La organización denunció en un informe, en colaboración con la ONG Cristosal, con sede en Guatemala, que los 252 migrantes venezolanos enviados a la prisión de máxima seguridad estuvieron sometidos a torturas, violaciones y fueron privados de acceso a comida y agua, de acuerdo con los testimonios de un centenar de familiares y cerca de cincuenta expresos.

“Lo que descubrimos es que estos venezolanos sufrieron torturas sistemáticas durante los casi cuatro meses que estuvieron en el centro. Día tras día eran golpeados por los guardias, los golpeaban por hablar en voz alta, los golpeaban por todo, lo que nos llevó a la conclusión de que no se trataba de casos aislados, sino que era algo sistemático”, aseguró Juanita Goebertus, directora de la división de América de HRW en la presentación en Washington del informe ‘Llegaron al infierno’.

Los migrantes fueron enviados al Cecot entre marzo y abril, luego de que la Administración de Trump los acusara de terrorismo, y el 18 de julio fueron repatriados a Venezuela como parte de un acuerdo de intercambio de prisioneros entre Estados Unidos, Venezuela y El Salvador.

El documento es, según aseguran, la publicación más completa hasta la fecha del maltrato al que estuvieron sometidas estas personas mientras estuvieron detenidas en El Salvador.

HRW documentó «al menos tres casos de violencia sexual por parte de los guardias contra los migrantes venezolanos» así como «abusos verbales y psicológicos muy graves».

Los testimonios explicaron que no tenían un acceso adecuado a agua potable, a comida ni a una atención médica: «El agua que utilizaban para beber y para cocinar era amarilla y a veces estaba caliente», explicó la directora.

Según explicaron, una de las principales conclusiones del informe revela que la expulsión forzosa a la que fueron sometidos los migrantes constituye «una desaparición forzada, que es un delito internacional en el que tanto Estados Unidos como El Salvador son cómplices”.

«En algún momento tendrá que haber una investigación, y nosotros y otras organizaciones estamos recopilando pruebas para cuando llegue ese momento, agregó.

Desde HRW instaron al resto de los países a levantar la voz y denunciar los actos que se están cometiendo en el Cecot.

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Mediante un comunicado, Cristosal aseveró que las decisiones del partido del actual presidente, Nayib Bukele, impuestas el jueves, no devuelven «el poder al pueblo, como afirma la narrativa oficial», sino que «se lo entrega sin límites a la familia del gobernante».

La nota de prensa de Cristosal tiene lugar después de que el Congreso salvadoreño, dominado por el partido Nuevas Ideas (NI) de Bukele, realizara una reforma exprés que permite la reelección presidencial indefinida y extiende además por seis años el período presidencial.

«Sin contrapesos, el régimen se otorga a sí mismo el poder de perpetuidad», expuso el comunicado de Cristosal.

La organización humanitaria recalcó que la reelección indefinida y la extensión del mandato presidencial fueron modificadas «sin previo aviso, de espaldas al pueblo, sin debate» y «sin diálogo con actores de la sociedad».

De igual manera, Cristosal expresó que «denunciamos los hechos porque nos regresan a los errores de los regímenes arbitrarios del pasado».

Bukele, de 44 años de edad, tomó posesión como presidente de El Salvador en junio de 2019 para su primer mandato y en 2024 fue reelecto en el cargo.

En julio pasado, Cristosal suspendió operaciones en El Salvador «ante la escalada de criminalización» en su contra, por lo que se trasladó a Guatemala y Honduras.

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El director de Cristosal detalló, durante una conferencia de prensa en San Salvador, que el 40 % de los casos «tenía (en Estados Unidos) algún tipo de protección migratoria».

Señaló que la ONG presentó ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia salvadoreña 39 recursos de habeas corpus de un igual número de migrantes detenidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot).

«Estas personas se encuentran en un agujero negro judicial, porque no tienen dónde hacer efectivos sus derechos», indicó.

Envío de migrantes a El Salvador

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, invocó una ley de 1789 -conocida como la Ley de Enemigos Extranjeros- para justificar las expulsiones de los migrantes venezolanos, acusándolos de ser parte del Tren de Aragua, una banda criminal transnacional que el Gobierno calificó como «terrorista».

El Gobierno de EE.UU. llegó a un acuerdo con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, para enviar a migrantes detenidos en Estados Unidos hacia el Cecot, una prisión para miembros de pandillas.

Como parte del trato, del que no se conocen detalles específicos, Washington pagará a El Salvador 6 millones de dólares anuales para sostener el sistema carcelario.

En total, EE.UU. ha enviado a esta cárcel a más de 200 migrantes, en su mayoría venezolanos, acusándolos de pertenecer a la banda Tren de Aragua.

Sin embargo, según un análisis publicado la semana pasada por el portal Bloomberg, un 90 % de los más de 200 hombres que EE.UU. tiene encarcelados en el país centroamericano no tienen antecedentes penales en territorio estadounidense.

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