La jueza Maame Frimpong también emitió una orden que prohíbe al Gobierno federal restringir el acceso de los abogados en un centro de detención de migrantes en Los Ángeles.

La decisión de la magistrada llega tras la demanda que presentaron la semana pasada ante un tribunal de distrito de California personas afectadas por las redadas y organizaciones defensoras de derechos humanos, que denuncian que en los operativos sehan cometido múltiples violaciones constitucionales y de perfil racial.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) niega estas acusaciones y asegura que son «repugnantes y categóricamente falsas».

Denuncias contra redadas indiscriminadas

La Unión Estadounidense de Libertades Civiles del Sur de California (ACLU SoCal), uno de los grupos que representan a los demandantes, detalló en un comunicado que la orden de la jueza «prohíbe a los agentes de inmigración detener a personas en redadas sin una sospecha razonable».

También prohíbe que las detenciones se basen en factores como la raza o etnia, el hablar español o inglés con acento; el tipo de empleo y la presencia en determinados lugares como estaciones de autobús, lavaderos de autos o explotaciones agrícolas.

La segunda «ordena al DHS que proporcione acceso a un abogado entre semana, fines de semana y días festivos a las personas detenidas en el B-18, el edificio federal en el centro de Los Ángeles».

Las redadas migratorias en el área metropolitana de Los Ángeles comenzaron hace un mes y han generado un fuerte rechazo social e incluso fuertes enfrentamientos con los agentes, lo que ha convertido a California en un símbolo de resistencia contra el Gobierno de Trump.

La demanda fue motivada después de que el pasado 22 de junio hombres enmascarados que apenas portaban un chaleco con escudos de la Patrulla Fronteriza detuvieron a varios trabajadores de forma violenta, como quedó registrado en videos que se volvieron virales.

Los múltiples testimonios de los familiares de los detenidos en redadas coincidían en que ellos estaban incomunicados y que los arrestos estaban basados en perfil racial.

“Sin importar el color de su piel, el idioma que hablen o dónde trabajen, todos tienen garantizados los derechos constitucionales que los protegen de detenciones ilegales”, declaró Mohammad Tajsar, abogado principal de la Fundación ACLU SoCal, tras conocerse la decisión de la jueza.

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«Quiero exhortar al señor presidente (Nayib) Bukele que revise con mucho cuidado el caso de los venezolanos (porque) hemos hecho una minuciosa investigación y no hay uno solo que esté comprometido con el Tren de Aragua», dijo a los periodistas el abogado venezolano Walter Márquez, presidente de la Fundación El Amparo.

Márquez sostuvo que «la única vinculación que pretende Estados Unidos atribuirle son los tatuajes y el tatuaje es un derecho, no es un delito, forma parte del libre albedrío de la persona humana».

«Somos respetuosos del derecho interno de El Salvador a combatir las pandillas, pero los venezolanos no somos pandilleros, somos trabajadores que estamos huyendo de una crisis política, de una dictadura en nuestro país», dijo el abogado y lamentó que sus defendidos «se fueron a Estados Unidos tras el sueño americano, pero encontraron la pesadilla americana».

Añadió que buscarían «agotar la vía interna en el Derecho de El Salvador» y que esperan que «se respete el debido proceso», de lo contrario podrían «recurrir a instancias internacionales».

Casos de venezolanos en El Salvador

Una de las personas por las que abogan es el estilista venezolano Andry Hernández Romero.

Reina Cárdenas, apoderada de los padres de Andry, indicó que no tienen «ningún conocimiento de su salud» y manifestó que entre los detenidos también se encuentra un joven que fue deportado dos meses después de que le fue extraído un pulmón.

Por su parte, Lisbeth Sanguino, familiar de Widmer Joseyder Agelviz Sanguino, indicó que esperan irse «con noticias muy favorables» y aseguró que Agelviz Sanguino se encontraba como refugiado en Estados Unidos.

De interés: Juez ordena a gobierno de Trump ofrecer apelación a venezolanos enviados a El Salvador

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Los abogados salvadoreños Jaime Ortega y Salvador Ríos, quienes niegan que sus representados pertenezcan a la pandilla trasnacional Tren de Aragua, presentaron un escrito en el que además solicitaron el acompañamiento de Caballero, titular de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).

“Venimos a pedir la garantía de sus derechos humanos que consideramos nosotros que han sido violentado por el sistema imperante en El Salvador”, dijo Ríos a periodistas.

Por su parte, Ortega indicó que el documento fue acompañado de certificaciones de que al menos 27 de sus 30 representados no poseen antecedentes penales que los relacionen con la referida pandilla.

Este abogado indicó que esta acción también es en seguimiento al recurso de habeas corpus presentado la semana pasada ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en el que pidieron la liberación de los ciudadanos venezolanos encarcelados por el Gobierno de Nayib Bukele porque, según dijeron, no poseen condenas ni orden de captura en El Salvador.

Venezolanos detenidos en El Salvador

Sobre las acusaciones del presidente de EE.UU., Donald Trump, de que este grupo de venezolanos son parte del Tren de Aragua, Ortega criticó que el mandatario estadounidense no presenta pruebas.

Manifestó que “no podemos generalizar de que todos sean delincuentes o sean criminales. Ese es el problema más grave, que los Estados Unidos solo manifiesta de palabra, pero no ha traído ni una tan sola sentencia”.

El abogado indicó que también presentarán escritos ante la Dirección de Centros Penales y a la oficina del comisionado presidencial de Derechos Humanos, el colombiano Andrés Guzmán.

El Gobierno de EE.UU. anunció este lunes que deportó a El Salvador a otras 17 personas a las que acusa de pertenecer a las bandas criminales Tren de Aragua y MS-13, acción similar a la ejecutada el 15 de marzo cuando expulsó de manera sumaria a más de 200 venezolanos a los que envió al país centroamericano.

Todas estas personas han sido encarceladas en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), una megacárcel salvadoreña símbolo del Gobierno de Bukele.

Ni el Gobierno de EE.UU. ni el de El Salvador han aportado pruebas que confirmen la pertenencia de los deportados a la MS-13 y el Tren de Aragua, ambas declaradas como organizaciones terrorista por Washington.

De interés: Maduro rechaza que El Salvador aún no dé la lista de deportados por EEUU

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«El Tribunal de Apelación de Barlovento de Cabo Verde decidió hoy a favor de la extradición de Saab, decisión que no es de extrañar», apuntó un comunicado de los abogados.

Su defensa, también agrega en el documento que, «apelará a la Corte Suprema de Justicia, e impugnará de la manera más enérgica posible la injusticia de la decisión».

Estados Unidos acusa a Saab de gestionar una vasta red de corrupción en beneficio del gobierno venezolano, a través de un plan gubernamental de ayuda alimentaria para familias desfavorecidas.

En agosto del año pasado, un tribunal de Barlovento había dado luz verde a la extradición de Saab, detenido durante una escala técnica de su avión en Cabo Verde, a mediados de junio. Sus abogados apelaron entonces la decisión.

Se ha insistido en -y circulado información, sin que se muestren evidencias confirmatorias- que el acusado Saab es representante diplomático del gobierno venezolano y muy cercano al mandatario Nicolás Maduro.

#ÚLTIMAHORA | El Tribunal de Apelación de Cabo Verde acepta extraditar a Alex Saab a EE.UU. pic.twitter.com/iOkB6UiLYr

— EFE Noticias (@EFEnoticias) January 5, 2021

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Gabriel Velásquez

Con información de medios internacionales, agencias y redes sociales