La Red de Excarcelados por la Democracia (RED) también advirtió de la falta de respuestas por parte del Estado y remarcó que aún hay más de 400 presos políticos.

El periodista y activista Carlos Julio Rojas, quien estuvo detenido desde 2024 y fue excarcelado en enero, indicó que sostuvo una reunión «muy productiva» con el personal de la ONU, durante la que él y otros compañeros describieron «una situación muy grave» relacionada, principalmente, con la Ley de Amnistía.

Rojas dijo a la prensa que la aplicación de la normativa «se ha hecho con una selectividad perversa» y que se desconoce «por qué la aprueban o por qué no«.

«Mi caso y el de muchos están engavetados. Tengo más de un mes que solicité la amnistía y lo que me dicen directamente en el tribunal es que están esperando órdenes de arriba«, señaló.

La Ley de Amnistía establece que los tribunales tienen un plazo de 15 días para dar una respuesta sobre estas solicitudes.

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En declaraciones ofrecidas en las afueras de la sede de la Naciones Unidas en Caracas, Superlano indicó que entregó una misiva con seis solicitudes relacionadas con las condiciones carcelarias del país.

«Entre las solicitudes está que se promueva una investigación inmediata, exhaustiva, imparcial, así como una visita de los centros de reclusión el Rodeo I, Yare II, Tocorón y Guaicaipuro«, señaló el opositor, quien estuvo detenido por más de un año en cárceles como El Rodeo I y El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional.

Superlano señaló que estas cuatro cárceles están gestionadas por el llamado Sistema Especial de Máxima Seguridad (Sesmas), cuyas autoridades son desconocidas, pese a que dentro de algunas de esas cárceles, aseguró, trabajan funcionarios de organismos como la Guardia Nacional Bolivariana y la Dirección General de Contrainteligencia Militar.

El dirigente opositor pidió que la oficina del ACNUDH «impulse una reunión de coordinación» con el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que se permita la entrada de este organismo a las prisiones, que hasta ahora han impedido las autoridades venezolanas.

Asimismo, expresó su aspiración de que el alto comisionado de derechos humanos, Volker Türk, pueda «atender personalmente» la situación de Venezuela, y exhortó a que se promueva un proceso que lleve a «la verdad, la justicia, la no repetición y reparación integral» a las víctimas de la represión y sus familiares.

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Fuente de imagen referencial: EFE/Ronald Peña

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Los diputados también aprobaron por unanimidad solicitar al Ejecutivo de Nicolás Maduro que Venezuela «se salga» de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) mientras Türk «esté a cargo».

El viernes, Türk advirtió en un informe que las libertades fundamentales en el país han sufrido un importante deterioro en 2024 y 2025, en el contexto de las presidenciales y parlamentarias celebradas en estos años, y que diversas personas «han sido objeto de detenciones arbitrarias, violaciones del debido proceso y desapariciones forzadas, en medio de continuas denuncias de tortura y malos tratos».

El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, mostró una fotografía de Türk y lo llamó «sátrapa» y «basura», a la vez que lo acusó de hacerse «la vista gorda de crímenes atroces».

Previamente, la diputada Iris Varela señaló como «un deber» del pueblo venezolano y de la AN «declarar persona non grata» a Türk, quien, según dijo la funcionaria, «no sirve para proteger los derechos humanos de la humanidad» y forma parte de un sistema que -expresó- es utilizado para «intervenir a los países soberanos y para arrodillar a los que no se les alinean».

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DOBLE LLAVE

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De acuerdo con la oficina de la ONU, la mayoría de las víctimas resultaron heridas o perecieron debido al uso de explosivos, incluyendo bombardeos con artillería pesada y sistemas de lanzamiento de misiles, también por ataques aéreos.

La Acnudh cree que el balance es «considerablemente mayor«, puesto que las áreas en las que se registran hostilidades intensas demoran la entrega de datos y muchas informaciones están aún pendientes de ser corroboradas, por ejemplo en Mariúpol o Volnovaja, en la región de Donetsk.

Actualmente, más de 3,9 millones de personas abandonaron Ucrania desde que Rusia lanzó su ofensiva militar el pasado 24 de febrero, según el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (Acnur), que estima que más de diez millones de ucranianos tuvieron que abandonar sus hogares en un mes.

Huir por tu vida no siempre significa huir de tu país.

Estamos #ConLosRefugiados y todas las personas obligadas a huir. pic.twitter.com/Q9quRTJnMw

— Acnur/Unhcr Américas (@ACNURamericas) March 28, 2022

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María Gabriela Moncada

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«Desde el 2018, el número de masacres se ha incrementado constantemente, siendo el 2020 el año con la cifra más alta registrada desde 2014», dijo la representante en Colombia del ACNUDH, Juliette Rivero, en una rueda de prensa virtual.

Asimismo, la oficina documentó 76 masacres, y está verificando cinco más, en las que fueron asesinadas, entre las 292 víctimas, 23 mujeres, seis niñas, 18 niños, siete indígenas y 10 afrodescendientes.

El incremento de la violencia se produjo sobre todo en los departamentos de Antioquia, Cauca, Chocó, Putumayo, Nariño, Norte de Santander y Valle del Cauca, en particular zonas en las que habitan pueblos afrodescendientes, indígenas y campesinos, según indicó la representante.

«La violencia afecta los proyectos de vida de estas poblaciones y la protección de sus derechos culturales, espirituales y territoriales, entre otros», subrayó Rivero.

La violencia obligó a más de 25.000 personas a desplazarse y otras 74.312 se vieron confinadas por las restricciones impuestas por grupos armados y criminales

Un total de 73 exintegrantes de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), sujetas al acuerdo de paz, fueron asesinados durante 2020, lo que sitúa el homicidio de desmovilizados desde la firma de los acuerdos de paz en 2016 en 248.

Además, la Oficina de la Alta Comisionada recibió información de 795 amenazas y agresiones a defensores de derechos humanos, de las cuales el 44% se produjeron en zonas rurales y el 14% en Bogotá, siendo esta ciudad, junto con la región de Cauca, donde más casos se produjeron el año pasado.

En 2020, la ONU recibió información sobre 133 casos de homicidios de defensores de derechos humanos, de los cuales pudieron verificar 90 y siguen verificando 25. «Esta cifra es representativa de los casos conocidos por la oficina, y por lo tanto constituyen solo una muestra del total de asesinatos ocurridos y no dan cuenta del universo completo», anunció Rivero.

En Vivo! Presentación del Informe Anual de la Alta Comisionada de la ONU para los #DerechosHumanos sobre #Colombia https://t.co/JFjqQiEcFd

— ONU Derechos Humanos Colombia (@ONUHumanRights) February 23, 2021

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Gabriela Morales

Con información de agencias, medios internacionales y redes sociales