«Esto lo voy a decir con total y absoluta responsabilidad, no hay un solo país de América que tenga mejores índices de seguridad que Venezuela, no lo hay», sostuvo en un acto en el estado insular de Nueva Esparta, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

El también número dos del oficialismo aseguró que las autoridades revisan «todas las semanas los índices delictivos» y que solo ha habido un incremento en el ámbito informático.

Diosdado Cabello informó de un aumento en las solicitudes para ingresar a la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES), lo que, a su juicio, demuestra que el pueblo venezolano «no tiene miedo» a pesar de «lo que ocurrió» en el país.

El pasado 3 de enero, fuerzas de Estados Unidos capturaron al gobernante Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, en medio de una serie de ataques en Caracas y tres regiones aledañas, tras lo que la entonces vicepresidenta, Delcy Rodríguez, asumió como mandataria encargada.

El pasado jueves, comenzó el despliegue en todo el territorio de un total de 228.028 militares y policías, además de otros funcionarios del Estado, como parte de un plan de seguridad por las fiestas de Carnaval, que iniciaron el sábado y concluirán el martes, expresó Cabello.

Se trata de un incremento del 19,7 % respecto al operativo de 2025, cuando se movilizaron 190.495 funcionarios.

De interés: Diosdado Cabello acusa a Juan Pablo Guanipa de «tratar de generar violencia»

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El proceso es conducido por el juez federal Alvin Hellerstein, un magistrado de 92 años conocido por su rigor en casos de alto perfil, como los de Harvey Weinstein y el exjefe de inteligencia chavista Hugo «El Pollo» Carvajal.

Los 4 cargos principales contra Maduro:

De acuerdo con la acusación sustitutiva (superseding indictment), el gobierno de EEUU imputa al mandatario venezolano los siguientes delitos, que podrían acarrear cadena perpetua:

Conspiración de narcoterrorismo: Se le acusa de liderar el «Cártel de los Soles» y colaborar con las FARC para «inundar» Estados Unidos de cocaína, utilizando la droga como un «arma» para desestabilizar al país.

Conspiración para importar cocaína: Participación directa en la logística para traficar toneladas de droga hacia suelo estadounidense durante más de dos décadas.

Posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos: Uso de armamento militar y explosivos para proteger y facilitar las operaciones de narcotráfico.

Conspiración para poseer armas de guerra: Asociación con grupos armados para el mantenimiento de la estructura criminal.

Detalles de la audiencia y reclusión:

Procedimiento: En esta primera sesión, el juez Hellerstein procederá a la lectura formal de cargos, verificará la representación legal del acusado y decidirá sobre su detención preventiva sin fianza, dada la altísima peligrosidad y riesgo de fuga.

Lugar de reclusión: Maduro permanece bajo custodia en el Metropolitan Detention Center (MDC) en Brooklyn, una de las prisiones federales más restrictivas de EEUU.

Nuevos imputados: La acusación desclasificada el fin de semana incluye por primera vez a su esposa, Cilia Flores, y añade cargos contra su hijo, Nicolás Maduro Guerra («Nicolasito»).

De interés: Cronología de la captura y traslado de Maduro a EEUU

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«Tras meses de diálogo y coordinación diplomática, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, con el liderazgo de la canciller, Rosa Yolanda Villavicencio Mapy, logró la liberación de un primer grupo de 17 colombianos que se encontraban privados de la libertad en distintos centros penitenciarios de Venezuela», señaló la Cancillería en un comunicado.

El pasado 12 de octubre, el viceministro de Asuntos Multilaterales de Colombia, Mauricio Jaramillo Jassir, adelantó que el Gobierno había comenzado gestiones para atender la «crisis humanitaria» de al menos 40 ciudadanos colombianos privados de la libertad en Venezuela.

«Este es un paso significativo en la tarea de garantizar los derechos de nuestros connacionales y de responder a los llamados de sus familias. La protección de los connacionales en el exterior es una prioridad del Gobierno del presidente Gustavo Petro», dijo hoy la ministra Villavicencio.

Colaboración diplomática entre Colombia y Venezuela

El proceso de liberación, desarrollado en «estrecha colaboración» con el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores de Venezuela, tuvo el acompañamiento del embajador en el país, Milton Rengifo Hernández; el cónsul en San Cristóbal, David Gilberto Haddad Clavijo; el cónsul en San Antonio del Táchira, Jesús Alberto Grueso Zúñiga y la directora de Migración, Gloria Esperanza Arriero López.

Los funcionarios «supervisaron el procedimiento de verificación y liberación que se llevó a cabo en el Municipio de Pedro María Ureña, estado Táchira, Venezuela», detalló la información de la Cancillería.

Villavicencio reafirmó que mantendrá el diálogo con su homólogo venezolano, Yván Gil, para coordinar los siguientes pasos en favor de otros ciudadanos que aún permanecen detenidos en cárceles venezolanas, incluyendo la evaluación de repatriaciones.

Asimismo, el Ministerio de Relaciones Exteriores reiteró «su compromiso de continuar utilizando los canales diplomáticos para asegurar que los detenidos reciban asistencia consular, un debido proceso y un trato digno.

De interés: Familias de colombianos detenidos en Venezuela manifestaron en puente fronterizo

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«Se trata de una medida urgente que abonaría a la recuperación de la constitucionalidad en el país y a abrir progresivamente condiciones para el diálogo y la convivencia democrática», indicó la organización en un comunicado.

Se excluirían de esta ley, aclaró la ONG, los delitos graves contra las personas, violaciones a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad.

La organización saludó la excarcelación de 13 presos políticos en Venezuela, según informaron dirigentes opositores la madrugada del domingo.

Solución propuesta de Surgentes

A juicio de Surgentes, esta decisión permite «avanzar hacia la solución democrática, institucional y constitucional de las diferencias políticas que atraviesa el país y que amenazan gravemente la defensa y vigencia de los derechos humanos».

«El conflicto venezolano debe reconstitucionalizarse y eso pasa, entre otras medidas, por liberar a todos los presos políticos y ofrecer garantías para el ejercicio de la política y el respeto a la soberanía popular», añadió.

De acuerdo a la ONG Foro Penal, en Venezuela hay 815 presos políticos, la mayoría detenidos tras las protestas en contra del resultado oficial de los comicios presidenciales de julio de 2024.

De interés: ONG Foro Penal computa 932 presos políticos en Venezuela

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El presidente de ese brazo del Supremo, Cristiano Zanin, decidió además que, si fuera necesario, serán celebradas audiencias los días 3, 9, 10 y 12 de septiembre, cuando deberá concluir el juicio que determinará si el líder de la ultraderecha será condenado por un presunto intento de golpe de Estado.

Además de Bolsonaro serán juzgados otros siete acusados de formar parte del llamado «núcleo central» de la trama golpista, que al igual que el exmandatario se enfrentan a condenas que podrían oscilar entre doce y cuarenta años de prisión.

Zanin determinó la fecha para el juicio oral a pedido del relator del proceso, Alexandre de Moraes, quien presentó su solicitud este jueves, después de que los ocho acusados entregaron sus alegaciones finales.

Bolsonaro y sus siete antiguos colaboradores responden por los presuntos delitos de golpe de Estado, intento de abolición del Estado democrático de derecho, asociación armada para delinquir, daño calificado al patrimonio público y deterioro del patrimonio público.

Según la acusación formulada por la Fiscalía General, la trama golpista fue concebida después de que Bolsonaro fue derrotado en las elecciones de octubre de 2022 por el ahora presidente, Luiz Inácio Lula da Silva.

El líder de la ultraderecha no reconoció el resultado de las urnas y Brasil se sumergió en una vorágine de protestas y una crisis institucional que, según la acusación, tenía como objetivo impedir la toma de posesión de Lula.

En sus alegaciones finales, Bolsonaro rechazó de plano todas las acusaciones a través de sus abogados, quienes han pedido al tribunal su absolución.

La defensa del exmandatario alegó que existe una absoluta falta de pruebas, negó su participación en un complot golpista y calificó de «absurdas» las acusaciones de la Fiscalía.

De interés: Corte Suprema ordena arresto domiciliario de Bolsonaro por incumplir restricciones

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La Fiscalía General mexicana anunció la entrega de esas personas, encarceladas en diferentes centro penitenciarios de México, que fueron solicitadas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, quien se comprometió a no pedir la pena de muerte para ellos.

Estas 26 personas se suman a los 29 líderes de narcotráfico que, el pasado mes de febrero, México entregó a Estados Unidos.

Según la lista proporcionada por el Departamento de Justicia estadounidense, también fueron enviados Kevin Gil Acosta y Martín Zazueta, vinculados a Los Chapitos; Abdul Karim Conteh, un sierraleonés acusado de tráfico de migrantes; y Leobardo García y Luis Raúl Castro, alias ‘El Chacho’, ambos del Cartel de Sinaloa.

También Pablo Edwin Huerta, alias ‘El Flaquito’, un importante capo del Cartel de Tijuana; y Roberto Salazar, buscado por asesinato de un sheriff de Los Ángeles en 2008.

Cargos por narcotráfico

El Departamento de Justicia informó en un comunicado que los presos afrontan diversos cargos penales federales y estatales, incluyendo cargos relacionados con narcotráfico, toma de rehenes, secuestro, uso ilegal de armas de fuego, tráfico de personas, lavado de dinero, asesinato de un agente del sheriff y otros delitos.

Estados Unidos acusa a la mayoría de traficar grandes cantidades de drogas, como cocaína, metanfetamina, fentanilo y heroína.

Los 26 serán procesados en diferentes puntos de Estados Unidos, como Nueva York, California o el Distrito de Columbia; y todos ellos afrontan penas máximas de cadena perpetua excepto Abdul Karim Conteh, quien afronta 45 años de prisión.

De interés: Trump dice que los carteles tienen un «fuerte control» de México

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Estados Unidos acusó a Nicolás Maduro en 2020, durante la primera presidencia de Donald Trump, por delitos de narcotráfico y terrorismo y en enero de 2025, la actual Administración aumentó la recompensa por su captura a 25 millones de dólares.

Bondi compartió en sus redes sociales un video en el que describe esta recompensa como «histórica» y calificó a Maduro como uno de los mayores narcotraficantes del mundo y una amenaza para la seguridad nacional de EEUU.

«Maduro utiliza organizaciones terroristas extranjeras como Sinaloa y el Cartel del Sol para introducir drogas letales y violencia en nuestro país», indicó.

Además, la fiscal estadounidense anunció que hasta la fecha, «la Administración de Control de Drogas (DEA) ha incautado 30 toneladas de cocaína vinculadas a Maduro y sus socios», con casi siete toneladas vinculadas al mandatario venezolano, «lo que representa una fuente principal de ingresos para los carteles con sede en Venezuela y México».

Bondi también reveló que el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha incautado más de 700 millones de dólares en activos vinculados a Maduro, así como dos aviones privados y nueve vehículos.

«Maduro no escapará de la justicia y rendirá cuentas por sus atroces crímenes», así concluyó su mensaje la fiscal general.

De interés: Corte Suprema ordena arresto domiciliario de Bolsonaro por incumplir restricciones

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El documento señala que la jueza del Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá, Sandra Heredia, resolvió imponer a Uribe una pena, en primera instancia, de 12 años de prisión, una multa de más de 3.400 millones de pesos colombianos (unos 822.000 dólares) y además lo inhabilita por más de ocho años para el ejercicio de derechos y funciones públicas.

La jueza también comisiona al Centro de Servicios Judiciales de Rionegro, el municipio del departamento de Antioquia donde reside el expresidente, para expedir «la correspondiente boleta de encarcelación» y «proceder a su traslado inmediato a su domicilio donde cumplirá la prisión domiciliaria y se realizarán los controles respectivos».

Uribe, de 73 años y fundador del partido de derecha Centro Democrático, se convirtió el lunes en el primer expresidente colombiano en ser condenado penalmente en el denominado ‘juicio del siglo’ en Colombia, aunque su defensa ya anunció que apelará la decisión judicial ante el Tribunal Superior de Bogotá.

En la audiencia de lectura del fallo, Heredia había anticipado que, para los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal, la ley prevé una condena de «un monto superior a cuatro años e inferior a ocho», pero la fiscal del caso, Marlene Orjuela, pidió una pena mayor, de nueve años, y una multa de 1.025 salarios mínimos legales vigentes, que equivalen a 1.458 millones de pesos colombianos (unos 349.000 dólares).

Sentencia contra Uribe

La sentencia, de más de 1.100 páginas, fija una pena de 91 meses de prisión por el delito de soborno en actuación penal, con 29 meses más por concurso homogéneo, es decir por la participación de varias personas, lo que equivale a un total de 120 meses o 10 años.

«Como quiera que esta conducta se cometió en concurso homogéneo, fueron tres testigos de los cuales se acreditó soborno por interpuesta persona, en este caso Juan Guillermo Monsalve Pineda, Carlos Enrique Vélez Ramírez y Eurídice Cortés Velasco«, por lo que, agrega la sentencia «se aumenta la pena por los dos delitos restantes en 29 meses para un total de 120 meses de prisión».

Por el delito de fraude procesal, la jueza estableció una condena de 104 meses de prisión. Sin embargo, estableció el soborno en actuación penal como el delito base y sumó dos años más en virtud del fraude.

En la audiencia del lunes, que por más diez horas acaparó la atención del país, la jueza consideró que las pruebas presentadas por la Fiscalía en el juicio fueron lo suficientemente sólidas como para anunciar contra Uribe un «fallo de carácter condenatorio por las conductas punibles de soborno en actuación penal, en concurso homogéneo en tres oportunidades y en concurso heterogéneo en relación con el fraude procesal».

De interés: Jueza condena al expresidente Álvaro Uribe por dos delitos

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«Ahí están a la orden de los tribunales, como corresponde los demás están en su casa», indicó Cabello, citado en la nota.

El ministro reiteró que ninguno pertenecía a la banda transnacional Tren de Aragua, nacida en una cárcel de Venezuela y que Estados Unidos cataloga como organización terrorista.

Este mes, los 252 venezolanos que estaban detenidos en El Salvador llegaron al país luego de que la Administración de Nicolás Maduro liberara a un grupo de presos políticos y a diez estadounidenses, en un intercambio entre Caracas y Washington.

Este grupo de migrantes venezolanos permanecía en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), una megacárcel para pandilleros en El Salvador, luego de que Estados Unidos los enviara en marzo pasado.

De interés: Maduro agradece a Trump y al Papa por liberación de migrantes presos en El Salvador

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«Obliga a esta instancia a anunciar en contra del señor Álvaro Uribe Vélez un sentido del fallo de carácter condenatorio por las conductas punibles de soborno en actuación penal, en concurso homogéneo en tres oportunidades y en concurso heterogéneo en relación con el fraude procesal», dijo la jueza al leer el fallo.

La jueza, que ya había considerado acreditada la comisión del delito de soborno en actuación penal en este caso, agregó que, tras examinar la tercera acusación, debe «absolver al acusado por el delito de soborno contenido en el artículo 444 del Código Penal».

Por estos tres delitos -soborno en actuación penal, fraude procesal y soborno- Uribe se convirtió en el primer expresidente colombiano en enfrentar un juicio penal, en el que se expone a una posible pena de entre seis y doce años de cárcel.

Medellín, calles, domingo.

Jamás le faltaremos a la obligatoria lealtad con la democracia y con la libertad de la Patria. pic.twitter.com/dM4xTtevrr

— Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) July 28, 2025

De interés: Fiscalía colombiana enjuiciará a Uribe por soborno de testigos y fraude procesal

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A través de Instagram, el MP detalló que este acuerdo se da en el marco de la invitación que hizo Krasnov a Saab para participar en el foro económico internacional de San Petersburgo, donde el fiscal venezolano será «ponente en el panel principal».

En este evento, agregó la Fiscalía, se discutirán «los requisitos previos para la libertad empresarial e inversiones para la cooperación mutuamente beneficiosa».

Además, la institución venezolana detalló que en esta actividad también asistirán los fiscales generales de Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Cuba, Angola, Bielorrusia y Turquía.

En abril de 2024, Saab y Krasnov firmaron en Caracas un convenio de cooperación para la lucha contra la delincuencia.

 

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De interés: Venezuela y Rusia firman nuevo acuerdo para reactivación de vuelos turísticos

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Se trata de Katerine Andrea Martínez Martínez, quien supuestamente participó «en la planeación del ataque armado contra el senador» y que fue presentada ante un juez de control de garantías.

«La mujer fue imputada por los delitos de tentativa de homicidio agravado; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, y uso de menores de edad en la comisión de delitos«, cargos que no fueron aceptados, señaló la Fiscalía.

La mujer fue detenida en Florencia, capital del departamento de Caquetá, en el sur del país, y al parecer fue quien le entregó el arma usada en el atentado al menor de 15 años que disparó contra el político de 39 años, según medios locales.

Atentado contra Uribe Turbay

Uribe Turbay, del partido de derecha Centro Democrático, fue atacado a tiros el 7 de junio cuando pronunciaba un discurso ante decenas de seguidores en un parque del barrio bogotano de Modelia y minutos después fue detenido el pistolero, de 15 años, en cuyo poder fue encontrada una pistola de marca Glock.

La Fiscalía imputó al adolescente cargos por tentativa de homicidio y porte ilegal de armas, que no aceptó.

El segundo detenido, Carlos Eduardo Mora González, fue detenido tres días después en Bogotá y la Fiscalía le imputó los delitos de «tentativa de homicidio agravado, porte ilegal de armas de fuego y uso de menores de edad en la comisión de delitos» al considerarlo coautor del atentado.

Mora supuestamente visitó dos días antes del ataque la zona de Modelia haciendo un reconocimiento del lugar y estuvo «involucrado en la organización de la logística final», entre otras acciones.

Uribe Turbay, que recibió dos disparos en la cabeza y uno en la pierna izquierda, permanece ingresado desde el día del atentado en estado crítico en la Fundación Santa Fe de Bogotá.

De interés: Al menos ocho muertos y decenas de heridos tras 19 atentados en Colombia

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A través de las redes sociales, Rico detalló el jueves 30 de enero que entre los detenidos, hay seis personas que incurrieron en tráfico y posesión de estupefacientes, y tres en robo.

El resto de los aprehendidos cometieron delitos como abuso sexual, forjamiento de documentos o porte ilícito de armas de fuego, entre otros, según el director del CICPC, que no detalló en qué regiones del país se desarrollaron los operativos de detención.

Todos los sujetos fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales correspondientes para continuar con el proceso de manera individualizada, según el tipo de delito cometido y sus agravantes.

El martes, Rico dijo que Venezuela registró en 2024 una tasa de homicidios de 4,1 por cada 100.000 habitantes, al tiempo que destacó que el país registra una disminución sostenida de este delito.

Indicó que, en 2016, la tasa de homicidios fue de 56 por cada 100.000 habitantes, y aseguró que ese promedio ha ido bajando al detallar que en 2022 fue de 6,7 por cada 100.000 habitantes y en 2023 de 5,3.

Por otra parte, el funcionario informó que el año pasado el CICPC capturó a 19.434 personas que presuntamente cometieron delitos.

También, prosiguió, se recuperaron 2.004 armas de fuego, 12.783 municiones, 5.172 vehículos, así como 5.576 teléfonos móviles.

De interés: Ecuador declara terrorista a la banda Tren de Aragua

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«Nosotros, el año pasado, en 2024, cerramos con una tasa de mortalidad que muy pocos países la tienen, que es una tasa de mortalidad de 4,1, personas fallecidas por homicidios por cada 100.000 habitantes», señaló Rico, en su programa ‘CICPC al Día’ publicado en Instagram, sin precisar la cifra cerrada de personas que fueron víctimas de este delito.

Por otra parte, el funcionario informó que el año pasado el CICPC logró la captura de 19.434 personas que presuntamente cometieron delitos, sin precisar cuáles.

También, prosiguió, se recuperaron 2.004 armas de fuego, 12.783 municiones, 5.172 vehículos, así como 5.576 teléfonos móviles.

 

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De interés: ‘Wilexis’, uno de los delincuentes más buscados del país, cayó en operativo policial

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A través de un comunicado de Instagram, la Fiscalía destacó, entre «las diferentes causas que se le siguen», la «entrega del Sistema de Control y Mando Automatizado, conocido como el cerebro de PDVSA, a una empresa controlada por los Servicios de inteligencia de EE.UU., vulnerando así todos los mecanismos legales» de la soberanía de Venezuela.

La Fiscalía no informó, por el momento, qué otras personas fueron capturadas junto al exministro dentro de las acciones que, asegura la institución fiscal, «se han realizado en estricto apego a la ley, con la plena cooperación constitucional del jefe de Estado, en la permanente batalla por la defensa de la integridad institucional del país».

Maduro había nombrado a Tellechea presidente de PDVSA en enero de 2023 y, dos meses y medio después, lo designó también como ministro de Petróleo, en sustitución de Tareck El Aissami, que había renunciado en medio de una investigación a una trama de corrupción en la petrolera estatal, que dejó más de medio centenar de detenidos.

En agosto de este año fue sustituido en la cartera de Petróleo por la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, y designado ministro de Industrias y Promoción Nacional, un cargo al que renunció la semana pasada, según el propio Tellechea, por motivos de salud.

Tras la renuncia del funcionario, quien agradeció al presidente venezolano la «confianza» que había depositado en él para desempeñar los distintos cargos, el mandatario nombró al empresario colombiano Alex Saab como ministro de la cartera de Industrias que Tellechea dejó vacante.

 

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De interés: Nicolás Maduro designó a Alex Saab ministro de Industria y Producción Nacional

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“En lugar de responder al movimiento mujer, vida, libertad con reformas fundamentales, las autoridades autocráticas tratan de silenciar a las mujeres con leyes de vestimenta incluso más represivas”, dijo en un comunicado la investigadora de HRW para Irán Nahid Naghshbandi.

La ley que castiga con hasta cinco años de cárcel la falta de uso del velo fue aprobada por el Parlamento en 2023 y ratificada el mes pasado por el Consejo de los Guardianes -órgano que veta la legislación- y ahora debe ser promulgada por el nuevo presidente iraní, el reformista Masud Pezeshkian.

El mandatario prometió durante la campaña electoral que flexibilizaría la estricta política de vestimenta en el país, algo que no ha sucedido.

Desobediencia civil en Irán

La ley busca poner fin a la falta de uso del velo, un gesto de desobediencia civil que han adoptado numerosas iraníes tras la muerte de Mahsa Amini tras ser detenida por la Policía de la moral por no llevar bien puesto el hijab en septiembre de 2022, cuyo fallecimiento provocó fuertes protestas y el movimiento “mujer, vida, libertad”.

Con 71 artículos, el texto legislativo fortalece “el control del Gobierno sobre las vidas de las mujeres” y además amenaza con multas y cierres a los negocios e instituciones que no apliquen la ley, de acuerdo con HRW.

Además, castigará hasta con 10 años los “casos de desnudez y semidesnudez pública” o el uso “de vestimenta considerado socialmente equivalente a desnudez”, aunque no se explica en que consisten esos supuestos.

Las autoridades iraníes llevan dos años tratando de reimponer el uso del velo con castigos como la confiscación de vehículos o el regreso a las calles de la Policía de la moral, que detiene a mujeres descubiertas.

A pesar de ello, muchas iraníes continúan sin usar el velo como gesto de desobediencia y desafío ante la República Islámica.

De interés: ONU advirtió que Irán acumula cada vez más uranio enriquecido

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Fuente de imagen referencial: EFE/Jaime León

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La acusación, que se dio a conocer en la corte federal para el distrito sur de Nueva York, en Manhattan, a solo unos pasos de la Alcaldía, convierte a Adams, exsenador estatal y excapitán de la Policía, en el primer alcalde de esta ciudad en ser imputado mientras está en funciones.

Los cargos fueron presentados después de que recientemente los fiscales federales exigieran a la Alcaldía que revelara todas las comunicaciones entre la administración de Adams con Turquía y otros cinco países.

Adams negó reiteradamente haber hecho algo indebido, y además aseguró que se defenderá y que no renunciará, aunque la gobernadora del estado, Kathy Hochul, tiene potestad para destituirlo, luego de un proceso que comenzaría con suspenderlo durante 30 días y darle la oportunidad de escucharle en su defensa.

Según la acusación de 57 páginas, tras convertirse Adams en presidente del condado de Brooklyn en 2014, y por cerca de una década hasta llegar a la alcaldía, «buscó y aceptó beneficios valiosos e indebidos», como viajes internacionales de lujo, incluso de empresarios extranjeros adinerados y al menos de un funcionario del gobierno turco que buscaba tener influencia sobre él.

Indica además que en 2018, tras dar a conocer su intención de ser candidato a la alcaldía, aceptó y buscó contribuciones ilegales para su campaña en 2021, así como otros bienes de diverso valor.

Otros señalamientos contra Adams

La acusación asegura que a medida que el poder de Adams crecía, sus benefactores extranjeros buscaron sacar provecho de esas relaciones, particularmente cuando, en 2021, quedó claro que sería el próximo alcalde de la ciudad.

Adams tiene puesta su mirada en la reelección para un segundo mandato y, según este documento, ya estaba planificando solicitar más contribuciones ilegales y accediendo a solicitudes de quienes le apoyaron en 2021.

La acusación indica que esas donaciones de contribuyentes ricos fueron encubiertas a través de testaferros en EE.UU. y que las empresas lo hicieron por medio de múltiples empleados, evadiendo así la ley que busca prevenir la influencia extranjera en las elecciones estadounidenses y reducir el poder corporativo en la política, algo de lo que Adams era consciente.

Asegura que Adams «robó fondos públicos» al usar esas donaciones aprovechándose de una un programa de fondos de Nueva York.

Incluso indica que un funcionario turco que hizo donaciones a través de testaferros facilitó que Adams y sus acompañantes viajaran gratis o con descuento en la aerolínea nacional de Turquía a ese país y otros destinos como Francia, China, Sri Lanka, India y Hungría. Adams viajó gratis dos veces a Turquía en 2015.

Ese funcionario, junto a otros turcos hicieron distintos arreglos para que Adams y sus acompañantes se alojaran gratis en hoteles de lujo, comieran en restaurantes costosos y disfrutaran de entretenimiento sin pagar por ello mientras estuvieran en Turquía y a su regreso no informó de los beneficios obtenidos durante el viaje como se exige a empleados públicos y candidatos.

En uno de sus viajes a Turquía en 2019 solicitó contribuciones para su campaña por lo que se le puso en contacto con un empresario rico de ese país, que aportó 50.000 dólares.

En su lugar, la acusación indica que Adams trató de ocultar los beneficios creando documentos falsos con la ayuda de empleados a los que instruyó para ayudarlo.

A cambio de esos beneficios el funcionario turco pidió a Adams que como alcalde presionara a funcionarios del Departamento de Bomberos para que autorizaran la apertura de un edificio que albergaría el consulado de ese país en Manhattan -frente a Naciones Unidas- que no habían aprobado por problemas de seguridad.

De interés: Nueva York reúne a expertos en control de roedores por «Guerra contra las ratas»

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“Vamos a pedir su extradición. Esta persona es buscada por delitos que cometió en Chile. Está acusado de delitos muy complejos”, dijo Tohá en una entrevista en la emisora local Radio Exterior.

‘Larry Changa’ fue detenido durante un operativo en una zona rural en el departamento colombiano del Quindío (oeste), donde se escondía con una identidad falsa, se hacía pasar por comerciante y tenía el propósito de extender las redes de esa organización.

El Ministerio de Defensa colombiano explicó que el cofundador del Tren de Aragua llegó con documentos falsos a Colombia en 2022, procedente de Chile, donde lideraba la banda y cometió la mayoría de los delitos.

Delitos del cofundador del Tren de Aragua

El venezolano, de 46 años, era buscando tanto en su país de origen como en Chile por cargos de terrorismo, tráfico de armas, extorsión y secuestro y tiene orden de captura en 196 países por la Interpol, de acuerdo al ministerio colombiano.

«Cuando entró a Chile no tenía antecedentes y lo hizo legalmente. Pero cuando huyó, lo buscamos y logramos identificar que estaba en Colombia, donde pedimos ayuda a las autoridades», apuntó Tohá, quien agradeció a Colombia por la cooperación.

Fundada hace 15 años en una cárcel del estado venezolano de Aragua, del que lleva su nombre, el Tren de Aragua se ha convertido en una de las principales organizaciones criminales de la región y ha extendido sus tentáculos a países como Chile, Perú, Colombia y Brasil.

«Colombia detiene a estas personas sin problema y quisiéramos que lo mismo pasara en casos en Venezuela”, añadió la ministra chilena en referencia a la poca cooperación policial de la que Chile acusa a Venezuela.

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En la ceremonia fueron anunciados 318 millones de reales (58,8 millones de dólares) para la estructuración de ese centro de seguridad, que provendrán del Fondo Amazonía, volcado a la protección del bioma y que se alimenta con donaciones de varios países, entre los que sobresalen Alemania y Noruega.

Lula, quien consideró que «nunca se había pensado en un paso tan extraordinario para cuidar mejor de la Amazonía», pidió que esa inversión sea ejecutada con la mayor celeridad posible, porque «las cosas que destruyen van muy rápido y las que construyen siempre demoran mucho más».

El futuro Centro de Cooperación Policial Internacional (CPPI) de la Amazonía tendrá sede en la ciudad brasileña de Manaos y contará con agentes de Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela, que comparten la región amazónica, así como de organismos como Interpol, Ameripol y Europol.

La inversión estará enmarcada en un plan de seguridad amazónica que fue anunciado el año pasado y apuntará, entre otros objetivos, a dotar al CPPI de los equipos necesarios para enfrentar la minería ilegal, el contrabando de madera, el tráfico de drogas y de personas, entre otros delitos de carácter trasnacional.

Según la ministra de Medio Ambiente, Marina Silva, el refuerzo del combate a los delitos en la Amazonía apuntalará además la meta trazada por el Gobierno brasileño de eliminar por completo la deforestación ilegal en la región para 2030.

Cuidar da Amazônia, assim como dos demais biomas, é prioridade absoluta. O Plano Amas, de Segurança e Soberania na Amazônia, é mais uma ação de uma série de medidas adotadas desde o início do nosso governo. O desmatamento na região amazônica caiu e os rios estão sendo… pic.twitter.com/cCS1YNzmn4

— Lula (@LulaOficial) June 17, 2024

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Fuente de imagen referencial principal: EFE/Andre Borges

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«Entre otras muchas cosas, crea y define distintos tipos de violencia que la sociedad ha avanzado en identificar, mejora el seguimiento, control y dictación de medidas cautelares», señaló la secretaria de Estado desde el Museo de la Educación Gabriela Mistral, ubicado en el centro de Santiago.

Orellana afirmó que «(la ley) incorpora a los niños y niñas víctimas de pleno derecho, no solo como testigos de la violencia que sufren sus madres y cuidadoras principales, sino también reconociéndolos con toda la evidencia científica disponible como personas de pleno derecho a las que también afecta esta situación”.

La ley incorpora a los niños y niñas víctimas de pleno derecho, no solo como testigos de la violencia (Fuente de esta imagen principal: EFE/Ailen Díaz)

Añadió que esto “permitirá que se tomen mejores medidas de alejamiento, que no se crucen los procedimientos de familia con los procedimientos penales vinculados a la seguridad y que como sociedad nos demos la oportunidad de romper con el ciclo de la violencia generación a generación».

La iniciativa, presentada durante su segundo gobierno por la expresidenta Michelle Bachelet (2014-2018) y la entonces ministra Claudia Pascual -hoy senadora-, se promulga 30 años después de la entrada en vigencia de la primera ley sobre violencia doméstica de 1994 en el marco de la Convención de Belém do Pará, suscrita y ratificada por Chile en el mismo año.

Entre otras medidas, el nuevo cuerpo legal fortalece las medidas cautelares y establece mecanismos de supervisión judicial para garantizar su adecuado cumplimiento, además de ampliarlas a delitos de violencia de género y agresiones que ocurran fuera de las relaciones filiales, afectivas o de convivencia.

Estamos muy contentas con la promulgación de la #LeyIntegral, una normativa que establece un marco para vidas libres de violencias. Nuestro compromiso sigue firme con las generaciones futuras, para seguir avanzando sin retroceder en los derechos ya conquistados. https://t.co/NVxfJAF1aG

— Luz Vidal Huiriqueo (@LuzVidalH) June 8, 2024

En adelante, desde el ministerio de la Mujer y Equidad de Género trabajarán en la implementación efectiva de la ley en conjunto con la Justicia del país suramericano, el Ministerio Público y las fuerzas policiales.

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