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DOBLE LLAVE – El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) documentó 10.477 protestas durante el primer semestre de 2019, equivalente a un promedio de 58 diarias. Esta cifra representa un incremento de 97% en comparación con el mismo período de 2018 y 112% en relación a 2017.

El balance realizado por el OVCS durante el primer semestre de 2019 pone en evidencia la gravedad de la Emergencia Humanitaria Compleja en Venezuela y como los derechos humanos de los ciudadanos son cada vez más vulnerados sin que existan mecanismos efectivos para su reivindicación.

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El colapso de los servicios públicos, acceso a medicinas e insumos médicos, alimentos, entre otros factores, agudizó de manera acelerada e insostenible la crisis venezolana. La situación humanitaria requiere atención urgente, la ayuda que ingresó hasta el momento es insuficiente frente a las necesidades de la población, por lo que las autoridades deben avanzar hacia una respuesta coordinada con órganos técnicos especializados, para resarcir la afectación a los derechos sociales y que los venezolanos puedan ver garantizado un nivel de vida adecuado y digno.

La Organización de Naciones Unidas (ONU), a través de la Oficina del Alto Comisionado (OACNUDH), expuso ante el mundo, en su más reciente informe difundido el 04.07.19, la existencia de graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos en Venezuela, tanto en materia de derechos económicos y sociales como civiles y políticos, a consecuencia de la reducción del espacio democrático por la implementación de leyes, políticas y prácticas que buscan neutralizar, reprimir, criminalizar y atemorizar a la población.

El organismo confirmó las violaciones al derecho a la alimentación y el debilitamiento de los sistemas de producción y distribución como consecuencia de las políticas adoptadas en la última década; así como la gravedad del tema de salud y la falta de acceso a medicinas. La crisis en salud sigue agudizándose, una muestra de ello es la muerte durante el mes de mayo de 4 niños pacientes del Hospital J.M. de Los Ríos, en Caracas, mientras se encontraban a la espera de recibir un trasplante de médula ósea.

La crisis que padecen las familias venezolanas transciende del ámbito nacional al plano internacional. Los gobiernos de la región son testigos de una migración forzada de venezolanos generada por las precarias condiciones de vida y las graves violaciones de derechos humanos en el país. 4.054.870 personas se vieron forzadas a dejar el país, según el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), cuyo riesgo de aumentar es latente mientras no se tomen los correctivos de manera urgente.

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Quienes permanecen en Venezuela se mantienen en las calles exigiendo el respeto y garantía de sus derechos, más allá de la represión, miedo, discriminación, indolencia y apatía que el régimen de Maduro implementa como Política de Estado en el país.

Bárbara Méndez / @barbie_zml

Con información de nota de prensa

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