Tribunal de Perú definirá si la destitución de Vizcarra fue legal

By Gabriela Morales 19 de noviembre de 2020

DOBLE LLAVE – El Tribunal Constitucional (TC) de Perú recibió el miércoles 18 de noviembre los argumentos de las partes para definir si la destitución del expresidente Martín Vizcarra se ajustó a la Constitución.

Ante el TC, máximo órgano de interpretación de la Constitución peruana se presentaron los procuradores tanto de gobierno, representando a Vizcarra, que pidió amparo al tribunal para aclarar si un presidente de Perú puede ser sacado del poder por «incapacidad moral permanente«, lo que consideró un abuso de la ley, como del Congreso, que defendió el derecho del parlamento a usar esa potestad libremente.

El procurador público del gobierno, Luis Huerta, pidió al TC que esclarezca el uso de la causal de «incapacidad moral» para evitar que el Congreso pueda interrumpir un periodo presidencial atribuyéndola al gobernante de turno.

En este sentido, en una audiencia virtual, el procurador público del gobierno presentó los argumentos de la demanda competencial presentada por el gobierno del exmandatario, cuando el Parlamento planteó el primer pedido de destitución en su contra, en el pasado mes de septiembre.

La intención del Ejecutivo de entonces era establecer si el Congreso podía atribuir «incapacidad moral» a un gobernante en funciones para destituirlo, a pesar que las denuncias por presunta corrupción en su contra estaban en una investigación preliminar.

Medidas de reparación

Huerta expresó en la audiencia que el proceso contra Vizcarra «fue indebido e inconstitucional» y pidió al TC que tome medidas de reparación.

Asimismo, solicitó que «en la sentencia a emitirse se establezcan criterios sobre el uso de la vacancia presidencial del Congreso, a efectos de establecer medidas de reparación que correspondan ante una manifiesta y clarísima situación, que podemos calificar como abierta violación a la Constitución».

Al determinarse el alcance legal de la causal de «incapacidad moral permanente», Huerta estima que se evitará que la destitución presidencial sea usada «de forma arbitraria, como mecanismo de control político o de sanción para dar por concluido de forma anticipada un mandato presidencial».