En una rueda de prensa, los trabajadores pidieron ser incluidos en los acuerdos con EE.UU. y en el proceso de consulta del proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico que busca propiciar las inversiones privadas en este sector, controlado por el Estado.

El secretario general del sindicato eléctrico en el estado Miranda (norte), Alexis Rodríguez, advirtió que la situación socioeconómica de los trabajadores «es demasiado preocupante», con salarios, indicó, de dos dólares, sin incluir las bonificaciones que no tienen incidencia en beneficios laborales.

Se trata, prosiguió, de una «crisis generalizada que no permite que los trabajadores subsistan con dignidad», por lo que propuso establecer una mesa de trabajo con las autoridades para abordar estos problemas.

«La recuperación del sector pasa primero por un acuerdo con la dirigencia sindical y sus trabajadores porque nosotros queremos hacer los aportes que sean necesarios para mejorar la industria, (…) tenemos unos salarios denigrantes, tenemos una situación con los trabajadores jubilados, pensionados y sobrevivientes (…) que no están subsistiendo con dignidad», señaló.

El también integrante del comité ejecutivo de la federación de trabajadores del sector anunció que entregarán una tercera comunicación al ministro de Energía Eléctrica, Rolando Alcalá, tras las consignadas en febrero y abril, con denuncias y solicitudes.

De interés: Jubilados y pensionados en Venezuela exigen salarios «dignos» 

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El dólar ha aumentado un 8,64 % este mes, desde 554,42 bolívares, y un 99,8 % en lo que va de año, que empezó con un precio de 301,37 bolívares, según las tasas difundidas por el Banco Central de Venezuela (BCV).

La cotización del dólar acumula una veintena de meses en un aumento sostenido, desde octubre de 2024, en detrimento del bolívar, la moneda venezolana, con la que aún se cobran servicios básicos y se pagan salarios, que han pedido poder adquisitivo como consecuencia de la devaluación.

La moneda nacional ha perdido la mitad de su valor frente al dólar en lo que va de año en el mercado oficial.

Los expertos advierten que la subida del dólar también tiene un impacto en los precios por la correlación de estos con la moneda norteamericana, cuya adopción no oficial en Venezuela comenzó durante el período de hiperinflación que sufrió el país entre 2017 y 2021.

La nación, sacudida este año por la captura de Nicolás Maduro el pasado enero por parte de Estados Unidos y la posterior serie de reformas que ha abierto su petróleo, minería y electricidad a la inversión extranjera, acumuló una inflación del 102 % en los primeros cinco meses.

En mayo, los precios aumentaron un promedio del 6,3 %, el «registro inflacionario más bajo de los últimos diecinueve meses», según el BCV, que da cuenta de la entrada a «una senda de desaceleración para el 2026».

Sindicalistas y trabajadores de varios sectores han retomado este año la calle con protestas para denunciar la crisis salarial y el costo de la vida en el país, donde una familia de cinco personas necesita 772,74 dólares al mes solo para gastos básicos de alimentación, según estimaciones independientes.

De interés: Posponen próxima audiencia de Nicolás Maduro y Cilia Flores

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La Fiscalía, con el visto bueno de los abogados de defensa, pidió el aplazamiento al juez del caso, Alvin K. Hellerstein, en una carta enviada el lunes, en la que argumentó que el cambio de fecha es necesario «para evitar problemas logísticos y de programación en relación con la provisión de transporte seguro y seguridad para el 30 de junio».

Además, se indicó en la misiva que el gobierno excluirá para ambos acusados los días entre el 30 de junio y la nueva fecha de la audiencia del periodo establecido por la Ley de Juicio Rápido.

También afirmó que esa nueva fecha permitirá a la Fiscalía presentar pruebas que sostengan su acusación contra la pareja y que la defensa pueda revisar dichas pruebas y considerar qué mociones previas al juicio prevé realizar.

Maduro y Flores fueron detenidos en Venezuela el pasado 3 de enero en un operativo militar ordenado por el presidente de EEUU, Donald Trump, y desde entonces están en una prisión federal en Nueva York enfrentando su proceso judicial, tras ser acusados de narcoterrorismo, conspirar para exportar droga a este país y de uso de armas.

Ambos se declararon no culpables de los cargos y su defensa podrá ser sufragada por el gobierno venezolano tras apuntarse una victoria en ese sentido, ya que el gobierno de EEUU se oponía, pero el juez prohibió que la defensa comparta pruebas del caso con otros coacusados que aún no han sido detenidos como el ministro del Interior, Diosdado Cabello.

De interés: Denuncian violación al debido proceso en caso de presunta corrupción en PDVSA

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«Estas etapas no pueden estar indefinidas en el tiempo, los ciudadanos requieren de un cronograma electoral presidencial, que de certidumbre y seguridad del avance irreversible hacia la democracia y la libertad», señaló el exgobernador en un mensaje publicado en X.

A su juicio, esto ayudará a que Venezuela cuente con una «verdadera y legítima» institucionalidad.

El plan de tres fases de Estados Unidos sobre Venezuela del que habla Andrés Velásquez consta de una primera etapa de estabilización, otra de recuperación y finalmente la transición democrática.

El pasado 3 de junio, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, urgió a establecer «lo antes posible» las condiciones para la celebración de elecciones en Venezuela, incluida la creación de una nueva directiva en el Consejo Nacional Electoral (CNE).

El jefe de la diplomacia estadounidense insistió en que el objetivo final de la política de la Administración de Trump para Venezuela es que haya «unas elecciones multipartidistas, libres y justas», aunque no ofreció una posible fecha para los comicios.

Rubio aseguró que se necesita «una prensa independiente para que haya elecciones libres y justas», una condición que dijo va en la buena dirección pero no está totalmente completada.

También apuntó que «hay que dar espacio a los partidos políticos para que se organicen y se movilicen» y «se necesita una comisión electoral».

Desde la captura de Nicolás Maduro en enero pasado, acusado de narcotráfico en Nueva York, la Administración de Trump ha restablecido las relaciones diplomáticas con Venezuela y ha estrechado lazos con el Gobierno de la mandataria interina, Delcy Rodríguez.

A principios de este mes, la líder opositora María Corina Machado insistió en que ella tiene «la responsabilidad de dirigir el proceso de negociación» con el gobierno de Rodríguez que conduzcan a unas elecciones presidenciales en el país.

Sin embargo, el Ejecutivo chavista dijo días después que no está planteada una negociación con la oposición mayoritaria, agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) y «menos» con Machado sobre este asunto.

De interés: Sindicatos piden cronograma para elecciones en Venezuela

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A seis días de la segunda vuelta de las elecciones, Cepeda acusó a De la Espriella en la ciudad caribeña de Barranquilla, donde cerró el domingo su campaña, con un documento titulado «Abelardo de la Espriella y el robo de los recursos de la salud».

Cepeda explicó que los delitos por los que mañana denunciará a De la Espriella, que fue el más votado en la primera vuelta, son administración desleal, corrupción privada, fraude procesal, peculado por apropiación y peculado por apropiación oficial diferente.

El candidato de izquierda habló del «saqueo del sistema de salud, concretamente en la costa caribe».

De la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, tiene el 48,6 % de la intención de voto para las elecciones del domingo y Cepeda, del Pacto Histórico, partido del presidente colombiano, Gustavo Petro, llega al 44,7 %, indica una encuesta del Centro Nacional de Consultoría publicada ayer por la revista Cambio.

De interés: Cepeda denuncia supuesto plan de «autoatentado» contra De la Espriella

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Se trata de los dos pilotos de las aeronaves, Charles Marsillac y Alexandre Souza, y el productor musical Lucas Brito.

Hasta el momento, las identidades de las tres víctimas extranjeras -el cantante estadounidense Oliver Tree y el youtuber argentino Gaspar Prim, más conocido como Gaspi, y el productor argentino Lucas Vignale- quienes figuraban en el manifiesto de vuelo de la aeronave, no se han confirmado.

No obstante, según el comunicado de la Policía, los peritos del Instituto Médico Legal ya recogieron material genético para intentar identificar a las víctimas extranjeras, cuyos cuerpos se encuentran carbonizados.

Uno de los helicópteros cayó sobre un estacionamiento privado, lo que ocasionó su incendio y la destrucción de unos veinte automóviles eléctricos.

Allí viajaban el piloto y cuatro pasajeros, entre ellos, los tres extranjeros que se encontraban de visita en Brasil.

La segunda aeronave, que solo tenía al piloto como único tripulante, cayó a unos cien metros de distancia del primer punto de impacto.

El cantante Oliver Tree, de 32 años, se encontraba en Brasil por una gira internacional.

De interés: Hubo nueve muertos y 27 heridos tras choque frontal en Anzoátegui

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El operativo, coordinado entre Caracas y el Comando Sur de Estados Unidos, se ejecutó en una región minera del estado Bolívar.

A través de una nota de prensa, la organización política alertó que el procedimiento representa una «violación de la soberanía nacional» y acusó al Ejecutivo de subordinarse a los intereses de Washington, recordando los hechos de enero pasado cuando fuerzas estadounidenses bombardearon Caracas y detuvieron a Nicolás Maduro y a Cilia Flores.

Pronunciamiento del PCV

• Falta de debido proceso: El partido denunció que «ninguna persona puede ser privada arbitrariamente de la vida» al margen de la ley y el derecho internacional.
• Intereses económicos: Advirtió que la operación en Bolívar, zona rica en recursos, podría ser una coartada para que corporaciones transnacionales controlen territorios estratégicos y minerales, amparados en la reciente Ley de Minas que abre las puertas a la inversión extranjera.
• Rechazo a la presencia militar: Llamó a la población a impedir que el país se convierta en una plataforma de dominación imperialista bajo la excusa de la lucha contra el crimen organizado.

Contexto del operativo

El pasado viernes, el mandatario estadounidense Donald Trump anunció el ataque «rápido y letal» contra el líder criminal.

Posteriormente, el gobierno de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien asumió el cargo tras la captura de Maduro, confirmó el despliegue detallando que se realizó bajo mecanismos de cooperación tecnológica y de inteligencia con EEUU.

Actualmente, diversas organizaciones civiles exigen total transparencia sobre los detalles y el alcance de esta operación militar conjunta.

De interés: ONG exige «transparencia absoluta» sobre operativo de Washington en Venezuela

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Racionamientos y crisis en el Zulia

En rueda de prensa, la diputada Nora Bracho informó el envío de una carta formal al ministro Alcalá. Los puntos clave de la exigencia opositora incluyen:

• Criterios de racionamiento: Exigen conocer los planes de distribución de carga, criticando que en muchas regiones se corta la luz sin previo aviso.
• Foco en el estado Zulia: Cuestionaron la crítica situación de esta entidad fronteriza, ubicada históricamente en la «cola» del servicio eléctrico.
• Impacto socioeconómico: Bracho denunció que hay regiones que pasan hasta 10 horas continuas sin luz, paralizando las rutinas familiares, el comercio y la actividad petrolera.
• Transparencia financiera: Solicitaron cuentas sobre los montos invertidos hasta la fecha y los proyectos futuros para mitigar la crisis. Asimismo, pidieron un debate amplio sobre la reciente propuesta de reforma de la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico aprobada el 2 de junio.

Alianza con IMPSA y apertura al capital privado

Por su parte, la administración central busca contrarrestar la crisis estructural mediante nuevas inversiones internacionales y reformas legales:

• Acuerdo por Tocoma: La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció el pasado sábado la firma de un «acuerdo histórico» con la multinacional IMPSA para concluir las obras de la central hidroeléctrica Tocoma (Bolívar). El proyecto aspira a sumar 2.640 megavatios al sistema para estabilizar el servicio y apuntalar el crecimiento económico.
• Apertura a privados: El Ejecutivo creó recientemente una comisión para seleccionar contratistas en el sector eléctrico, buscando recuperar un área controlada por el Estado desde hace años a través de capital privado y extranjero.

El trasfondo de una crisis crónica

La realidad eléctrica en Venezuela sigue dividida en el discurso político. Mientras el oficialismo atribuye las fallas recurrentes a los efectos de las sanciones internacionales, particularmente las de Estados Unidos, la oposición y expertos del sector sostienen que la crisis actual es la consecuencia directa de años de corrupción y una profunda falta de mantenimiento técnico.

De interés: PJ respalda operación binacional que neutralizó al «Niño Guerrero»

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El viernes, Trump anunció que el Comando Sur de EE.UU. «lanzó un enérgico ataque, rápido y letal para ejecutar con éxito» a Héctor Guerrero, conocido como ‘Niño Guerrero’, líder de la banda de origen venezolano y calificada como terrorista por Washington.

Machado señaló que, en los últimos días, comenzó un «desmantelamiento de grupos armados, organizaciones criminales y mafias que operaron con absoluta impunidad» en Venezuela, entre las que mencionó el Tren de Aragua, y que se extendieron hacia otras naciones.

La excandidata presidencial aseguró que «el daño humano, social, ecológico y económico que estos grupos criminales, que nacieron al amparo del chavismo y actúan en complicidad con la tiranía, le han causado a Venezuela es inconmensurable».

De interés: PJ respalda operación binacional que neutralizó al «Niño Guerrero»

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Venezuela «tiene derecho a conocer los términos exactos, el alcance legal y los mandos responsables de la operación», expresó la organización no gubernamental en un comunicado.

Provea advirtió que, basándose en la información disponible, este hecho «constituye presuntamente una clara violación de la soberanía territorial del país y una grave violación de los derechos humanos debido a la flagrante comisión de una ejecución extrajudicial».

«El Estado venezolano tiene la obligación de suministrar información fidedigna y verificable sobre el saldo humano del operativo: número exacto de fallecidos, heridos y detenidos, asegurando la debida identificación de las víctimas», señaló el mensaje.

La ONG recordó que el pasado martes, cuando advirtió de un megaoperativo en el estado Bolívar (sureste), señaló que acciones similares «dejaron cientos de abusos».

Por tanto, Provea sostuvo que la acción del Estado «no puede traducirse, bajo ninguna circunstancia, en ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas o tratos crueles contra personas ajenas al conflicto con los grupos armados o bandas criminales».

La organización dijo que la violencia y el control ejercido por agrupaciones criminales «en el sur de Venezuela son el resultado directo de años de abandono estatal y de una política que priorizó la extracción opaca de recursos sobre la institucionalidad».

«Las autoridades venezolanas abandonaron sus responsabilidades en estas zonas ricas en recursos minerales y el territorio fue penetrado por economías criminales de todo tipo, dejando en medio de la confrontación a cientos de miles de pobladores en condición de vulnerabilidad y sin posibilidades de obtener respuestas y asistencia institucional», reza el comunicado.

En ese sentido, Provea pidió «transparencia absoluta sobre los acuerdos internacionales que amparan esta operación y garantías plenas de que no se repetirán los patrones de ejecuciones extrajudiciales».

Además, la ONG exigió, por estos hechos, explicaciones al fiscal general, Larry Devoe, y a la defensora del Pueblo, Eglée González.

De interés: Venezuela confirma muerte del «Niño» Guerrero en una operación junto a EEUU 

Con información de EFE Servicios y redes sociales

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El anuncio fue hecho por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, hermano de la mandataria encargada, Delcy Rodríguez, pocos días después de que Nicolás Maduro fuera capturado por Estados Unidos durante una operación militar en territorio venezolano, el 3 de enero.

El vicepresidente de Foro Penal, Gonzalo Himiob, dijo a EFE que 25 presos políticos fueron excarcelados entre el pasado lunes y viernes, día durante el que salieron 10 de ellos.

Entre los excarcelados se encuentran siete mujeres, de las cuales cinco habían sido detenidas el año pasado, incluyendo una joven de 19 años y una exfuncionaria del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) acusada de supuestamente falsificar cédulas de identidad para presuntos «terroristas».

También salieron los militares Diosmer Rumbos, Jhon Jaimes y Kelvis Coronel, detenidos en 2019 y condenados a 30 años de prisión.

Hasta el martes, la organización no gubernamental computaba 389 presos políticos en el país, entre ellos un adolescente y 39 personas con otra ciudadanía o doble nacionalidad.

Un grupo de familiares de presos políticos permanecen desde hace casi una semana en las afueras de la Embajada de Estados Unidos en Caracas para pedir por la liberación de los que siguen detenidos.

El pasado mayo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su gobierno iba a asegurarse de liberar a todos los encarcelados por motivos políticos en Venezuela.

De interés: Familias piden a EEUU apoyo en caso de presos por presunto contrabando en PDVSA

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Tras estas liberaciones, la organización cifra en 389 el número de presos políticos en Venezuela (con corte al pasado martes), de los cuales 39 poseen doble nacionalidad.

Detalle de las excarcelaciones

Familiares de militares y disidentes:

Aranza Hernández (19 años): Detenida en noviembre pasado. Es hermana de un militar disidente en el exilio y de Samantha Hernández (16 años), adolescente que ya había sido excarcelada el 18 de mayo tras ser arrestada por la DGCIM.

Génesis Rodríguez Araña y Daniela Araña: Familiares del primer teniente José Rodríguez Araña, exiliado en EEUU y acusado por la gestión de Nicolás Maduro de liderar el asalto militar conocido como ‘Operación Aurora’ en el estado Bolívar.

Exfuncionaria pública

Keenami Guevara Vásquez: Exfuncionaria del Saime, a quien el Ejecutivo señalaba de presunta falsificación de documentos de identidad para supuestos grupos terroristas.

Efectivos militares (detenidos en 2019)

Diosmer Rumbos: Vinculado a la llamada «Operación Sukhoi», donde se le acusó junto a otros oficiales de la Aviación por la supuesta filtración de información secreta de estas aeronaves.

Jhon Jaimes: Detenido en Táchira en septiembre de 2019 sin orden judicial. Fue condenado por delitos de traición a la patria, asociación para delinquir y «favorecimiento bélico».

Contexto y presiones diplomáticas

Presencia en la Embajada: Familiares de los detenidos mantienen una vigilia a las afueras de la Embajada de Estados Unidos en Caracas para exigir la liberación de quienes siguen tras las rejas.

Promesa de EEUU: El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó el pasado mayo que su administración se aseguraría de lograr la liberación de todos los presos políticos en el país suramericano.

Postura oficial: El gobierno venezolano sostiene que en el país no existen detenciones por motivos políticos, argumentando que los encarcelados enfrentan procesos judiciales por la comisión de delitos comunes, una postura firmemente rechazada por partidos opositores y defensoras de derechos humanos.

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Claves del operativo y contexto político

El anuncio: El presidente de EEUU, Donald Trump, informó que el Comando Sur ejecutó un «ataque rápido y letal» en el estado Bolívar (sureste de Venezuela) para neutralizar al cabecilla, calificado de terrorista por Washington.

Cooperación binacional: La operación contó con el apoyo tecnológico y de inteligencia de Caracas. El gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien asumió el cargo tras la captura de Nicolás Maduro en enero pasado, ratificó el éxito del despliegue enmarcado en el reciente restablecimiento de relaciones diplomáticas en marzo de 2026.

Historial delictivo: «Niño Guerrero» se encontraba prófugo desde la intervención de la cárcel de Tocorón en 2023 y había sido sancionado por el Departamento del Tesoro de EEUU en 2025 tras expandir la red criminal por todo el continente.

Posicionamiento de PJ

A través de la red social X, la organización política expuso los siguientes puntos:

Reconocimiento internacional: Agradeció los esfuerzos de los aliados para garantizar la seguridad del hemisferio y avanzar hacia una Venezuela libre del crimen organizado.

Responsabilidad del régimen: Señaló que el Tren de Aragua se concibió bajo la permisividad del régimen de Maduro, afectando severamente la imagen de la migración venezolana y expandiendo el terror por la región.

Urgencia institucional: Reiteró que la transición democrática es imperativa para desmantelar de forma definitiva a las mafias que usurpan espacios estratégicos y para restaurar los poderes del Estado.

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«Nosotros no negamos que existan problemas, pero hoy día, a esta fecha, de este año, Venezuela (…) tiene 1,2 asesinatos por cada 100.000 habitantes», declaró Diosdado Cabello durante un acto con motivo de la «gran» consulta sobre la reforma del sistema de justicia propuesta por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

El pasado 15 de enero, la mandataria encargada aseguró que su país tuvo una tasa de 3 homicidios por cada 100.000 habitantes durante 2025, por debajo de los 4,1 casos registrados por las autoridades en 2024.

La mandataria ofreció el dato durante el informe anual del gobierno correspondiente a 2025 que presentó en enero pasado ante la Asamblea Nacional (AN) en nombre de Nicolás Maduro, quien fue capturado por Estados Unidos durante un ataque militar el día 3 de ese mismo mes en Caracas.

Venezuela registró altos picos de violencia en la década pasada, cuando llegó a tener una tasa de 90 homicidios por cada 100.000 habitantes o a contabilizar cerca de 30.000 muertes violentas en un año, según los reportes ofrecidos por ONG. Sin embargo, la situación empezó a mejorar en el último quinquenio, según las autoridades.

De interés: Diosdado Cabello asegura que más de 28.000 policías fueron procesados en Venezuela

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«Durante el desarrollo de la operación se produjeron enfrentamientos con integrantes de estas estructuras criminales, en los que resultó neutralizado Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias ‘Niño Guerrero’, cabecilla de una organización criminal», indica el Ministerio de Comunicación e Información de Venezuela mediante un comunicado publicado en X.

Además, indicó que la operación contó con apoyo tecnológico especializado y se desarrolló mediante mecanismos de cooperación e intercambio de información de inteligencia entre las autoridades de ambos países. El Tren de Aragua es una organización delincuencial y objetivo de seguridad continental que durante años autoridades venezolanas negaron o pusieron en duda su plena existencia.

El Ejecutivo que encabeza la presidenta encargada Delcy Rodríguez reafirmó su compromiso con la lucha contra la delincuencia organizada y anticipó que continuará adoptando las medidas necesarias para garantizar la paz, la tranquilidad y la protección del pueblo venezolano.

 

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Horas antes

Previamente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la muerte de Guerrero Flores, considerado el cabecilla del Tren de Aragua, una banda nacida en las cárceles de Venezuela y calificada como terrorista por Washington.

«Bajo mi dirección, el Comando Sur de los Estados Unidos lanzó un enérgico ataque, rápido y letal para ejecutar con éxito a ‘Niño Guerrero’, el infame líder del Tren de Aragua, una de las organizaciones terroristas más sanguinarias del planeta Tierra», dijo Trump en su red social Truth.

Otros miembros de la cúpula

Extraoficialmente circulan versiones sobre que otros integrantes de la cúpula del Tren de Aragua también resultaron eliminados en esta operación.

De interés: Trump informa muerte del “Niño» Guerrero, líder negativo del Tren de Aragua

Con información de EFE Servicios y redes sociales

Fuente de imagen referencial: EFE/Miguel Gutiérrez

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Dado de baja en «ataque cinético rápido y letal»

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el viernes la muerte de Héctor Guerrero Flores, alias «Niño Guerrero», máximo líder de la organización criminal venezolana Tren de Aragua, tras una operación militar ejecutada por el Comando Sur que, según el mandatario, contó con una sorpresiva coordinación con las autoridades de Venezuela.

Respecto a la operación:

A través de un comunicado oficial, Trump calificó la operación como un «ataque cinético rápido y letal» contra el cabecilla.

Héctor Rusthenford Guerrero Flores

El presidente estadounidense, en su red social Truth, suministró la noticia después de rumores en Venezuela que vinculaban una operación en una zona minera del estado Bolívar, con la búsqueda de Guerrero.

Medios internacionales y redes sociales están propagando la información.

“At my direction, the United States Southern Command delivered a swift and lethal kinetic strike to successfully execute Niño Guerrero, the infamous leader of Tren De Aragua, one of the most bloodthirsty Terrorist Organizations on Planet Earth.” – President DONALD J. TRUMP 🇺🇸 pic.twitter.com/3R5IPxhPXX

— The White House (@WhiteHouse) June 13, 2026

Pasadas unas horas, esto dijo el Secretario de Guerra, Pete Hegseth:

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, informó que la coordinación entre las fuerzas de seguridad de su país y Venezuela permitió ejecutar la operación en la que murió Héctor Guerrero Flores, conocido como “Niño Guerrero”.

Hegseth destacó que la acción refleja… pic.twitter.com/P2KkoyKkY7

— Darvinson Rojas Sánchez (@DarvinsonRojas) June 13, 2026

De interés: ONG exhorta a informar el destino de presos tras traslados desde El Helicoide

Con información de redes sociales y medios internacionales

Fuente de imágenes referenciales: Archivo – Capturas de redes sociales

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«No pretendemos que Estados Unidos vaya a resolvernos de un plumazo nuestros casos, pero sí queremos hacerle entender (…) que en el marco de una recuperación de un país y de una recuperación de las relaciones internacionales tiene que pasar por tener un sistema de justicia sano», dijo a EFE la abogada Zimaru Fuentes.

La jurista, que es pariente del militar retirado Larry José Moya, llegó junto a otra decena de familiares de los presos por el llamado caso «PDVSA-Obrero» a las cercanías de la legación estadounidense, donde otro grupo de manifestantes se instaló desde el pasado domingo.

La causa «PSVSA-Obrero» involucra a personas detenidas desde 2024 que no pertenecen a la estatal petrolera y a obreros de bajo rango de la empresa. Fue denunciada ante la prensa por familiares en febrero de este año, sin que las autoridades hayan ofrecido detalles al respecto.

Los familiares han reportado distintas cifras de presos relacionados a este caso: primero hablaron de 170, luego de más de 150 y posteriormente de 160, pero de estos un total de 77 ha salido en libertad después de las distintas medidas otorgadas por mediación del Parlamento o la Defensoría del Pueblo en el marco de la Ley de Amnistía aprobada en febrero de este año.

La gran mayoría de estos presos permanece en la cárcel de Yare, en el estado Miranda.

De interés: Familiares de presos políticos piden apoyo a EEUU desde la embajada en Caracas

Con información de EFE Servicios y redes sociales

Fuente de imagen referencial: EFE/Ronald Peña

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A través de X, la organización detalló que, del total de presos políticos, 357 son hombres y 32 son mujeres. Además, indicó que 225 son civiles y 164 militares.

De este grupo, 388 son adultos y uno es menor de edad, añadió Foro Penal, que lidera la defensa de los presos políticos en Venezuela.

La ONG subrayó que desde 2014 hasta la fecha han registrado 19.133 «detenciones políticas», y estiman que más de 11.000 personas están «sujetas arbitrariamente a medidas restrictivas de su libertad», como la prohibición de salida del país o régimen de presentación periódica ante tribunales, medidas que la organización consideró arbitrarias.

Familiares de presos políticos en Venezuela permanecen a las afueras de la Embajada de Estados Unidos en Caracas para pedir por la liberación de los que siguen detenidos.

Los parientes, que se instalaron cerca de la legación diplomática desde el domingo, denuncian que aún son cientos los presos políticos en el país, luego de cinco meses del anuncio del gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, sobre la liberación de un «número importante» de personas.

El pasado mayo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su gobierno iba a asegurarse de liberar a todos los encarcelados por motivos políticos en Venezuela.

Por su parte, el gobierno de Venezuela niega que en el país haya personas detenidas por motivos políticos y asegura que permanecen encarceladas porque cometieron delitos, una afirmación que rechazan varias ONG y partidos políticos opositores.

De interés: ONG Provea exige transparencia ante megaoperativo militar en el Arco Minero

Con información de EFE Servicios

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«Estados Unidos atacará a Irán esta noche con gran dureza (¡su Marina, Fuerza Aérea, radares, defensa antiaérea y todas las demás formas de defensa, junto con la mayor parte de su capacidad ofensiva, han desaparecido!)», escribió Trump en su red Truth Social.

El mandatario estadounidense insistió en que «algún momento de un futuro no muy lejano», EEUU tomará la isla de Jarg, que alberga la terminal petrolera más importante de Irán, «y otros puntos de infraestructura petrolera» iraní.

«Asumiremos el control total de sus mercados de petróleo y gas, tal como hemos hecho con Venezuela, lo cual está resultando magnífico tanto para Venezuela como para EEUU», aseguró Trump, que tras ordenar la captura del expresidente Nicolás Maduro, acordó manejar las ventas de petróleo venezolano con el nuevo gobierno de Caracas.

Las amenazas del republicano llegan después de que Washington atacara anoche por segundo día consecutivo la República Islámica, tras lo que Teherán respondió con bombardeos contra bases estadounidenses en Kuwait, Jordania y Baréin, y además declaró cerrado el estrecho de Ormuz, estratégica vía de crudo convertida en centro del conflicto.

La peor escalada militar

Esta es la peor escalada militar entre los dos países desde el inicio del alto el fuego el 8 de abril y después de que las conversaciones de paz se hayan estancando sin resultados debido a desacuerdos en cuanto a las condiciones de un acuerdo final.

Trump advirtió esta semana que Irán ha tardado demasiado en negociar y que ahora tenía que afrontar las consecuencias.

Irán, por su parte, afirmó este jueves que estos últimos ataques estadounidenses «han dejado sin efecto en la práctica el alto el fuego» y responsabilizó a Washigton de las «peligrosas consecuencias» de estas acciones.

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Con información de EFE Servicios

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«Si alguien ha enfrentado la corrupción hemos sido nosotros, tratamos de hacer el trabajo en secreto, en silencio, como debe ser. En los últimos dos años han sido retirados de los organismos (policiales) y pasados a juicio (…) 28.314 funcionarios», dijo Diosdado Cabello durante un acto con motivo de la «gran» consulta sobre la reforma del sistema de justicia que propuso la presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez.

En el acto transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), el número dos del oficialismo indicó que otro problema que enfrenta el sistema es «la discrecionalidad con la que trabajan las policías estadales y municipales».

Problemas de corrupción y retardo procesal

Venezuela comenzó el pasado 1 de junio un proceso de consulta nacional para reformar su justicia penal, con la puesta en macha de un plan para discutir nueve «grandes temas», entre ellos el retardo procesal, el acceso a la justicia, así como la ética y la independencia del Poder Judicial, acusado por opositores de estar al servicio del gobierno.

El proceso inició por orden de la presidenta encargada, luego de denunciar y reconocer problemas de corrupción y retardo procesal.

Según dijo la propia presidenta el pasado 23 de mayo, tras un primer análisis, se encontraron tres grandes desafíos, entre ellos, los dos mencionados anteriormente y la criminalización de la pobreza, luego de determinar que el 68 % de las personas encarceladas en el país son de estratos económicos y sociales «menos favorecidos.

El fiscal general, Larry Devoe, explicó el pasado 1 de junio, durante la instalación de la consulta, que este proceso se hará para escuchar la opinión de todos los sectores e involucrados en el funcionamiento diario del sistema de justicia penal como comunidades organizadas, movimientos de derechos humanos, mujeres, campesinos, indígenas, jóvenes y trabajadores.

Devoe, quien fue nombrado fiscal el pasado abril, dijo que se discutirán nueve grandes temas: la política criminal en la Venezuela del siglo XXI, el acceso a la justicia, la ética, la autonomía y la independencia, las garantías del debido proceso y la celeridad procesal, la eficiencia y la calidad en la organización y funcionamiento del sistema de justicia penal.

Igualmente, debatirán sobre el talento humano del sistema de justicia penal, la infraestructura, equipamiento y dotación del sistema y las herramientas tecnológicas para el acceso a la justicia.

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