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El gobierno venezolano afirmó que la medida de estado de excepción aplicada en la región de Táchira, en la frontera con Colombia, restringirá algunas garantías constitucionales, pero preservando los derechos humanos.
En el primer día de restricción de garantías, ordenada por el presidente Nicolás Maduro en respuesta a un ataque atribuido a paramilitares y contrabandistas que dejó tres soldados heridos, las autoridades dijeron que 185 ciudadanos sin documentos fueron deportados y ocho sospechosos de pertenecer a un grupo irregular armado fueron detenidos, incluyendo a dos menores de edad sospechosos de pertenecer a una banda de paramilitares.
La medida se suma al cierre de los pasos fronterizos hacia Colombia, que en principio iban a tener una duración de 72 horas, pero que Maduro extendió por tiempo indefinido.
El presidente dijo el pasado sábado que no reabrirá la frontera «hasta tanto no se restablezca la normalidad, la paz y la legalidad». «Digan lo que quieran, pero no voy a abrirla, es mi responsabilidad», aseveró en un discurso transmitido en cadena de radio y televisión.
El gobernador oficialista del estado central de Aragua, Tareck El Aissami, quien fungió como portavoz del gobierno, señaló que el estado de excepción está previsto en la Constitución y que se aplica por las «circunstancias terroristas que se han vivido en el estado de Táchira durante las últimas horas».
Dijo que con la medida se propone proteger a los venezolanos y garantizar paz y orden público en cinco municipios de Táchira que son fronterizos con Colombia.
«Estamos tomando este decreto para restringir las garantías, pero preservando los derechos inherentes a la condición humana. Además, este decreto establece los mecanismos para que las personas puedan ejercer sus derechos en estos municipios. Es un decreto temporal de 60 días prorrogables y es una decisión que tomará en su momento el presidente», señaló.
Agregó que el Estado puede disponer de las medidas oportunas para atender eficazmente el contrabando, la violencia delictiva y garantizarle a la población el goce de sus derechos.
El Aissami dijo que entre las garantías suspendidas en los municipios fronterizos están la inviolabilidad del hogar, la inviolabilidad de las comunicaciones privadas, la libertad de tránsito y de reunión pública, el derecho a la manifestación pacífica y la libertad económica.
«Esta actividad se ha llevado a cabo con una excelente organización, se han hecho algunas detenciones y han sido tratados como manda la ley, van al Ministerio Público y luego a un juez», explicó, refiriéndose a los ocho detenidos que, según dijo, «se presume que son de la banda paramilitar colombiana Los Urabeños, que operaban en esa área».
El jefe militar de la zona, general José Morantes, informó que en la operación participan unos 2.500 efectivos, militares y policiales, para enfrentar la «mafias paramilitares». Dijo que en algunas zonas la policía y los soldados «entraron a las casas y revisaron una por una».
LS
Con información de dpa.
Fotografía REUTERS/Carlos Eduardo Ramirez.
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