«No voy a responder a los insultos del señor Rafael López Aliaga, pero lo que sí no podemos permitir es que se convoque a una insurgencia. En una democracia y en un Estado de derecho, quienes lideran partidos tienen el deber de preservar el orden«, dijo Fujimori en un pronunciamiento.

López Aliaga convocó a un plantón frente al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) donde aseguró frente a simpatizantes que lo sucedido en la jornada electoral «no se ha visto ni en la dictadura de (Nicolás) Maduro» y pidió sumarse a la «insurgencia civil si se termina de consumar el fraude«.

El ultraconservador insistió, sin aportar todavía prueba alguna, en denunciar un «fraude» en los comicios debido a los problemas logísticos en el reparto del material electoral que causaron grandes retrasos e incluso la extensión de las elecciones al lunes en trece colegios.

«Nuestro compromiso es con la democracia, la transparencia y sobretodo con el orden. Hoy más que nunca se requiere responsabilidad y madurez política«, sostuvo la hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori, al afirmar que liderar supone no contribuir al caos.

Fujimori pide pruebas de fraude

Pidió a López Aliaga que comparta toda la información que tenga sobre las irregularidades que denuncia para contribuir a esclarecer los hechos, puesto que «la democracia se fortalece con hechos y con datos, no con relatos».

Sostuvo que, si alguien ha sufrido irregularidades con la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), ha sido su partido, que «aún espera» la lista de electores de los comicios de 2021, donde perdió contra el expresidente Pedro Castillo.

En este sentido, agregó que ya en 2021 Fuerza Popular pidió la suspensión del jefe de la ONPE, Piero Corvetto, «pero no fueron escuchados».

«Hoy respaldamos todas las investigaciones y exigimos que en la Oficina Nacional de Procesos Electorales se adopten las medidas necesarias para garantizar un resultado transparente«, señaló.

Fujimori concluyó con un llamado a la ciudadanía en el que reconoció que en medio de las disputas quienes terminan perdiendo son los peruanos, por eso su objetivo es no agravar la incertidumbre.

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La hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) perdió frente a Ollanta Humala (2011), Pedro Pablo Kuczynski (2016) y Pedro Castillo (2021), las dos últimas por un exiguo margen de apenas 40.000 votos que le llevó a no reconocer su derrota y denunciar sin pruebas «fraude«.

A diferencia de los anteriores comicios, Fujimori llega a esta cita sin su padre, fallecido en septiembre de 2024; sin su esposo y padre de sus dos hijas, el estadounidense Mark Vito Vilanella, del que se divorció en 2022; y librada, gracias a una sentencia del Tribunal Constitucional, de un juicio donde estaba acusada por lavado de dinero en la financiación irregular de sus anteriores campañas electorales.

Las encuestas publicadas hasta el pasado domingo, un día antes del inicio de la prohibición de su difusión que establece la ley peruana, señalaban que la candidata derechista lideraba las preferencias, seguida por el cómico Carlos Álvarez y el exalcalde ultraconservador de Lima Rafael López Aliaga.

La «mano dura» de Fujimori

Durante la actual campaña, ha logrado el apoyo de una parte significativa del electorado con una propuesta de «mano dura» y un enfoque cada vez más conservador, además de ofrecer liderar «un gobierno que cumpla, que trabaje, que esté en la cancha». En los debates presidenciales de las dos últimas semanas apeló, además, al recuerdo del gobierno de su padre para defender un modelo de «paz y orden«.

Sin embargo, sus opositores la acusan de haber contribuido a la inestabilidad política que llevó a Perú a tener ocho presidentes en casi diez años, desde que perdió las elecciones de 2016 y anunció que impulsaría su plan de gobierno desde el Congreso, donde su partido obtuvo la mayoría absoluta.

Política desde la juventud

La mayor de cuatro hijos de Fujimori estudió Administración de Empresas en la Universidad de Boston (EE.UU.), tras lo cual siguió una Maestría en Administración de Empresas en la Universidad de Columbia. En 1994, se convirtió en la «primera dama» más joven en la historia de América, con tan solo 19 años, tras el divorcio de sus padres, un cargo que ejerció hasta noviembre de 2000, cuando su padre renunció a la Presidencia por fax desde Japón en medio de un gigantesco escándalo de corrupción.

Luego de residir durante varios años en Estados Unidos, regresó a Perú en 2005 y al año siguiente fue elegida congresista con la mayor votación para el Congreso. Años después, durante el Gobierno de Kuczynski, se enfrentó con su hermano Kenji, al oponerse al acercamiento de este con el entonces gobernante para buscar un indulto para su padre, quien cumplía 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad, tras haber sido extraditado desde Chile en 2007.

Casi año y medio en cárcel

En medio de las investigaciones por presunto lavado de dinero en sus campañas electorales, pasó en prisión preventiva casi año y medio, entre 2018 e inicios de 2020. Tras perder las elecciones de 2021 frente a Castillo, Fujimori denunció un fraude, del que no presentó pruebas contundentes y que ningún organismo de observación electoral internacional avaló.

El 13 de enero de 2025, un tribunal dejó sin efecto el juicio contra ella por la presunta financiación irregular de sus campañas electorales y en enero pasado la Corte Superior Nacional de Justicia ordenó el archivo definitivo del juicio.

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El decreto supremo fue publicado poco después de la medianoche en el diario oficial El Peruano y también decide otorgar a Fujimori «las honras fúnebres que corresponde al presidente de la República en ejercicio».

Durante estos tres días, el pabellón nacional será izado a media asta en todos los edificios públicos, instalaciones militares, bases, buques, locales policiales y demás dependencias del Estado, así como en las delegaciones diplomáticas.

Poco después de conocerse el deceso de Fujimori, el primer ministro, Gustavo Adrianzén, detalló que se había puesto en contacto con los parientes del expresidente para coordinar su funeral, de acuerdo al protocolo oficial.

Honores fúnebres para Fujimori

El ceremonial de Estado peruano recoge que, al conocerse el fallecimiento de un expresidente, se izará a media asta el pabellón nacional y se decretará duelo oficial el día de la inhumación de los restos mortales.

El traslado de su cuerpo al lugar del velatorio se realizará en privado, pero las exequias se celebrarán con asistencia oficial.

Asimismo, recoge que el cortejo fúnebre será encabezado por la presidente o su representante y los deudos del extinto.

Para el funeral se rendirán los mismo honores que al presidente, previa emisión del dispositivo legal respectivo.

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DOBLE LLAVE

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Decisiones jurídicas

El dictamen que respalda la ampliación de los cargos fue emitido el pasado 19 de enero. Esta decisión afecta ocho causas específicas presentadas por la justicia peruana, abordando delitos que incluyen suministro ilegal de armas de fuego, asociación ilícita para delinquir, falsedad genérica, conspiración y otros.

La ratificación de la Corte Suprema de Chile implica una expansión significativa de la acusación contra Alberto Fujimori. Los nuevos cargos añadidos abren la puerta a un análisis más detallado de su presunta participación en una variedad de delitos, lo que podría tener implicaciones legales sustanciales.

Contexto histórico

Es importante recordar que Alberto Fujimori fue extraditado a Perú en 2007. Ahora, casi dos décadas después, la Corte Suprema chilena autoriza la ampliación de los delitos asociados a esa extradición. Este desarrollo resalta la complejidad y la evolución continua del caso a lo largo del tiempo.

Con la ampliación de los cargos, el caso Fujimori adquiere nuevas dimensiones. Se espera que este giro en la situación tenga repercusiones significativas en el desarrollo futuro del proceso legal, marcando un capítulo adicional en la compleja historia judicial del expresidente peruano.

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Gabriel Velásquez

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Incumplimiento de Directrices Internacionales

La corte fundamenta el desacato en el hecho de que el Estado peruano ejecutó la sentencia del Tribunal Constitucional del Perú, fechada el 17 de marzo de 2022. Esta sentencia restituyó los efectos al indulto otorgado el 24 de diciembre de 2017 por el presidente de la República a Alberto Fujimori, alegando «razones humanitarias«.

Cabe destacar que la corte había instruido explícitamente que el Estado se abstuviera de implementar dicha medida.

Desencuentro entre decisiones nacionales e internacionales

El desacato evidencia un desencuentro entre las decisiones adoptadas a nivel nacional e internacional en el caso Fujimori. Mientras el Tribunal Constitucional respaldó la restitución de los efectos al indulto, la corte sostiene que esta acción contravino sus disposiciones previas.

En este escenario, el desacato a la corte respecto al caso Fujimori se erige como un punto de conflicto entre las decisiones internas y las directrices internacionales. La situación destaca la complejidad jurídica y la intersección entre el sistema legal peruano y el marco de derechos humanos establecido por la CIDH.

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Gabriel Velásquez

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«Este Tribunal Constitucional ordena que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y el director del Penal de Barbadillo (donde permanece recluido), en el día, dispongan la inmediata libertad del favorecido, Alberto Fujimori», reza un auto del TC.

El abogado de Fujimori espera que el expresidente salga de prisión cuando finalicen los trámites administrativos correspondientes y después de que este martes el Tribunal Constitucional ordenara su inmediata liberación.

🔴 ÚLTIMA HORA | El Tribunal Constitucional de Perú ordena la liberación inmediata de Alberto Fujimori https://t.co/QI9lsUN2Fb pic.twitter.com/cW6HAlQhn9

— EL PAÍS (@el_pais) December 5, 2023

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Fiorella Tagliafico

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«La Junta Técnica de Clasificación del INPE (…) ha determinado que el procesado Pedro Castillo Terrones sea clasificado en el Régimen Ordinario«, anunció el INPE en un comunicado, detallando que el expresidente será trasladado al la Cárcel de Barbadillo, en Ate, a las afueras de Lima.

De esta manera, Castillo cumplirá 18 meses de prisión preventiva en el mismo recinto donde cumple una condena a 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad el expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), según ha informado la emisora RPP.

Durante la jornada del jueves, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de Perú dictaminó prisión preventiva contra el exmandatario mientras es investigado por la presunta comisión de delitos de rebelión, conspiración, abuso de autoridad y perturbación de la tranquilidad pública.

La decisión también se basa en la posibilidad de peligro de fuga del país por parte de Castillo, quien solicitó asilo político ante el embajador de México en Perú, según detalló en una rueda de prensa el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador.

Castillo había permanecido hasta el momento detenido en la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes) de la Policía Nacional de Perú, en el extrarradio de Lima.

Pedro Castillo cumplirá 18 meses de presión preventiva https://t.co/5JlpQoaMa8 pic.twitter.com/B6jRUGuLfV

— RCN Mundo: Radio y Podcast (@rcnmundo) December 16, 2022

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Angélica Rodríguez

Con información de dpa, medios peruanos y redes sociales

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De acuerdo con una información compartida por el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), a través de un mensaje en Twitter, detalló que Fujimori, de 83 años de edad, fue trasladado de la prisión de Barbadillo “al hospital de (el seguro social) Essalud de Vitarte debido a que sufrió una descompensación en su estado de salud”.

Alberto Fujimori tuvo un episodio similar hace un mes, tras el cual su hija Keiko Fujimori explicó que había sufrido un cuadro de fibrilación auricular y, por ese motivo, fue internado en la unidad de cuidados intermedios de una clínica privada.

Alberto Fujimori cumple una condena de 25 años de prisión

Debido a las graves y masivas violaciones a los derechos humanos cometidas durante su periodo de gobierno entre 1990 y 2000, el 7 de marzo de 2009 la Sala Penal Especial de la Corte Suprema dicta sentencia final contra Alberto Fujimori, quien fue condenado a 25 años de prisión.

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Rubén Vásquez

Con información de medios internacionales

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De esta manera, el representante legal del exmandatario, Gregorio Parco, solicitó su liberación para que, luego de ser operado, pueda ser atendido en su domicilio.

¿Qué exige el abogado de Alberto Fujimori?

Parco sostuvo en su demanda que las autoridades peruanas violaron varios artículos del Código Procesal Constitucional, que establece la posibilidad de otorgar el “habeas corpus” cuando el detenido no reciba el tratamiento médico adecuado, informó “La República”.

Además del director del Instituto Nacional Penitenciario del Perú (INPE), Omar Méndez y la presidenta del Poder Judicial, Elvira Barrios, la demanda acusa al jefe del Estado, Pedro Castillo, así como a la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, por avalar la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de no permitir la excarcelación de Fujimori decretada por el Tribunal Constitucional.

«Esta es una demanda de ‘habeas corpus’ correctivo», aseveró Parco, quien criticó el apoyo de Castillo y Alva a la decisión de una «corte de Costa Rica», tal y como se refirió a la CIDH de no aplicar el fallo del Constitucional. «Todo preso, cuando está enfermo, debe estar en la clínica o en su casa. Es una demanda muy simple», subrayó.

En la madrugada del domingo, Fujimori tuvo que ser trasladado a un hospital tras presentar un cuadro de descompensación cardíaca. Una vez estabilizado fue enviado a la Clínica Centenario Peruano Japonesa para observación.

De acuerdo con su hija, Keiko Fujimori, los últimos fallos judiciales afectaron el bienestar de su padre, lo que evidencia «sin duda” la fragilidad de su estado de salud.

Abogado Gregorio Parco presenta habeas corpus para excarcelar a Alberto Fujimorihttps://t.co/WmAsI1bpgF

— América Noticias (@noticiAmerica) April 17, 2022

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María Gabriela Moncada

Con información de agencias de noticias, medios internacionales y redes sociales

“El Estado del Perú debe abstenerse de implementar la sentencia dictada por el Tribunal Constitucional del Perú el 17 de marzo de 2022, que restituye los efectos al indulto “por razones humanitarias” concedido a Alberto Fujimori el 24 de diciembre de 2017”, precisó una resolución del organismo internacional

De acuerdo con el documento de la Corte IDH, la decisión del Tribunal Constitucional de Perú de restituir un indulto concedido al exmandtario, «no efectuó una ponderación que tomara en cuenta la afectación que tiene el indulto por graves violaciones a los derechos humanos en el derecho de acceso a la justicia de las víctimas y sus familiares».

Para la Corte IDH el «habeas corpus» debe ser aplicado en casos muy extremos

«En casos de graves violaciones de derechos humanos la medida o figura jurídica [de habeas corpus, que permita proteger la salud, la vida e integridad del condenado] debe ser la que menos restrinja el derecho de acceso a la justicia de las víctimas (…) y debe ser aplicada en casos muy extremos y por una necesidad imperante», precisó la institución jurídica.

A comienzos de abril la Corte IDH llevó a cabo una audiencia extraordinaria sobre el caso Fujimori, donde las organizaciones y víctimas de violaciones a los derechos humanos solicitaron a los jueces que garanticen el derecho al acceso a la justicia e impida la liberación de prisión del expresidente peruano.

Resolución de la @CorteIDH Solicitud de Medidas Provisionales y Supervisión de Cumplimiento de Sentencia en Caso Barrios Altos y Caso La Cantuta Vs. Perú 🇵🇪, del 7 de abril de 2022.

👩🏿‍💻Más información aquí: https://t.co/CuFwkogcAO#147PeriodoCorteIDH pic.twitter.com/qhEB4BDjVl

— Corte Interamericana de Derechos Humanos (@CorteIDH) April 8, 2022

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María Gabriela Moncada

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De esta manera, los protestantes se reunieron en la plaza San Martín, en el centro histórico de Lima, convocados por organizaciones civiles y sociales para marchar pacíficamente en rechazo a la decisión del TC de aceptar un recurso que restituyó el indulto concedido a Fujimori en 2017, por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018).

“Lo que estamos aspirando es que se revoque el indulto del reo Fujimori y, si es un problema de salud, como dice su familia, entonces que soliciten un indulto humanitario por la vía que corresponda”, precisó la directora ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (Cnddhh), Jennie Dador.

Aún se espera que se publique la resolución del TC que permitirá la liberación de Alberto Fujimori

Asimismo, Dador añadió que la absolución “nació viciada y fue una trampa, fue parte de un arreglo político”, debido a que la Fiscalía consideró que fue producto de una negociación entre Kuczynski y el hijo menor de Fujimori, Kenji, quien por entonces era congresista, para que legisladores fujimoristas votaran en contra de un pedido de destitución del entonces gobernante.

La directiva también explicó que los opositores a la decisión del TC ven “patético” el fallo emitido el pasado jueves y denunció que la audiencia de debate de los magistrados “no fue transmitida” y esto no permitió conocer los detalles, lo que “también impide un ejercicio para poder rebatir adecuadamente”.

De momento, todavía se espera que se publique la resolución del TC que permitirá a Fujimori salir de la cárcel en los próximos días. Sin embargo, el gobierno del presidente Pedro Castillo también expresó su rechazo y adelantó que piensa acudir a organismos internacionales.

📌 Tribunal Constitucional declaró fundada la demanda de habeas corpus en el caso Alberto Fujimori.

📃 Más información 👉 https://t.co/fzfVjgTLfd pic.twitter.com/CYBZCccV2y

— Tribunal Constitucional del Perú (@TC_Peru) March 17, 2022

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María Gabriela Moncada

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La prensa peruana informó que, luego de discutir esta causa en una sesión privada hace tres semanas, el magistrado Ernesto Blume, ponente del caso, propondrá que se declare fundado el recurso y, por tanto, Fujimori pueda ser liberado nuevamente.

En definitiva, el TC de Perú revisará un hábeas corpus interpuesto por el abogado Gregorio Parco Alarcón contra la resolución de la Corte Suprema que en 2018 dejó sin efecto el indulto otorgado a Fujimori el 24 de diciembre de 2017 por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018).

De prosperar la revisión, Alberto Fujimori podría ser liberado

En aquella oportunidad, la Justicia peruana ordenó la nulidad del indulto después de considerar que no cumplía con las exigencias legales y carecía de efectos jurídicos. Fujimori tuvo regresar a la prisión del este de Lima donde cumple su condena.

El exgobernante es el único preso en una cárcel construida expresamente para él dentro de la base policial del distrito de Ate, donde aún debe permanecer hasta 2033, cuando tendrá 95 años de edad.

En esta penitenciaría cumple una condena como autor mediato de las masacres de Barrios Altos y La Cantuta, cometidas en 1992 y 1993 por el grupo militar encubierto Colina, así como por dos secuestros tras el golpe de Estado que dio en 1992.

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María Gabriela Moncada

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El abogado del exmandatario ofreció información sobre el estado de salud de Fujimori

La información fue compartida por César Nakasaki, abogado del expresidente que cumple una condena de 25 años de cárcel por crímenes de lesa humanidad; a través de su cuenta en la red social Twitter, explicó que Fujimori “presentó un serio problema de saturación de oxígeno que no se logró superar con la atención que recibió en prisión”.

Por su parte, el congresista Alejandro Aguinaga, médico personal de Fujimori, declaró al diario El Comercio que el exgobernante “permanece internado en la clínica porque el problema de saturación es recurrente en los últimos meses”.

Detalló que “se le trasladó anoche a una clínica. Estaba desaturando. Últimamente, desde hace por lo menos unos cuatro meses, tiene momentos en que le baja mucho la saturación y está prácticamente oxígeno-dependiente al término de la tarde”.

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Rubén Vásquez

Con información de agencias y medios internacionales

Vladimiro Montesinos, autor de las grabaciones

Según reseñó el diario peruano El Comercio, Arce, quien renunció al órgano electoral, será investigado por el presunto delito de cohecho pasivo específico, y de la misma forma Montesinos.

Conjuntamente, en el marco del caso se investigará al abogado Guillermo Sendón y al excomandante Pedro Rejas, partícipes en los audios, también por cohecho activo específico.

Un plazo de cinco meses para las averiguaciones

La Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios preparó la apertura de la investigación y marcó cinco meses de plazo para realizar las indagaciones.

En este contexto, se pedirá al JNE una copia certificada de la renuncia de Arce al Pleno, que ocurrió el pasado 23 de junio debido a que él consideraba que el ente carecía de «transparencia».

De esta forma, se recogerán las declaraciones del magistrado, el exasesor de Fujimori y del presidente de la agrupación política Frente Esperanza, Fernando Olivera, quien difundió los audios, entre otras personas involucradas en el caso, informó el medio peruano mencionado.

Las grabaciones difundidas

Fernando Olivera, presidente del partido político Frente Esperanza, responsable de la difusión de los audios

Montesinos facilitó a una de las figuras del fujimorismo, Rejas, «echar un poco de gasolina«, que significa, sobornar, a miembros del JNE para decantar la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del 6 de junio a favor de Keiko Fujimori.

Según la transcripción, Montesinos dio a Rejas el número de teléfono del abogado Sendón, quien aparentemente mantenía contacto con miembros del JNE. Además, la conversación dio a entender que no fue la primera sobre este asunto.

Trama de corrupción y presunto intento de manipulación electoral

«Si hubiéramos hecho el trabajo que hemos planteado… por la mezquindad (de esos) nos ha pasado esto. Ahora ya es tarde, pero aparte de eso, la gente que tiene (Keiko Fujimori) no sirve», indicó.

La Marina de Guerra y el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), responsables de la prisión militar de Callao donde se encuentra recluido Montesinos, confirmaron la veracidad de la grabación, difundida por el excongresista Olivera, que tuvo permiso para comunicarse los días 10 y 23 de junio.

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María Gabriela Moncada

Con información de dpa, El Comercio y redes sociales

El fiscal encargado, Pablo Espinoza, confirmó que no puede decirse que el caso prescribió, como asegura la defensa de Fujimori, y reiteró que la Justicia peruana debe empezar una investigación al respecto.

Según recogió el medio peruano RPP, en una audiencia de sustentación de cargos, Espinoza insistió que no se le puede negar a las víctimas el derecho a la justicia, ser escuchadas y el derecho a que se sancione a los responsables.

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«Las esterilizaciones forzadas son una violación de los Derechos Humanos. No puede tomar un argumento tan básico como el que señala la defensa y es el de prescribir la acción penal», instó el fiscal.

Espinoza también rechazó otro argumento de la defensa del expresidente, según el cual Fujimori no tendría responsabilidad como «autor mediato» de las esterilizaciones e hizo hincapié en que el derecho a la verdad y la justicia debe prevalecer.

La audiencia por este caso se reanudó el lunes 17 de mayo. Junto a él, se acusan a cuatro exministros por delitos de lesiones graves seguido de muerte contra cinco mujeres.

En la actualidad, Alberto Fujimori está cumpliendo una condena de 25 años de prisión por las masacres de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992).

La Fiscalía de Perú sostiene que las esterilizaciones forzadas son violaciones a los DDHH y pide justiciahttps://t.co/vSZyflZo6x

— EP Internacional (@EPinternacional) May 19, 2021

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María Gabriela Moncada

Con información de agencias de noticias y redes sociales

En el debate ciudadano se encuentran posiciones que aseguran que los peruanos se encuentran entre la espada y la pared, y que en la segunda vuelta se afronta el dilema extremo de escoger “entre el cáncer o el sida”, han llegado a manifestar cáusticos analistas.

Entre uno y otro polo

Con diferentes argumentos y matices, Castillo es considerado por sus opositores un marxista con ideas radicales “encubiertas”, en un país donde la sombra violenta de Sendero Luminoso sigue muy vigente y es un arma para el descrédito político.

Mientras que Fujimori es vinculada con la corrupción sistemática y las violaciones a los derechos humanos que, para muchos representa el régimen de su padre, Alberto Fujimori (1990-2000).

Castillo rechaza que se le desacredite por sus ideas progresistas o de izquierda y Fujimori sostiene que, a pesar de defender el “legado” de su padre, luchará contra la corrupción y respetará las reglas democráticas durante un eventual gobierno.

Esta elección será histórica porque se designará al “presidente del bicentenario” de la independencia del país, que se celebrará precisamente este 28 de julio, el mismo día de la toma de mando del nuevo mandatario.

Los dos candidatos aún perfilan los detalles de su campaña hacia la segunda vuelta, pero es innegable que sus propuestas son diametralmente opuestas

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Gabriela Morales

Con información de medios internacionales

Pablo Espinoza, fiscal del caso, indicó que Fujimori benefició económicamente a su gobierno mediante las esterilizaciones, según detalló el objetivo de controlar la natalidad fue reducir las cifras de pobreza en el país andino, y así obtener beneficios económicos, informó el portal RPP.

Espinoza añadió que Fujimori es «el máximo y principal responsable» de los fallecimientos y las lesiones derivadas de las mismas, que «fueron practicadas sin considerar la normativa vigente, sin una infraestructura adecuada, sin personal médico especializado y sin el consentimiento informado de las pacientes».

Este martes 20 de abril se retomó las audiencias del caso de las esterilizaciones forzadas en el que se acusa a Fujimori y a los exministros Eduardo Yong, Marino Costa Bauer y Alejandro Aguinaga por delitos de lesiones graves seguido de muerte contra cinco mujeres.

Los cuatro fueron acusados de forzar a casi 350.000 mujeres y 25.000 hombres a someterse a procesos de esterilización a través de un plan de gobierno para reducir la natalidad de las regiones rurales y de las comunidades indígenas del país.

Alberto Fujimori actualmente está cumpliendo una condena de 25 años de prisión por las masacres de Barrios Altos y La Cantuta, donde presuntamente “amparándose” en una operación antiterrorista, los militares asesinaron a una veintena de personas.

Perú : Acusan a Alberto Fujimori de haber obtenido beneficios con las esterilizaciones forzadas – The Times en Español https://t.co/hoM4OGlCHk a través de @thetimescl

— The Times En Español (@thetimesCL) April 21, 2021

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María Gabriela Moncada

Con información de dpa  y redes sociales

Esto ocurrió mientras se desarrollaba la primera sesión del pleno del Congreso peruano este 2021. La culminación de esta inmunidad obtuvo el respaldo de 103 votos a favor, frente a 14 en contra y una abstención.

En esta oportunidad era la segunda votación que se realizaba para continuar con esta iniciativa, debido a que al ser una reforma que modifica el artículo 93 de la Constitución peruana debía ser aprobado en dos periodos distintos de sesiones del Legislativo.

Una aprobación no conveniente para algunos

De los 14 votos que estuvieron en contra de la aprobación, once de ellos eran del partido fujimorista Fuerza Popular, grupo investigado junto a su líder Keiko Fujimori por el supuesto lavado de dinero en las pasadas campañas electorales de la hija de expresidente Alberto Fujimori (1990-2000).

Además votaron en contra otros congresistas que actualmente están en investigaciones por presunta corrupción, como es el caso de Edgar Alarcón, excontralor, y violaciones de los derechos humanos, como el expresidente interino Manuel Merino, a quien se le acusa por la represión a las masivas manifestaciones que lo obligaron a renunciar como jefe de Estado de transición, en noviembre de 2020.

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María Gabriela Moncada

Con información de agencias de noticias y medios peruanos