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DOBLE LLAVE – El defensor del pueblo de Colombia, Carlos Camargo, alertó este martes 1 de diciembre que grupos armados reclutaron a 83 menores de edad entre el 17 de marzo y el 30 de septiembre, en el marco de la pandemia de COVID-19.

La Defensoría del Pueblo colombiana detalló que de los 83 casos conocidos, de 23 se tuvo constancia gracias a defensores comunitarios; otros 23 por oficinas de la Defensoría del Pueblo; de seis por organizaciones no gubernamentales; de dos por la ONU; y de los 29 restantes por otras entidades.

En un comunicado, el organismo colombiano precisó que 21 de estos menores fueron reclutados en Caquetá; 19 en Cauca; ocho en Putumayo; siete en Antioquia; y seis en Arauca. Además, se conoció que cuatro fueron reclutados en Chocó; tres en Amazonas y Córdoba, respectivamente; dos en Huila, meta, Vichada y Nariño y un caso en Bolívar, Boyacá, Cundinamarca y Tolima. Del total, un 80 % ocurrieron en zonas rurales.

Las edades de las víctimas oscilan entre los ocho y los 18 años. De ellos, el 33 % son menores de 14 años y un 59 % son varones, 49 en total. Además, 20 son indígenas y dos afrodescendientes.

Respecto a los grupos armados autores del reclutamiento de estos menores, el informe revela que la mayoría fue obra de facciones de las disidencias de las FARC-EP, que reclutaron al 63 % del total, 54 menores.

Tras estas se ubican el Ejército de Liberación Nacional (ELN), con seis; grupos armados del crimen organizado, con cinco; grupos posdesmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), con otros cinco; disidencias de Grupos Armados Organizados Residuales (GAOR 36), con dos; y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, con uno. No se tiene información de diez de los casos.

Otros delitos con menores de edad

Además del reclutamiento forzado, el trabajo se hace eco de otros delitos de los que son víctimas los menores de edad colombianos, como el desplazamiento forzado, con 18 casos; amenazas, 16; desapariciones forzadas, tres; violencia sexual, dos; lesiones personales, dos; y otros delitos, sufridos por 16 niños.

En este sentido, Camargo pidió a los grupos armados que “respeten los Derechos Humanos de los colombianos” y “se acabe el flagelo del reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes”.

A juicio de la Defensoría del Pueblo, es necesario formular estrategias de “generación de ingresos” que contribuyan a la satisfacción de las necesidades básicas tanto de menores como de sus familiares y/o cuidadores.

Asimismo, consideran vital ampliar la oferta de oportunidades “desde la legalidad” que les permita generar proyectos de vida “posibles y adecuados” a sus expectativas, de manera que perciban más y mejores condiciones de protección contra las amenazas de los grupos armados ilegales.

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Gabriela Morales

Con información de dpa

 

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