«No somos una institución enemiga de ningún país o régimen; somos un tribunal cuya función es procesar y juzgar a los responsables de los crímenes más graves del mundo. Por tanto, quiero dejar claro que no actuamos en oposición a ningún gobierno», afirmó Akane en una rueda de prensa telemática ofrecida a medios japoneses tras ser sancionada la semana pasada por Washington.

La magistrada insistió en que la respuesta de la CPI a las medidas estadounidenses -un conjunto de comunicados que rechazan las sanciones- no debe interpretarse como un enfrentamiento «específico» con la Administración de Donald Trump, sino como una defensa de «la independencia» del tribunal ante cualquier intento de presión exterior.

Además de las sanciones de Trump, Moscú también emitió una orden de detención contra Akane y un tribunal ruso la condenó en rebeldía el pasado diciembre. En ese caso, fue por haber formado parte de la sala que emitió en 2023 una orden de arresto contra el presidente ruso, Vladímir Putin, por la presunta deportación ilegal de menores ucranianos a territorio ruso.

Estas situaciones obligan a Akane a dedicar «un tiempo y esfuerzo considerables» a garantizar su seguridad personal, dijo.

La presidenta rechazó además las acusaciones de Estados Unidos contra la CPI y calificó de «absolutamente falso» que sea una organización «política y corrupta que utiliza el derecho internacional para arrebatar soberanía» a otros países, como afirma Washington.

Según Akane, la Corte y su personal investigan, procesan y juzgan de manera «neutral e imparcial» a altos cargos sospechosos de los crímenes internacionales más graves y solo cuando se cumplen las condiciones establecidas por el Estatuto de Roma, su tratado fundacional.

También rechazó que las medidas estadounidenses respondan a una investigación actual dirigida contra sus ciudadanos y consideró que Washington invoca una «amenaza distante» (una investigación de presuntos crímenes en Afganistán que podría afectar a militares estadounidenses), sin que exista en estos momentos un caso directo contra personal de Estados Unidos.

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«En mi Gobierno la postura de Colombia es la paz mundial, el derecho internacional y la ley internacional que debe respetarse», expresó Petro durante una ceremonia de ascensos del Ejército en Bogotá.

El mandatario agregó: «no importa cuántos misiles se tengan en poder ni cuántos dólares en los presupuestos, la civilización no será civilización humana si se pierde el principio del derecho internacional y Colombia lo obedece, lo respeta, lo apoya y lo fortalece».

En ese sentido, la embajadora de Colombia ante la ONU, Leonor Zalabata, explicó el lunes pasado que el país centrará su presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU en la paz en Oriente Medio y la situación de las mujeres y los niños en los conflictos.

Por eso, este mes se celebrarán tres reuniones de alto nivel, la primera de ellas, centrada en la mediación y el diálogo para una paz duradera en Oriente Medio, tendrá lugar el próximo 10 de junio y estará liderada por el presidente colombiano, Gustavo Petro.

La segunda tratará sobre la participación de las mujeres en los procesos de paz, se llevará a cabo el 17 de junio y estará encabezada por la ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, Rosa Villavicencio Mapy.

La tercera, sobre la infancia y los conflictos armados y la protección de la educación de la niñez afectada por los conflictos, se celebrará el próximo 24 de junio.

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Declaraciones de Guterres

Diferenciación con Venezuela: Guterres calificó de «injusta» la comparación entre Cuba y Venezuela. Señaló que la operación militar de enero que resultó en la captura de Nicolás Maduro contó con «grandes complicidades» internas, una situación que no ve replicable en la isla.

Sanciones ilegales: El secretario general reiteró que las sanciones impuestas por Washington violan el derecho internacional, especialmente tras la nueva orden ejecutiva de Trump que bloquea activos de cualquier empresa o persona que mantenga relaciones comerciales con el gobierno cubano.

Contexto de tensión: Estas declaraciones ocurren luego de que Trump asegurara que tomaría el «control» de Cuba tras finalizar la ofensiva en Irán. Actualmente, la isla enfrenta un severo bloqueo petrolero que ha restringido drásticamente la entrada de combustible desde enero.

Diálogo en curso: Aunque ambas naciones han reconocido mantener conversaciones desde hace más de un mes, hasta el momento no se han revelado avances ni temas específicos de la agenda.

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Así lo dijo Stéphane Dujarric, el portavoz del secretario general de la ONU, en su rueda de prensa diaria, cuando quedan horas para que se complete el ultimátum de Trump a Irán.

«La ONU se muestra muy clara en cuestiones relacionadas con el derecho internacional y, una vez más, insta a todas las partes a que cumplan con sus obligaciones en lo que respecta a la conducción de estas hostilidades. Recuerda que las infraestructuras civiles, incluidas las infraestructuras energéticas, no pueden ser atacadas», declaró el portavoz.

Además, según Dujarric, esta prohibición se extiende a las infraestructuras civiles que «pudieran considerarse un objetivo militar» cuando un ataque pudiera causar «daños colaterales excesivos a la población civil«.

«Cualquier ataque contra infraestructuras civiles es una violación del derecho internacional y muy clara», afirmó.

El mandatario colombiano señaló que el sistema multilateral actual ha fracasado en prevenir la violencia y garantizar el derecho internacional.

Elementos clave en su discurso

Crítica a la OEA por Venezuela: Petro lamentó que la OEA no pudiera «detener los misiles» durante la operación del pasado 3 de enero en Caracas que resultó en la detención de Nicolás Maduro. Afirmó que Caracas se convirtió en la primera ciudad latinoamericana de la historia en ser bombardeada.

«Cambio de época» y barbarie: El mandatario advirtió que el mundo se encuentra ante un posible colapso de la civilización, mencionando que el peligro de una «Tercera Guerra Mundial» es real y palpable.

Escepticismo ante las Naciones Unidas: Al referirse a la situación en la Franja de Gaza, Petro cuestionó la utilidad de la ONU y del derecho internacional, señalando que las órdenes de captura internacionales (en referencia a Benjamín Netanyahu) no se cumplen: «Lo que construimos hoy no sirve».

Contexto de la visita: Estas declaraciones marcaron el fin de una agenda de cuatro días en EEUU, que incluyó una reunión con el presidente Donald Trump en la Casa Blanca y un discurso ante la OEA.

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“Lo que haremos en este caso es lo que hemos hecho hasta ahora, aunque no hayamos reconocido la legitimidad del presidente Nicolás Maduro, y lo mismo en el caso de Delcy Rodríguez, ahora la nueva presidenta encargada de Venezuela», indicó la portavoz comunitaria Anitta Hipper durante la rueda de prensa diaria de la Comisión Europea.

La portavoz de la jefa de la diplomacia de la UE, Kaja Kallas, destacó que el bloque mantendrá “un compromiso específico con las autoridades venezolanas para salvaguardar nuestros propios intereses y defender nuestros propios principios”.

Recordó que, para la UE, las autoridades de Venezuela “derivan su mandato de un proceso electoral que no respetó la voluntad del pueblo en favor del cambio democrático” en las elecciones del 28 de julio de 2024.

Europa no reconoce; pero está dispuesta a conversar y proteger sus intereses

En ese sentido, insistió en que “el futuro de Venezuela debe configurarse precisamente a través de un diálogo inclusivo que conduzca a una transición democrática y, por lo tanto, incluya a todos los actores comprometidos con la democracia, entre ellos las figuras de los líderes de la oposición elegidos democráticamente”.

Preguntada por si la UE piensa revisar las medidas restrictivas que impuso contra Rodríguez, que incluyen la prohibición de entrar en territorio comunitario, Hipper dijo que “en lo que respecta a las sanciones, todas las decisiones se toman por unanimidad entre nuestros Estados miembros, y no puedo anticiparme ni prejuzgar nada de este trabajo”.

El domingo, Kallas publicó una declaración en nombre de 26 de los 27 Estados miembros (todos menos Hungría), en la que llamó a la “calma y moderación de todos los actores, con el fin de evitar una escalada y garantizar una solución pacífica a la crisis”.

También pidió respetar los principios del derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas.

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«Seguimos defendiendo que Maduro carece de legitimidad», dijo Kallas en una comparecencia en la comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo.

Consideró que para la UE es también «importante mantener la presencia sobre el terreno» y aseguró que el club comunitario se encuentra en contacto «con representantes de la oposición y también apoya la lucha contra el crimen organizado transnacional».

Recordó que en la cumbre del pasado noviembre entre la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) escuchó lo que decían los representantes de los países americanos.

«Es un problema. Estos son desafíos globales que requieren también soluciones globales, cuando se trata del tráfico de drogas. Las drogas están llegando a países europeos y tienen un gran problema con las bandas que se están realmente apoderando de diferentes países», comentó.

«Un completo caos»

También aseguró que en el momento actual «es un completo caos» y las reglas «simplemente no se aplican».

«Nosotros somos los que hemos estado defendiendo las reglas», comentó, y agregó que «todo paso que se dé debe ser acorde con el Derecho Internacional».

Estados Unidos mantiene en la actualidad un despliegue militar en el mar Caribe cerca de Venezuela y en los últimos meses ha realizado ataques contra embarcaciones que supuestamente llevaban drogas, en los que han muerto más de ochenta personas.

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«Colombia expresa, una vez más, rechazo y condena este tipo de ataques unilaterales, porque la lucha contra el narcotráfico no autoriza a ningún estado actuar al margen del derecho internacional«, expresó el representante permanente de la nación suramericana ante la OEA, Luis Vargas, en la sesión regular de la instancia celebrada en Washington.

«La fuerza letal solo es legítima como último recurso ante una amenaza inminente», resaltó Vargas durante su intervención y agregó que la delincuencia organizada debe combatirse bajo «la aplicación de la ley» y que «no son un escenario de guerra».

La condena del Gobierno del presidente, Gustavo Petro, hace referencia a la veintena de ataques contra supuestas lanchas cargadas en el Caribe y el Pacífico cerca de las costas de Venezuela y Colombia, matando extrajudicialmente a más de 80 personas bajo la justificación de combatir el narcotráfico.

La subjefa de la misión estadounidense ante la OEA, Kimberly Penland, respondió que los operativos en aguas internacionales son «en defensa» de su país: «Estados Unidos se encuentra bajo ataque de organizaciones narcoterroristas en nuestro continente», declaró.

El Gobierno colombiano asegura que durante el mandato de Petro, sancionado por Washington por presuntos vínculos con el narcotráfico, han incautado más de 2.600 toneladas de cocaína evaluadas en 235 millones de dólares.

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Confirmó que las personas a bordo fueron víctimas de «ejecuciones extrajudiciales» y que tales acciones deben cesar «independientemente de los presuntos delitos que se les imputen»

«Estos ataques, y su creciente costo humano, son inaceptables. Estados Unidos debe ponerles fin», exigió el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, tras recordar que más de 60 personas han muerto en esos ataques perpetrados por las fuerzas armadas estadounidenses, según las informaciones disponibles.

Una portavoz de Türk dijo que comunicó su sentir a las autoridades estadounidenses la posición de su organismo.

Estados Unidos ha intentado justificar estos bombardeos indicando que forman parte de operaciones necesarias contra las drogas y el terrorismo, y que desde su punto de vista lo que rige sus actos es el derecho internacional humanitario, aplicable únicamente en contextos de conflicto armado.

Sin embargo, la ONU está en desacuerdo con ese argumento y no considera que se trate de un conflicto armado ni que pueda hablarse de hostilidades declaradas.

Por ello, defiende que lo que debe regir son las normas internacionales de los derechos humanos.

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Estados Unidos también sancionó a la primera dama, Verónica Alcocer, su hijo Nicolás Petro y el ministro colombiano del Interior, Armando Benedetti, medidas que Venezuela consideró como «ilegales, ilegítimas y de carácter neocolonial que violan el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas».

Por tanto, exigió en un comunicado el «cese inmediato de estas prácticas coercitivas» y convocó a los Gobiernos y pueblos de América Latina y el Caribe a «defender la soberanía y la dignidad» de la región frente a «toda forma de injerencia».

Los sancionados fueron incluidos en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por su sigla en inglés), por lo cual todos los activos y propiedades que pudieran tener en Estados Unidos quedan bloqueados y se prohíbe hacer transacciones con ellos.

La semana pasada, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó al mandatario colombiano de ser un «líder del narcotráfico» y suspendió la ayuda financiera para Colombia, país que en septiembre retiró de la lista de naciones que cooperan en la lucha contra el tráfico de drogas.

Petro ha defendido su política contra las drogas, que sustituyó la estrategia de erradicación de cultivos por un enfoque más social y de salud pública, y ha acusado a Trump de haber «calumniado e insultado a Colombia».

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En Telegram, Gil informó que, en el marco de la Presidencia que Rusia ejerce en el Consejo de Seguridad de la ONU, sostuvo una llamada telefónica con Lavrov, a quien manifestó que «sectores políticos de Estados Unidos» buscan «justificar un despliegue bélico» y poner «en riesgo la estabilidad del continente» y de Venezuela.

«Recibimos la plena expresión de apoyo y solidaridad del Gobierno ruso con Venezuela, así como su compromiso con la preservación de América Latina y el Caribe como Zona de Paz», aseguró Gil.

Asimismo, indicó que ambos coincidieron en la importancia de «fortalecer la acción conjunta en el marco de la ONU, el Consejo de Seguridad y el Grupo de Amigos en Defensa de la Carta de las Naciones Unidas, para garantizar el respeto al derecho internacional y la soberanía de los pueblos» en Venezuela.

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Fuente de imagen referencial: EFE/Ernesto Guzmán Jr.)

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Al comentar una recomendación en ese sentido hecha hoy en Ginebra por la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, el presidente colombiano recordó que hace dos días él mismo calificó como «asesinato» el ataque de EE.UU. contra la lancha en la que supuestamente se movilizaban miembros del Tren de Aragua, declarado grupo terrorista por EE.UU.

«Dije que era un asesinato y es un asesinato en cualquier parte del mundo. Si al Gobierno de EEUU no le importa la ONU y el derecho internacional, a mí, sí», manifestó Petro, quien se encuentra de visita en Japón, en un mensaje en su cuenta de X.

Dije que era un asesinato y es un asesinato en cualquier parte del mundo.

Si al gobierno de EEUU no le importa la ONU y el derecho internacional, a mí, sí.

La colaboración del gobierno colombiano en la lucha antinarcotraficante es profunda, a fondo, sin doble moral de mi parte,… https://t.co/chxEixuI9k

— Gustavo Petro (@petrogustavo) September 5, 2025

Enseguida el mandatario indicó: «La colaboración del gobierno colombiano en la lucha antinarcotraficante es profunda, a fondo, sin doble moral de mi parte, pero se supedita al derecho internacional».

«El gobierno de EEUU, si respeta el derecho internacional, tiene todo mi apoyo, pero si lo rompe, toca rehacer nuestra colaboración«, expresó el mandatario colombiano.

Petro, que defiende un nuevo enfoque en la lucha contra las drogas, subrayó que bajo su Gobierno, «Colombia no colabora con asesinatos» sino que se hace «uso proporcional de la fuerza, como enseñan décadas de sabiduría humana en tratados aprobados mundialmente y que son parte de nuestra Constitución».

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«Estados Unidos debe demostrar, en cada ataque, que solo se empleó fuerza letal intencional cuando fue estrictamente inevitable para proteger la vida», señaló la directora de Seguridad con Derechos Humanos de AI en EEUU, Daphne Eviatar.

De no ser así, advirtió, el ataque constituiría una clara violación del derecho a la vida conforme al derecho internacional de los derechos humanos y sentaría un «precedente peligroso», ya que el uso de la fuerza letal en este contexto carecería por completo de justificación.

«Las circunstancias del incidente plantean serias dudas sobre la legalidad, la rendición de cuentas y el respeto del derecho internacional de los derechos humanos», agregó Eviatar.

En su comunicado, la organización exigió una investigación «pronta, exhaustiva, independiente, imparcial y transparente» sobre lo ocurrido y recordó que el uso intencional de la fuerza letal está regulado por las normas aplicables a las fuerzas del orden en virtud del derecho internacional de los derechos humanos.

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Así figura en un informe del Departamento de Estado, que entregó al Congreso después de que se retrasara su publicación varios días y que supone la evaluación más detallada hasta ahora de la conducta de Israel en Gaza desde que empezó la guerra en octubre.

En el documento no se concluye que el país israelí haya violado el derecho internacional y las reglas que Washington establece para la venta de armamento a cualquier nación.

No obstante, el Departamento de Estado afirma que es «razonable valorar» que las armas estadounidenses han sido utilizadas por el Ejército israelí «en algunos casos» de manera «inconsistente» con sus obligaciones con el derecho internacional o con «las mejores prácticas establecidas» para mitigar el daño a los civiles.

Informe de EEUU sobre Israel

El informe destaca que Israel tiene «el conocimiento, la experiencia y las herramientas» para evitar la muerte de civiles; pero enfatiza que los resultados sobre el terreno, incluidos los altos niveles de víctimas, plantean «sustanciales interrogantes» sobre si el Ejército israelí está usando las armas estadounidenses «de manera efectiva en todos los casos».

Pese a esos indicios, el Departamento de Estado concluyó que no tiene «suficiente información» para determinar que el país israelí haya violado el derecho internacional humanitario y justifica esa conclusión por la «naturaleza» del conflicto en Gaza, que dificulta evaluar o llegar a conclusiones definitivas sobre incidentes individuales.

El informe también subrayó que Israel ha iniciado diferentes procesos para buscar responsabilidades por posibles violaciones del derecho internacional, algo que resulta clave en la evaluación de Estados Unidos para determinar que continuará entregando ayuda militar a Israel.

El informe tampoco encontró suficientes indicios para concluir que se haya obstruido de manera intencional la entrada de ayuda humanitaria en Gaza, donde escasean los alimentos y donde han muerto más de 34.000 personas como consecuencia del conflicto.

Este reporte, conocido como NSM-20, fue elaborado a petición del presidente, Joe Biden, en febrero y exigía a todos los países que reciben ayuda militar de EE.UU. y están involucrados en conflictos dar «garantías» por escrito de que cumplirían el derecho internacional y no obstaculizarían la entrega de ayuda humanitaria proporcionada por el Gobierno estadounidense.

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Fiorella Tagliafico R.

Con información de EFE Servicios y redes sociales

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China expresó su «profunda preocupación» por la situación en Rafah, una ciudad palestina situada en la frontera entre Gaza y Egipto, donde las fuerzas israelíes han lanzado una ofensiva aérea y terrestre que ha causado cientos de muertos y heridos, así como miles de desplazados.

Una condena a las violaciones del derecho internacional

China «se opone y condena las acciones que dañan a civiles y vulneran el derecho internacional», afirmó un portavoz del ministerio. Por ello, insta a Israel a «hacer todos los esfuerzos para evitar víctimas civiles inocentes «, agregó.

China también pidió a la comunidad internacional que «asuma su responsabilidad» y que «intensifique sus esfuerzos diplomáticos» para lograr un alto el fuego inmediato y duradero, así como para facilitar la ayuda humanitaria a la población afectada.

Una postura de apoyo a la causa palestina

China se ha mostrado históricamente como un país aliado de la causa palestina, y ha defendido la solución de los dos Estados, basada en las fronteras de 1967 y con Jerusalén Este como capital de Palestina.

China también ha ofrecido su apoyo económico y político a la reconstrucción de Gaza, y ha abogado por el diálogo y la negociación entre las partes en conflicto, respetando las resoluciones de la ONU y el derecho internacional.

China reclama a Israel que detenga «cuanto antes» las operaciones militares en Rafá, en el sur de Gaza

Pekín advierte de un «devastador desastre humanitario» si las tropas israelíes lanzan una ofensiva terrestre contra la ciudadhttps://t.co/wM2s7H5FEz

— EP Internacional (@EPinternacional) February 13, 2024

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Gabriel Velásquez

Con información de medios internacionales y redes sociales

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Louis Charbonneau, representante de HRW ante las Naciones Unidas, detalla, en un artículo revelador, la preocupación ante los dos vetos previos de Washington, bloqueando resoluciones que exigían el respeto al derecho internacional tanto a Israel como a las milicias palestinas.

Preservando la dignidad

En este llamado urgente, HRW destaca la gravedad del conflicto y subraya el papel crítico de Estados Unidos en respaldar resoluciones que buscan frenar las atrocidades.

El artículo explora episodios anteriores en los cuales EE.UU. bloqueó resoluciones cruciales, evidenciando la importancia de mantener la integridad del derecho internacional en el conflicto entre Israel y Hamás.

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Gabriel Velásquez

Con información de medios internacionales

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Pacto y acuerdos para el diálogo sostenido

En el núcleo del «Acuerdo de Argyle», rubricado por ambas partes, se encuentran 11 compromisos destinados a fomentar el diálogo y prevenir el empleo de la fuerza en cualquier circunstancia. Este documento va más allá, abarcando las controversias existentes entre los Estados.

Maduro: fue una jornada intensa y tensa, pero hablamos con la verdad y pude estar cara a cara con el presidente de Guyana.

️ Ha valido la pena defender la verdad de Venezuela y buscar con la diplomacia de paz el camino del diálogo y el entendimiento.

VTV. pic.twitter.com/uU2w3EAXdd

— (@polianalitica) December 15, 2023

Mediación Multilateral: Esfuerzos de la Celac y el Caricom

La propuesta de reunión, respaldada por la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) con el apoyo de la Comunidad del Caribe (Caricom), recibió la atenta observación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Este esfuerzo conjunto busca poner fin al conflicto territorial que involucra a estas naciones, luchando por controlar una región rica en recursos, entre ellos, el codiciado petróleo.

Resolución bajo el estandarte del Derecho Internacional

Según el acuerdo histórico, cualquier contienda se resolverá conforme al derecho internacional, con especial énfasis en el «Acuerdo de Ginebra» de 1966. Este marco legal establece la vía del diálogo como la solución fundamental para poner fin a los desacuerdos territoriales.

Los 11 Acuerdos de la reunión entre Venezuela y Guyana por la controversia del Esequibo:

1️⃣ Guyana y Venezuela no se amenazarán ni utilizarán la fuerza mutuamente en ninguna circunstancia.

2️⃣Cualquier controversia entre los dos Estados se resolverán de conformidad con el… pic.twitter.com/u7U4rRLbAz

— (@polianalitica) December 15, 2023

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Gabriel Velásquez

Con información de medios nacionales e internacionales y redes sociales

Fuente de imagen referencial: x/@Polianalitica

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La reunión de dos días de duración en la que participarán delegados de seguridad nacional es la tercera ronda de este tipo de conversaciones en los últimos meses. Ucrania considera es una oportunidad para conseguir el apoyo de países de todo el mundo al plan de paz de 10 puntos del presidente Volodymyr Zelenskyy, sobre todo teniendo en cuenta que el conflicto de Oriente Medio puede desviar el foco de atención de Ucrania.

Rusia, que no ha sido invitada, ha tachado la iniciativa de tendenciosa.

“Los esfuerzos diplomáticos de Ucrania están dando sus frutos, ya que el apoyo internacional a la fórmula de paz ucraniana es cada vez mayor”, escribió el jefe de la oficina presidencial de ese país, Andriy Yermak, en X —antes conocido como Twitter— previo a la sesión inaugural, destacando la nutrida asistencia internacional.

Met with Minister for Foreign and European Affairs and Trade of the Republic of Malta @MinisterIanBorg.

I thanked the Maltese side for organizing an unprecedented meeting on the principles of peace for Ukraine, Europe and the world. pic.twitter.com/S0WoT0RdHD

— Andriy Yermak (@AndriyYermak) October 28, 2023

La primera ronda de conversaciones, celebrada en Copenhague en junio, contó con sólo 15 participantes, cifra que aumentó a 43 en la segunda ronda, celebrada en Yeda en agosto.

En su discurso en la conferencia, Yermak señaló que, a medida que más y más Estados se suman al desarrollo del plan de Zelenskyy, “Rusia tendrá que ceder ante la comunidad internacional. Tendrá que aceptar nuestras condiciones comunes”.

A continuación especificó que cinco de los 10 puntos del plan se debatirían en las conversaciones del fin de semana: seguridad nuclear, seguridad energética, seguridad alimentaria, liberación de prisioneros de guerra y deportados, así como restablecimiento de la integridad territorial de Ucrania.

En esta oportunidad, representantes de 65 naciones debaten en el país mediterráneo varios puntos propuestos por el presidente ucraniano, que articulan un plan de paz

En su discurso de apertura, el ministro de Asuntos Exteriores de Malta, Ian Borg, dijo que la alta asistencia era un “voto de confianza en Malta como mediador de paz”, reiterando el apoyo del país a Ucrania.

“Aunque somos un Estado neutral, no podemos permanecer callados ante la injusticia, las atrocidades y el abuso de poder en esta región”, afirmó Borg. “Malta cree en el multilateralismo bajo los auspicios del derecho internacional y la Carta de la ONU”.

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DOBLE LLAVE

Con información de El Impulso, agencias y redes sociales

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El vicepresidente de Seguridad Ciudadana y Paz, Remigio Ceballos Ichaso, realizó el anuncio desde el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, donde recibió al grupo para el proceso de identificación, pruebas de salud y atención social, según informó la cadena estatal de televisión venezolana (VTV).

Asimismo, señaló que «el daño causado por las medidas coercitivas unilaterales e ilegales que violan los Derechos Humanos y el Derecho Internacional afectó a muchas de estas personas», en referencia a las sanciones unilaterales impuestas contra Venezuela.

Este vuelo se enmarca en un giro significativo de las relaciones entre Washington y Caracas, ya que ninguna aerolínea había volado a Venezuela desde 2019.

Retornan 131 connacionales repatriados desde EEUU

A los venezolanos que retornaron al país se les revisarán sus documentos y se les apoyará en la movilidad que requieran para llegar a sus hogares.https://t.co/VAGsaGTGSv

— Últimas Noticias (@UNoticias) October 18, 2023

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Con información de dpa y redes sociales

Fuente de imagen referencial: Últimas Noticias

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Khan afirmó tras su visita a Venezuela que la apertura de la oficina permitirá aumentar la escala y el impacto de la presencia de la CPI en el país, con el fin de identificar y apoyar «esfuerzos significativos» para mejorar las iniciativas de Justicia.

En noviembre de 2022, Khan solicitó a la Sala de Cuestiones Preliminares autorización para continuar con la investigación sobre los presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela.

«Esta oficina tiene como propósito suministrar asistencia técnica a las instituciones del sistema de Justicia venezolano, de modo que también puede servir como una oportunidad para coadyuvar al rescate de la institucionalidad del sistema de Justicia», añadió el fiscal.

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, aseguró que esta oficina tendrá como objetivo principal la asistencia técnica, la formación y la cooperación, en el marco de la complementariedad a la que se comprometieron las partes mediante la firma de un memorando de entendimiento.

«El foco del Estatuto de Roma son los cuadros medios y altos de la cadena de mando, porque son ellos los encargados de prohibir, de reprimir, de prevenir y de impedir que se cometan estos hechos», señaló Gómez Guaimar.

El abogado indicó que la instalación de la oficina en Caracas parte de un diagnóstico de lo que está mal y se debe mejorar, por lo que también tendrá un efecto de supervisión sobre las acciones del Estado.

«Toda la relación va a ser de supervisión, efectivamente, uno de los aspectos más importantes que mucha gente no ha notado y que no entiende es que para que se produzca el mecanismo de complementariedad, es necesario que haya esta supervisión», manifestó.

Gómez Guaimara agregó que, para lograrlo, se requiere la plena voluntad del Estado para implementar reformas sustanciales y significativas y así «recobrar» la independencia del Poder Judicial y su funcionalidad.

«La asistencia técnica va a procurar fortalecer el sistema de Justicia en Venezuela (…) lo que resultaría razonable es que establecieran unos plazos o que determinara alguna forma de rendición de cuenta o establecimiento de resultados en relación con la gestión de esa propia asistencia», señaló.

El abogado aseveró que la asistencia técnica va más allá de la formación a funcionarios y buscará generar condiciones reales para que existan investigaciones y enjuiciamientos por crímenes de lesa humanidad.

Para lograrlo, Gómez destacó la necesidad de que exista transparencia en la gestión, así como una comunicación permanente con la sociedad venezolana y con todos los actores interesados en la gestión de la CPI, lo que incluye a las ONG y las presuntas víctimas.

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Víctor De Abreu