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Más de mil colombianos que vivían en ciudades fronterizas, en el estado Táchira, han sido deportadas por Venezuela en operativos conjuntos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y la Fuerza Armada en los últimos cinco días, según denunció Amnistía Internacional (AI) en un comunicado.
AI mostró una “especial preocupación” por los informes que indican que grupos familiares han sido separados, lo que ha producido que niños queden abandonados en Venezuela después de la expulsión de sus padres a Colombia.
Por ello, pese a reconocer que el Estado tiene el deber de mantener la seguridad y el orden público, recordaron que las acciones destinadas a garantizarlas “no pueden resultar en violaciones de derechos humanos”.
Asimismo, agregaron que los procedimientos de expulsión o deportación “deben contener todas las salvaguardas previstas en los instrumentos legales internos y ajustarse a las normas internacionales de derechos humanos”.
La organización también reclamó que se tomen medidas para garantizar que los funcionarios de inmigración y el personal militar lleven a cabo las detenciones, deportaciones o expulsiones con el debido respeto a los derechos humanos.
En este sentido pidieron que todas las denuncias de abuso se investiguen sin demora y de forma independiente e imparcial.
Los deberes internacionales obligan a Venezuela a “proteger el derecho a la vida, a la integridad física, al debido proceso y a la protección judicial entre otros, aun cuando rige un estado de excepción”, concluyó AI.
Por otro lado, la Unión Europea (UE) también se mostró “preocupada por la situación y por las noticias sobre actos violentos en la frontera entre Venezuela y Colombia”, señaló un portavoz del Servicio de Acción Exterior.
“Esperamos que los dos países puedan cooperar eficazmente para hacer frente al reto actual en la región fronteriza”, agregó.
LS
Con información de El Estímulo.
Fotografía REUTERS/Carlos Garcia Rawlins.
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