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DOBLE LLAVE – El jueves 5 de marzo la Fiscalía General de Ecuador solicitó incrementar la pena máxima contra el expresidente Rafael Correa y otra veintena de procesados, entre los que se encuentran sus colaboradores personales.

Asimismo, el organismo judicial pidió una reparación integral de más de un millón de dólares al Estado por su presunta implicación en el delito de cohecho, en el caso conocido como «Sobornos» ocurrido entre 2012 y 2016.

 

La fiscal general del Estado, Diana Salazar, expuso en un alegato de unas tres horas su argumentación y señaló que la audiencia, que se prolonga cerca de dos semanas, «demostró la existencia de una estructura de captación de dinero irregular, liderada por el expresidente Rafael C.».

La juez Daniella Camacho tomó en cuenta las declaraciones de los oficiales procesados para acusar formalmente al exmandatario

Expresidente de Ecuador,Rafael Correa.

El delito está tipificado en el Código Penal ecuatoriano con una pena de tres a cinco años, si es un servidor público el que ejecuta el acto.

 

La fiscal solicitó al tribunal de la Corte Nacional, donde se ventila el caso, que los procesados «sean sancionados con el máximo de la pena, aumentada en un tercio, por existir la agravante de haber ejecutado el hecho punible con la participación de dos o más personas».

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Gabriel Velásquez

Con información de DW

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