Las solicitudes de la ONG

A través de la red social X, Provea instó a las autoridades a publicar detalles urgentes sobre la intervención:

El alcance real de la operación militar.

El número de personas detenidas y su situación legal.

La condición y seguridad de los civiles que residen en el área.

Asimismo, solicitó la intervención de la Defensoría del Pueblo para supervisar el despliegue y garantizar el respeto a los derechos humanos, recordando que operativos previos de este tipo en zonas populares y mineras «dejaron cientos de abusos, incluidas ejecuciones extrajudiciales».

Zozobra por despliegue de helicópteros

Organizaciones como SOS Orinoco y fuentes locales confirmaron a la agencia EFE el despliegue de efectivos y helicópteros artillados de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) con el objetivo de desalojar a los líderes de los llamados «sindicatos mineros» (bandas armadas), mencionando específicamente a alias «el Juancho», uno de los jefes de la zona.

Los reportes indican que se han escuchado ráfagas de disparos en los yacimientos de oro de Las Brisas, Las Claritas y el Kilómetro 88, lo que ha generado un clima de profunda zozobra e incertidumbre en la población civil.

El contexto económico y legal

Hasta el momento no existe un pronunciamiento oficial de las autoridades sobre este despliegue. No obstante, el operativo coincide con dos hechos clave recientes:

Nueva Ley de Minas: La intervención militar ocurre dos meses después de aprobarse un marco legal que abre las puertas a inversores extranjeros en estas áreas.

Inversión internacional: Recientemente, el Ejecutivo firmó un memorando de entendimiento con la empresa estadounidense Heeney Capital (asociada a la suiza Mercuria Energy Group) para proyectos en el Arco Minero.

Provea enfatizó que el histórico abandono del Estado en la región «no puede ser sustituido mediante la actuación pendular basada en el uso excesivo e indiscriminado de la fuerza pública», recordando la obligación constitucional de salvaguardar la vida, integridad y debido proceso de todos los habitantes.

De interés: ONG JEP acusa a la Fiscalía de intentar dar un «carpetazo» al caso de Víctor Quero

Con información de EFE Servicios

Fuente de imagen referencial: Alerta Venezuela / Cortesía

¡Sigue nuestras noticias en Google! Para obtener información actual, interesante y precisa. Haz clic aquí y conoce todos los contenidos de DOBLE LLAVE. Encuéntranos también en X/Twitter e Instagram

Esta preocupante situación fue resaltada durante el informe final del Comité, el cual evaluó la situación en Venezuela y el grado de cumplimiento de la Convención Internacional para la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres.

El informe reveló que las mujeres indígenas, afrodescendientes y migrantes son particularmente vulnerables a este delito. El Comité recibió denuncias que indican la existencia de formas contemporáneas de esclavitud, como el tráfico sexual y el trabajo infantil en áreas mineras.

Entre las zonas identificadas como problemáticas se encuentran el Arco Minero del Orinoco y las zonas fronterizas con Colombia y Brasil, donde operan grupos armados y delictivos que están vinculados a la extracción ilegal de recursos naturales.

Venezuela debe promulgar una ley contra el tráfico de personas

Ante esta situación alarmante, el Comité subrayó la necesidad de promulgar una ley integral que aborde específicamente el tráfico de personas. Además, instó a las autoridades venezolanas a publicar un plan nacional detallado sobre esta problemática, así como a recopilar y proporcionar datos precisos sobre los casos de este delito y la explotación con fines de prostitución.

Es fundamental que se tomen medidas concretas para proteger a las mujeres y niñas venezolanas de esta forma de violencia y explotación. La implementación de una legislación integral, junto con un enfoque holístico que aborde las causas subyacentes del tráfico de personas, es crucial para prevenir y combatir eficazmente este flagelo.

Además, se requiere una estrecha colaboración entre las autoridades nacionales, la sociedad civil y las organizaciones internacionales para garantizar la protección de los derechos humanos de las mujeres y niñas en Venezuela.

#Venezuela | ONU alertó sobre presuntas deficiencias para prevenir tráfico de personas https://t.co/ASls2Z18Sq

— VPItv (@VPITV) May 31, 2023

e interés: Rusia se plantea reclutar a hombres con antecedentes penales para su Ejército

Gabriel Velásquez