«Guerra contra el hampa genera más homicidios»

DOBLE LLAVE – En américa latina el homicidio es uno de las principales delitos que atenta contra la población civil, siendo los más jóvenes el principal blanco de estas acciones.

Tal y como lo revela el Centro de Investigación del Delito Organizado a pesar de haber experimentado una significativa reducción en la violencia en 2016 dentro de la región, El Salvador vuelve a ser una vez más el país más violento de Latinoamérica. La Policía Nacional Civil registró 5.278 asesinatos el año pasado, lo que representa una tasa de homicidios de 81.2 por cada 100.000 habitantes, por debajo de los 104 por 100.000 en 2015.

Por su parte, en Venezuela, la fiscal general de la República Luisa Ortega Díaz, reconoció que en 2016 hubo 21.752 homicidios intencionales en 2016, en los cuales 12.069 de las víctimas tenían entre 15 años y 30 años de edad (55,48%), y 122 fueron feminicidios. “Un trágico saldo que atenta contra nuestra generación de relevo”, dijo en la presentación del Informe Anual de su despacho presentado el pasado mes de marzo.

En una conferencia ofrecida recientemente en Caracas por Benjamin Lessing, profesor de la Universidad de Chicago en Estados Unidos y experto en políticas públicas enfocadas en materia de criminalidad, asegura que si bien en el país no existe es una guerra civil tiene características parecidas.

“El riesgo tanto en Venezuela como en toda la región es que algunas pandillas puedan tomar una actitud de guerra”, señaló.

En el país como parte de un proceso de pacificación fueron creadas las llamadas Zonas de Paz en septiembre de 2013 como parte de un plan de Gobierno denominado Movimiento por la Paz y por la Vida.  A la cabeza del proyecto para esa fecha estuvo el viceministro de Seguridad Ciudadana, José Vicente Rangel Ávalos.

Según la información de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (Unes) las Zonas de Paz fueron creadas con la finalidad de que «todos los movimientos sociales, colectivos, comunidades organizadas y personas, tengan voz sobre las acciones que el Gobierno Bolivariano adelanta en materia de seguridad ciudadana«.

La selección de dichos estos territorios se hizo a partir de un estudio elaborado por el Gobierno Nacional que indica cuáles son los municipios que presentan mayor índice de criminalidad a nivel nacional. Para el momento se contabilizaron 79 municipios.

Zona de Paz, cota 905 Caracas / AVN

Esas zonas francas han sido criticadas por diversos expertos en la materia por no cumplir la premisa básica de capacitar a los involucrados en hechos delictivos y proporcionarle la oportunidad de reinsertarse en la sociedad.

“En base a la experiencia dentro de las comunidades reconocemos que la guerra armada frontal por parte de la autoridad contra el hampa es problemática políticamente y es generadora de más homicidios. Las armas crean las condiciones para que hayan más homicidios. Al final estos conflictos pueden generar una guerra civil y complicar aún más las cosas”.

Lessing destaca que el policía de barriadas es una estrategia que funcionó en el caso brasileño, donde un civil recibía entrenamiento para manejar conflictos dentro de su comunidad y tenía el apoyo directo de los cuerpos de seguridad.

“Tenemos muy buenas experiencias donde el trabajo mancomunado del policía de barriada, quien detecta las tensiones entre grupos de poder de zonas populares en su mayoría y que trabaja con especialistas que se insertan en la comunidad prestando apoyo psicológico, talleres, porque a final de cuentas se desea pacificar con el apoyo de los elementos internos de esos mismos sectores, para poder propiciar el cambio”.

Por su parte Desmond Arias, profesor de George Mason University de los Estados Unidos; y experto en seguridad en América Latina y el Caribe señaló, en una reciente visita al país donde compartió con Lessing, explicó que es necesario el conocimiento profundo de la criminalidad para desarrollar políticas en la materia que puedan evolucionar a través del tiempo.

Gracias a su investigación centrada en la seguridad y política en América Latina y el Caribe indicó que utilizar la tecnología para combatir el delito es una actividad vital que deben hacer los gobiernos.

“Hemos descubierto que al usar datos georeferenciados de las comunidades donde ese delito está más presente es una forma expedita para desarrollar un trabajo que permita incidir es un cambio real dentro de esas comunidades. Según nuestro trabajo hecho en Río de Janeiro, descubrimos que los verdaderos focos de homicidios siempre estaban presentes en comunidades específicas por lo tanto el cambio necesario debe comenzar desde adentro, utilizando la inteligencia de las propias comunidades, sus líderes, ellos son vitales para prevenir las riñas que con el tiempo evolucionan a bandas y terminan controlando a través del miedo a un sector”, destacó.

Rafael Arias

Fotografía Reuters