«Estamos aprobando una ley fundamental que conforme una nueva forma de atender el despliegue, el acatamiento de las órdenes, el desplazamiento de las tropas y, sobre todo, la conjunción entre pueblo y Fuerza Armada», dijo el presidente de la AN, Jorge Rodríguez, durante la sesión ordinaria, transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

La ‘Ley del Comando para la Defensa Integral de la Nación’ -que debe ser publicada en Gaceta Oficial para que entre en vigencia- prevé, entre otras acciones, la recopilación de información por parte de los comités de trabajo de los Órganos de Dirección para la Defensa Integral (ODDI), con el objetivo de «identificar patrones, tendencias y potenciales riesgos que permitan determinar la gravedad e impacto de las amenazas contra la seguridad de la nación».

Los ODDI son, según explicó Maduro en enero pasado, «instancias de planificación, coordinación, integración y ejecución de todos los poderes del Estado», para garantizar «el derecho a la paz».

El mes pasado, el diputado Giusseppe Alessandrello, quien presentó entonces el proyecto, explicó que la ley tiene por objeto «establecer las líneas estratégicas para el funcionamiento» de los ODDI.

Alessandrello indicó entonces que la ley establece que estos órganos están presentes a nivel municipal, estatal y nacional y tiene, entre sus «fines primarios», el cumplimiento de lo que «señala la Constitución con relación a la corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad en defensa de la nación».

El Gobierno de Venezuela anunció este martes un nuevo despliegue militar que incluye «medios terrestres, aéreos, navales, fluviales», así como sistemas de armas y otros para enfrentar las que considera como «amenazas imperiales».

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El acuerdo, suscrito el pasado mayo por Maduro y su homólogo ruso, Vladímir Putin, tiene «una vigencia de diez años y se renovará automáticamente cada cinco, con la intención de afianzar la estructura de la asociación estratégica», y abarca, principalmente, los sectores financiero y energético, indicó Prensa Presidencial.

Entre sus objetivos, destacó el «desarrollo de mecanismos que faciliten el comercio y la inversión sin dependencia de sistemas financieros occidentales«, la colaboración «en sectores vitales como petróleo, gas y minería» y una «mayor coordinación» en organismos internacionales como la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y el Foro de Países Exportadores de Gas (FPEG).

El canal estatal Venezolana de Televisión (VTV) transmitió imágenes de la firma, durante un encuentro de Maduro con el embajador ruso en Caracas, Sergey Mélik-Bagdasárov, a quien el mandatario expresó que se trata del «mejor regalo» para ambas naciones aliadas, que cuentan, dijo, con una «asociación estratégica de cooperación cada vez más sólida y fuerte».

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Trump, que por meses ha amenazado a las farmacéuticas con gravámenes, considera estas tasas como una medida de presión para que estas empresas del sector inviertan en el país y aumenten la producción local de medicinas esenciales.

El mandatario también ha expresado que esta es otra manera de reducir los costos que pagan los estadounidenses por medicamentos, algo que los analistas ponen en duda.

Competencia desleal

Trump también informó que a partir del 1 de octubre los camiones pesados tienen tarifas del 25 %, impuestas debido a la «competencia externa desleal» que las importaciones de estos equipos suponen para los fabricantes estadounidenses.

La Administración no ha especificado detalles sobre las nuevas medidas o si estos montos se acumularán sobre los aranceles «recíprocos» que ya pesan sobre la mayoría de los socios comerciales de EE.UU.

En el caso de los camiones pesados, se espera que la medida no afecte prácticamente a este tipo de vehículos procedentes de México y Canadá, ya que están incluidos en el tratado T-MEC siempre que al menos el 64 % de sus partes hayan sido fabricados en Norteamérica.

Pero sí se prevé que estos aranceles pesen especialmente sobre China, Vietnam y Tailandia, que juntos representan más del 70 % de las importaciones estadounidenses de camiones de gran tonelaje.

Excepciones a los aranceles

El propio Trump ha insistido en que los aranceles no serán aplicados a los medicamentos genéricos y las farmacéuticas que tengan proyectos de construcción en marcha, incluidos los anteriores a su Administración.

Grandes empresas como Eli Lilly y Pfizer han anunciado inversiones millonarias para la construcción, reubicación y expansión de sus fábricas, por lo que está previsto que eviten las tasas.

La Casa Blanca especificó a la CNN que honrará los acuerdos firmados con la Unión Europea y Japón, que limitan los aranceles al 15 %, un respiro para las europeas AstraZeneca, GSK, Novartis, Sanofi y Novo Nordisk.

El 1 de octubre debían entrar en vigor también las tarifas de entre el 30 % y el 50 % a las importaciones de mobiliario del hogar, tal y como anunció Trump esta semana, pero su Administración dijo este martes que aplazaría su aplicación al 14 de octubre, cuando también se activará un nuevo arancel del 25 % sobre la madera blanda.

Para los muebles, la subida será gradual y comenzará en un 25 %, que subirá a partir del 1 de enero de 2026 al 30 % para algunos muebles tapizados y hasta el 50 % en el caso de los gabinetes de cocina, tocadores de baño y otros productos relacionados.

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La resolución fue aprobada por el Consejo Mercado Común (CMC), órgano de decisión política del Mercosur, en la víspera de la cumbre semestral de jefes de Estado del bloque que acoge Buenos Aires.

«El Consejo del Mercado Común decidió ampliar las listas nacionales de excepciones al arancel externo común de los Estados partes signatarios del Tratado de Asunción», anunció Werthein, quien destacó, al inicio de la cumbre, que «se trata de una decisión de gran relevancia porque introduce flexibilidad, manteniendo un esquema compartido».

«Se habilita de ese modo la adaptación de cada país, según sus prioridades, a las nuevas realidades del comercio internacional, sin perder un horizonte común», añadió el canciller anfitrión de la cumbre.

La medida da mayor margen de maniobra a los países miembros del Mercosur ante los vaivenes suscitados por la guerra comercial global.

El comercio del bloque -fundado en 1991 por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay- se rige por un arancel externo común (AEC), con alícuotas (proporciones) que van desde el 0 al 35 %, pero desde 2010 cada miembro del Mercosur cuenta con una Lista Nacional de Excepciones (LNE) al AEC en una cantidad limitada de productos que puede cambiar cada seis meses, previa notificación a sus socios.

Listas provisionales del Mercosur

Actualmente, Argentina y Brasil pueden incorporar hasta finales de 2028 un total de hasta 100 códigos en sus respectivas LNE, mientras que Uruguay puede llegar a tener en su lista 225 productos hasta finales de 2029, y Paraguay, 649, pero con un plazo que vence a finales de 2030.

La resolución aprobada mantiene este esquema para aplicar aranceles mayores o inferiores al AEC, pero habilita a los países a añadir una LNE «temporaria» para «la adaptación al nuevo contexto internacional».

En esas listas provisionales cada país tendrá la posibilidad de incluir 50 códigos arancelarios en los que se podrán reducir las alícuotas respecto al AEC.

Su vigencia también será diferente para cada socio: Argentina y Brasil podrán hacerlo hasta diciembre de 2028; Uruguay, hasta finales de 2029; y Paraguay, hasta que concluya 2030.

Esta ampliación dará mayor margen a países como Argentina, que han expresado su voluntad de negociar acuerdos de reciprocidad arancelaria con Estados Unidos.

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Según lo estipulado en la licencia otorgada por el gobierno de EE.UU., esto significa la extensión del permiso por un lapso de seis meses. Por lo que la vigencia del permiso se prolongaría hasta el 1 de agosto de 2025.

Previamente, el presidente estadounidense, Donald Trump, había ordenado revocar la licencia de operaciones a Chevron en Venezuela. No obstante, su decisión y anuncio parece no haberse concretado, debido a la no modificación en la normativa, informan despachos noticiosos internacionales y diferentes medios de comunicación.

Más sobre la licencia para Chevron

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos -contrariamente- informó este domingo 2 de marzo, que se alista para poner fin a las licencias que permiten las operaciones de Chevron en Venezuela, única petrolera estadounidense en el país.

“El Departamento del Tesoro se prepara a tomar medidas para liquidar la Licencia General 41 y otras licencias específicas según corresponda”, señaló el organismo mediante un breve pronunciamiento en la sección de preguntas frecuentes de la página oficial.

También señala que próximamente emitirá las orientaciones adicionales para facilitar la eliminación de estas concesiones, junto con cualquier cambio en las autorizaciones.

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Con información de redes sociales, agencias de noticias y otros medios

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El acuerdo comercial fue suscrito en mayo de 2023 y después de cerca de un año pudo entrar en vigor tras ser ratificado de manera interna por cada uno de los dos países.

Sin que este tratado de libre comercio entrase en funcionamiento, China ya se había posicionado como el principal socio comercial no petrolero de Ecuador, al superar a Estados Unidos con un intercambio de más de 12.000 millones de dólares en 2023.

Las exportaciones ecuatorianas a China el año pasado alcanzaron los 5.669 millones de dólares, mientras que las importaciones llegaron a más de 6.000 millones de dólares.

El gigante asiático es actualmente, con 3.868 millones de dólares, el principal comprador del camarón (gamba) de Ecuador, país que es el primer exportador mundial de este producto.

Con cerca de 1.400 millones de dólares también figuran las exportaciones mineras, pues una empresa china está a cargo de la explotación de Mirador, la mina de cobre más grande de Ecuador en operación actualmente.

Mientras, lo que más importa Ecuador de China son manufacturas metálicas, con 467 millones de dólares en 2023, teléfonos y celulares, con 454 millones de dólares; y automóviles livianos, con 370 millones de dólares.

(Fuente de imagen referencial principal: EFE/José Jácome)

Productos de Ecuador a China

Con la entrada en vigor de este acuerdo comercial, el 60 % de los productos que Ecuador exporta a China quedaron libres de aranceles de manera inmediata y del resto se irán eliminando de forma progresiva hasta en un lapso de diez años.

Entre los productos que están libres de aranceles para su ingreso a China figuran la pitahaya, el cacao en polvo y el atún, así como piña, guaba, papaya, aguacate, arándanos, mango, quinua, estevia, palmito, espárragos, brócoli, carnes congeladas, pimienta, guayusa, yogur, mantequilla y quesos.

El acuerdo excluye un conjunto de 828 productos ecuatorianos que mantendrán los aranceles para proteger su industria, como textiles, confecciones, calzado escolar, metalmecánica, arroz, azúcar, y leche, entre otros.

La perspectiva del Gobierno de Ecuador es que, en el escenario más pesimista, la liberalización del comercio con China pueda generar 11.000 nuevos puestos de trabajo y entre 3.000 y 4.000 millones de dólares adicionales al año en valor de exportaciones.

Sin embargo, la ministra de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca de Ecuador, Sonsoles García, apuntó que a medida de que nuevos productos se vayan exportando a Ecuador las previsiones es que los nuevos empleos dentro del sector exportador puedan llegar a entre 25.000 y 45.000.

García recordó que el 71 % de las empresas ecuatorianas que exportan a China son micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), por lo que aseguró que estas serán las principales beneficiadas del tratado de libre comercio.

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Fiorella Tagliafico R.

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Funcionarios del gobierno explicaron que el programa TPS se ampliará para que puedan acogerse a él todos los venezolanos que hayan residido de manera ininterrumpida en territorio estadounidense desde el 31 de julio de 2023, lo que aumenta significativamente el número de personas que pueden beneficiarse del programa.

Hasta ahora, solo podían acogerse al TPS aquellos venezolanos que hubieran estado en Estados Unidos desde marzo de 2021, cuando Biden anunció la entrada en vigor del programa.

Con este cambio, el número de venezolanos que podrían obtener un permiso para trabajar y residir en Estados Unidos pasa de 242.700 a 472.000, detalló el Departamento de Seguridad Nacional en un comunicado.

Asimismo, la Administración renovó la vigencia del TPS por 18 meses, aunque podría prorrogarse de nuevo en el futuro, como ha sucedido ya en varias ocasiones.

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Fiorella Tagliafico R.

Con información de medios nacionales

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