Según el informe presentado por Khan, el Estado venezolano no ha demostrado que la CPI carece de jurisdicción y que las investigaciones presentadas por Venezuela «no reflejan suficientemente la investigación prevista por la Corte» porque, a su juicio, no se han hecho averiguaciones reales contra la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad en el país.

Así, dicha la Fiscalía considera que hay una «base razonable» para pensar que en Venezuela sí hubo vulneraciones a los derechos fundamentales de los ciudadanos, que deben ser ser investigadas a fondo y ser procesadas en caso de ser necesario.

Sin embargo o no obstante, reconoció los esfuerzos del Estado para adelantar procesos legales y esclarecer los hechos, pero advierte que han sido pocos en relación a la cantidad de denuncias y que las investigaciones solo tocaron a funcionarios de bajo rango y autores materiales, sin escalar a otras instancias responsables a nivel intelectual.

Aspectos resaltantes del documento de la CPI

#SepaQue La Fiscalía de la Corte Penal Internacional desestimó cada uno de los argumentos presentados por el gobierno de Nicolás Maduro, que pretendían negar que en Venezuela se cometieron delitos y ataques sistemáticos contra la población civil. https://t.co/qMaxZ2FORT

— Efecto Cocuyo (@EfectoCocuyo) April 1, 2023

La Fiscalía de la CPI refutó el argumento del Estado respecto a la transitoriedad de las detenciones durante las manifestaciones, alegando que el hecho de argumentar que fue un tiempo breve el que estuvieron tras las rejas los manifestantes, «no desaplica los elementos materiales para la privación de la libertad física».

De igual forma, indica que para que haya una acusación de supuesta tortura, obligatoriamente la víctima tiene que estar bajo custodia o bajo control de quien ejerce la acción, por lo que la Fiscalía de la CPI señala que grupos civiles armados pueden ejercer este tipo de acciones al igual que funcionarios adscritos a cuerpos de seguridad.

En el documento-respuesta se diferencia también y señala que los delitos por tratos crueles y violación u otras formas de violencia sexual, se componen de elementos distintos y contemplan diferentes intereses y daños protegidos.

«Una investigación o condena por los delitos anteriores puede no abordar necesariamente todos los mismos hechos ni reflejar el daño diferenciable sufrido por una víctima del delito de violación o de otras formas de violencia sexual», señala el texto.

Además, refuta que exista incertidumbre respecto al delito de persecución, como alega el Ejecutivo venezolano, y recuerda que es considerado un crimen desde 1945.

Le puede interesar: Trama de corrupción en PDVSA: Fueron imputados los detenidos y aprehensiones llegaron a 27

DOBLE LLAVE

Con información de Unión Radio, agencias, medios nacionales e internacionales y redes sociales

Fuente imagen referencial: Human Rights Watch, vía web

Visita nuestro canal de noticias en Google News y síguenos para obtener información precisa, interesante y estar al día con todo. También en Twitter e Instagram puedes conocer diariamente nuestros contenidos

A través de un comunicado publicado en su página oficial, la CIDH hizo un llamado a observar los estándares internacionales sobre el uso de la fuerza, así como a investigar, juzgar y sancionar la práctica sistemática de esta grave violación de derechos humanos.

Hicieron referencia a la información pública de la primera quincena del 2022, en la que se demuestra que “agentes de seguridad del Estado estuvieron involucrados en al menos 27 asesinatos, patrones y números que coinciden con los registrados por la Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela y la Organización de Estados Americanos”. Estos hechos ocurridos en el marco de operativos de seguridad ciudadana.

Asimismo, apuntan que 80 % de las víctimas tenían menos de 25 años, 99 % eran hombres en situación de pobreza y 80 % de los casos hubo algún tipo de amenaza o intimidación contra los denunciantes.

Incidentes de “resistencia a la autoridad”

La CIDH observa que estas muertes podrían configurar ejecuciones extrajudiciales, conforme a estándares interamericanos. Adicionalmente, encuentra preocupante que el Estado venezolano presente gran parte de estas muertes violentas como incidentes de “resistencia a la autoridad”, señaló el comunicado.

En este sentido, la CIDH reiteró que “los Estados no pueden permitir que agentes de seguridad fomenten prácticas que reproduzcan el estigma de que jóvenes en situación de pobreza están necesariamente vinculados a la delincuencia”.

Le puede interesar: Ministro del Interior de Perú renunció al no sentirse respaldado por Castillo

Gabriela Morales

Con información de agencias de noticias y medios internacionales

“A partir del año 2017 en relación a violación de derechos humanos, más allá del marco de las manifestaciones, van 188 condenatorias”, dijo en entrevista concedida a Telesur.

Asimismo, el fiscal afirmó que «el que no la debe no la teme» y que los órganos judiciales “han hecho justicia y han evitado la impunidad”.

De esta manera, el representante principal y vocero del Ministerio Publico (MP), señaló que la investigación de la CPI se deberá llevar “con el debido proceso entre las partes y con la información que queremos conocer”.

#EnVideo📹| Fiscal General, @TarekWiliamSaab detalló lo que significa, que se dé el desarrollo de la investigación a Venezuela en territorio venezolano.#VenezuelaGarantizaLaJusticia pic.twitter.com/ggMAuwoVdT

— VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) November 4, 2021

Por otra parte, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), diputado Diosdado Cabello, expresó el miércoles que Venezuela pedirá una revisión de la decisión de abrir una investigación por las denuncias de crímenes de lesa humanidad.

Le puede interesar: Fiscalía de la CPI procederá con investigación en el caso de Venezuela

Gabriela Morales

Con información de agencias, medios nacionales y redes sociales

A través de un vídeo difundido en su cuenta en Twitter, las autoridades policiales españolas precisaron que Carvajal se encontraba en una residencia en la ciudad de Madrid, donde “vivía totalmente enclaustrado, sin salir al exterior ni asomarse por la ventana”. El exmilitar era custodiado por su personal de confianza.

Carvajal, quien fue jefe de la Dirección de Contrainteligencia Militar de Venezuela (DGCIM), se encontraba en paradero desconocido desde noviembre de 2019, luego de que la Audiencia Nacional acordara su extradición a Estados Unidos. Sin embargo, el Consejo de Ministros aprobó la entrega al país norteamericano en marzo de 2020.

Actualmente, se encuentra en la lista estadounidense de los más buscados, por supuesta relación con narcotráfico, terrorismo, violación de derechos humanos, delitos de lesa humanidad, concierto para delinquir y tráfico de influencias.

Cabe destacar que, por información que se diera con su paradero, el gobierno estadounidense ofreció una recompensa de 10 millones de dólares.

🚩Detenido esta noche en #Madrid el «Pollo Carvajal», prófugo de la justicia y buscado para su extradicción a #EEUU. Vivía totalmente enclaustrado, sin salir al exterior ni asomarse a la ventana, y siempre protegido por personas de confianza.#SomosTuPolicia pic.twitter.com/U7D7iKkQDg

— Policía Nacional (@policia) September 9, 2021

Le puede interesar: Cabo Verde aprobó la extradición a EE.UU. de Alex Saab

Gabriela Morales

Con información de medios nacionales venezolanos y redes sociales

El informe Tendencias Globales 2020 de la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) precisó que más de los dos tercios de todos los refugiados y desplazados en el extranjero provienen de solo cinco países: Siria (6,7 millones), Venezuela (casi 6 millones), Afganistán (2,6 millones), Sudán del Sur (2,2 millones) y Myanmar (1,1 millones).

Esta alza se dio pese a que el 2020 fue un año histórico, donde “todo el mundo se paró a causa de la pandemia; excepto los conflictos, las guerras, las persecuciones, las discriminaciones, que son la causa de este exilio, de las personas desplazadas forzadas y de refugiados”, destacó el alto funcionario de la ONU.

El número de personas desplazadas en el mundo por razones de fuerza aumentó un 4 % respecto a las 79,5 millones registradas en el 2019

Hay 16 millones de refugiados en las Américas

“En la región de las Américas, del Norte, Caribe, del Sur, tenemos alrededor de 16 millones de refugiados y desplazados (…) tanto entre país como desplazados internos”, dijo Grandi.

Asimismo, destacó que entre los grandes desplazamientos en el continente está el de los venezolanos, “casi 6 millones de personas que dejaron su país y que están en todo el continente y en Europa también”.

Por otra parte, se encuentra la crisis compleja del norte de Centroamérica, con un millón de personas refugiadas de Honduras, El Salvador y en menor parte de Guatemala; “desplazadas entre los países, desplazadas internas en algunos de estos países, y refugiadas en otros como México y Estados Unidos”.

Campañas xenófobas disminuyen la solidaridad

En todo el mundo y, menos pero también en América Latina, se han realizado muchas campañas políticas contra los refugiados y migrantes; lo que ha provocado una “situación de xenofobia, de rechazo en muchos países”, afirmó Grandi.

Tradicionalmente, aseveró el Alto Comisionado, en América Latina hay “una apertura, una solidaridad hacia los refugiados, las personas que se huyen a causa de guerra o de persecución”.

“Los países de la región latinoamericana son muy solidarios pero tienen muchas necesidades de recursos internacionales para complementar lo que se hace en cada país”, agregó Grandi.

Actualmente, el 1 % de la humanidad está desplazada y hay el doble de personas desplazadas forzosas que en 2011, cuando el total era algo inferior a los 40 millones

Le puede interesar: La nieve cubrió a la ciudad argentina de Córdoba por primera vez en 14 años

Gabriela Morales

Con información de agencias y medios internacionales