Según informó la empresa en su página web, el coste de sus API -una plataforma que permite a los desarrolladores de otras aplicaciones y productos web integrar sus modelos de IA- será hasta un 75 % barato durante este miércoles.

La semana pasada, la ‘startup’ anunció que hará públicos cinco repositorios de código con el objetivo de mostrar su compromiso con la «transparencia total» y tras negar que esté estudiando la posibilidad de aceptar financiamiento externo para hacer frente a la demanda de recursos computacionales tras su rápido crecimiento.

Revolución de DeepSeek

Lanzado en 2023 por el fondo de cobertura chino High-Flyer Quant, DeepSeek ha revolucionado el panorama global de la IA tras su presentación el mes pasado de su modelo de lenguaje más reciente, que ha impresionado a expertos por su rendimiento más eficiente y económico en comparación con la competencia estadounidense.

La gran atención que ha generado la ‘app’ -ha sido líder en descargas para dispositivos Apple en Estados Unidos– también se ha traducido en críticas, puesto que no aborda cuestiones afectadas por la censura en China como la masacre de Tiananmen de 1989 o si Taiwán forma parte del territorio chino.

Además, países como Italia, Países Bajos, Australia y Corea del Sur han restringido o suspendido su uso debido a preocupaciones sobre la seguridad de los datos.

De interés: Bloqueo a DeepSeek se extiende a países de cuatro continentes

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Los legisladores reformaron el artículo 1 y 7 de la referida ley, vigente desde septiembre de 2021, para establecer que el intercambio con este criptoactivo únicamente será entre ciudadanos y empresas privadas.

La nueva redacción del artículo 1 dicta que las transacciones con bitcóin deberán ser «con aceptación voluntaria por las personas naturales o jurídicas con total participación privada únicamente». Antes de estos cambios se incluían a las instituciones públicas.

La enmienda sustituye el artículo 7 que originalmente establecía que «todo agente económico deberá aceptar bitcóin como forma de pago cuando así le sea ofrecido», para indicar que las empresas podrán aceptar o no la criptomoneda.

La iniciativa de reformas a la normativa, enviada por el presidente Nayib Bukele, también prescribe que la deuda local o internacional adquirida por el Estado salvadoreño debe ser pagada en la moneda que fueron contraídas.

Los diputados también eliminaron de la ley los artículos 1 y 5 que hacen referencia a que el bitcóin es una moneda de curso legal al igual que el dólar estadounidense.

Entre las derogaciones aprobadas en la Ley Bitcoin están los artículos 4,8 y 9, que establecían que los impuestos podían pagarse con bitcóin y la obligación del Estado de proveer mecanismos a la ciudadanía para realizar transacciones en bitcóin, convertibilidad automática e instantánea de bitcoin a dólar.

El Gobierno de Bukele ha dado esta convertibilidad mediante recursos estatales colocados en un fideicomiso, del que no se rinden cuentas, y la billetera Chivo Wallet.

Adopción del bitcoin en El Salvador

La adopción del bitcóin en El Salvador se constituyó como la principal apuesta económica de Bukele y, pese a la alta popularidad que tiene el mandatario, está fue rechazada por la mayoría de la población.

A mediados de diciembre pasado se anunció que el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Gobierno de El Salvador alcanzaron un acuerdo para un préstamo de 1.400 millones de dólares, para lo que la institución financiera determinó como condiciones relacionadas con el uso del bitcóin.

La estadounidense Stacy Herbert, directora de la gubernamental Oficina Nacional de Bitcoin de El Salvador, dijo que el activo digital seguirá en curso legal, pero su uso se reducirá a inversiones del sector privado.

Por otra parte, la billetera gubernamental Chivo Wallet, será «vendida» o «descontinuada», según indicó Herbert.

Diversos estudios de encuestadoras reputadas en El Salvador han señalado que el 92 % de la población no utilizó el bitcóin en 2024, año en el que registró su menor uso desde 2021.

De interés: El bitcóin se dispara por encima de los 109.000 dólares

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Fuente de imagen referencial: EFE/Rodrigo Sura

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La Campaña Internacional para la Prohibición de las Minas Terrestres (ICBL, siglas en inglés), que monitoriza la situación por este tipo de explosivos prohibidos en 164 países, indica que otros 102 incidentes con minas fueron atribuidos al Ejército de Liberación Nacional (ELN), 28 a grupos armados no identificados, 5 a organizaciones criminales y 3 a traficantes de drogas.

Colombia, que es firmante del Tratado de Prohibición de Minas Antipersona, se encuentra entre los países donde estos explosivos están siendo usados por grupos no estatales, junto con Palestina, India, Birmania (Myanmar) y Pakistán, según el informe de la ICBL.

En los primeros nueve meses de 2024, Colombia registró 537 incidentes con minas antipersona, de los que 393 fueron responsabilidad de las disidencias de las FARC, guerrilla que dejó las armas en 2016 y se convirtió en un partido político tras el proceso de paz.

Víctimas de las minas antipersonas en Colombia

Por otra parte, el país latinoamericano consiguió reducir el número de víctimas por estos explosivos desde las 1.228 en 2006 a 99 en 2023, lo que supone un gran avance.

Además, las autoridades colombianas lograron limpiar de minas en 1,73 kilómetros cuadrados y destruyó 339 de estos explosivos en 2023, aunque 4,47 kilómetros cuadrados de su territorio continúa contaminado.

En el resto de Latinoamérica, Ecuador cuenta con unas 2.866 minas antipersona en unos 0,03 kilómetros cuadrados, y Perú con unos 0,3 kilómetros cuadrados contaminados, mientras que también hay algunos restos en Venezuela debido a enfrentamientos con disidentes de la FARC en la frontera.

Según el informe, el número de víctimas por minas antipersona y remanentes explosivos creció el año pasado hasta 5.757, incluidos 1.983 muertos, en todo el mundo, con la mayor parte de los afectados en Birmania (Myanmar), con 1.003.

De interés: Colombia prorroga por 6 meses cese al fuego con bloque de las disidencias

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Fuente de imagen referencial: EFE/Miguel Menéndez V.

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Así figura en un informe del Departamento de Estado, que entregó al Congreso después de que se retrasara su publicación varios días y que supone la evaluación más detallada hasta ahora de la conducta de Israel en Gaza desde que empezó la guerra en octubre.

En el documento no se concluye que el país israelí haya violado el derecho internacional y las reglas que Washington establece para la venta de armamento a cualquier nación.

No obstante, el Departamento de Estado afirma que es «razonable valorar» que las armas estadounidenses han sido utilizadas por el Ejército israelí «en algunos casos» de manera «inconsistente» con sus obligaciones con el derecho internacional o con «las mejores prácticas establecidas» para mitigar el daño a los civiles.

Informe de EEUU sobre Israel

El informe destaca que Israel tiene «el conocimiento, la experiencia y las herramientas» para evitar la muerte de civiles; pero enfatiza que los resultados sobre el terreno, incluidos los altos niveles de víctimas, plantean «sustanciales interrogantes» sobre si el Ejército israelí está usando las armas estadounidenses «de manera efectiva en todos los casos».

Pese a esos indicios, el Departamento de Estado concluyó que no tiene «suficiente información» para determinar que el país israelí haya violado el derecho internacional humanitario y justifica esa conclusión por la «naturaleza» del conflicto en Gaza, que dificulta evaluar o llegar a conclusiones definitivas sobre incidentes individuales.

El informe también subrayó que Israel ha iniciado diferentes procesos para buscar responsabilidades por posibles violaciones del derecho internacional, algo que resulta clave en la evaluación de Estados Unidos para determinar que continuará entregando ayuda militar a Israel.

El informe tampoco encontró suficientes indicios para concluir que se haya obstruido de manera intencional la entrada de ayuda humanitaria en Gaza, donde escasean los alimentos y donde han muerto más de 34.000 personas como consecuencia del conflicto.

Este reporte, conocido como NSM-20, fue elaborado a petición del presidente, Joe Biden, en febrero y exigía a todos los países que reciben ayuda militar de EE.UU. y están involucrados en conflictos dar «garantías» por escrito de que cumplirían el derecho internacional y no obstaculizarían la entrega de ayuda humanitaria proporcionada por el Gobierno estadounidense.

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Fiorella Tagliafico R.

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Fuente de imagen referencial principal: EFE/Abir Sultan

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