Uruguay se convirtió en 2025 en el primer país en autorizar la eutanasia mediante la Ley de Muerte Digna, cuya reglamentación se firmó este miércoles, lo que permite a pacientes en fase terminal solicitar el procedimiento bajo condiciones específicas.

En Colombia, la eutanasia fue despenalizada en 1997 por la Corte Constitucional mediante una sentencia que reconoció el derecho a morir dignamente.

Sin embargo, su regulación no avanzó sino hasta 2015, cuando se establecieron protocolos y se realizó el primer procedimiento legal en el país y en la región.

En 2021, el alto tribunal amplió ese derecho al eliminar el requisito de enfermedad terminal y permitirlo también para menores de edad en determinadas condiciones.

En Ecuador, la Corte Constitucional despenalizó la eutanasia en 2023 y ordenó su regulación, lo que permitió que una paciente accediera formalmente al procedimiento.

Igualmente en Perú, aunque la eutanasia sigue prohibida en términos generales, una sentencia judicial de 2021 ordenó despenalizarla para el caso específico de la psicóloga Ana Estrada, cuyo derecho fue ratificado por la Corte Suprema en 2022 y que falleció en 2024.

Cuba, por su parte, aprobó en 2023 una ley que reconoce el derecho a decisiones sobre el final de la vida, pero aún carece de regulación secundaria, por lo que no se aplica en la práctica.

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La denuncia fue presentada por el director del partido Unidad Popular, Geovanni Atarihuana, y se centra en las actividades electorales realizadas por Noboa el 5 de enero, en el inicio de la campaña electoral para la primera vuelta, donde participó sin haber solicitado licencia del cargo como estipula la normativa ecuatoriana.

Ese día Noboa salió al balcón del presidencial Palacio de Carondelet, sede del Ejecutivo ecuatoriano, en Quito, e «indujo al voto» a favor de su candidatura y la de sus asambleístas frente a simpatizantes que estaban en la plaza, según relató en la audiencia el abogado de Atarihuana, Luis Cueva.

Como prueba, el denunciante presentó notas de prensa en las que se detallaba que Noboa dijo frases como «en cinco semanas venceremos y para eso necesitamos el apoyo de todos ustedes, una Asamblea que apoye y no dé trabas a cada uno de los proyectos del Ejecutivo».

«Eso no puede ocultarse. Millones de ecuatorianos lo vimos y obviamente hoy reclamamos justicia», dijo Atarihuana, quien señaló que esa «actitud antidemocrática» del presidente no solo se registró ese día sino «durante tres meses, en la primera y segunda vuelta».

Durante toda la campaña, Noboa no solicitó una licencia que la ley establece como obligatoria para los funcionarios que se postulan a una reelección, pues, según dijo en reiteradas ocasiones el ministro de Gobierno, José De la Gasca, el mandatario consideraba que su nueva candidatura no se configuraba como reelección por haber sido elegido inicialmente para completar el período que le correspondía al expresidente Guillermo Lasso (2021 – 2023).

En lugar de eso, Noboa se ausentó del cargo en los días donde participaba en actividades electorales y dejó la jefatura de Estado en manos de la secretaria de Administración Pública, Cynthia Gellibert, a quien designó por decreto como «vicepresidenta encargada» en reemplazo de la vicepresidenta Verónica Abad, con quien está enfrentado.

La delegación de las funciones presidenciales a Gellibert fue declarada inconstitucional por la Corte Constitucional.

Tras relatar las pruebas, Cueva pidió al juez Viteri que sancione al presidente por haber cometido una infracción electoral grave detallada en el numeral tres del artículo 278 del Código de la Democracia (ley electoral).

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DOBLE LLAVE

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La decisión de la corte constitucional

Con siete votos a favor de sus nueve magistrados, la Corte Constitucional abrió la puerta para que los médicos puedan llevar a cabo la eutanasia sin temor a enfrentar la cárcel.

La sanción por homicidio no se aplicará al médico que realice un procedimiento de eutanasia activa. El objetivo es preservar los derechos de una vida digna y el libre desarrollo de la personalidad del paciente.

El caso de Paola Roldán

La decisión se basó en el caso de Paola Roldán, una mujer de 43 años que sufre de esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad degenerativa y dolorosa.

En agosto, Roldán presentó una demanda contra el artículo 144 del código penal ecuatoriano, que considera la eutanasia como un homicidio y prevé una pena de prisión de entre 10 y 13 años. La sentencia declaró la inconstitucionalidad de este apartado, allanando el camino para la eutanasia.

Ecuador despenaliza la eutanasia con una histórica sentencia sobre el caso de Paola Roldán https://t.co/FvzDrDDGMP

— BBC News Mundo (@bbcmundo) February 7, 2024

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Gabriel Velásquez

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Los dos tratados, suscritos en el gobierno de Guillermo Lasso (2021-2023), se refieren al estatuto de las fuerzas y a operaciones contra actividades marítimas trasnacionales ilícitas.

Según la canciller, Gabriela Sommerfeld, la decisión de la Corte Constitucional reduce tiempos para su implementación.

Ahora corresponde al Ejecutivo ecuatoriano avanzar con el trámite y notificar a Estados Unidos que se superó el procedimiento interno.

La respuesta de la Corte Constitucional ha llegado en un momento clave en temas de seguridad de Ecuador, que atraviesa por un «conflicto armado interno«, declarado por Noboa contra grupos de crimen organizado, a los que cataloga como «terroristas».

#ATENCIÓN | Corte Constitucional da luz verde a dos acuerdos entre Ecuador y EE.UU. para cooperación en seguridad y defensa. ¿Qué dice el dictamen? 👉 https://t.co/nmbOsP6ecW pic.twitter.com/pQScg5jl47

— Teleamazonas (@teleamazonasec) January 24, 2024

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Fiorella Tagliafico

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La resolución salió adelante con el voto de 104 legisladores a favor del juicio, 18 en contra y tres abstenciones, de 125 presentes, del total de 137 asambleístas que integran ese organismo.

Esta decisión no implica un proceso inmediato contra Lasso, sino que el trámite sigue hacia una nueva instancia, el Consejo de Administración Legislativa, donde si es aprobado deberá ser presentado a la Corte Constitucional, que finalmente decidirá si cumple con los requisitos formales para enjuiciar al gobernante de 67 años.

La semana pasada una comisión legislativa, en su mayoría de oposición, presentó un informe de un presunto caso de corrupción y supuestos de allegados al poder con grupos delictivos y logró que el presidente Lasso sea sometido a un juicio político de censura y destitución, además de omisión en delitos contra la administración pública.

El presidente Guillermo Lasso dispuso que la Función Ejecutiva colabore con la investigación de la Fiscalía en el caso Gran Padrino. Para el Primer Mandatario, el informe legislativo carece de sustento lógico, probatorio y jurídico. https://t.co/QaBIPt8OnP pic.twitter.com/rW4EpFmG0Q

— Revista Vistazo (@revistavistazo) March 5, 2023

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Gabriel Velásquez

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“Ante una crisis humanitaria que está casi en los límites de un genocidio, el objetivo central en esta etapa es disminuir la tasa de mortalidad infantil asociada a la desnutrición”, precisó el gerente designado para el “Plan Especial La Guajira”, Luis Gómez Pimienta.

Casos de desnutrición en niños

En La Guajira, en 2022 se registraron 1.954 casos de desnutrición aguda en menores de 5 años y 85 casos de menores de 5 años que murieron por desnutrición, un dato muy superior al resto de departamentos del país.

En total en Colombia, murieron 308 niños y niñas menores de 5 años por desnutrición en 2022.

El gerente señaló la celeridad, la integralidad y la innovación como algunos de los rasgos fundamentales del plan, en la medida en que los ítems impresos definidos por la Corte Constitucional exigen el cumplimiento de los determinantes de la salud y el desarrollo humano para “dignificar los derechos fundamentales” de los wayúu, el pueblo indígena más numeroso de Colombia que vive entre este país y Venezuela.

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Gabriela Morales

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La despenalización fue aceptada en sesión extraordinaria por cinco votos a favor y cuatro en contra de los magistrados de la alta corte, en un proceso que lleva meses dilatado por trabas administrativas, por impedimentos a jueces puestos por grupos opositores al aborto, y que hasta hoy no había abordado el debate de fondo.

Hasta la fecha el aborto solo estaba permitido en Colombia por tres causas: cuando está en riesgo la salud o la vida de la madre; cuando es fruto de violación o incesto, o si hay malformación del feto, mientras que en el resto de casos está penado hasta con cuatro años y medio de cárcel.

Duque manifestó su desacuerdo

El presidente de Colombia, Iván Duque, cuestionó la decisión de la Corte Suprema y aseveró en que siempre se ha considerado “una persona próvida”, y que siempre ha sido respetuoso con las tres causales que estableció la Corte Constitucional por muchos años.

“Me parece que este fallo no solamente altera el principio de causas juzgadas frente al cual ya se había pronunciado la corte, sino que me parece además delicado que estemos facilitando que el aborto se convierta en una práctica casi que anticonceptiva y que se pueda volver recurrente y regular”, explicó.

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Gabriela Morales

Con información de agencias de noticias y medios internacionales

Esta ley contempla que las mujeres víctimas de violación que hayan quedado embarazadas puedan interrumpir la gestación hasta las 12 semanas, y excepcionalmente hasta las 18 en casos de niñas, adolescentes y mujeres indígenas y del área rural.

Las semanas de gestación serán única y exclusivamente verificadas por un médico que deberá practicar los exámenes correspondientes para determinar si la solicitante está dentro del margen estipulado por la ley para abortar.

«Hoy el pleno tomó una decisión mayoritaria después de un amplio debate participativo, laico y democrático sobre un proyecto de ley de gran importancia para el presente y el futuro de las niñas, adolescentes y mujeres del país», indicó la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori.

La norma obtuvo 75 votos a favor, 5 más de los 70 que eran necesarios para sacar adelante el proyecto de ley

Por su parte, la asambleísta Johanna Moreira, encargada de la ponencia del proyecto de ley, comentó que “la normativa se ajusta a la realidad del pueblo ecuatoriano y de las víctimas de violencia sexual”.

Esta norma fue aprobada luego de una primera votación fallida en la que no se lograron los 70 votos necesarios para su aprobación, por lo que Moreira solicitó a Llori un receso de una hora para hacer modificaciones al texto que lograron el apoyo necesario en una segunda votación.

Ahora la promulgación de la norma quedará en manos del presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, quien tiene 30 días de plazo para publicarla en el registro oficial o para vetarla íntegra o parcialmente en caso de que no estuviera de acuerdo con el contenido del texto.

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Gabriela Morales

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Por siete votos a favor y dos en contra, la Corte resolvió considerar inconstitucionales dos artículos del Código Orgánico Integral Penal (COIP), referentes al aborto. Según estos, solo era permitido si la vida de la mujer está en peligro o el embarazo fue producto de una violación a una mujer con discapacidad mental.

«Un avance necesario, aunque incompleto»

De esta forma, el alto tribunal declaró inconstitucionales los artículos 149 y 150 del COIP, el primero de los cuales estipulaba penas privativas de libertad de entre seis meses a dos años para una gestante que abortase o toda persona que interviniera en la interrupción voluntaria del embarazo.

El segundo artículo precisaba las dos situaciones en las que el aborto no era punible y que, según las organizaciones feministas, era discriminatorio en relación a otros casos de violación, fundamento de la demanda de inconstitucionalidad presentada en junio pasado.

La Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador acogió con satisfacción el fallo, que consideró «un avance necesario, aunque incompleto», y agregó que «las mujeres ecuatorianas seguiremos luchando para ejercer el derecho a ser libres de disfrutar, defender, proteger nuestro cuerpo y salud integral».

#ÚLTIMAHORA Corte Constitucional de Ecuador despenaliza el aborto en casos de violación (Defensor del Pueblo) #AFP pic.twitter.com/9Un3Sh1iVy

— Agence France-Presse (@AFPespanol) April 28, 2021

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Gabriel Velásquez

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