«De los 397 fallecidos, 369 eran privados de libertad, 22 visitantes, 2 custodios penitenciarios, 3 funcionarios del Ministerio para el Servicio Penitenciario y uno era efectivo de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, Policía militarizada)», indicó la organización en una nota de prensa.

La última masacre, prosiguió el OVP, ocurrió en abril pasado, en el Centro Penitenciario Yare III, en el estado Miranda, «donde después de una protesta cinco reclusos fueron asesinados».

Asimismo, detalló que en 2012 murieron 22 presos en el Centro Penitenciario Región Andina, en el estado Mérida; 26 en Yare I (Miranda) y 10 en la cárcel La Pica, en el estado Monagas.

«Luego de estos hechos sangrientos se han anunciado investigaciones de las que actualmente se desconocen los resultados y los responsables», subrayó el OVP.

La ONG advirtió que el gobierno venezolano, «se lavó las manos diciendo que las muertes se produjeron entre la misma población penal», pero señaló que «es responsabilidad de las autoridades que pase (entre) un arma a un penal».

Igualmente, denunció que tampoco ha habido investigación para los funcionarios que presuntamente cometieron estas muertes, al asegurar que no todas han sido entre los mismos internos.

El observatorio señaló que el Estado venezolano sigue en deuda con las víctimas y sus familias.

«La verdad, la justicia y la reparación no pueden seguir siendo postergadas», apuntó.

En mayo pasado, la Fiscalía General de Venezuela anunció la apertura de una investigación penal a raíz de una protesta protagonizada por los presos del Internado Judicial de Barinas (Injuba), en el oeste del país, que denunciaban malos tratos de funcionarios.

Un mes antes, el Ministerio del Servicio Penitenciario informó sobre un motín de presos en Yare, que dejó cinco fallecidos y la Fiscalía también anunció entonces una investigación, de la que no se conoce públicamente los avances.

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Con información de EFE Servicios

Fuente de imagen referencial: Archivo

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A pesar del proceso de amnistía iniciado en febrero tras la captura de Nicolás Maduro, los allegados denuncian que las liberaciones prometidas no han llegado para la totalidad de los casos y que la situación dentro de los penales se ha agravado.

Contexto de los presos políticos

Cien días de espera: Desde las afueras del centro penitenciario El Rodeo I, Andreína Baduel, representante de la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPP), calificó el proceso actual como una «burla» y denunció que en dicho recinto ha incrementado el trato cruel en los últimos días.

Denuncias de tortura: La activista alertó sobre el estado de salud de su hermano, Josnars Baduel, quien suma 14 días sin derecho a visitas. Se exigió una prueba de vida y su libertad inmediata, resaltando que El Rodeo I ha sido descrito por ciudadanos extranjeros recientemente liberados como un «centro de tortura psicológica».

Cifras en conflicto: Mientras fuentes oficiales indican que más de 8.000 personas han sido beneficiadas por la amnistía (la mayoría con medidas restrictivas), la ONG Foro Penal reporta que aún permanecen 477 presos políticos tras las rejas, de los cuales 111 se encuentran en El Rodeo I.

Falta de transparencia: Hasta la fecha, las autoridades venezolanas no han publicado el listado oficial con las identidades de los amnistiados, una petición que ha escalado hasta el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk.

Bajo la consigna «Todos son inocentes, ninguno delincuente», los familiares aseguran que mantendrán la presión en las calles hasta lograr la libertad plena y el cese de los tratos degradantes en los centros penitenciarios del país.

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Con información de EFE Servicios

Fuente de imagen referencial: EFE/ Ronald Peña R

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Así lo afirmó la directora del OVP, Carolina Girón, que sostuvo que la población penitenciaria no recibe los «derechos» contenidos en las Reglas Mandela, que estipulan una serie de condiciones mínimas que deben recibir los presos y que sirven como base para las políticas penitenciarias de cada país.

«Las personas privadas de libertad son sujetos de derechos, en virtud de que lo único que pierde una persona cuando ingresa a prisión es la libertad. Cuando se solicita que cumplan con los mínimos derechos de alimentación, servicio de salud, un espacio digno, son derechos, no privilegios», manifestó Girón en un comunicado difundido por la organización.

Según datos de OVP, desde 1999 hasta 2021 murieron 7.792 personas en las prisiones venezolanas

La directora del OVP hizo referencia a las 122 normas establecidas en las Reglas Mínimas de Naciones Unidas para el Tratamiento del Recluso, conocidas como Reglas Mandela y que en Venezuela supuestamente no se estarían cumpliendo.

Hay reglas que no aplican para los que están en prisión preventiva, pero las prisiones de Venezuela están precisamente llenas de privados de libertad en condición de procesados, sin una sentencia firme, este sería un problema para el país

Además, Girón subrayó que estas normas son para aquellos presos que tienen una sentencia firme, no aplican para los que están en prisión preventiva. Este sería un problema para el país, ya que las prisiones de Venezuela «están llenas de privados de libertad que actualmente están en condición de procesados».

Según datos de OVP, desde 1999 hasta 2021 murieron 7.792 personas en las prisiones venezolanas, y desde el 2018 hasta 2021, el porcentaje de muertes por desnutrición y tuberculosis superaron las muertes violentas.

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Gerardo Contreras

Con información de agencias y otros medios

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