El monto «incluye las medidas para reconstruir mejor, asegurar la resiliencia y reducir las condiciones de riesgo», indicó el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en una nota de prensa.

Los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 dejaron daños y pérdidas por 14.831 millones de dólares en los siete estados afectados, según el estudio, liderado por el gobierno venezolano y desarrollado por las Naciones Unidas, la Unión Europea (UE) y el Banco Mundial (BM).

Durante la evaluación, que contó con el acompañamiento técnico del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la CAF-Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, se analizaron «los efectos en los sectores sociales, productivos y de infraestructura, así como en aspectos transversales», explicó el PNUD.

Sus resultados «servirán de base para priorizar intervenciones y elaborar un marco de recuperación resiliente».

La presentación de la PDNA reunió a representantes del Gobierno venezolano, entre ellos el primer viceministro de Exteriores, Oliver Blanco, además de la ONU, la UE y el Banco Mundial.

El informe fue entregado este mismo martes por la directora para América Latina y el Caribe del PNUD, Michelle Muschett, a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en Miraflores, sede del gobierno en Caracas.

Hoja de ruta estratégica

En el acto, transmitido por la estatal Venezolana de Televisión (VTV), Muschett dijo que se trata de un «primer informe» que espera sirva «como un insumo importante para la elaboración del marco de recuperación resiliente basado en la evidencia».

Por su parte, Rodríguez destacó el trabajo de su gobierno, la ONU, el Banco Mundial, CAF, el BID y la Unión Europea para «tener un solo plan» con «el diagnóstico real de las necesidades» luego de los sismos, que dejaron más de 6.500 muertos.

VTV aseguró que se iniciará «una fase orientada a la formulación del marco de recuperación resiliente que permitirá traducir los hallazgos técnicos» en «una hoja de ruta estratégica, operativa y financiera para la recuperación y reconstrucción».

Tras el doble terremoto, Caracas pidió al PNUD su apoyo para impulsar programas de vivienda y atender a los miles de ciudadanos que se quedaron sin casa.

Según el último balance del gobierno venezolano, publicado el 24 de agosto, cuando se cumplieron dos meses de la tragedia, hay 14.239 viviendas con afectaciones moderadas y 11.001 con daños graves.

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Fuente de imagen referencial: Archivo y EFE/ Palacio de Miraflores

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La medida se formalizó en la Determinación presidencial sobre los principales países de tránsito o de producción de drogas ilícitas para el año fiscal 2027, publicada por el Departamento de Estado.

Un nuevo escenario de cooperación bilateral

El mandatario estadounidense justificó la decisión señalando que los cambios políticos recientes en la región han abierto oportunidades históricas para la colaboración conjunta.

En el documento oficial, Trump destacó los efectos de la destitución y captura del exmandatario Nicolás Maduro, asegurando que bajo la gestión de la presidenta interina Delcy Rodríguez ya se observan resultados tangibles en materia de seguridad.

Como ejemplo de estos avances, el líder republicano resaltó la creciente cooperación bilateral para combatir a los carteles, incluyendo la reciente eliminación de Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias «Niño Guerrero», cabecilla de la organización criminal Tren de Aragua.

Permanencia en el listado de tránsito y exigencias futuras

Pese a la exclusión del apartado de países sancionados por incumplimiento, Venezuela se mantiene dentro de la lista general de «principales países de tránsito o de producción de drogas ilícitas», un estatus que comparte junto a otras 22 naciones del continente y el mundo, como Colombia, Bolivia, México y Perú.

Al respecto, la administración estadounidense subrayó que espera ver «progresos continuos y cuantificables» por parte del Ejecutivo interino venezolano, enfocados principalmente en el desmantelamiento de grupos narcoterroristas y en la interrupción definitiva de las rutas de tráfico de drogas hacia los Estados Unidos.

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Con información de EFE Servicios

Fuente de imagen referencial: EFE/Neil Hall

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«Han sido relocalizados para que todos vayan a las clases», dijo la mandataria en un colegio en Caracas, donde recordó a los niños y adolescentes que fallecieron por el doble terremoto, que dejó más de 6.500 muertos.

Según su equipo de prensa, el plan de «rezonificación» benefició a un total de 86.031 estudiantes en la capital venezolana y en los estados La Guaira (el más afectado), Miranda, Carabobo, Aragua y Yaracuy.

Durante la actividad, transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), Rodríguez indicó que once escuelas se desplomaron y que poco más de 1.010 tuvieron afectaciones, de las cuales «muchas ya han sido rehabilitadas y otras están ya en proceso de recuperación», sin detallar estas cifras.

La líder chavista aseguró que más de seis millones de niños y adolescentes vuelven a clases, tras la incorporación de más de 75.000 nuevos estudiantes, por lo que expresó que el «objetivo estratégico» es garantizar una «máxima y plena escolaridad» y evitar la deserción.

En otro acto, el gobernador de La Guaira (norte, aledaña a Caracas), el chavista José Alejandro Terán, declaró a la prensa que abrieron sus puertas un total de 239 planteles educativos y que todavía «hay muchos por reparar».

En ese sentido, señaló que 34 centros educativos «sufrieron daños muy graves y están siendo sometidos a estrictos y profundos estudios técnicos».

Alrededor de las 7:00 hora local (11:00 GMT), cuando comienza usualmente la jornada educativa en el país, EFE constató en un recorrido la ausencia de niños y adolescentes en varias zonas de La Guaira.

Algunos padres acudieron a escuelas para la inscripción de sus hijos, que se realiza esta semana.

El pasado jueves, la Federación de Maestros denunció que la mayoría de los centros escolares están afectados por problemas de servicios básicos y estructurales que se vieron agravados tras los sismos, por lo que exigió una evaluación técnica.

De interés: OPS y gobierno venezolano informarán sobre salud y delitos a afectados por terremotos

Con información de EFE Servicios

Fuente de imagen referencial: EFE/ Prensa Miraflores

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La audiencia supone un giro en el proceso que afronta por cargos de lavado de dinero, conspiración para realizar transacciones financieras ilícitas y ocultamiento del origen de fondos, tras su deportación desde Venezuela en mayo pasado.

El escueto anuncio publicado en la plataforma judicial de EEUU señaló que la nueva audiencia tendrá lugar este martes ante la jueza Kathleen M. Williams, en una corte federal de Miami.

El comunicado de la corte no ofreció detalles sobre si Alex Saab alcanzó algún acuerdo con la Fiscalía estadounidense, como suele ocurrir en estos casos.

El pasado 24 de julio, Saab se había declarado «no culpable» de los cargos que enfrenta en Estados Unidos.

Según el aviso, quedó «cancelado» el juicio con jurado, que estaba previsto que comenzara el próximo 16 de noviembre y se prolongara durante dos semanas.

Alex Saab, de 54 años y nacido en Colombia, compareció por primera vez ante los tribunales estadounidenses el pasado 18 de mayo, dos días después de ser deportado desde Venezuela a Estados Unidos.

Considerado un estrecho aliado de Maduro, Saab ya había enfrentado anteriormente cargos de lavado de dinero en Estados Unidos.

Tras ser detenido en Cabo Verde en 2020 y extraditado a territorio estadounidense, fue liberado en 2023 durante el gobierno del expresidente estadounidense Joe Biden (2021-2025) como parte de un intercambio de prisioneros con Venezuela.

Posteriormente, regresó a Caracas, donde fue nombrado ministro de Industrias y Producción Nacional.

Su deportación a Estados Unidos se produjo después de la operación estadounidense del pasado 3 de enero que llevó a la captura en Caracas de Maduro, quien permanece en Nueva York enfrentando cargos relacionados con narcotráfico.

El juicio de Maduro y su esposa, Cilia Flores, está previsto para junio de 2027 en una corte federal de Nueva York.

De interés: Cilia Flores solicita prisión domiciliaria en Nueva York por problemas de salud

Con información de EFE Servicios

Fuente de imagen referencial: EFE/ Antoni Belchi / Archivo

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En el acto de lanzamiento, el vocero del grupo y expresidente de Fedecámaras, Noel Álvarez, demandó la fijación de un cronograma electoral con fecha cierta, el levantamiento de las inhabilitaciones políticas, con especial énfasis en la que pesa sobre Machado, y la designación de un Consejo Nacional Electoral (CNE) imparcial.

La coalición también exigió la liberación plena e incondicional de todos los presos políticos (civiles y militares), el cese de la tortura y el hostigamiento, así como la apertura del registro electoral para garantizar el voto de los migrantes venezolanos.

Durante la presentación, representantes de la alianza cuestionaron el proceso de diálogo que impulsa Washington con el Ejecutivo de Delcy Rodríguez de cara a una transición, calificando dichas conversaciones como una iniciativa de carácter unilateral por parte de Estados Unidos, en un contexto en el que el presidente estadounidense, Donald Trump, señaló recientemente que las elecciones en el país se celebrarán «cuando estén listos».

De interés: PCV pide una auditoría pública de la deuda externa del país

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Fuente de imagen referencial: EFE/ Miguel Gutiérrez

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La delegación venezolana estará encabezada previsiblemente por la ministra de Petróleo e Hidrocarburos, Paula Henao, y el vicepresidente ejecutivo de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), Jovanny Martínez, indicó un funcionario gubernamental.

Los representantes venezolanos asistirán a varios encuentros bilaterales, actividades paralelas organizadas por el gobierno estadounidense y conversaciones con representantes de la industria, aunque no tienen previsto estar en las reuniones ministeriales oficiales a puerta cerrada.

La Administración de Trump considera «imperativa» la participación de Venezuela en estas conversaciones internacionales sobre abundancia y seguridad energéticas, agregó la fuente.

La participación del gobierno venezolano en esta reunión se da poco menos de un mes después de que Venezuela y EEUU firmaran un polémico acuerdo petrolero, que permitirá a Washington controlar más del 20 % de las reservas de crudo venezolano.

La visita de esta semana será, además, al menos la tercera de Henao a Houston este año, como parte de la campaña del gobierno para atraer inversión y empresas extranjeras al país.

La reunión coincide además con una nueva ofensiva desreguladora del gobierno de Trump, que prevé anunciar la eliminación de las normas que limitan las emisiones de gases de efecto invernadero de las centrales eléctricas estadounidenses.

De interés: PDVSA afirma que acuerdo petrolero entre Venezuela y EEUU es renovable

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Fuente de imagen referencial: Red Social X – @g20org / Cortesía

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A su arribo al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, Figuera detalló que esta nueva ronda se enfocará en afianzar los mecanismos de reinstitucionalización del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), incluyendo la convocatoria para la postulación de magistrados, y en sentar las bases normativas de cara a la ruta electoral.

Por su parte, el exdiputado Jorge Millán, integrante de la comitiva, ratificó el objetivo de procurar un sistema judicial independiente y agilizar las condiciones para que el país celebre comicios a la brevedad.

Este nuevo capítulo da continuidad al primer ciclo cerrado el pasado 12 de agosto, en el que participaron diversos sectores de la oposición al margen de María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, donde se pactó la renovación del Supremo y la recuperación de activos en el Banco de Inglaterra para atender la emergencia por los sismos de junio.

Se prevé que los anuncios formales en torno a la mesa judicial surjan en el transcurso de la próxima semana.

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La campaña Comunicación de Riesgos y Participación Comunitaria (CRPC) «tiene como objetivo brindar información oportuna, confiable y accesible a las comunidades impactadas por la emergencia, promoviendo la protección de la salud, el bienestar y la recuperación de las poblaciones afectadas», indicó la OPS en un comunicado.

El contenido de la estrategia, cuyos mensajes serán difundidos a través de redes sociales, grupos comunitarios de WhatsApp, afiches y volantes, se centrará en la salud mental y ambiental, los servicios públicos y la inocuidad de los alimentos, la «convivencia, vigilancia epidemiológica, prevención de enfermedades y prevención de la explotación y el abuso sexual», añadió el texto.

La OPS señaló que esta medida forma parte de los esfuerzos para fortalecer la respuesta sanitaria ante la emergencia generada tras el doble terremoto que ha dejado al menos 6.509 fallecidos y alrededor de 18.000 personas sin vivienda.

El último balance oficial, publicado el 24 de agosto, detalló que los sismos dejaron 14.239 viviendas con afectaciones moderadas y 11.001 casas con daños graves.

Por su parte, el gobernador del estado La Guaira, Alejandro Terán, dijo el pasado 4 de agosto a Caracol Radio que los familiares de los afectados han reportado unas 1.579 personas desaparecidas.

Iniciativas ciudadanas como «Desaparecidos Terremoto Venezuela» han denunciado más de 29.000 personas en paradero desconocido.

De interés: Delcy Rodríguez anuncia plan de formación para trabajadores de la construcción

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Dirigentes como Dinorah Figuera y Sergio Vergara señalaron que se buscará revisar e institucionalmente ajustar normas cuestionadas, como la Ley del Odio, la Ley de Fiscalización de ONG y la Ley Simón Bolívar, para adecuarlas a los estándares de derechos humanos y reducir la represión.

Jorge Millán confía en que este nuevo ciclo traerá avances positivos para el país.

Tras culminar la primera etapa el 12 de agosto, sin la participación del sector de María Corina Machado y Edmundo González, las partes acordaron la renovación total del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y la recuperación de activos en el Banco de Inglaterra para atender a los damnificados por los terremotos de junio.

La Asamblea Nacional ya reformó la ley para dar más participación a la sociedad civil en el comité de postulaciones del TSJ, proceso que, según Juan Miguel Matheus, tomará hasta 90 días conforme a la ley.

De interés: Opositores podrían perder por completo la supervisión de Citgo

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El plan, que finalmente no se concretó por la reticencia de Cuba y presiones políticas en Miami, buscaba que inversores estadounidenses tomaran el control del sector petrolero de la isla y otorgar a Washington una influencia decisiva en el país, según una fuente con conocimiento de las negociaciones que solicitó permanecer bajo el anonimato.

La propuesta fue presentada directamente por emisarios estadounidenses a Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto de Raúl Castro, y exigía la privatización de la Cupet, la empresa estatal cubana encargada de todo el sector de los hidrocarburos en la isla.

Las conversaciones transcurrieron en un momento de máxima asfixia para la isla tras la salida del poder en Venezuela del depuesto presidente Nicolás Maduro, principal aliado de La Habana, durante una operación militar estadounidense en el país suramericano.

A ello se sumaron las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, de imponer aranceles a aquellos países que suministraran petróleo a Cuba, lo que limitó todavía más sus reservas.

Según la fuente, la autorización de venta de petróleo estadounidense a entidades privadas cubanas en febrero fue una muestra del interés de la Administración Trump.

Sin embargo, las autoridades de la isla recelaron de depender enteramente de una firma estadounidense, mientras que la alternativa de crear una empresa conjunta con inversores internacionales tampoco fraguó.

Además, la compleja situación legal de la Cupet, que fue demandada por ExxonMobil sobre propiedades cubanas confiscadas por el gobierno de Fidel Castro, tampoco contribuyó al plan.

El reporte del Miami Herald compara este plan con el reciente acuerdo alcanzado por Washington con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, por el que EEU. tomó el control de gran parte de las reservas de hidrocarburos venezolanas.

De interés: Producción petrolera de Venezuela se estanca en agosto

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Venezuela, que cuenta con las mayores reservas probadas de crudo del mundo, extrajo en agosto un promedio de 1.201.000 barriles diarios.

En 1998, un año antes de que el chavismo llegara al poder, se producían 3,1 millones de bpd.

En lo que va de 2026, la producción ha aumentado un 29,9 %, desde los 924.000 bpd de enero, cuando Estados Unidos, que mantenía un bloqueo a los buques petroleros sancionados que entraran y salieran de Venezuela, capturó a Nicolás Maduro en Caracas.

Desde entonces, el país se ha abierto a la inversión extranjera en sectores estratégicos como el petrolero, el minero y el eléctrico, en medio de una estrecha colaboración con EEUU, cuyo presidente, Donald Trump, califica la relación como «excelente».

El mismo enero, el Parlamento venezolano, controlado por el chavismo, aprobó una reforma de la ley de hidrocarburos impulsada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, para incentivar la inversión extranjera, lo que analistas interpretaron como el desmantelamiento del legado de Hugo Chávez (1999-2013).

El gobierno insiste en que se ha firmado medio centenar de acuerdos en petróleo y gas para incorporar nuevas inversiones en más de 70 áreas de hidrocarburos.

El pasado 28 de agosto, Trump y Rodríguez anunciaron un «histórico» acuerdo para la explotación de una quinta parte de las reservas de crudo de Venezuela a través de una compañía en la que el Pentágono tiene una participación accionaria del 35 %.

Los 17 campos contemplados en el acuerdo fueron asignados a la empresa North American Blue Energy Partners (Nabep), dirigida por el empresario Alejandro Betancourt, quien ha sido investigado en España y Suiza por presunto blanqueo de capitales y fraude fiscal.

Caracas ha dicho que el acuerdo tiene un objetivo de producción superior a los 1,5 millones de barriles por día.

Pese al crecimiento de la producción, sindicalistas y trabajadores venezolanos de varios sectores denuncian que persiste la crisis salarial en el país, donde el sueldo mínimo y la pensión equivalen hoy a 15 centavos de dólar al mes a la tasa oficial.

De interés: Opositores podrían perder por completo la supervisión de Citgo

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La delegación venezolana fue recibida en el Aeropuerto Internacional Johan Adolf Pengel por el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Cooperación de Surinam, Melvin Bouva.

Según un comunicado del gobierno venezolano, Rodríguez se reunirá con la presidenta surinamesa, Jennifer Geerlings-Simons, con una agenda alrededor de los contactos diplomáticos, pero también de la cooperación en gas y petróleo, agricultura, pesca y turismo.

Bouva consideró que «el petróleo y el gas pueden desempeñar un papel importante en el desarrollo» de Surinam, mientras que el país puede ofrecer «su suelo fértil, su biodiversidad y su potencial en agricultura y turismo».

Por su parte,  Delcy Rodríguez explicó también en un comunicado que el objetivo de la visita es «concretar nuevas alianzas económicas en beneficio de ambos pueblos».

Bouva visitó Caracas el pasado mayo y se reunió con Rodríguez y ministros del gobierno venezolano para suscribir una hoja de ruta de integración entre ambos países, sin que trascendieran mayores detalles.

Este viaje es el quinto oficial que hace Rodríguez desde que ocupa la Presidencia de Venezuela tras la captura por parte de EEUU de Nicolás Maduro en enero de este año, después de haber visitado Granada y Barbados, La Haya y también la India.

Surinam, ubicado en la costa caribe de Suramérica, solo separado por Guyana de Venezuela, descubrió en los últimos años reservas de petróleo y gas natural en su territorio.

De interés: Gobierno ha entregado 528 viviendas a afectados del doble terremoto

Con información de EFE Servicios

Fuente de imagen referencial: EFE/ Jennifer Geerlings-simons

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En un documento judicial, la defensa de Flores pide que sea trasladada a una residencia privada en Nueva York y ofrecerle un régimen de arresto domiciliario con guardias armados las 24 horas, una pulsera de localización, visitas restringidas y llamadas telefónicas intervenidas.

Flores, de 69 años, asegura que necesita un complejo tratamiento cardíaco y que la cárcel federal en la que permanece recluida desde el 3 de enero, día en que fueron capturados por militares de EEUU, no reúne las condiciones necesarias para su recuperación.

Los abogados de la esposa de Maduro aseguran que los costos de este traslado serán asumidos por Flores y ofrecen también la retención de su pasaporte como parte de las condiciones para garantizar que permanezca bajo custodia.

En la carta presentada ante la corte, los abogados describen episodios de dolor de pecho, arritmias, dificultades para respirar y una pérdida de más de once kilos de peso desde su detención.

De acuerdo con la petición, el pasado 29 de julio Cilia Flores habría sufrido un episodio médico o crisis de salud que, según sus abogados, aparentemente pudo tratarse de un infarto leve, aunque ello no ha sido confirmado.

Flores y Maduro fueron detenidos en enero durante una operación de las fuerzas estadounidenses en Caracas y trasladados posteriormente a Nueva York, donde afrontan cargos relacionados con narcotráfico y terrorismo.

Ambos se han declarado no culpables de las acusaciones, mientras la Fiscalía sostiene que utilizaron posiciones de poder dentro del Estado venezolano para facilitar el tráfico de cocaína hacia Estados Unidos.

El proceso se encuentra en una fase previa al juicio en la que las defensas han comenzado a presentar recursos para intentar desestimar la acusación.

Entre sus principales argumentos figura la reclamación de inmunidad soberana de Maduro como jefe de Estado y cuestionamientos sobre la legalidad de la operación mediante la que ambos fueron capturados y trasladados a Estados Unidos.

La defensa de Flores también ha presentado una petición propia basada en la inmunidad vinculada a su condición de primera dama.

El juez federal Alvin K. Hellerstein fijó el pasado julio el comienzo del juicio para el 1 de junio de 2027.

Antes de esa fecha, está prevista para el 17 de noviembre una audiencia para escuchar los argumentos de las defensas sobre las mociones destinadas a desestimar el caso, entre ellas la petición de Maduro basada en la inmunidad soberana.

De interés: Hijo de Maduro dice que sigue luchando por liberar a su padre

Con información de EFE Servicios y otros medios internacionales así como nacionales

Fuente de imagen referencial: Archivo

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«Espero que Venezuela nombre a un representante. No necesitan volver a unirse a la OEA porque siguen siendo un miembro. Es su elección. Es su decisión», declaró Ramdin durante un encuentro con agencias de noticias internacionales, entre ellas EFE.

En términos jurídicos, Venezuela sigue siendo un Estado miembro de la OEA, aunque su asiento permanece vacío después de que el gobierno de Nicolás Maduro iniciara en 2017 los trámites para abandonar el organismo.

El proceso no llegó a completarse debido a las disputas sobre la legitimidad del Ejecutivo chavista y el reconocimiento internacional en 2019 del opositor Juan Guaidó como «mandatario interino».

Ramdin señaló este jueves que «sería bueno» que Venezuela volviera a participar en la OEA, ya que el organismo está «preparado para ayudar a Venezuela» en lo que pueda, aunque para ello necesita una «contraparte».

«Estamos viendo la transición hacia la democracia y hacia unas elecciones; estamos preparados para ayudar», dijo.

Aunque reconoció que «no parece» que Caracas esté planeando nombrar a nadie, Ramdin sugirió que «hay conversaciones entre bastidores» al respecto.

Las declaraciones de Ramdin se producen tras la normalización de las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos, que se produjo después de la captura de Nicolás Maduro en un operativo estadounidense en enero en Caracas y la formación de un nuevo gobierno liderado por la presidenta interina, Delcy Rodríguez.

De interés: Maduro pide desestimar su caso en EE.UU. argumentando inmunidad soberana

Con información de EFE Servicios

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Con esta migración hacia la plataforma IBM i Power 11, Bancamiga dispone de una arquitectura de nueva generación, con mayor capacidad de procesamiento y recursos para atender la demanda operativa, reducir la exposición asociada a obsolescencia tecnológica y fortalecer la continuidad técnica de los servicios soportados. Así, lo explica un comunicado de la institución, por lo cual Bancamiga logra que sus canales digitales funcionen de manera más eficiente y continua.

Entre los servicios que se ven beneficiados con la nueva plataforma destacan el Internet Banking, la aplicación Bancamiga Suite, Pago Móvil y la Tarjeta de Débito Bancamiga. 

El Director Ejecutivo de Tecnología y Seguridad de la Información de Bancamiga, Sergio Saggese, destacó que el crecimiento sostenido del banco en los últimos años hizo necesaria la actualización de la infraestructura de cómputo hacia una plataforma soportada, segura, escalable y con capacidad de crecimiento.

“La nueva plataforma permite procesar una mayor cantidad de transacciones diarias en tiempo real, lo que significa que los clientes disfrutarán de mayor rapidez en sus operaciones cotidianas, mantenimientos más breves y un blindaje aún más fuerte para el resguardo de su información”, afirmó Saggese.

Rapidez, máxima seguridad y tecnología sostenible

Esta nueva infraestructura no solo está diseñada para soportar un alto volumen de operaciones diarias sin interrupciones, sino que también incorpora importantes ventajas en materia de protección de datos y sostenibilidad:

• Mayor velocidad en tiempo real: gracias al incremento en la capacidad de procesamiento de los nuevos equipos, las transacciones de los usuarios se completan mucho más rápido y las labores habituales de mantenimiento del banco toman menos tiempo.
• Blindaje de datos e Inteligencia Artificial: la plataforma incluye cifrado de alta seguridad para resguardar la información de los clientes e integra analítica con Inteligencia Artificial directamente en sus sistemas, lo que permite evaluar y optimizar las operaciones sin exponer los datos a entornos externos.
• Poder con menor impacto ambiental: a pesar de su enorme capacidad para manejar millones de datos, la nueva tecnología consume menos energía, apostando por una operatividad más eficiente y ecológica.

Con esta importante inversión en tecnología de vanguardia, Bancamiga ratifica su compromiso de ofrecer soluciones bancarias modernas, estables y seguras que se adapten al ritmo de vida de todos sus usuarios.

De interés: Bancamiga reafirma su compromiso social con “Creando Ideas. Juntos por Venezuela” 2026

Con información e imagen referencial cortesía de Bancamiga Banco Universal

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El partido Vente Venezuela (VV), de la líder opositora y nobel de la paz María Corina Machado, alertó en la red social X del corte de electricidad en los estados Mérida, Barinas y Táchira, este último fronterizo con Colombia.

El equipo de VV en Barinas expresó que se sigue «sufriendo la destrucción del sistema eléctrico nacional que comenzó (Hugo) Chávez, lo siguió (Nicolás) Maduro y continúa con Delcy (Rodríguez)», la presidenta encargada de Venezuela.

«Ellos siempre representaron oscuridad y esto solo acabará cuando este régimen salga de Miraflores (sede del Ejecutivo)», agregó la organización en un mensaje compartido por Machado.

El exdiputado Juan Pablo Guanipa, aliado de la premio nobel, denunció también «un nuevo apagón en varias zonas del país, tras un fuerte bajón».

«El sistema eléctrico fue desguazado por este régimen sin importarle el padecimiento de millones de venezolanos. Ningún plan de inversión funcionará mientras los corruptos sigan en el poder. Si queremos futuro tenemos que sacar a Delcy y a su combo. Y eso va. ¡Viva Venezuela libre!», escribió en X.

El partido Primero Justicia (PJ) exigió «respuestas inmediatas por parte del Estado ante este nuevo colapso» del sistema eléctrico «ocasionado por la falta de mantenimiento y la corrupción».

Sabotaje vs. falta de mantenimiento

El pasado viernes, la mandataria encargada, quien lleva ocho meses en el cargo, tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, denunció que el sistema eléctrico está siendo saboteado y manipulado, según dijo, en protesta por los recientes acuerdos petroleros, entre ellos el anunciado con Washington para explotar una quinta parte de las reservas venezolanas, las mayores del mundo.

No obstante, expertos y la oposición aseguran que el estado actual del sistema eléctrico, con fallas en casi todo el país, es el resultado, principalmente, de la corrupción y la falta de mantenimiento.

El gobierno firmó la semana pasada un acuerdo con las petroleras estadounidense Chevron y la italiana Eni en presencia del secretario de Energía de EEUU, Chris Wright.

También fue suscrito un convenio con la estadounidense General Electric (GE) Vernova para fortalecer el sistema eléctrico y recuperar la infraestructura de la industria petrolera.

En junio, el gobierno venezolano firmó un memorando de entendimiento en materia de electricidad con representantes GE Vernova, mientras que en abril Rodríguez dijo que estaban en negociaciones con Siemens.

De interés: PCV pide una auditoría pública de la deuda externa del país

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«A partir del lunes (14 de septiembre), vamos a tener en condiciones extraordinarias, rehabilitadas, un total de 239 instituciones educativas en La Guaira», indicó Terán en una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Por su parte, el ministro de Educación de Venezuela, Héctor Rodríguez, enumeró como prioridades recuperar las infraestructuras para que sean cada vez más adecuadas y asegurar la permanencia de los estudiantes, según un boletín informativo compartido en su canal de Telegram.

«Este año escolar es especialmente importante crear una atmósfera afectiva acorde a las necesidades de los niños. Un entorno respetuoso y protector es clave para un nuevo comienzo, dadas las circunstancias que vivió nuestro país a causa del doblete sísmico ocurrido el 24 de junio pasado», indicó Rodríguez.

Los sismos provocaron al menos 6.509 muertos, 14.239 viviendas con afectaciones moderadas y 11.001 viviendas con daños graves, según el último balance oficial, publicado el 24 de agosto, cuando se cumplieron dos meses de la tragedia.

De interés: Venezuela aclara que mantiene «control y propiedad» de su petróleo tras acuerdo con EEUU

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«No existe una cifra oficial, pública y auditada sobre el monto total de las obligaciones externas del país», señaló el PCV en una nota de prensa en la que advierte que la anunciada reestructuración de deuda externa «amenaza con convertirse» en un «mecanismo de sometimiento» a los intereses del capital internacional.

El partido habló de estimaciones de entre 95.000 y cerca de 240.000 millones de dólares, unas cifras que, dijo, son dispares y revelan la «opacidad con la que se ha manejado el tema».

«Existe una disputa concreta por los recursos de Venezuela. Los fondos de inversión buscan garantizar el cobro de sus bonos; las corporaciones transnacionales aspiran a convertir sus reclamaciones en nuevos negocios; y los acreedores procuran asegurar su acceso a la renta nacional», indicó.

En ese sentido, el partido rechazó que generaciones presentes y futuras «sean condenadas a pagar deudas contraídas en condiciones opacas, sometidas a intereses especulativos o utilizadas para enriquecer a sectores privados nacionales e internacionales».

Por tal motivo, instó a destinar los recursos nacionales a atender la «emergencia social, recuperar los servicios públicos y garantizar condiciones de vida dignas» para los trabajadores en medio de una acuciante crisis se traduce en apagones y pérdida del poder adquisitivo.

El pasado 13 de mayo, el gobierno de Venezuela anunció el lanzamiento de un proceso «formal, integral y ordenado» para la reestructuración de la deuda pública externa del país y de su estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), sin detallar a cuánto asciende este monto.

Según había informado en marzo pasado Transparencia Venezuela, la deuda externa venezolana se estimaba en más de 170.000 millones de dólares.

Luego, en junio, el periódico económico Financial Times informó de que Venezuela tenía previsto dar a conocer una deuda acumulada de 240.000 millones de dólares.

De interés: Venezuela aclara que mantiene «control y propiedad» de su petróleo tras acuerdo con EEUU

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Durante una comparecencia ante la comisión de Defensa del Parlamento peruano, Astudillo explicó que, «con muchísimo esfuerzo», han logrado expulsar a 1.635 venezolanos migrantes irregulares.

«Esto va a incrementarse muchísimo con los acuerdos que vamos a tener con Venezuela para mandarlos por barco, y una buena cantidad. Espero que las cosas se den así», aseveró el titular de la cartera del Interior.

El ministro destacó que en Perú hay más venezolanos que aimaras (pueblo indígena), pues en este país se encuentra la segunda mayor comunidad venezolana en el exterior que alcanza los 1,6 millones entre migrantes y refugiados.

«No todos son delincuentes. Hay gente que trabaja, pero tenemos una gran cantidad de delincuentes y de criminales perversos, de esos que cortan cabezas y dedos que caminan por acá por la calle. De esos estamos detrás de ellos. Todos los días hacemos operativos en las calles», subrayó.

La gran mayoría de los 1,6 millones de venezolanos que residen en Perú están en situación irregular ante la dificultad de lograr un trabajo formal que les permita conseguir un visado de residente regular, y por la dificultad de renovar los visados especiales emitidos durante los distintos procesos de regularización realizados años atrás.

La migración venezolana en Perú se concentró principalmente en la capital Lima, lo convierte en la ciudad con más venezolanos en el exterior, con un número superior incluso a la mayoría de ciudades de Venezuela.

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«El control y la propiedad de los recursos en el subsuelo indiscutiblemente siguen siendo de Venezuela», aseguró la ministra de Hidrocarburos, Paula Henao, en una entrevista con el canal privado Venevisión.

El pasado 28 de agosto, el presidente de EEUU, Donald Trump, afirmó que el acuerdo, al que describió como el mayor de «la historia mundial», asegura el «control mayoritario estadounidense sobre más de 65.000 millones de barriles de reservas probadas de petróleo en Venezuela».

Dos días después, Trump expresó que es «un regalo de Venezuela para el pueblo de Estados Unidos».

Henao dijo que se trata de «un acuerdo comercial» para que haya inversión y tecnología en el país y que el «regalo que el pueblo venezolano ofrece al pueblo estadounidense es la garantía de (un) suministro confiable de esa energía».

La alta funcionaria, quien negó que su país pierda la soberanía, anunció también que el acuerdo binacional será presentado a la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), controlada por el chavismo, aunque no especificó cuándo.

Según el gobierno venezolano, el convenio tiene una vigencia de veinticinco años y consiste en el desarrollo de diecisiete campos con un total de 65.000 millones de barriles, con un objetivo de producción superior a los 1,5 millones de barriles por día (bpd).

Henao indicó que actualmente el país produce un promedio de 1.236.000 bpd y que se prevé que llegue a 1,4 millones al cierre de 2026.

En 1998, un año antes de que el chavismo llegara al poder, se produjeron 3,1 millones de bpd de crudo.

Los diecisiete campos del acuerdo fueron asignados a la empresa North American Blue Energy Partners (NABEP), que ha otorgado al Pentágono una participación accionaria del 35 %.

Detrás de NABEP está el empresario Alejandro Betancourt, director de la empresa, quien ha sido investigado en España y Suiza por presunto blanqueo de capitales y fraude fiscal.

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