La penalización será de 25 euros a los vehículos utilitarios y de 75 euros a los camiones
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Millones de conductores de vehículos diésel en Alemania seguirán atentos este martes la decisión que adopte el Tribunal Administrativo sobre la circulación de estos vehículos en ciudades con altos niveles de contaminación.

Los máximos jueces podrían allanar en segunda y última instancia el camino para la prohibición del uso de estos vehículos en urbes en las que desde hace años se superan los niveles máximos de óxido de nitrógeno.

Los óxidos de nitrógeno (conocidos por sus siglas como NOx) son gases tóxicos que pueden dañar las vías respiratorias y los ojos si su concentración es elevada. También pueden causar problemas cardiovasculares y pulmonares.

De acuerdo con las cifras de la Oficina Federal de Medio Ambiente de Alemania, en casi 70 ciudades del país se registran niveles superiores a los permitidos. La lista la encabezan Múnich, Stuttgart y Colonia.

Cerca del 60% de la contaminación de óxido de nitrógeno es causada por el transporte y de este 60%, un 72,5% se debe a las emisiones de automóviles de motor diésel.

La asociación alemana de medio ambiente Deutsche Umwelthilfe (DUH) presentó una demanda contra los municipios para obligarlos a incluir la prohibición de circulación en el catálogo de medidas destinadas a contrarrestar las elevadas emisiones de óxido de nitrógeno y ganó los juicios de primera instancia.

Los jueces de Leipzig revisarán ahora los planes de Düsseldorf y de Stuttgart para reducir las emisiones y darán su veredicto sobre si es lícito prohibir la circulación de vehículos de motores diésel de mayor antigüedad como una opción eficaz que debe ser contemplada en los planes de depuración del aire.

Los magistrados, sin embargo, no pueden prohibir por sí mismos la circulación de los vehículos más contaminantes.

La sentencia, que en principio se esperaba para el pasado jueves, serviría de modelo a nivel nacional, en especial si el tribunal declara lícita la prohibición de circulación. Estas medidas podrían ser tomadas de acuerdo con el caso y diferir de una ciudad a otra. Podrían ser limitadas en tiempo y también en cuanto a los lugares de una ciudad en la que entran en vigor.

Las autoridades quieren evitar las prohibiciones porque afectarían ante todo a la gente que utiliza el vehículo por razones de trabajo, como distribuidores de mercaderías y carpinteros, fontaneros y otros propietarios de pequeñas empresas de oficios.

Asociaciones municipales han alzado la voz para advertir que quedaría paralizada la vida en los centros urbanos. También se verían perjudicados quienes viven en zonas rurales menos conectadas y que dependen del automóvil para ir a trabajar.

Además supondría un golpe para los fabricantes de automóviles alemanes que siguen apostando por el diésel, un combustible más económico que la gasolina por estar subvencionado.

Las automotrices quieren reducir las emisiones con actualizaciones de software, pero se niegan a efectuar cambios físicos en los motores alegando que los costes serían muy altos. Las organizaciones ambientalistas ya han avisado que con las mejoras de software no será suficiente.

Las autoridades han puesto en marcha un multimillonario programa de medidas para mejorar la calidad del aire en las ciudades que prevé una mayor frecuencia del transporte público, así como la renovación de la flota de autobuses.

Andreas Hoenig (dpa).

Con información de dpa.

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