Denominada ‘Iniciativa Rickey Singh para la Excelencia Periodística en las Américas’, en homenaje a este reconocido periodista guyanés y caribeño (1937–2025), el proyecto cuenta con el respaldo de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) y del Proyecto de Apoyo a los Medios de Comunicación Independientes y la Lucha contra la Desinformación, financiado por la Unión Europea (UE).

«La iniciativa busca promover un diálogo hemisférico entre periodistas, medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil para responder a desafíos cada vez más relevantes para las democracias de la región, entre ellos la excelencia periodística, la credibilidad de los medios, la confianza pública y el fortalecimiento de mecanismos de autorregulación», indicaron en un comunicado los organizadores.

Como parte de este lanzamiento se presentó para discusión un conjunto de ‘Principios Interamericanos de Excelencia Periodística’, concebidos como un marco voluntario y no regulatorio para orientar el ejercicio profesional en los diversos ecosistemas mediáticos del continente.

Según la nota, treinta periodistas y representantes de medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil de la región, de países como Ecuador, Venezuela o Panamá, participaron en un diálogo para «identificar desafíos comunes y promover estándares que contribuyan a fortalecer la credibilidad, la diversidad, la transparencia y la responsabilidad social del periodismo, en medio del contexto adverso que enfrenta la prensa independiente».

El Relator Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Pedro Vaca, destacó en la presentación la necesidad de consolidar un espacio permanente de intercambio y reflexión entre periodistas del hemisferio como condición para fortalecer las democracias en las Américas.

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A través de su cuenta en X, la líder opositora afirmó que el «desmantelamiento de la represión es indispensable para alcanzar una genuina transición a la democracia y a la libertad en Venezuela».

«Los más de 500 presos políticos, civiles y militares que mantiene tras las rejas el régimen deben ser liberados, y debe garantizarse la libertad plena, sin restricciones, de cada uno de los venezolanos que fueron secuestrados por razones políticas», indicó María Corina Machado.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), la detención de personas por motivos políticos en Venezuela y exigió su liberación inmediata.

«La democracia no es un adorno del sistema interamericano, es su condición de posibilidad y la privación arbitraria de la libertad por motivos políticos es una de las expresiones más graves del derrumbe del Estado de derecho en Venezuela», denunció la secretaria ejecutiva de la CIDH, Tania Reneaum, ante el Consejo Permanente de la OEA.

La postura de Albert Ramdin

Por su parte, Ramdin urgió a las autoridades venezolanas a agilizar, de manera incondicional, la liberación de todas las personas privadas de libertad por razones políticas.

«Toda persona detenida por sus posiciones y opiniones políticas representa un obstáculo para la misma estabilidad democrática y el progreso que la región necesita», declaró.

En relación con la ley de amnistía, aprobada en febrero en Venezuela, Reneaum reconoció que esta excluye formalmente graves violaciones de derechos humanos, pero advirtió sobre disposiciones que, a su juicio, podrían aplicarse contra opositores y afectar futuros procesos de rendición de cuentas.

Indicó que, aunque las autoridades venezolanas han reportado más de 8.000 beneficiarios de la norma, organizaciones civiles registran solo 186 personas con libertad plena, mientras que otras 554 permanecen bajo medidas cautelares, lo que calificó como una «libertad vigilada».

El gobierno de Venezuela suele intercambiar los términos y afirmar que en el país hay «políticos presos», mientras asegura que están encarcelados por la comisión de delitos, una postura que rechazan diversas organizaciones no gubernamentales y partidos opositores.

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Según anunció el domingo el equipo de comunicaciones de la líder opositora venezolana, la reunión tendrá lugar a las 10:30 hora local (15:30 GMT) en el edificio de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

La política venezolana hará declaraciones a la prensa tras el encuentro, de acuerdo con su equipo.

La reunión tiene lugar después de que el dirigente de oposición en Venezuela Juan Pablo Guanipa, cercano a María Corina Machado y uno de los mayores críticos del oficialismo venezolano, fuese excarcelado tras más de ocho meses de prisión.

Esta liberación se dio en el marco de un proceso de excarcelaciones anunciado hace un mes por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, tras la captura del mandatario Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

Al menos 391 presos políticos han sido excarcelados en Venezuela desde el pasado 8 de enero, según un conteo publicado el sábado por la mayor coalición opositora, mientras la ONG Foro Penal contabiliza 383.

Después de su excarcelación, Guanipa fue detenido nuevamente por no acatar lo estipulado en las medidas cautelares, según fuentes oficiales, por lo que es transferido a un régimen de «detención domiciliaria».

Desde la captura de Maduro, la Administración de Donald Trump ha establecido relaciones con el gobierno de la presidenta interina, Delcy Rodríguez, y expresa que gobierna positivamente, que está bajo su tutela y «lo hace muy bien».

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«La última visita de la Comisión a Venezuela tuvo lugar en 2002, hace más de veinte años. Desde entonces, cada nueva solicitud, en 2017 y en 2020, ha sido rechazada», explicó la relatora de la CIDH para Venezuela, Gloria de Mees, ante el Consejo Permanente de la OEA.

El Helicoide es el principal centro de detención de disidentes políticos en Venezuela y, según De Mees, la Comisión ha recibido «información alarmante» de lo que allí ocurre, donde se han documentado graves violaciones a los derechos humanos.

El secretario general de la OEA, Albert Ramdin, respaldó la propuesta de la comisión y destacó la «urgencia» de que se lleve a cabo: «Una visita ‘in loco’ representaría un paso significativo y concreto hacia la transparencia, la rendición de cuentas y la protección de la dignidad humana», dijo en redes.

Denuncias de la CIDH

En uno de sus últimos informes, la relatora denunció la intensificación de la represión en Venezuela desde las presidenciales de julio de 2024, en las que se proclamó la reelección de Nicolás Maduro pese a las denuncias de fraude de la oposición.

Desde 2013, Venezuela no forma parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, compuesto por la CIDH, con sede en Washington, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José (Costa Rica).

Un año antes, bajo el Gobierno de Hugo Chávez, el país denunció la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) y el día 10 de septiembre de 2013 la decisión se formalizó y Venezuela se desvinculó de las obligaciones del texto fundacional del sistema.

Aun así, la CIDH reitera su competencia sobre Venezuela y alega que la denuncia presentada en 2012 carece de validez.

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«La situación no es nueva, pero ahora es sistemática. Se ha intensificado y no solo afecta a los defensores de los derechos humanos, periodistas o los disidentes, ahora es a todo el mundo, porque hay temor a las represalias”, explicó De Mees a EFE en una entrevista antes de su comparecencia.

Según dijo, la «vigilancia» que asegura está empleando el gobierno de Nicolás Maduro genera «un clima del miedo y acaba silenciando» a la población. “Es el peor impacto que ha habido a lo largo de este año”, añadió.

«Debemos hacer hincapié en las detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas, la tortura, los tratos inhumanos, la cancelación de pasaportes de periodistas, defensores de los derechos humanos y figuras de la oposición, pero también la autocensura generalizada entre la población en general por miedo a las represalias”, apuntó De Mees.

La relatora compareció ante la OEA para actualizar sobre la situación en Venezuela cuando se cumple poco más de un año de las disputadas elecciones presidenciales en las que Maduro venció al opositor Edmundo González Urrutia, según el Consejo Nacional Electoral (CNE).

La oposición en todo momento calificó de “fraude” la victoria de Maduro, al igual que la OEA, que asegura que los resultados carecen de verificación oficial y sigue exigiendo las actas a Caracas después de un año.

«El pueblo venezolano no está solo»

Además, la CIDH pide a las autoridades venezolanas que liberen a todas las personas detenidas arbitrariamente, que cese la criminalización de periodistas, activistas y demás ciudadanos críticos con el gobierno y que haya justicia para los 25 fallecidos tras las elecciones.

En este periodo también se han producido dos cambios importantes para el organismo multinacional: la vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca y la elección del surinamés Albert Ramdin como nuevo secretario general de la OEA.

Sin embargo, De Mees mantuvo que el papel de la Comisión no depende de coyunturas políticas y que debe “mantenerse fiel a su mandato” por la defensa de los derechos humanos.

«Los venezolanos necesitan saber que el pueblo venezolano no está solo. Seguiremos con nuestras acciones para crear conciencia entre la comunidad internacional de que Venezuela debe seguir estando en la agenda colectiva”, concluyó.

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Su elección se produjo en una votación realizada en la 55 Asamblea General de la OEA, en Antigua y Barbuda, para escoger a tres de los siete comisionados que tiene la CIDH.

Payá, fundadora de la organización Cuba Decide e hija del también disidente Oswaldo Payá, quien según la propia CIDH fue asesinado por el Estado cubano, fue elegida con los votos de 20 de los 32 Estados miembros.

«Vengo de la defensa de la libertad y los derechos humanos en la tiranía más larga que ha sufrido y sufre nuestro continente, que es la dictadura cubana y que los Estados miembros estén eligiendo a alguien como yo para proteger a las víctimas del hemisferio me llena de orgullo y esperanza», dijo Payá en declaraciones a EFE tras su elección.

Nominación de Payá

La Administración de Donald Trump había insistido mucho en la necesidad de nombrar a Payá en la Comisión debido a su duro discurso con los gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua.

El jueves, durante la Asamblea, el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, exhortó a los países miembros a votar por el nombramiento de Payá tras un duro discurso en el que puso en duda la futura permanencia de Estados Unidos en la OEA al considerar que esta ha sido «incapaz» de resolver las crisis en Venezuela y Haití.

La CIDH es un órgano autónomo de la OEA encargado de promover y proteger los derechos humanos en el continente americano, integrado por siete miembros independientes.

En un comunicado tras su elección, Payá acusó a Cuba de haber llevado a Venezuela y Nicaragua «al colapso de la democracia» y afirmó que el continente americano «ha pagado un alto precio al tolerar al régimen cubano durante demasiado tiempo».

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A iniciativa del presidente Nayib Bukele, el Congreso aprobó el pasado 20 de mayo la ley en mención, que grava con un impuesto del 30 % las donaciones internacionales, sean para personas naturales o jurídicas.

«La CIDH expresa su preocupación por la tributación establecida, que puede inviabilizar la sostenibilidad financiera de las organizaciones y medios de comunicación alternativos o comunitarios que actúan en defensa de derechos humanos y que dependen de los fondos de la cooperación internacional», indicó el organismo en un comunicado.

La comisión también advirtió que dicha ley posee una «discrecionalidad» y «ambigüedad» sobre «las actividades que son prohibidas de ser financiadas con recursos extranjeros».

«En 2021, la CIDH y su RELE (Relatoría Especial de Libertad de Expresión) llamaron al Estado de El Salvador a no aprobar una normativa con tales características, por lo que instaron a su derogación», subrayó el comunicado.

Preocupación de la CIDH

El organismo, que forma parte de la Organización de los Estados Americanos (OEA), también manifestó su preocupación por las «detenciones recientes contra personas defensoras de derechos humanos».

La CIDH hizo referencia a las detenciones de la abogada anticorrupción Ruth López, del abogado ambientalista Alejandro Henríquez, del pastor evangélico y líder comunitario José Ángel Pérez, y de Fidel Zavala, portavoz de una organización humanitaria.

Además, la comisión denunció la existencia de «órdenes de arresto contra Ivania Cruz y Rudy Joya, todos defensores de la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios», junto a Zavala.

«Organizaciones de la sociedad civil cuestionan que las causas penales serían una forma de represalia por su labor con personas detenidas durante el régimen de excepción y por denuncias de abusos en las cárceles», expuso la CIDH.

El comunicado también apuntó que «frente a las alegaciones sobre el uso indebido del derecho penal con el posible fin de intimidar, castigar o impedir las actividades de defensa de derechos humanos, la CIDH llama al Estado a abstenerse de incurrir en esta práctica».

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El documento, que fue entregado por una coalición de cuatro organizaciones estadounidenses, solicita a la CIDH que emita una medida de emergencia en contra del Gobierno salvadoreño de Nayib Bukele por la «detención ilegal de cientos de individuos transferidos de manera forzosa e irregular» al país centroamericano.

A mediados de marzo, EE.UU. decidió trasladar a más de 230 migrantes -en su mayoría venezolanos– a la megaprisión salvadoreña conocida como CECOT, notoria por las denuncias de abusos a los derechos humanos.

El Gobierno de Donald Trump acusó a los migrantes de formar parte del Tren de Aragua, una banda criminal transnacional que Washington calificó como «terrorista». Sin embargo, varios informes han demostrado que la mayoría de ellos -un 90 % según el medio neoyorquino Bloomberg- no tienen antecedentes penales.

La demanda revela que los migrantes llevan más de dos meses incomunicados y pide que la CIDH obligue a El Salvador a «cumplir con sus obligaciones legales internacionales» y coopere con EE.UU. para poner en libertad a los detenidos.

Acuerdo de EEUU con El Salvador

El Gobierno de EE.UU. llegó a un acuerdo con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, para enviar a migrantes detenidos en EE.UU. al CECOT.

Como parte del trato, del que no se conocen detalles específicos, Washington pagará a El Salvador 6 millones de dólares anuales para sostener el sistema carcelario.

El Supremo de EE.UU. prohibió al Gobierno continuar con las expulsiones al país centroamericano mientras que se resuelven varias demandas en contra de esta práctica en las cortes de menor instancia.

El presidente republicano invocó una ley de 1789, conocida como la Ley de Enemigos Extranjeros, para justificar las expulsiones de los migrantes venezolanos.

El uso por parte del Gobierno estadounidense de esta ley, invocada en el pasado en tiempos de guerra, ha provocado una ola de críticas por parte de la oposición demócrata y de expertos juristas que hablan ya de una crisis constitucional.

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La organización no gubernamental denunció que, con esta operación, se intensifican los «ataques contra los venezolanos» por parte del gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, quien invocó el sábado la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para acelerar las deportaciones masivas de presuntos integrantes del Tren de Aragua, nacida en una cárcel de Venezuela.

El grupo de deportados, según Provea, son «sometidos a un sistema carcelario señalado de abusos por la CIDH (Comisión Interamericana de DDHH), alejados de sus familias y sin garantías para su defensa».

En ese sentido, la ONG expresó que son trasladados a un destino donde «sus derechos no están protegidos, quedan aislados de sus familiares y donde dependen de lo que el Estado salvadoreño decida informar, si es que lo hace».

Además, señaló que ese traslado a un «sistema carcelario sin garantías» se efectuó pese a la orden del juez federal James Boasberg de bloquear el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros durante 14 días o hasta nuevo aviso.

«¿Sobre qué delitos están siendo juzgados? ¿En qué tiempo fueron procesados? ¿Cuáles son las pruebas? ¿Qué derecho a la defensa se les garantiza? Estas deportaciones ignoran principios básicos del debido proceso y la defensa legal», afirmó Provea.

La intervención de Bukele

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, dijo el domingo que el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, había ofrecido mantener a los acusados de ser miembros del Tren de Aragua «en sus excelentes cárceles a un precio justo», lo que en su opinión «también ahorrará dinero» a los contribuyentes de EEUU.

La Ley de Enemigos Extranjeros, que no había sido invocada desde la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), permite detener o deportar a los ciudadanos de una nación enemiga sin audiencia previa y, bajo la misma, todos los venezolanos mayores de 14 años que se considere que pertenezcan a esa banda, se encuentren en EE.U y no estén naturalizados o sean residentes permanentes legales, están sujetos a ser detenidos y expulsados.

El domingo, la Administración de Maduro dijo que Washington «criminaliza, de forma infame e injusta», a los migrantes venezolanos.

A través de un comunicado, expresó su «contundente» rechazo a la invocación de una «ley anacrónica, violatoria de los derechos humanos e ilegal», y denunció de forma «enérgica» que sus connacionales en EEUU «están siendo sometidos a persecución».

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A través de X, la ONG explicó que el pasado 6 de noviembre el juez Ángel Betancourt, titular del Tribunal Tercero de Control con competencia en Terrorismo, ordenó el «pase a juicio» de Sánchez, pero dijo que hasta la fecha, la corte a cargo de la jueza Rosa Trompetero, «no ha indicado la fecha de inicio del mismo».

«Sus familiares consideran que esta irregularidad es una violación más al debido proceso como a sus otros derechos humanos», agregó Súmate.

Asimismo, indicó que la familia de Sánchez informó al fiscal general, Tarek William Saab, del «retardo procesal» a través de una carta recibida por la institución el pasado 17 de febrero.

El martes 4 de marzo, la organización alertó sobre las «múltiples enfermedades» que, asegura, tiene Sánchez, quien permanece detenida en el Helicoide, la sede en Caracas del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin).

Súmate pidió a la Justicia venezolana otorgar «medidas especiales de privación de libertad» para que Sánchez continúe con el tratamiento «adecuado y oportuno» para atender sus «crisis de hipertensión, trastornos de ansiedad, insomnio, infección urinaria y otros eventos traumáticos que amenazan su integridad física y mental».

Además, Súmate pidió que se declare nulo el proceso judicial contra su coordinadora, acusada de los presuntos delitos de terrorismo, incitación al odio, conspiración, traición a la patria y asociación para delinquir, a quien la ONG considera inocente.

La detención de Sánchez se produjo en el contexto de la crisis política que se desató en el país tras la controvertida reelección de Nicolás Maduro en las presidenciales del 28 de julio del año pasado, un periodo en el que la mayor coalición opositora, que denuncia «fraude» electoral, ha alertado sobre el aumento de la «persecución» y «represión» por parte del oficialismo.

En septiembre de 2024, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de Sánchez, al considerar que se encuentra en «una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos».

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«En el marco de las manifestaciones convocadas por la oposición, fue retenida la dirigente política María Corina Machado. Ante estos hechos, la Comisión recuerda que la lideresa es beneficiaria de medidas cautelares, otorgadas para garantizar que pueda desempeñar sus actividades de participación política sin ser objeto de amenazas, hostigamientos o actos de violencia en el ejercicio de estas», indicó la CIDH en un comunicado de prensa.

El organismo resaltó que en repetidas ocasiones ha instado al Gobierno venezolano a detener las «detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas», que -según dice- han sido llevadas a cabo días antes de las manifestaciones pacíficas convocadas por la oposición «en rechazo a la toma de posesión presidencial de Nicolás Maduro».

El equipo de campaña del candidato Edmundo González Urrutia -quien asegura que tomará posesión de la Presidencia- denunció el jueves el «secuestro» de Machado -que después fue calificado como «retención» por sus colaboradores- y posterior liberación de la exdiputada tras participar en una protesta en Caracas en la víspera de la toma de posesión de la Presidencia.

La líder confirmó después, a través de un video en redes sociales, que está en «un lugar seguro» y «con más determinación que nunca antes de seguir junto a ustedes hasta el final».

#CIDH condena las persistentes prácticas de terrorismo de Estado en #Venezuela y recuerda que María Corina Machado es beneficiaria de medidas cautelares. #DerechosHumanos #Democracia

Comunicado de Prensa: https://t.co/K2FG9wAVcY#IACHR condemns the ongoing practices of state… pic.twitter.com/qO3vFoz9hF

— CIDH – IACHR (@CIDH) January 10, 2025

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El CNE consideró que Petro, como candidato; el gerente de su campaña, Ricardo Roa, y otros miembros de su equipo deberán responder «por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales», pues se sospecha que superaron los topes de gasto establecidos y recurrieron a fuentes prohibidas que no declararon.

El mandatario, que asegura que se está llevando a cabo un golpe de Estado en su contra, ha centrado desde entonces sus esfuerzos en defender su posición de que el CNE se extralimitó en sus funciones, en que no ha cometido ningún delito y en afirmar que no puede ser juzgado por este organismo administrativo.

Por esa razón, el vicecanciller colombiano, Jorge Rojas, aseguró que el Gobierno recurrió a la CorteIDH, pues considera que la decisión tomada por el CNE viola el voto popular con el que Petro fue elegido presidente en 2022.

En opinión de Rojas, se trata de «una situación que puede ser muy grave para la democracia en Colombia», pues «se ha desconocido el fuero que como derecho le asiste al presidente».

Petro ya acudió a la CorteIDH cuando la Procuraduría (Ministerio Público) lo suspendió en 2013 cuando era alcalde de Bogotá, por supuestas irregularidades en el trámite de un contrato de recogida de basuras y entonces el tribunal internacional determinó que sus derechos políticos fueron afectados por esta decisión.

Petro crítica al CNE

El presidente del CNE, el excongresista César Lorduy, afirmó en una entrevista con la emisora Caracol Radio que ese organismo investiga pero no tiene la competencia para decidir si el presidente debe o no dejar el cargo.

Sin embargo, Petro lo acusó de tenderle una trampa para despojarlo del cargo: «Claro que el CNE no es competente para que yo deje el cargo, pero abrió la puerta al formular cargos de manera inconstitucional. Es un prevaricato que busca el golpe parlamentario».

«No se me acusará de ningún delito que no he cometido, se me hará un juicio por indignidad cuando no se ha sobrepasado ningún tope de la campaña», agregó hoy Petro, quien acusó al exfiscal general Nestor Humberto Martínez, «copartidario del señor Lorduy y de (el exvicepresidente) Germán Vargas Lleras» de ser el autor de «la estrategia» de «un golpe de Estado con pruebas falsas».

El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, abogó por tender «espacios de diálogo para tramitar las diferencias» y señaló que la decisión del CNE es «un obstáculo en el camino», pues considera que se «equivocó» e invitó a ese organismo a «reflexionar» sobre lo que está sucediendo.

«El CNE no puede investigar al jefe del Estado, que tiene un fuero integral que se desconoció con esta decisión y es muy mal precedente, más allá del presidente Petro», añadió Cristo.

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«El propósito de la visita es observar los impactos del proceso de debilitamiento de la institucionalidad democrática y la independencia judicial en el país a partir de la última visita realizada en 2017″, subrayó la comisionada de la CIDH, Andrea Pochak, durante una conferencia de prensa.

La misión arribó a Guatemala tras la invitación del presidente Bernardo Arévalo de León, quien tomó posesión en enero de este año pese a los intentos por evitarlo por parte del Ministerio Público (Fiscalía), señalada a nivel local e internacional de corromper la Justicia en el país centroamericano.

Específicamente, la comitiva de la CIDH «observará la situación de derechos humanos de grupos, en especial situación de vulnerabilidad, desde los enfoques étnico racial y de género», además de verificar «la situación de la libertad de expresión, la seguridad ciudadana, los derechos a la memoria, la verdad y justicia, así como los derechos económicos, sociales y culturales en Guatemala», en palabras de Pochak.

Sistema de justicia en Guatemala

La misión realizará otra rueda de prensa el próximo viernes 26 de julio para divulgar «las observaciones preliminares» de la visita, que se extenderá durante toda la semana. Es por ello que durante la semana no llevarán a cabo declaraciones a la prensa.

La comitiva está comandada por la abogada estadounidense Roberta Clarke, secundada por los vicepresidentes Carlos Bernal y José Luis Caballero, entre otros diplomáticos.

Durante las presidencias de Jimmy Morales (2016-2020) y Alejandro Giammattei (2020-2024), más de un centenar de personas, entre fiscales, periodistas, activistas y jueves, tuvieron que salir al exilio ante la persecución judicial promovida por la Fiscalía.

Precisamente la semana pasada el alto comisionado de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Volker Turk, visitó Guatemala y calificó como «preocupante» que el sistema de justicia sea utilizado para criminalizar a quienes «intentan combatir la corrupción».

Uno de los casos más simbólicos en el país centroamericano es el del periodista José Rubén Zamora Marroquín, en prisión preventiva desde 2022 por un supuesto caso de lavado de dinero, tras ser capturado solamente cinco días después de lanzar fuertes críticas por corrupción a Giammattei y a su pareja sentimental, Miguel Martínez.

En el mismo sentido, la semana pasada salió al exilio la exfiscal anticorrupción Virginia Laparra, quien también fue encarcelada por más de un año debido a un supuesto delito administrativo.

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La presidenta de la CIDH, Nancy Hernández, notificó la sentencia a las partes y explicó que durante el proceso Argentina reconoció su responsabilidad total en este caso, lo cual fue aceptado por el tribunal internacional que, de todas formas, emitió la sentencia y ordenó medidas de reparación.

La CIDH determinó que el Estado no adoptó las medidas razonables para evitar el atentado a pesar de que conocía la situación de riesgo, no cumplió con su deber de investigar con la debida diligencia el atentado y su encubrimiento y que no brindó a los familiares de las víctimas el acceso real a la documentación de los hechos.

«El Estado conocía de una situación de riesgo real e inmediata sobre los sitios identificados con la comunidad judía y que no adoptó las medidas razonables para evitar dicho riesgo», asegura el fallo.

Sentencia de la CIDH

La sentencia establece que el Estado es responsable por violaciones a los derechos a la vida, a la integridad personal, al principio de igualdad y no discriminación, al acceso a la justicia y a las garantías judiciales, al acceso a la información, al derecho a conocer la verdad, y a la integridad psíquica y moral de las víctimas y sus familiares.

«El Estado incurrió en una falta grave a su deber de investigar uno de los mayores atentados terroristas en la historia de la región. Estas faltas a la debida diligencia implicaron, por una parte, un mal manejo del material probatorio y la escena del hecho y, por otra parte, una conducción deficiente del desarrollo de la investigación», explica la sentencia.

El texto agrega que «se comprobaron una serie de maniobras realizadas por agentes estatales con el fin de obstaculizar la investigación y encubrir a los verdaderos autores, los cuales, a la fecha, no han podido ser identificados, juzgados y eventualmente sancionados».

Los jueces interamericanos ordenaron al Estado «remover todos los obstáculos que mantienen la impunidad total en este caso e iniciar, continuar, impulsar o reabrir las investigaciones que sean necesarias».

Reconocimiento de responsabilidad

Argentina también deberá efectuar un acto público de reconocimiento de responsabilidad, realizar un documental audiovisual sobre los hechos del caso y crear un archivo histórico accesible a todo el público sobre los hechos del atentado, la investigación, su encubrimiento y el rol de las asociaciones de víctimas.

La CIDH también ordenó al Estado que regule la incorporación como evidencia judicial de información de inteligencia y desarrolle un programa de capacitación sobre su utilización, así como dar pleno acceso a las víctimas y a los querellantes a todas las investigaciones e información vinculada con el atentado y su encubrimiento.

La totalidad de los archivos deberán ser ubicados en un mismo espacio físico, donde se garantice su correcta conservación y además el Estado tendrá que crear un área de análisis de la información de inteligencia desclasificada.

La CIDH también ordenó una serie de indemnizaciones compensatorias en favor de las víctimas y sus familiares por los conceptos de daño material e inmaterial.

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En su informe anual, la CIDH dijo que «toma nota de los hallazgos» de la relatora de las Naciones Unidas, quien «señaló que las sanciones sectoriales no tienen base normativa en el derecho internacional y han agudizado la situación de las personas en situación de vulnerabilidad».

«Por tal motivo, la CIDH reitera su llamado a que sean levantadas», expresó la comisión en el capítulo sobre Venezuela de su informe.

Asimismo, el órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) indicó que las sanciones tanto sectoriales como personales fueron aplicadas «frente a la erosión democrática» en Venezuela.

EE.UU. anunció la semana pasada su decisión de revertir parcialmente el alivio de sanciones, que había aplicado desde octubre, luego de acusar al presidente Nicolás Maduro de incumplir sus compromisos electorales.

Por su parte, Maduro acusó el sábado 20 de abril al gobierno estadounidense de incumplir compromisos relacionados al levantamiento de «todas las sanciones criminales».

Sin embargo, la CIDH dijo, a través de su informe, que la «imposición de sanciones no es óbice para que el Estado venezolano desatienda sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos».

#CIDH publica #InformeAnual2023 y destaca retos en #DerechosHumanos e institucionalidad democrática en la región.#IACHR publishes #AnnualReport2023 and highlights challenges in #HumanRights and democratic institutions in the region.

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DOBLE LLAVE

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Obligaciones internacionales

Según la CIDH, el gobierno venezolano ha mostrado una clara desidia hacia sus obligaciones internacionales en los últimos años. Esto se refleja en la denuncia de tratados y convenciones, así como en la expulsión de organizaciones de la sociedad civil y miembros de misiones electorales.

La decisión reciente de suspender las actividades de la OACNUDH es un ejemplo más de este desprecio hacia el escrutinio internacional en materia de derechos humanos.

Un ataque a la transparencia

La expulsión de la Oficina del Alto Comisionado de DDHH de la ONU es percibida como un intento por parte del régimen de Maduro de evitar la supervisión independiente de la situación de los derechos humanos en el país.

Esta medida socava la transparencia y obstaculiza los esfuerzos por garantizar el respeto y la protección de los derechos fundamentales de los venezolanos.

La condena de la CIDH refleja la preocupación compartida por la comunidad internacional ante las acciones del gobierno venezolano.

La expulsión de la Oficina del Alto Comisionado de DDHH de la ONU no solo afecta a los venezolanos, sino que también compromete los principios universales de derechos humanos que deben ser respetados por todos los países.

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Gabriel Velásquez

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Testimonio de Henrique Capriles Radonski

Este martes, en la sede de la CIDH en Costa Rica, se espera que Henrique Capriles Radonski brinde su testimonio ante los jueces, exponiendo las supuestas violaciones a sus derechos durante el proceso electoral en el que compitió contra Nicolás Maduro.

La audiencia ante la CIDH representa un momento crucial en el escrutinio internacional de las elecciones presidenciales venezolanas de 2013. Este evento resalta la importancia de garantizar la integridad y la equidad en los procesos electorales futuros, así como el respeto a los derechos políticos y la libertad de expresión.

Defensa de los derechos fundamentales

La participación de Henrique Capriles Radonski en esta audiencia es una oportunidad para defender los derechos fundamentales no solo del excandidato presidencial, sino también de todos los ciudadanos venezolanos que aspiran a un proceso electoral justo y transparente.

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Gabriel Velásquez

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Protección fundamental y participación política en juego

Ante el escenario complejo, la CIDH solicita al Estado venezolano que tome «las medidas necesarias» para asegurar los derechos fundamentales de Machado. El énfasis recae en la protección de su vida e integridad personal, así como en la posibilidad de ejercer sus actividades políticas sin enfrentar amenazas, hostigamientos o actos de violencia.

En el complejo entorno político de Venezuela, la resolución de la CIDH resalta la inquietud internacional por la seguridad de figuras políticas. El enfoque en proteger a María Corina Machado refleja la importancia de mantener los principios fundamentales de derechos humanos en medio de las tensiones políticas.

La resolución de seguimiento de la CIDH arroja luz sobre los desafíos y tensiones presentes en el ámbito político venezolano. La llamada a proteger a una candidata presidencial destaca la necesidad apremiante de abordar temas de seguridad y derechos humanos en un contexto político marcado por la complejidad.

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Gabriel Velásquez

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El informe titulado “Personas Migrantes y Refugiados de Venezuela” describe los desafíos y riesgos que enfrentan los venezolanos que emigran, así como las medidas que deben adoptar los Estados receptores para protegerlos y garantizarles sus derechos.

Según el informe, más de siete millones de venezolanos han salido de su país desde 2015, lo que representa el mayor éxodo en la historia reciente de la región y una de las mayores crisis de desplazados en el mundo.

La mayoría de ellos se han dirigido a países vecinos como Colombia, Perú, Ecuador, Brasil y Chile, donde han encontrado dificultades para regularizar su situación migratoria, acceder a servicios básicos, integrarse al mercado laboral y participar en la vida social y política.

El informe señala que los venezolanos que huyen de su país lo hacen por motivos que pueden ser considerados como fundados temores de persecución o violación grave de sus derechos humanos, lo que los hace elegibles para el reconocimiento de la condición de refugiado según la Declaración de Cartagena sobre Refugiados de 1984.

Sin embargo, solo el 15% de los venezolanos que han salido de su país han solicitado asilo y solo el 4% han sido reconocidos como refugiados.

La CIDH recomienda a los países de América Latina que adopten una respuesta regional y coordinada para atender la situación de los venezolanos, basada en los principios de solidaridad, responsabilidad compartida y cooperación internacional.

Asimismo, insta a los Estados a otorgar el estatus de refugiados a los venezolanos que cumplan con los criterios de la Declaración de Cartagena, o a brindarles otras formas de protección complementaria que les permitan acceder a sus derechos y a soluciones duraderas.

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Gabriel Velásquez

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La CIDH y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) expresaron su preocupación a través de un comunicado por el avance del proyecto de ley y advirtieron que esto limitaría la participación ciudadana y la defensa de los Derechos Humanos en Venezuela.

La ley, que aún no fue convocada para su segunda discusión, reduce las actividades que pueden desarrollar las organizaciones, además de otorgarle a las autoridades del Estado la facultad de disolver unilateralmente aquellas que participen, según su criterio, en actividades políticas o que atenten contra la estabilidad nacional y las instituciones de la República.

“Este no es el primer acto gubernamental que tiene como finalidad controlar y limitar el trabajo que desarrollan las organizaciones de la sociedad civil, restringiendo libertades como la de expresarse, asociarse y la de participar en asuntos de interés público”, detalló el comunicado.

Las organizaciones destacaron que en 2022 rechazaron el anteproyecto de «Ley de Cooperación Internacional» que contemplaba la prohibición, suspensión, restricción o eliminación de las organizaciones de la sociedad civil, “que directa, o indirectamente, promuevan o participen con otras asociaciones, organizaciones, gobiernos u organismos internacionales, en la aplicación de medidas coercitivas unilaterales contra la República”.

En 2021, la CIDH y su RELE se pronunciaron en contra de la Providencia Administrativa No. 001-2021, que exigía a las organizaciones sin fines de lucro inscribirse en el Registro Unificado de Sujetos Obligados de la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (ONCDOFT).

“En Venezuela existe un entorno hostil contra las organizaciones defensoras de los derechos humanos, en el que predominan las campañas de desprestigio, estigmatización y actos de hostigamiento como consecuencia de sus actividades de defensa”, agregó la CIDH en el comunicado.

Las organizaciones afirmaron que es fundamental que el Estado cuente con organismos competentes para su registro, sin limitar arbitrariamente la libertad y funcionamiento de estas organizaciones.

La CIDH exhortó además al Gobierno nacional a que se abstenga de aprobar cualquier ley o reglamento que limite el derecho de asociación, la libertad de expresión y la participación en asuntos de interés público.

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Víctor De Abreu

Con información de El Diario y otros medios nacionales

Fuente imagen referencial: Politika UCAB, vía web

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