Venezuela bajo la mirada de la CPI

Venezuela bajo la mirada de la Corte Penal Internacional

DOBLE LLAVE – El pasado 8 de febrero, la fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda, anunció el inicio de un examen preliminar por la posible comisión de delitos relacionados con la vulneración de los derechos humanos.

En este orden, Argentina, Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Canadá decidieron referir ante la CPI los supuestos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela desde el pasado 12 de febrero del año 2014; asimismo, la Asamblea Nacional de Venezuela (AN) respaldó la petición mediante el acuerdo firmado por la Junta Directiva el 03 de octubre del presente año.

Por otro lado, Francia y Costa Rica informaron que secundarán el documento enviado a la CPI; sin embargo, el abogado venezolano y especialista en derecho internacional, Mariano de Alba, señaló que la reacción por parte de ambos no significa que también hayan remitido el caso «formalmente» como las naciones americanas ya que para hacerlo es necesario que envíen una comunicación a la Fiscalía de la CPI, esto según los términos del Estatuto de Roma.

Para el internacionalista David Da Silva, las naciones están enfocadas en que se genere un cambio político en Venezuela. En ese sentido, dichos gobiernos envían un claro mensaje al Ejecutivo venezolano, encabezado por Nicolás Maduro, para que sean aplicados una serie de cambios en su gestión gubernamental que permitan aliviar la crisis humanitaria, recuperar la economía del país y retomar la institucionalidad democrática.

Da Silva, también aclaró que en caso contrario las naciones democráticas seguirán ejerciendo presión a los fines de lograr establecer un proceso penal internacional que amenace directamente a los miembros del alto gobierno involucrados en delitos de Lesa Humanidad.

Al mismo tiempo, el internacionalista reiteró que sin importar el cargo oficial de una persona, bajo ninguna situación se le eximirá de la responsabilidad penal conforme al derecho interno y al derecho internacional que están bajo la figura de la complementariedad. Lo que hace ineludible comprender los probables escenarios de la mano del internacionalista antes mencionado:

¿Con la remisión hecha por las naciones es posible que se avance hacia la investigación en menos de 8 meses?

Los lapsos para realizar la investigación son variables. La política puede influir. A medida que más gobiernos se adhieran a la petición, mayor presión tendrá la Fiscalía en dar una respuesta en menor tiempo.

Es importante destacar que la Sala de Cuestiones Preliminares ha establecido que a pesar del silencio del Estatuto de Roma y sin importar la complejidad del caso, la investigación preliminar debe ser completada dentro de un lapso razonable si la situación fue referida por un Estado Parte o el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

¿La fiscal Bensouda se pronunciará este año acerca de los avances del Examen Preliminar?

Conforme al Estatuto de Roma, el examen preliminar que está adelantando la Fiscalía de la Corte Penal Internacional no es una investigación persé. Se trata de un proceso que inspecciona preliminarmente la información disponible para que la Fiscalía pueda decidir si existe mérito suficiente para iniciar una investigación formal.

Durante esta etapa, una parte significativa de los esfuerzos de la organización estarán dirigidos a exhortar al Estado venezolano a que cumpla con su obligación de investigar y juzgar los crímenes que puede conocer la Corte.

El Estatuto de Roma no establece un plazo de duración máximo para el examen preliminar. Por ende, el tiempo para tomar una determinación depende de Bensouda. Hasta ahora, y en otros casos, el tiempo de duración del examen preliminar ha variado significativamente.

Sin embargo, a final de cada año, la Fiscalía emite un reporte informando el estado de cada caso, por lo que a más tardar en nueve meses se sabrá si ha habido algún avance.

¿De iniciar la investigación formal el Gobierno podría no reconocer más al Estatuto de Roma?

Venezuela firmó el Estatuto de Roma en 1998 durante la presidencia del Dr. Rafael Caldera y ratificó en el 2000 con el Presidente Hugo Chávez, mediante la Ley aprobatoria del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional publicada en la Gaceta Oficial Nº 5.507 Extraordinario del 13 de diciembre de 2000.

El gobierno venezolano podría denunciar el Estatuto y dejar de ser miembro un (1) año después. Sin embargo, el mismo establece que la CPI puede conocer los delitos cometidos durante el tiempo que el Estado formó parte del Estatuto.