Ya en agosto pasado la Asamblea Nacional (Parlamento), de mayoría oficialista, votó a favor de terminar con el Estatuto Migratorio, firmado hace 15 años.

La medida fue aprobada entonces gracias a los 86 votos a favor del oficialismo, del conservador Partido Social Cristiano (PSC) y de Pachakutik, el brazo político de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie).

La Revolución Ciudadana (RC), movimiento liderado por el expresidente Rafael Correa (2007-2017), en cuyo Gobierno se firmó y ratificó el decreto, se abstuvo.

El correísta Ricardo Patiño, encargado de firmar el acuerdo en 2010, cuando era canciller del Gobierno de Correa, sostuvo durante el debate que la RC no consideraba que el fin del acuerdo sea lo mejor.

Lo ideal, según él, era que estas alianzas se perpetúen para beneficiar a los ciudadanos de ambas partes. «No nos oponemos, pero votaremos en abstención», señaló entonces.

Solicitud del presidente de Ecuador

Fue el propio presidente Noboa quien el pasado 11 de marzo solicitó a la Cancillería iniciar el proceso de denuncia del estatuto debido a que, según se sustentó en un decreto ejecutivo, se registraban «suspensiones y recortes de varias fuentes de financiamiento para los programas que apoyan al Ecuador en materia migratoria».

Ecuador es el quinto país con la comunidad venezolana más grande en su territorio, al registrar unas 444.800 personas, después de Colombia, Perú, Brasil y Chile, de acuerdo con un informe publicado en 2024 por la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V).

Desde el pasado 1 de septiembre, Ecuador exige Visa de Visitante Temporal de Transeúnte a aquellos nacionales de unos 40 países -entre ellos Venezuela- a los que actualmente se les solicita visa para ingresar al país.

La implementación de la medida «busca fortalecer la seguridad del Estado y el control migratorio», apuntó a finales de agosto la Cancillería al anotar que el Gobierno de Ecuador «reitera su compromiso con el respeto a los derechos de las personas en movilidad humana y a la observancia del marco legal vigente».

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En un comunicado al que tuvo acceso EFE este domingo, el CPT señaló que esta decisión tiene por objeto conceder a las autoridades competentes el tiempo y los medios necesarios para restablecer la seguridad y la paz.

Ante la magnitud de esta crisis, «es imperativo decretar una gran movilización de los recursos y medios institucionales del Estado para remediarla», señaló.

Esta decisión se inscribe en el marco de una serie de decisiones adoptadas en las últimas horas por las autoridades del país, con el fin de hacer frente a la crisis de seguridad a pocos meses de las elecciones previstas para finales de este año.

En el comunicado, el CPT y el Gobierno subrayaron su «firme determinación de adoptar todas las medidas urgentes y necesarias para restablecer la seguridad, garantizar el buen funcionamiento de las instituciones de la República y restaurar la dignidad nacional».

Guerra contra las bandas en Haití

El pasado jueves, al asumir la presidencia rotativa del CPT, Laurent Saint-Cyr declaró la guerra a las bandas armadas que aterrorizan a la población y pidió a la comunidad internacional enviar más soldados al país.

«Las bandas no tendrán la última palabra», advirtió el representante del sector privado en el Consejo, cuyo mandato de seis meses concluye el 7 de febrero de 2026, con la investidura de nuevas autoridades en un contexto en el que las elecciones previstas para finales de este año están en un punto muerto.

«Debemos luchar contra estos grupos criminales hasta erradicarlos, para que el pueblo pueda respirar», expresó.

Pidió a los socios internacionales de Haití que aumenten su apoyo al país, envíen más soldados y proporcionen mucha más formación.

En el país opera la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad en Haití (MSS) que, liderada por Kenia, la integran policías de varias naciones -y soldados en menor cantidad- pero que en la práctica no ha podido frenar el avance de las bandas que controlan el 90 % de Puerto Príncipe y se han desplazado a otras zonas.

Horas antes de su juramentación, el líder de bandas más poderoso de Haití, Jimmy Cherisier, alias Barbecue, afirmó que derrocaría al Consejo Presidencial de Transición.

Al menos 1.520 personas fueron asesinadas y 609 resultaron heridas durante el segundo trimestre del año en Haití, principalmente en la zona metropolitana de Puerto Príncipe, en su mayoría perpetrados por bandas criminales, según un informe publicado recientemente por la Oficina Integrada de la ONU en el país (Binhu, en francés), que calificó de «extremadamente preocupante» la situación de los derechos humanos en la nación isleña.

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A través de Telegram, la presidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, indicó que tras el «éxito» de la aplicación de este decreto, Maduro «ha decidido renovar su contenido para seguir derrotando las sanciones imperiales, preservar el equilibrio económico y garantizar el pleno disfrute de sus derechos al pueblo venezolano».

En la renovación de este decreto de emergencia, publicada en la Gaceta Oficial Extraordinario 6.924, el Ejecutivo considera que persiste «la ofensiva económica en el marco de la guerra comercial contra la República Bolivariana de Venezuela, por parte de potencias extranjeras, en su intención de soliviantar la economía del país y generar distorsiones en el sistema financiero, monetario y fiscal».

Asimismo, establece que el presidente Maduro podrá dictar regulaciones excepcionales y transitorias que «resulten necesarias para restablecer los equilibrios económicos y proteger los derechos de la población».

También podrá «autorizar las contrataciones que fueren necesarias para garantizar a la población el restablecimiento de sus derechos fundamentales», además de suspender la aplicación y cobro de tributos nacionales, estadales y municipales, así como de los trámites administrativos relacionados, «a fin de proteger el aparato productivo nacional».

El mandatario está autorizado para «concentrar en el tesoro nacional la recaudación de las tasas y contribuciones especiales creadas por leyes y redireccionar los recursos disponibles de todos los fondos existentes».

La renovación del decreto, que fue firmado en un primer momento en abril pasado por dos meses, tendrá 60 días de vigencia, y podrá ser extendido por un plazo igual.

Venezuela enfrenta una subida de los aranceles del 15 % por parte de EE.UU., así como la imposición de gravámenes del 25 % a los compradores de su crudo o gas.

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Esto al decir de algunos voceros de la oposición. A través de X, el exgobernador Andrés Velásquez afirmó que el decreto es «puro teatro» y que Maduro «quiere aparentar democracia», pero, agregó, en Venezuela «no hay institucionalidad» y «todo es maquillaje».

«Maduro concentra todos los poderes», indicó Velásquez.

Mientras que, el exdiputado Juan Pablo Guanipa afirmó que el decreto de emergencia económica es una «muestra del cinismo» de Maduro.

El mandatario venezolano anunció que la medida, prorrogable por 60 días, «ahora debe de inmediato entregarse a la Asamblea Nacional»

«Aquí no hay Estado de derecho y un país así no tienen viabilidad. Hablan de sanciones y aranceles, pero la verdadera causa de esta tragedia es el saqueo a la nación venezolana», dijo Guanipa a través de su cuenta en la misma red social.

Para el también opositor, Venezuela «no va a levantar cabeza» mientras el chavismo siga en el poder y consideró que la solución es más trabajo, inversión y crecimiento, pero eso «solo será posible» cuando se respete lo que asegura fue la victoria del candidato de la mayor coalición opositora del país, Edmundo González Urrutia, en las presidenciales de julio de 2024, en las que Maduro fue proclamado ganador oficialmente por el ente electoral.

El decreto de emergencia económica otorga a Maduro la potestad de «dictar todas medidas que considere necesarias para garantizar el desarrollo y crecimiento» de Venezuela, según un documento que leyó el mandatario venezolano.

Gonzalez Urrutia dice que van «25 años de mala gestión»

El martes, González Urrutia, principal abanderado opositor en los pasados comicios, quien reclama la Presidencia de Venezuela, dijo que Maduro pretende «engañar» al país con la firma de un nuevo decreto de emergencia económica, luego de «25 años de mala gestión».

En enero de 2016, Maduro aprobó un «estado de emergencia económica» en todo el territorio nacional, con el fin de «proteger al pueblo en función de las amenazas existentes», según explicaron entonces las autoridades, que achacaban a una supuesta «guerra económica» por parte de la oposición y el sector privado el desabastecimiento, la inflación y la recesión económica.

Venezuela, hoy con niveles de abastecimiento superiores al 90 % y una inflación más controlada, según cálculos oficiales, enfrenta ahora una subida de los aranceles del 15 % por parte de EEUU, medida que se suma a otras como los aranceles adicionales del 25 % a los compradores de su crudo o gas y el fin de licencias a petroleras para operar en suelo venezolano, como la estadounidense Chevron y la española Repsol.

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Según lo establecido en el decreto, la «inamovilidad laboral» se extiende hasta el 31 de diciembre de 2026, plazo durante el que los trabajadores «no podrán ser despedidos, desmejorados o trasladados sin justa causa calificada previamente» por un inspector del trabajo.

En caso de que esto suceda, el afectado «podrá denunciar el hecho dentro de los 30 días continuos siguientes ante el inspector o inspectora» y «solicitar el reenganche y el pago de salarios caídos, así como los demás beneficios dejados de percibir, o la restitución de la situación jurídica infringida», de acuerdo a lo señalado en el texto.

«Quedan exceptuados de este derecho los trabajadores que ejerzan cargos de dirección y los de temporada y ocasionales», indica la medida.

El documento fue compartido en la red social X por el ministro de Trabajo, Eduardo Piñate, quien dijo que el «presidente obrero», en referencia al mandatario, Nicolás Maduro, amplió el plazo para defender «la estabilidad de la clase obrera».

En Venezuela, el salario mínimo, referencia para el resto de remuneraciones en el sector público, equivale a 2,5 dólares al mes, cuando una persona, según estimaciones independientes, necesita, al menos, unos 100 dólares mensuales para gastos básicos en alimentación.

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«Buscamos una Policía no solamente más profesional, sino que sea garante de la propia vida como lo establece la Constitución. Una Policía que ante un escenario de manifestación debe primar la vida (…) marcar una diferencia para poder actuar», expresó el ministro de Defensa, Iván Velásquez, en una rueda de prensa.

El funcionario señaló que este trabajo fortalece a la Policía «en estos escenarios sin dejar de ser contundentes en estas actuaciones, como lo dice la Constitución».

Medidas del decreto

El decreto ordena a los uniformados dar prioridad a los medios disuasivos antes que al uso de la fuerza, por lo que se prohíben medidas extremas para proteger bienes «que no sean superiores a la vida y los derechos humanos».

También prevé un «uso proporcional de la fuerza», por lo que las armas de fuego solo serán usadas «en casos de peligro inminente de muerte o lesiones graves».

El decreto también ordena una formación permanente en derechos humanos, así como supervisión y rendición de cuentas para garantizar un uso adecuado de la fuerza.

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Según destacó la Casa Blanca en un comunicado, invertir en los trabajadores estadounidenses es fundamental para hacer crecer la economía de manera equitativa y resiliente, aumentar la competitividad de la nación y garantizar la seguridad económica de EEUU.

El Ejecutivo estadounidense recordó que ha promovido en el pasado estándares laborales para garantizar una competencia justa, estabilidad y eficiencia en proyectos que cuentan con apoyo federal, pero subrayó que esas herramientas pueden y deben ser empleadas de forma más amplia.

Planes económicos en EEUU

A la hora de seleccionar proyectos que vayan a recibir ayuda federal, según la nota, se insta a las agencias gubernamentales a priorizar planes que promuevan una relación positiva entre los trabajadores y la dirección, salarios dignos y beneficios para la seguridad económica de la plantilla, como días de baja pagados.

Ejemplos de esas buenas prácticas son iniciativas que contemplen acuerdos de negociación colectiva y de beneficios comunitarios y neutralidad por parte del empresario respecto a la organización sindical en EEUU.

Se quiere apostar también por proyectos que combatan la discriminación que limita a las minorías la contratación en empleos altamente remunerados y que ofrezcan una formación de calidad, así como que protejan la salud del personal.

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Así lo señaló el ministro en una entrevista con la Agencia EFE en la que repasó el «complicado» horizonte que se abre tras el intento frustrado de empezar a tramitar la reforma del artículo 35 de la ley para establecer una acogida de inmigrantes vinculante entre todas las regiones españolas y aliviar así los recursos de zonas tensionadas.

La citada reforma pretendía solventar el problema de las islas atlánticas de Canarias, que soportan la mayor parte de los inmigrantes llegados a España en embarcaciones precarias desde la costa noroeste de África, muchos de ellos menores, mientras que Ceuta y Melilla, ciudades españolas en el norte de África, son las únicas fronteras terrestres de la Unión Europea en ese continente.

España recibió en la primera mitad del año más de 26.500 inmigrantes irregulares, casi el doble que el año pasado, de los que cerca del 75 % llegaron a Canarias.

La iniciativa del Gobierno de España rechazada pretendía establecer un mecanismo que para derivar a otras regiones españolas, en un año, a unos 2.500 jóvenes que actualmente Canarias acoge pero que no puede atender correctamente.

Tras perder la votación, Torres niega poder dar una respuesta ante esta incertidumbre «a unas horas» de que haya decaído la que, para él, sigue siendo la única solución viable: modificar la norma a través de una proposición de ley.

Pero sí tiene claro que no es viable la opción de aprobarla a través de un real decreto, como exige el Gobierno de Canarias, ya que, explica, éste habría que convalidarlo igualmente 30 días después en el Congreso y, según lo vivido estas últimas semanas, le parece «imposible» porque no ve «voluntad de negociación» en el principal partido de la oposición, los conservadores del PP.

Congreso de España

El Congreso rechazó la toma en consideración de esta reforma con el no de los ultraderechistas de Vox, que ya lo había anunciado como inamovible; de los independentistas catalanes de Junts, que pidieron condiciones inasumibles para el Gobierno, y el PP, con el que hubo intercambio de documentos hasta el último momento pero con el que finalmente no hubo acuerdo.

Al analizar lo ocurrido hasta unas horas antes de la votación, el ministro tiene claro que el Gobierno hizo «todo el esfuerzo» posible, que empezó con ocho meses de trabajo «leal» con el Gobierno de Canarias, alejado de «polémicas».

Meses que acabaron con el intercambio de hasta cuatro documentos con el los conservadores y la aceptación de media decena de las propuestas que habían planteado los populares.

Por ello, no ve espacio para la autocrítica, ya que su labor «no ha sido fácil», y da por cumplido el compromiso firmado con Coalición Canaria para la investidura de Pedro Sánchez, que pasaba por impulsar una reforma de estas características.

Lamenta que el PP haya «dado la espalda» a comunidades en las que gobierna y que más necesitan una solución -Canarias, Ceuta y Melilla- y negado a todos la posibilidad de «empezar a hablar» sobre la propuesta.

Lo más «penoso» es saber que ahora hay en Canarias, Ceuta y Melilla una «desazón importante» entre las organizaciones que trabajan con los jóvenes tutelados, porque «no pueden más», y entre los que defienden los derechos de los niños y niñas, quienes recuerda, son las verdaderas víctimas del fracaso de ayer.

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Este trascendental evento culmina un proceso que se inició años atrás, con levantamientos como la Rebelión de José Leonardo Chirinos en 1795 y la Conspiración de Manuel Gual y José María España en 1797. La incursión de Francisco de Miranda en 1806 avivó la llama independentista, y en 1810, el 19 de abril, fueron parte lo que terminaría el 5 de julio en Caracas.

En junio de ese mismo año, se publicó el Reglamento para la Elección de los Diputados al Congreso General de Venezuela, sentando las bases para la conformación de este cuerpo legislativo. Para finales del año, ya se hablaba de la Confederación de Venezuela, y las elecciones dieron como resultado la representación de seis provincias, junto a Barcelona.

Misión diplomática por la independencia

La Junta Suprema, organismo creado tras el 19 de abril, conformó una misión diplomática integrada por Simón Bolívar, Luis López Méndez y Andrés Bello, quienes viajaron a Londres en busca del apoyo británico. En su travesía, los enviados hicieron contacto con Francisco de Miranda, quien regresaría a Venezuela en diciembre de 1810, convirtiéndose en una figura clave para el Congreso y la causa independentista.

El 2 de marzo de 1811, se instaló el Congreso General de Venezuela, sustituyendo a la Junta de Caracas. Este nuevo cuerpo legislativo, conformado por 30 representantes, dio un salto cualitativo en el camino hacia la independencia. Los debates se centraron en la voluntad popular, la dignidad del pueblo y el rechazo a la dominación externa.

El 1 de julio de 1811, se proclamó la Ley de los Derechos del Pueblo, un documento fundamental que establecía la soberanía popular, los derechos y deberes del hombre en sociedad, y los deberes del cuerpo social.

Los debates sobre la independencia se intensificaron el 3 de julio, con la presión popular impulsada por la Sociedad Patriótica. Algunos diputados dudaban sobre la legitimidad del Congreso o la oportunidad de declarar la independencia.

Palabras de Simón Bolívar

En ese contexto, Simón Bolívar pronunció su célebre discurso en la Sociedad Patriótica, conocido por la frase «vacilar es perdernos», instando a tomar una decisión definitiva.

La mañana del 5 de julio llegó la noticia: el presidente del Congreso General de Venezuela, en sesión pública, expresó la posición del Ejecutivo a favor de la independencia. Tras las votaciones, con un solo voto en contra, el Congreso declaró la Independencia Absoluta.

Esa misma tarde, se encomendó al diputado Juan Germán Roscio la redacción del Acta de la Independencia de Venezuela, documento que oficializó la ruptura con el dominio español.

El 5 de julio de 1811, en medio del fervor popular, Venezuela proclamó su independencia absoluta, dando un paso irreversible hacia la construcción de una nación libre y soberana.

Para la conmemoración institucional de la fecha se acostumbra la realización de un magno desfile que preside el jefe de Estado venezolano de turno.

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Con información de medios nacionales y otras fuentes

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«La amenaza es real», afirmó el senador Cory Booker, demócrata de Nueva Jersey en una conferencia de prensa en el predio del Capitolio. «Trump ha hablado acerca de la deportación de miles y miles de personas que han estado, en su mayoría, aquí por la mayor parte de sus vidas».

El senador Alex Padilla, demócrata de California, urgió a Biden a que «tome acción ejecutiva para proteger a los migrantes indocumentados que llevan años esperando una reforma migratoria en este país».

«A pesar de todo lo que los migrantes aportan a nuestra economía hemos visto propuestas migratorias en los últimos meses que han dejado atrás a estas comunidades», añadió.

Propuestas de amparo a migrantes

Padilla, Booker, junto con la senadora Catherine Cortez Masto, demócrata de Nevada; el senador Ben Luján, demócrata de Nuevo México, y miembros de la cámara de Representantes, insistieron en que el presidente Biden tiene atribuciones para decretar medidas que amparen a los indocumentados y los extranjeros con diversos tipos de visas temporales.

Janet Murguía, presidenta de la organización UnidosUS, quien se reunió con el mandatario el miércoles pasado, dijo que «el presidente está dispuesto a tomar acción y pidió propuestas más específicas y vamos a dárselas».

«El presidente tiene hoy, bajo la ley actual, de ofrecer a algunas personas indocumentadas un camino hacia el estatus legal«, añadió Murguía. «Permisos de trabajo y estar libres de deportación. Le pedimos al presidente que use su poder para dar alivio a estas familias».

Por su parte Gustavo Torres, el director ejecutivo de la organización CASA, instó al presidente a que «use su poder para actuar», como lo hizo el expresidente Barack Obama (2009-2017) cuando emitió la Acción Diferida Para los Llegados en la Infancia (DACA)

«Que use su poder para proveer de estatus de protección temporal y deportaciones diferidas para residentes que han estado aquí por largo tiempo, personas que han estado aquí por más de 10 años», agregó Torres.

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Fiorella Tagliafico R.

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La declaratoria de emergencia fue aprobada con los votos de 75 diputados de 84 en el Congreso, a solicitud del presidente Nayib Bukele.

El decreto entrará en vigencia a partir de su publicación en el Diario Oficial y tendrá una duración de 15 días, de acuerdo con el decreto leído durante una sesión extraordinaria.

Antes de la solicitud del mandatario salvadoreño, la Dirección General de Protección Civil elevó a roja la alerta por «la presencia en El Salvador de la depresión tropical diecinueve-E, que generó lluvias y tormentas en el territorio nacional».

La tormenta tropical Pilar, el décimosexto ciclón con nombre de la temporada, se formó la noche del domingo al sur de la desembocadura del río Suchiate, frontera natural entre México y Guatemala, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Los pronósticos del SMN indican que Pilar se mantendrá el lunes como tormenta tropical, categoría en la que se mantendrá hasta el martes cuando se ubique frente a las costas de El Salvador.

El Presidente @nayibbukele aterrizó hace unos minutos en El Salvador.

Tras la amenaza de la Tormenta Tropical Pilar, el Presidente adelantó su retorno al país para este mismo día, en medio de un viaje de compromiso familiar; para poder estar al frente de la coordinación de los… pic.twitter.com/ZYL5ZUEVeS

— Casa Presidencial 🇸🇻 (@PresidenciaSV) October 30, 2023

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Fiorella Tagliafico

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Ceremonia con presencia militar

El acto de entrega se realizó en la sede principal del INTT, ubicada en la avenida Francisco de Miranda, y contó con la presencia del general Endes Palencia, viceministro de Prevención, Seguridad Ciudadana y Cuadrantes de Paz, quien destacó la labor del presidente saliente, el C/M Williams Blanquis.

Palencia felicitó al general Aguana por su nombramiento y le instó a continuar con el proceso de modernización del sistema de transporte terrestre, así como a reforzar las políticas de seguridad ciudadana que se ejecutan desde el INTT, en el marco de la Gran Misión Cuadrantes de Paz.

Compromiso con la población venezolana

Por su parte, el general Aguana agradeció la confianza depositada en él por el presidente de la República, Nicolás Maduro, y expresó su compromiso con el pueblo venezolano de garantizar un servicio eficiente, transparente y seguro en materia de transporte terrestre.

«Continuaremos las modernizaciones del sistema para que los servicios continúen a disposición del pueblo venezolano. Además, reforzaremos las políticas de seguridad ciudadana que se ejecuten desde nuestros espacios, para la consolidación de la Gran Misión Cuadrantes de Paz», destacó Aguana.

Asimismo, anunció que el C/M Williams Blanquis asumirá como vicepresidente del INTT, para robustecer los planes y estrategias que implementa el ente.

El INTT es el órgano rector del transporte terrestre en Venezuela, encargado de regular, fiscalizar y controlar las actividades relacionadas con el tránsito, el transporte público y privado, la circulación vehicular y peatonal, y la educación vial.

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Gabriel Velásquez

Con información de medios nacionales

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El proyecto de ley fue presentado este miércoles ante el Parlamento ruso. Hasta ahora, tener antecedentes penales no les permitía a los candidatos servir en el Ejército, a diferencia del grupo mercenarios Wagner, donde combaten muchos presos y exconvictos.

Los diputados Andréi Kartapólov y Andréi Krasov, quienes forman parte de la redacción de la ley, consideran que «hay muchos ciudadanos que desean firmar un contrato con el Ejército, pero no lo pueden hacer» por motivos de salud o por tener antecedentes penales.

La cámara de diputados de Rusia aprobó además una enmienda que castiga con hasta 15 años de cárcel la difusión de «información falsa» sobre los voluntarios y mercenarios que participan en la invasión en Ucrania.

El mes pasado, el Parlamento ruso aprobó una ley que prohíbe abandonar el país a los llamados a integrar el Ejército, sean reclutas o reservistas movilizados en la invasión a Ucrania.

En septiembre de 2022, Putin llamó a 300.000 reservistas a integrarse al Ejército ruso, aunque en su decreto uno de los puntos es secreto, lo que abre la puerta a una nueva campaña de movilización.

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Víctor De Abreu

El líder gremialista denunció que las industrias venezolanas pagan aranceles e IVA por la materia prima que se usa en el país, al contrario de los productos importados y que la prórroga de la exoneración de pagos a productos importados va en detrimento de la producción nacional y favorece a las economías de otros países.

“Nosotros hemos venido conversando desde hace mucho tiempo con el Ejecutivo y tratando de influir en ello, de que este decreto ya cesase, incluso hemos tenido muchas reuniones con parte del Ejecutivo y todos nuestros sectores para determinar cuáles eran los códigos arancelarios que están afectando a la industria nacional”.

Pisella explicó que la inflación de 2021 fue de 686 %, lo que se traduce en el porcentaje en el que subieron de precio los productos nacionales en promedio, mientras que la devaluación está en menos del 50 %, es decir, que los productos importados resultan más económicos.

“Adicionalmente tenemos una sobrevaluación de la moneda muy pronunciada que afecta a la producción nacional”, puntualizó.

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Gabriel Velásquez

Con información de medios nacionales