En una nota de prensa, Fundehullan indicó que estas personas fueron detenidas el pasado miércoles, tras protestar por «los severos y prolongados cortes en el servicio eléctrico, los cuales superaron las 16 horas continuas en la entidad», y fueron excarceladas el jueves con régimen de presentación cada 20 días ante tribunales.

Además, señaló que fueron imputadas por tres presuntos delitos relacionados con el ejercicio de la «manifestación pacífica»: «obstaculización de la vía pública (por el cierre temporal de arterias viales), instigación pública y agavillamiento».

El presidente de Fundehullan, Roland García, rechazó los cargos atribuidos y denunció «la persistencia de patrones de judicialización» contra los venezolanos.

«Exigimos la libertad plena y sin restricciones para estos cinco jóvenes. Reclamar por servicios públicos básicos y de calidad, como la electricidad, no es un delito. Es un derecho fundamental garantizado por la Constitución», manifestó García, citado en la nota.

Venezuela sufre desde hace años fallas en el suministro eléctrico, de las que el chavismo ha responsabilizado a las sanciones extranjeras, mientras que la oposición, organizaciones no gubernamentales y expertos las atribuyen a la corrupción y la falta de mantenimiento.

El pasado 8 de septiembre, el partido Vente Venezuela (VV), de la líder opositora y nobel de la paz María Corina Machado, alertó en la red social X sobre cortes de electricidad en los estados Mérida, Barinas y Táchira, este último fronterizo con Colombia.

El equipo de VV en Barinas expresó entonces que se sigue «sufriendo la destrucción del sistema eléctrico nacional que comenzó (Hugo) Chávez, lo siguió (Nicolás) Maduro y continúa con Delcy (Rodríguez)», la presidenta encargada de Venezuela.

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Esta cifra suma 16 nuevos presos políticos en comparación con el anterior boletín, luego de que Foro Penal recibiera denuncias y confirmara otros casos, dijo a EFE el director vicepresidente de Foro Penal, Gonzalo Himiob.

«Esto no quiere decir que haya nuevos arrestos. Lo que significa es que tenemos nuevas denuncias de casos que no nos habían reportado antes y que estamos analizando. Son muchos», explicó Himiob.

En este contexto, subrayó que no todos los casos aplican como presos políticos, por lo que la ONG tiene una metodología para clasificar las denuncias y determinar si alguien fue detenido de manera arbitraria, está sometido o con un proceso judicial irregular.

De los 344 presos políticos, Foro Penal indicó que 330 son hombres y catorce mujeres, todos mayores de edad. Asimismo, del total de arrestados, 200 son civiles y 144 militares.

Este viernes, representantes de la ONG de derechos humanos Provea pidieron la liberación de los presos políticos, el cese inmediato de los procesos de investigación y enjuiciamiento basados en las mismas razones, durante una reunión de Dinorah Figuera, jefa de la delegación opositora, que desde el jueves comenzó el segundo ciclo de diálogo con el chavismo.

Entretanto, varias organizaciones no gubernamentales y colectivos civiles integrados en su mayoría por familiares de presos políticos se mantienen en constante protesta para pedir la liberación de sus parientes.

Después de que en enero pasado Estados Unidos capturara a Nicolás Maduro, el gobierno de Delcy Rodríguez anunció un proceso de excarcelaciones que se ha extendido durante todo el año y que incluyó la aprobación, en febrero último, de una ley de amnistía por parte del Parlamento, considerada por muchas ONG como excluyente.

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«De los 397 fallecidos, 369 eran privados de libertad, 22 visitantes, 2 custodios penitenciarios, 3 funcionarios del Ministerio para el Servicio Penitenciario y uno era efectivo de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, Policía militarizada)», indicó la organización en una nota de prensa.

La última masacre, prosiguió el OVP, ocurrió en abril pasado, en el Centro Penitenciario Yare III, en el estado Miranda, «donde después de una protesta cinco reclusos fueron asesinados».

Asimismo, detalló que en 2012 murieron 22 presos en el Centro Penitenciario Región Andina, en el estado Mérida; 26 en Yare I (Miranda) y 10 en la cárcel La Pica, en el estado Monagas.

«Luego de estos hechos sangrientos se han anunciado investigaciones de las que actualmente se desconocen los resultados y los responsables», subrayó el OVP.

La ONG advirtió que el gobierno venezolano, «se lavó las manos diciendo que las muertes se produjeron entre la misma población penal», pero señaló que «es responsabilidad de las autoridades que pase (entre) un arma a un penal».

Igualmente, denunció que tampoco ha habido investigación para los funcionarios que presuntamente cometieron estas muertes, al asegurar que no todas han sido entre los mismos internos.

El observatorio señaló que el Estado venezolano sigue en deuda con las víctimas y sus familias.

«La verdad, la justicia y la reparación no pueden seguir siendo postergadas», apuntó.

En mayo pasado, la Fiscalía General de Venezuela anunció la apertura de una investigación penal a raíz de una protesta protagonizada por los presos del Internado Judicial de Barinas (Injuba), en el oeste del país, que denunciaban malos tratos de funcionarios.

Un mes antes, el Ministerio del Servicio Penitenciario informó sobre un motín de presos en Yare, que dejó cinco fallecidos y la Fiscalía también anunció entonces una investigación, de la que no se conoce públicamente los avances.

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De acuerdo con el balance publicado en X, con fecha de corte del 3 de agosto, hay 356 hombres y 26 mujeres detenidos, de ellos 222 son civiles y 160 militares, aunque se desconoce el paradero de una persona.

Del total de detenidos, según el balance, 40 son extranjeros. Además, hay 158 condenados, mientras 224 personas esperan por la condena.

Aunque la ONG no ofreció detalles sobre los nuevos casos reportados, Foro Penal ha explicado que constantemente revisan denuncias de detenciones que ocurrieron en el pasado y que no habían sido informadas a la organización.

En un balance del pasado 27 de julio, la ONG registraba 379 detenidos por razones políticas.

En el pasado, organizaciones como Human Rights Watch (HRW) ha denunciado un patrón de «puerta giratoria» en Venezuela, en el que se libera a algunos políticos presos, al tiempo que se detiene a otros.

En febrero de este año, tras la captura del depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro por tropas estadounidenses, el Parlamento, controlado por el chavismo, aprobó una Ley de Amnistía para 13 hechos ocurridos en 13 años distintos.

Según el gobierno, encabezado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, más de 8.000 personas fueron beneficiadas con la ley, pero la mayoría de los amnistiados ya contaban con libertad restringida.

En paralelo se ha dado un proceso de cientos de excarcelaciones ordenadas por el gobierno.

Desde 2014 hasta la fecha, Foro Penal registra 19.175 detenciones políticas en el país.

El gobierno niega que en Venezuela haya personas detenidas por motivos políticos y asegura que cometieron delitos, una afirmación rechazada por la oposición y varias ONG.

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A través de X, la organización detalló que, del total de presos políticos, 357 son hombres y 32 son mujeres. Además, indicó que 225 son civiles y 164 militares.

De este grupo, 388 son adultos y uno es menor de edad, añadió Foro Penal, que lidera la defensa de los presos políticos en Venezuela.

La ONG subrayó que desde 2014 hasta la fecha han registrado 19.133 «detenciones políticas», y estiman que más de 11.000 personas están «sujetas arbitrariamente a medidas restrictivas de su libertad», como la prohibición de salida del país o régimen de presentación periódica ante tribunales, medidas que la organización consideró arbitrarias.

Familiares de presos políticos en Venezuela permanecen a las afueras de la Embajada de Estados Unidos en Caracas para pedir por la liberación de los que siguen detenidos.

Los parientes, que se instalaron cerca de la legación diplomática desde el domingo, denuncian que aún son cientos los presos políticos en el país, luego de cinco meses del anuncio del gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, sobre la liberación de un «número importante» de personas.

El pasado mayo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su gobierno iba a asegurarse de liberar a todos los encarcelados por motivos políticos en Venezuela.

Por su parte, el gobierno de Venezuela niega que en el país haya personas detenidas por motivos políticos y asegura que permanecen encarceladas porque cometieron delitos, una afirmación que rechazan varias ONG y partidos políticos opositores.

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El líder oficialista enfrenta cuatro cargos, incluyendo conspiración para cometer terrorismo e importación de cocaína, mientras que su esposa está acusada de delitos relacionados con la conspiración de tráfico de drogas y posesión de armas.

Ambos, capturados por fuerzas estadounidenses el pasado mes de enero en Caracas, se declararon «no culpables».

«En este domingo santo, Cilia y yo elevamos nuestra oración con fe inquebrantable en la victoria de la verdad y de la vida. Que la Santísima Trinidad bendiga a Venezuela y a los pueblos del mundo», afirmó Maduro.

El depuesto mandatario y Flores pidieron hacer de Venezuela «un faro de luz, de esperanza, una tierra de unión y una sociedad nueva, construida con el amor de todos y todas».

«En este domingo de la Santísima Trinidad, Cilia y yo les enviamos un abrazo de fe, amor y esperanza. Este es un día de luz para renovar nuestra fe en el destino de la patria y de la humanidad. Los esfuerzos de hoy, hechos con amor, unión y perseverancia, son la garantía del futuro de paz, prosperidad y libertad verdadera que merecen nuestros pueblos», afirmó.

Hace una semana, ambos pidieron sabiduría y humildad para la reconciliación en Venezuela, en un mensaje por la paz y la unión del país con motivo de Pentecostés.

El hijo del líder oficialista, el diputado Nicolás Maduro Guerra, dijo en la red social X que eleva sus plegarias por la liberación de Maduro y Flores «manteniendo siempre viva la esperanza de que pronto estarán de regreso» en su país.

Si no hay un aplazamiento, el próximo 30 de junio a las 12:00 hora de Nueva York (16:00 GMT), el matrimonio venezolano volverá a la Corte del Distrito Sur de Nueva York, trasladados desde el centro de detención de Brooklyn en el que permanecen desde que fueron arrestados el 3 de enero pasado.

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«Están muy bien, fuertes, muy bien, muy bien, con mucho ánimo, con mucha fuerza y vamos a ver a un presidente delgado, atleta, está haciendo ejercicios todos los días», señaló Maduro Guerra en un video publicado en X por la periodista de Telesur Madelein García.

El diputado dijo que la primera dama, Cilia Flores, quien también fue capturada en enero pasado, está «firme y alerta».

Asimismo, dijo que la audiencia de juicio prevista para el próximo 26 de marzo servirá para «seguir elevando la verdad de Venezuela y la verdad de la inocencia de Maduro y Cilia».

Caso Maduro y Cilia Flores

Maduro está acusado de cuatro cargos: tres de conspiración para cometer narcoterrorismo, importar cocaína y poseer ametralladoras y artefactos destructivos; y un cuarto delito de posesión de esas armas.

Flores, por su parte, está acusada de otros cuatro cargos relacionados: dos de conspiración para importar cocaína, uno de conspiración para poseer armas y otro de posesión de armas.

El jueves, Maduro y Flores reiteraron ante el tribunal federal de Nueva York que no tienen recursos para financiar su defensa en el caso de narcotráfico y afirmaron que están dispuestos a presentar pruebas financieras si el juez lo solicita, para reforzar su petición de desestimar la acusación.

Los abogados Barry Pollack y Mark E. Donelly afirmaron en un documento enviado al juez, en nombre de sus clientes, que, según la defensa, la Fiscalía reconoce el derecho de ambos a solicitar que el gobierno de Venezuela sufrague su defensa.

Además, incluyeron declaraciones juradas de Maduro y Flores en las que aseguran no poder costear sus abogados y manifiestan su disposición a presentar pruebas financieras si el tribunal lo requiere.

Hasta ahora, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro, que administra e impone sanciones económicas y comerciales, no ha autorizado que el gobierno de Venezuela pague a sus abogados, lo que, alegan en un documento enviado al juez federal Alvin Hellerstein, interfiere con el derecho de ambos a elegir su propio equipo legal.

La OFAC ha impuesto sanciones económicas a Venezuela desde 2015 que buscaban presionar para provocar un cambio político, y el gobierno de EEUU no reconoce a Maduro como presidente legítimo de Venezuela.

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«Dirigidos por el general de Ejército Raúl Castro Ruz como líder de la Revolución y por el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez -y en acción colegiada con las máximas estructuras del partido, del Estado y del gobierno-, funcionarios cubanos han sostenido recientemente conversaciones con representantes del gobierno de los Estados Unidos«, señala el comunicado, difundido en redes sociales.

En un mensaje grabado, Díaz-Canel explicó por su parte que «Cuba ha sostenido conversaciones con representantes del gobierno de Estados Unidos orientadas a buscar soluciones por la vía del diálogo a las diferencias entre ambos gobiernos».

El objetivo: «en primera instancia, identificar los problemas que necesitan solución y las posibles soluciones que puedan tener», agregó el presidente, quien matizó que los acuerdos aún están «alejados».

Se pretende «determinar la disposición de ambas partes de concretar acciones en beneficio de los pueblos de ambos países» e «identificar áreas de cooperación para enfrentar las amenazas y garantizar la paz y seguridad de ambas naciones» y también «de la región de América Latina y el Caribe».

«Se trata de un tema que se desarrolla como parte de un proceso muy sensible que se conduce con seriedad y responsabilidad porque afecta los vínculos bilaterales entre las dos naciones y demanda enormes y arduos esfuerzos para encontrar solución y crear espacios de entendimiento que nos permitan avanzar y alejarnos de la confrontación», afirmó.

Advirtió que es un proceso largo y que apenas estaban «en las fases iniciales», lejos de llegar a algún acuerdo en este momento.

Washington ha elevado en los últimos meses la presión sobre Cuba bloqueando la entrada de importaciones de petróleo a la isla, que tan sólo produce un tercio del crudo para satisfacer sus necesidades energéticas.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, había adelantado y asegurado en varias ocasiones durante las últimas semanas que representantes de su Ejecutivo estaban manteniendo contactos con autoridades cubanas.

La Habana negó en varias ocasiones estas conversaciones, pero ahora ha dejado de hacerlo.

Excarcelaciones de presos

Este jueves 12 de marzo el gobierno cubano confirmó la excarcelación de 51 personas detenidas después de mantener contactos con El Vaticano. El comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores sobre esta decisión no hace mención alguna a Estados Unidos. 

Redes sociales comentan y difunden que la mayoría de los excarcelados serían presuntamente presos comunes y no políticos.

Noticia en desarrollo

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Con información de El Nacional, Informe 21 y redes sociales

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El grupo está compuesto por:

• 65 hombres (provenientes del penal de Tocorón).
• 3 mujeres (del centro La Crisálida).
• 3 adolescentes (de La Guaira).

Puntos destacados

Versión oficial: El gobierno de Nicolás Maduro sostiene que en el país no existen presos políticos y que las detenciones responden a delitos graves.

Postura de los familiares: Aunque celebran la medida, el comité la califica de «insuficiente» y exige una amnistía general para lograr la libertad plena de todos los detenidos.

Contexto del proceso: Las excarcelaciones se reactivan tras meses de suspensión (desde marzo de 2025) y constantes peticiones de revisión de casos por parte de las familias.

Cifras y acusaciones: Tras el 28 de julio de 2024, hubo más de 2.400 detenciones. La Fiscalía los señala por «terrorismo», diversas ONG y la oposición defienden su inocencia y los categorizan como presos políticos.

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En el reporte, publicado en la red social X, la organización no gubernamental detalló que, entre los detenidos, hay 782 hombres y 120 mujeres.

El listado especifica que 898 son adultos y cuatro adolescentes de entre 14 y 17 años.

Del total, 728 son civiles y 174 militares, indicó Foro Penal, que subrayó que este listado «no incluye, todavía, a todos los que han sido arrestados y liberados o se mantienen bajo arresto a corto plazo (48 horas)».

La mayoría de estas personas fueron detenidas después de las presidenciales de julio de 2024, en las que el ente electoral, controlado por el oficialismo, proclamó como ganador al mandatario Nicolás Maduro, pese a las denuncias de «fraude» de la oposición mayoritaria, agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), que reclama la victoria de Edmundo González Urrutia.

Tanto Maduro como el fiscal general, Tarek William Saab, niegan que en el país haya personas detenidas por motivos políticos, sino que aseguran cometieron delitos, una afirmación que rechazan varias ONG y líderes opositores.

El pasado jueves, la ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) alertó de que 91 presos políticos padecen «enfermedades graves» y denunció que el «deterioro físico progresivo» de estos detenidos es producto de una «forma de violencia estructural».

La ONG denunció en un mensaje en X la «negación sistemática de atención médica, el incumplimiento de tratamientos y la exposición a condiciones insalubres» en cárceles venezolanas, lo que constituye, subrayó, una «violación directa al derecho a la vida y a la integridad personal».

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Una treintena de personas se concentró frente al Ministerio Público (MP, Fiscalía) en Caracas, entre ellas Hiowanka Ávila, hermana de Henryberth Rivas -arrestado en el Rodeo I, estado Miranda (norte)-, quien denunció que los casos de esos presos, pese a denuncias anteriores, «todavía no han sido atendidos», por lo que temen que haya muertes «bajo custodia del Estado».

Ávila indicó que entre los detenidos hay quienes sufren de cáncer y enfermedades cardiovasculares y neurológicas.

Según la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clipp), veinte personas han muerto desde 2014, cinco de ellas desde noviembre del año pasado.

Margareth Baduel, hermana de Josnars Adolfo Baduel -detenido desde 2020-, afirmó que los familiares de presos políticos también son víctimas.

Por su parte, Luis Alberto Méndez -abuelo de Gabriel Rodríguez, uno de los cuatro adolescentes presos políticos- pidió al fiscal general, Tarek William Saab, que «piense» en estos menores de edad, quienes «son inocentes».

El Gobierno y la Fiscalía de Venezuela niegan que en el país haya presos por motivos políticos, sino ciudadano que cometieron diversos delitos, una afirmación que rechazan varias ONG y partidos políticos opositores.

De interés: ONG Foro Penal contabiliza 884 presos políticos en Venezuela

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En el reporte, la organización no gubernamental detalló que entre los detenidos hay 767 hombres y 117 mujeres. El listado especifica que 880 son adultos y cuatro adolescentes de entre 14 y 17 años.

Del total, 711 son civiles y 173 militares, indicó Foro Penal, que subrayó que este listado «no incluye, todavía, a todos los que han sido arrestados y liberados o se mantienen bajo arresto a corto plazo (48 horas)».

La mayoría de los detenidos fueron capturados después de las presidenciales de julio de 2024, en las que el ente electoral, controlado por el oficialismo, proclamó como ganador al actual presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pese a las denuncias de «fraude» de la oposición mayoritaria, agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD).

Tanto Maduro como el fiscal general, Tarek William Saab, niegan que en el país haya personas detenidas por motivos políticos, sino que aseguran cometieron delitos, una afirmación que rechazan varias ONG y líderes opositores.

De interés: ONG Espacio Público documenta 17 violaciones a la libertad de expresión en octubre

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El operativo, para el que se movilizaron unos 2.500 agentes, comenzó en los complejos de Penha y de Alemão, dos populosos conjuntos de favelas de Río, y aún estaba en curso, según la Policía Civil.

El objetivo de la acción es detener a los cabecillas del Comando Vermelho (CV), una de las bandas del crimen organizado más poderosas de Brasil, y frenar la expansión territorial de la facción.

El Comando Vermelho se dedica principalmente al tráfico de drogas y armas, y su centro de operaciones está en el estado de Río, donde controla algunas favelas de la ciudad, aunque tiene presencia en buena parte del país, especialmente en la región de la Amazonía.

Hasta ahora, la más sangrienta de Río fue el 6 de mayo de 2021, cuando murieron 28 personas, entre ellas un uniformado, en la favela de Jacarezinho, en medio de graves denuncias de abusos de poder por parte de la Policía.

El gobernador del estado de Río, Cláudio Castro, calificó la operación de este martes como «la mayor» realizada contra el Comando Vermelho, que junto con el Primer Comando de la Capital (PCC) es una de las más activas bandas del crimen organizado de Brasil.

Medios locales han informado que integrantes del Comando Vermelho han montado barricadas en las favelas para intentar impedir el ingreso de las fuerzas de seguridad. En numerosas avenidas ha sido cortado el tránsito y todos los cuerpos policiales de la ciudad han sido movilizados.

La operación provocó además el cierre temporal de colegios, cortes en algunas de las arterias viales de la ciudad, afectando a la circulación de un centenar de líneas de autobús, y la suspensión de los trabajos en la Cámara Municipal de Río de Janeiro, entre muchos otros trastornos.

De interés: Derribaron una urbanización de lujo dentro de una de las favelas de Río de Janeiro

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En el reporte publicado en la red social X, la organización no gubernamental detalló que entre los detenidos hay 758 hombres y 108 mujeres. El listado específica que 862 son adultos y cuatro adolescentes de entre 14 y 17 años.

Del total de presos, 693 son civiles y 173 militares, indicó Foro Penal, que subrayó que este listado «no incluye, todavía, a todos los que han sido arrestados y liberados o se mantienen bajo arresto a corto plazo (48 horas)».

La mayoría de los detenidos registrados por el Foro Penal fueron capturados después de las presidenciales de julio de 2024.

El lunes, la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos denunció la detención, en el estado Mérida, del médico Pedro Fernández reconocido -dijo- por su «labor humanitaria, ética y gremial en defensa del derecho a la salud y las condiciones de los trabajadores sanitarios».

De interés: Venezolanos oraron a sus dos primeros santos por libertad de presos políticos

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Convocados bajo el lema «¡Libérenlos!», madres, padres, esposas e hijos se reunieron en la mitad del paso fronterizo con pancartas, fotografías y banderas de Colombia para exigir la libertad de al menos 40 connacionales que, según denuncian, fueron detenidos de forma arbitraria por las autoridades venezolanas.

«Mi hijo, Edwin Iván Colmenares, es abogado y fue detenido hace casi un año cuando se dirigía desde Arauca hacia Cúcuta» por la zona de frontera, relató a EFE Dolly García, una de las manifestantes.

A su lado, Nubia Misse Durán contó que su hermano, David Josué, trabajaba como mototaxista en la frontera y fue detenido hace un año «sin motivo alguno» en otro puesto de control en Peracal (Venezuela).

Con un megáfono en la mano, Yarileinis Navarro Páez, tía de otro de los supuestos detenidos, encabezó la jornada y pidió al presidente Gustavo Petro que interceda por los colombianos.

(Fuente de esta imagen referencial: EFE/Mario Caicedo)

El clamor se intensificó cuando los manifestantes llegaron hasta donde se encontraba la Guardia Nacional venezolana. Allí, varias madres se arrodillaron y suplicaron por la libertad de sus hijos.

«¡Libérenlos! Estamos sufriendo», gritó Dolly, mientras la acompañaban otras mujeres como Luz Clara Villán, quien rogó por su hijo Jhonny Johan, detenido junto a su pareja cuando regresaban de un paseo en Isla Margarita.

El acto se convirtió en un símbolo de resistencia y esperanza, en el que las familias de los colombianos pidieron acompañamiento de las autoridades y de organismos internacionales de derechos humanos.

De interés: Diosdado Cabello informó sobre arresto de ocho colombianos en región delta

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«El grupo de La Haya debe convocar la gran huelga general mundial», manifestó Petro, un ardiente defensor de la causa palestina, en un mensaje en su cuenta de X en el que puso como ejemplo las manifestaciones de las últimas horas en Italia y otros países.

El Grupo de La Haya, al que Petro propuso la convocatoria de la huelga mundial, fue creado en enero pasado por Bolivia, Colombia, Cuba, Honduras, Malasia, Namibia, Senegal y Sudáfrica en respuesta a la grave crisis humanitaria en Gaza y se comprometió, entre otras cosas, a hacer cumplir las órdenes de arresto emitidas por la Corte Penal Internacional (CPI) contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, por crímenes de guerra.

La Flotilla Global Sumud fue casi completamente desarticulada y más del 90 % de sus integrantes detenidos -443 de un total de 500, entre ellos dos colombianas- por fuerzas israelíes, tras la interceptación de más de 40 embarcaciones cuando se aproximaban a la Franja de Gaza para llevar ayuda humanitaria.

Por eso, Petro dijo que el presidente estadounidense, Donald Trump, «debe entender que no podrá comenzar ningún plan de paz si no entra inmediatamente comida a la población de Gaza. No habrá paz si a la gente la matan por inanición».

Trump debe entender que no podrá comenzar ningún plan de paz si no entra inmediatamente comida a la población de Gaza

No habrá paz si la gente la matan por inanición.

Aún quedan barcos llegando a Gaza. No los detenga. Obligue a qué llegue comida del mundo. EEUU y Europa… https://t.co/hovdDeFg3f

— Gustavo Petro (@petrogustavo) October 2, 2025

De interés: Petro asegura que guerra contra las drogas busca dominar con violencia a América Latina

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Fuente de imagen referencial: EFE/Presidencia de Colombia

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El funcionario señaló que los extranjeros fueron detenidos con otras dieciocho personas en el municipio de Otavalo, de la provincia andina de Imbabura, en el norte del país, después de que un millar de manifestantes atacaran un cuartel policial, hirieran a dos agentes y provocaran «daños materiales significativos», de acuerdo al último balance de la Policía.

«Esto es algo que nos llama la atención, qué hacen estos venezolanos en estas manifestaciones, qué están haciendo aquí en el país. Es un tema muy curioso y tenemos que investigar de qué se trata», señaló Reimberg en una entrevista con el canal Teleamazonas.

El Tren de Aragua es una de las organizaciones extranjeras que han sido catalogadas como «terroristas» por el presidente, Daniel Noboa, en el marco del «conflicto armado interno» que declaró en 2024 para luchar contra las bandas criminales ecuatorianas.

De interés: Trump asegura que miembros del Tren de Aragua fueron eliminados

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«Le pedimos, respetuosamente, que eleve su voz y, a través de los medios que considere apropiados, solicite a la administración de Nicolás Maduro la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos», reza la carta.

El texto, leído durante una concentración ante la Embajada de Italia en Caracas, subraya que la canonización de los que serán los dos primeros santos de Venezuela -el médico laico José Gregorio Hernández y la religiosa Carmen Rendiles-, en exactamente un mes, es «una oportunidad única para sanar estas heridas que representan los presos políticos».

En ese sentido, confían en que este «evento histórico y espiritual» pueda «ser un vehículo para la libertad, la paz y la reconciliación» y que los presos políticos lo puedan vivir «en libertad».

La activista Andreína Baduel, integrante del Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve), explicó que esta carta forma parte de las acciones que prevén llevar a cabo en las próximas semanas.

Los familiares y activistas también pidieron al gobierno de Italia apoyar la campaña ‘Canonización sin presos políticos’, entre los que hay siete personas con nacionalidad italiana, según organizaciones no gubernamentales.

De interés: ONG Foro Penal contabiliza 89 presos políticos extranjeros o con doble nacionalidad

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Debido a los incidentes, el mandatario fue inmediatamente evacuado por su custodia junto a su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, mientras que el principal candidato oficialista de cara a los comicios legislativos en la provincia, José Luis Espert, abandonó la escena en una motocicleta.

Los episodios tuvieron lugar durante un acto de campaña en la localidad bonaerense de Lomas de Zamora, bastión del peronismo, donde Milei se encontró con un grupo de manifestantes opositores -superior en número al contingente de simpatizantes oficialistas- que le lanzó piedras, ramas y huevos, entre otros objetos, ante lo cual personal policial protegió al presidente con escudos antes de evacuarlo en un vehículo blindado.

Tras la evacuación del mandatario, se desencadenó una confrontación entre simpatizantes de ambos bandos, que se saldó, según la prensa local, con al menos tres heridos y dos detenidos.

Pese a la caracterización de Milei de los manifestantes como kirchneristas, la protesta en su contra incluyó a representantes de distintos sectores y organizaciones, así como ciudadanos autoconvocados.

CIVILIZACIÓN O BARBARIE
KIRCHNERISMO NUNCA MÁS.
Fin. pic.twitter.com/S887WbszxA

— Javier Milei (@JMilei) August 27, 2025

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En una declaración a periodistas, en la que no permitió preguntas, el fiscal afirmó que se tienen pruebas «técnicas, científicas y documentales» sobre el presunto plan contra el exgobernante, quien fue derrocado el 28 de junio de 2009, e impedir las elecciones y provocar la salida anticipada de la presidenta hondureña, Xiomara Castro, quien cesará en el cargo el 27 de enero de 2026.

El expresidente Zelaya es esposo y principal asesor de la mandataria hondureña.

El fiscal general agregó que las investigaciones han permitido la detención de tres hombres, identificados como Arcadio López Estrada, Perfecto Jesús Enamorado Paz y Antonio David Katan Rivera.

Los detenidos, según dijo el fiscal general, serán acusados por los delitos de terrorismo y tentativa de asesinato, y las pruebas del presunto plan para matar a Zelaya y desestabilizar el país saboteando el proceso de las elecciones ya fueron presentadas ante los juzgados del crimen organizado.

El fiscal también reprodujo un audio, al parecer de una comunicación telefónica entre dos hombres, quienes con lenguaje soez se refieren al expresidente Manuel Zeyala, de quien además dicen que debió ser asesinado tras el golpe de Estado de 2009.

También se refieren a una paralización del país, con lo que se alteraría el proceso electoral en marcha en el país centroamericano.

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Fuente de imagen referencial: EFE/Gustavo Amador

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