo 30 de noviembre en medio de mucha tensión, especialmente por el abierto apoyo del presidente Donald Trump al candidato Nasry «Tito» Asfura.

El proceso de escrutinio se extendió durante varios días, marcados por detenciones y fallas en el sistema de transmisión. El último de estos paros, que duró tres días, fue atribuido a problemas en la plataforma digital operada por la empresa colombiana Grupo ASD. De acuerdo con las consejeras del CNE, la compañía interrumpió la divulgación de resultados alegando la necesidad de realizar tareas de mantenimiento, cuando el sistema debía funcionar de manera continua. La paralización y la falta de actualización alimentaron cuestionamientos sobre la seguridad tecnológica del proceso, en unas elecciones caracterizadas por la mínima diferencia entre los dos principales aspirantes.

El Consejo Nacional Electoral inició el jueves 18 de diciembre un escrutinio de actas de votación que se extendió hasta el 24 de diciembre por la tarde cuando por fin fue proclamado ganador Nasry Juan Asfura Zablah, candidato del Partido Nacional.

El Nobel de la Paz también marcó tendencia en 2025

La entrega del Nobel de la Paz a María Corina Machado, líder de la oposición venezolana, también fue evidencia de la soledad en que está quedando el gobierno de Nicolás Maduro.

Entre los invitados de la galardonada se encontraban los presidentes de Panamá, José Raúl Mulino; Argentina, Javier Milei, de Paraguay, Santiago Peña y de Ecuador, Daniel Noboa.

En octubre, el Comité del Nobel decidió entregarle el reconocimiento a la opositora por sus «incansables esfuerzos para promover los derechos y libertades en Venezuela» y por favorecer «una transición justa y pacífica hacia la democracia».

«María Corina Machado ha dedicado años a trabajar por la libertad del pueblo venezolano», subrayó la institución, la cual agregó que «el férreo control del poder por parte del gobierno venezolano y su represión contra la población no son fenómenos únicos en el mundo».

Los medios oficiales de Venezuela no reseñaron la noticia y cuando hacían alguna referencia era para descalificar o burlarse.

De manera que más de uno hará referencia al 2025, recordando aquella famosa canción del colombiano Crescencio Salcedo Monroy que dice «Yo no olvido el año viejo / porque me dejó cosas muy buenas…»

Tomado y con información de Informe21 / Escrito por Enrique Rondón Nieto

Fuente de imagen referencial principal: EFE / Gustavo Amador; más complementaria de redes sociales

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Al considerar que existen los elementos para presumir la participación de Moreno en el delito de cohecho, el juez acordó llamarlo a juicio durante una audiencia en la que se espera la resolución para otras 23 personas.

El juez dispuso como medida cautelar alternativa a la prisión preventiva, que Moreno se presente dos veces al mes en la Embajada de Ecuador en Asunción (Paraguay), donde reside con su esposa.

El pasado jueves, Moreno insistió en que el proceso penal en su contra por presuntos sobornos recibidos cuando era vicepresidente es una «venganza» del correísmo por haberse rebelado cuando ya era presidente, lo que a su criterio evitó que «en Ecuador haya una dictadura perpetua y se convierta en otra Venezuela».

La Fiscalía de Ecuador sostiene que cuando Moreno ejercía como vicepresidente de Correa, él y su familia recibieron presuntamente más de un millón de dólares en sobornos de la empresa estatal china Sinohydro, para la construcción de la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, la más grande del país.

En un mensaje en video difundido en redes sociales, Moreno aseveró que «no se ha podido probar» que «haya recibido un solo centavo», y defendió también la inocencia de su esposa y de su hija, que se encuentran igualmente procesadas.

Según el Ministerio Público de Ecuador, el grueso de los supuestos sobornos tuvieron presuntamente como beneficiarios a Conto Patiño, amigo del expresidente Moreno, y su familia, con un valor que suma 44 millones de dólares.

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Fuente de imagen referencial: EFE/Giorgio Viera

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«En esta acción los diferentes organismos de policía y las respectivas fiscalías permitieron la captura de 19 personas señaladas de coordinarse para estafar a ciudadanos, principalmente centroamericanos, interesados en obtener visas de los Estados Unidos», afirmó la delegada para las finanzas criminales de la Fiscalía colombiana, Aura Liliana Trujillo, en una rueda de prensa.

La funcionaria explicó que los detenidos se hacían pasar por funcionarios de agencias estadounidenses y les hicieron creer a las víctimas que estaban participando en un proceso para obtener las visas de trabajos para ser contratados en actividades como hostelería, construcción y jardinería.

En el caso de Colombia, la delegada para las finanzas criminales de la Fiscalía señaló que encontraron que en Medellín tenían «toda la infraestructura necesaria para la falsificación de estos documentos, tales como una prensa manual de hierro con el sello del Departamento de Estado de los Estados Unidos».

La banda usaba identificaciones gubernamentales falsas, incluidas tarjetas de seguridad social y residencias permanentes en EE.UU.

Las víctimas debían transferir entre 50.000 y 90.000 dólares en Miami, Houston, Boston y Chicago a supuestos funcionarios estadounidenses que les iban a ayudar a asignar las citas para las visas y obtener el documento.

De esta forma, la red estafó a 700 personas de 15 países de Suramérica y el Caribe y obtuvo, al menos, 2,5 millones de dólares.

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Fuente de imagen referencial: EFE/Carlos Ortega

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En una conferencia de prensa, Ramírez dijo que el gobernante ha sido invitado por la Fundación Nobel y por María Corina Machado, quien, aseguró, «va a recibir este prestigioso reconocimiento por su notable participación en materia de paz».

La visita de Peña a Noruega hace parte de un viaje de trabajo con escalas en Hungría, Noruega y Uzbekistán, que se inicia el próximo domingo y finaliza el próximo día 13, dijo una fuente de la Cancillería.

El jefe de la diplomacia paraguaya consideró que la invitación de la Fundación Nobel y de la propia María Corina Machado constituye «un reconocimiento» a la gestión de Peña «en defensa de la libertad, los derechos y la democracia» en Venezuela.

Asimismo, Ramírez Lezcano remarcó que la estadía de Peña en Oslo servirá para la revisión de la agenda bilateral entre Paraguay y Noruega, que, aseguró, desarrolla un «importante proyecto» de energía verde en el país sudamericano.

Reconocimiento a la lucha pacífica

María Corina Machado fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025 «por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia», anunció el pasado 10 de octubre el Comité Nobel noruego, con sede en Oslo.

A mediados de noviembre, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, informó que acompañará a Machado a recibir el premio después de que la exdiputada venezolana lo invitara a la ceremonia.

Lo mismo hará el mandatario ecuatoriano, Daniel Noboa, quien confirmó que recibió una «invitación personal» de la líder opositora.

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Noboa, que fue reelegido en abril hasta 2029 con una amplia victoria sobre la candidata correísta Luisa González, sufrió un duro revés en este referéndum donde el ‘No’ se impuso en las cuatro preguntas con márgenes de entre 23 y 6 puntos porcentuales de ventaja, con el escrutinio al 96 %.

Al conocer la derrota, el mandatario no salió a hablar públicamente y únicamente se manifestó en redes sociales para aceptar la derrota.

«Cumplimos con lo prometido: preguntarles directamente. Nosotros respetamos la voluntad del pueblo ecuatoriano«, dijo Noboa, quien señaló que su compromiso con el país se fortalece tras este referendo.

Este referéndum era el décimo celebrado en Ecuador en los últimos 20 años, la mayoría a iniciativa de los presidentes de turno para lograr el respaldo popular a sus reformas y proyecto política, como buscó Noboa en este caso.

Constitución del correísmo resiste ante propuesta de Noboa

El mandatario se lanzó a buscar una nueva Constitución que reemplazase la carta magna instaurada en 2008 a iniciativa del expresidente Rafael Correa (2007-2017), pero los ecuatorianos votaron por mantenerla, al votar un 61,59 % por el ‘No’, frente al 38,41 % que votó por el ‘Sí’.

El jefe de Estado jugó esta carta al considerar que la Constitución vigente no facilita la llegada de inversiones ni la creación de empleo pero, sobre todo, no le permite combatir al crimen organizado con mayor «mano dura» en la «guerra» que declaró a inicios de 2024, en medio de una crisis de violencia sin precedentes en el país.

A ello se habían sumado las recientes sentencias de la Corte Constitucional que anularon leyes emblemáticas de su nuevo mandato, por haber sido tramitadas de manera exprés y con disposiciones de vulneraban derechos fundamentales.

Al inicio de la jornada, Noboa trató de dar un golpe de efecto cuando se anticipó a las autoridades españolas y anunció la captura en España de Wilmer Chavarría (‘Pipo’), máximo líder de Los Lobos, la banda criminal más poderosa actualmente en Ecuador, y el último gran criminal que le faltaba por capturar.

Puerta cerrada para EE.UU.

La semana anterior, la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, había visitado Ecuador por segunda vez en apenas tres meses para recorrer las bases militares de Manta y Salinas, en la costa ecuatoriana, y escenificar el interés de la administración Donald Trump en poder operar en esos emplazamientos.

Sin embargo, un 60,59 % de los ecuatorianos votaron por mantener la prohibición vigente en la actual Constitución, la misma que ya obligó a los EE.UU. a salir en 2009 de la base de Manta, tras una estancia de diez años. El ‘Sí’ obtuvo el 39,41 %.

En la cuestión para quitar los fondos públicos a los partidos, el ‘No’ se alzó con el 58,06 % de votos válidos frente al 41,94 % del ‘Sí’, y la pregunta con menor margen fue la de reducir el número de asambleístas de 151 a 73, donde el ‘No’ registró el 53,46 % y el ‘Sí’ el 46,54 %.

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El acuerdo busca garantizar «el traslado digno, seguro y oportuno desde EE.UU. a Ecuador de los nacionales de terceros países presentes en EE.UU. que puedan solicitar protección internacional contra el retorno a su país de origen o de residencia anterior«, especifica un documento del Departamento de Seguridad Nacional estadounidense (DHS, en inglés).

Este convenio no incluye el traslado de menores no acompañados, como se le conoce a los niños que ingresaron solos al país, ni pagos por parte de los firmantes. «La ejecución del presente Acuerdo estará sujeta a la disponibilidad de fondos y a la capacidad técnica de cada Parte», especifica el texto.

En septiembre pasado, fuentes del Departamento de Estado estadounidense y la Cancillería ecuatoriana ya habían adelantado que negociaban un pacto de este tipo, también llamado acuerdo de asilo cooperativo, mediante el cual Ecuador podría recibir hasta 300 solicitantes por año procedentes de EE.UU.

Según el documento, que incluye notas diplomáticas intercambiadas entre ambas naciones en julio pasado, Quito se compromete «a no devolver a ninguna persona trasladada a Ecuador por el Gobierno de EE.UU. a su país de origen o de su anterior residencia habitual hasta que se haya dictado una resolución definitiva» sobre sus casos.

El contenido del pacto, programado para ser publicado oficialmente en el Registro Federal estadounidense el próximo 17 de noviembre, también especifica el compromiso de Ecuador con el establecimiento de un procedimiento para definir el estatus de las personas transferidas que abandonen su petición de asilo o no la tramiten.

Tanto EE.UU. como Ecuador acordaron la elaboración de «procedimientos operativos» en un «instrumento posterior» que incluya «criterios claros» de elegibilidad de aquellos solicitantes de asilo a trasladar, además de la asistencia bilateral necesaria para la implementación del pacto.

Relaciones entre Ecuador y EEUU

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, se reunió en septiembre en Quito con el presidente, Daniel Noboa, y su homóloga ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld.

Entonces, Sommerfeld indicó que este convenio respondería solamente a «personas refugiadas de ciertas nacionalidades, que no mantengan ningún tipo de antecedente de delincuencia» y que estén en buen estado de salud.

El presidente Donald Trump ya firmó en 2019, durante su primer mandato, un acuerdo de asilo cooperativo con El Salvador, Honduras y Guatemala, aunque solo se implementó el firmado con el último de estos países.

El Gobierno del ahora expresidente Joe Biden lo suspendió en 2021 ante las críticas de las organizaciones de derechos humanos con respecto a las capacidades limitadas de las autoridades guatemaltecas para acoger a refugiados.

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«La Policía Nacional, en trabajo coordinado con Estados Unidos interceptaron embarcaciones en alta mar que transportaban bultos que contenían armas de fuego y que pretendían ser ingresados al país de forma ilegal», señaló Reimnerg.

El ministro añadió que se coordinó con la Armada de Ecuador para el traslado del armamento decomisado a puerto ecuatoriano y avanzó que el cargamento sería llevado al archipiélago de Galápagos, a unos mil kilómetros de las costas continentales ecuatorianas.

Las Fuerzas Armadas abundaron que, en una operación de control y vigilancia marítima en los espacios acuáticos de las islas Galápagos, hallaron «ocho bultos con armas flotando en el mar».

En el área cercana al hallazgo, el personal naval interceptó una embarcación y constató que ninguno de sus veintisiete tripulantes contaba con la documentación en regla, ni matricula vigente para navegar en alta mar. Además, se verificó que el capitán no se encontraba a bordo, lo que sugiere que habría abandonado la embarcación en medio del mar abierto, apuntó la institución un comunicado.

Ecuador atraviesa una escalada de violencia sin precedentes, propiciada por el accionar de bandas criminales organizadas, vinculadas -según el Gobierno- al narcotráfico y la minería ilegal, entre otras.

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El reporte, realizado por el Instituto de Política Migratoria (MPI, en inglés), reveló que este salto de tres millones de indocumentados fue el más alto desde inicios del milenio, y siguió a una década de estancamiento.

Entre los factores detrás de esta nueva ola migratoria, el informe lo atribuyó a la rapidez con la que la economía estadounidense se recuperó de la recesión que provocó la pandemia de la covid-19, la inestabilidad política en Centroamérica y Suramérica, la violencia de pandillas en Haití, Ecuador y partes de México, y la represión política en Cuba, Venezuela y Nicaragua.

Pero también indicó que las políticas fronterizas y de ‘parole’ humanitario del Gobierno del expresidente Joe Biden (2021-2025) incitaron a más indocumentados a tratar de cruzar a Estados Unidos.

Indocumentados por nacionalidades

La nacionalidad mexicana sigue siendo la más común entre los migrantes indocumentados en Estados Unidos, con más de 5,5 millones de personas, tras dos años de sucesivos incrementos después de que esta cifra alcanzara un mínimo de 5,3 millones en 2021.

Sin embargo, las llegadas de migrantes indocumentados entre 2019 y 2023 estuvieron impulsadas por personas procedentes de países centroamericanos como Honduras y Guatemala, así como de los suramericanos Venezuela, Colombia, Ecuador y Brasil.

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La explosión se produjo después de que una camioneta que estaba estacionada empezó a incendiarse rápidamente, según se puede observar en videos de cámaras de videovigilancia y también de personas que circulaban por el sector, donde también hay hoteles, restaurantes y otros comercios.

La detonación fue tan fuerte que, además del fallecido y de los heridos, se registraron daños materiales en algunos edificios de la zona, según reportaron medios locales.

El coronel Martín Cucalón, jefe de Bomberos de Guayaquil, señaló que la persona fallecida era un taxista y que los heridos fueron enviados a un hospital cercano, mientras que la Policía evacuó a quienes aún permanecían en el lugar tras la explosión.

Por su parte, Fernando Cornejo, presidente de la empresa municipal Segura, indicó que por medio de las cámaras de videovigilancia pudieron identificar que dos vehículos salieron de la Cooperativa San Francisco, un barrio ubicado frente al complejo penitenciario de Guayaquil, hacia la zona financiera y comercial, pero que solo uno de ellos explotó.

Un «acto terrorista» en Guayaquil

El ministro del Interior, John Reimberg, calificó el hecho como un «acto terrorista» y confirmó que un segundo vehículo tenía «una cantidad de explosivo que no detonó y que fue inmediatamente neutralizado».

El funcionario indicó que la unidad antiexplosivos de la Policía estaba haciendo «detonaciones controladas» en Guayaquil y «peritajes para determinar la presencia del tipo de explosivo».

«No se trata de un artefacto fabricado artesanalmente, se trata de elementos de elaboración profesional por parte de grupos delincuenciales que quieren ocasionar caos en el país. A la ciudadanía, mantenerse fuera del perímetro donde se encuentra operando Policía», escribió en su cuenta de X.

Posteriormente, Reimberg indicó que los agentes de Guayaquil habían encontrado «cuatro cargas explosivas de alto poder con sus respectivas mechas de seguridad» y un «dispositivo electrónico para activación del explosivo».

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