El nuevo límite quedó fijado para el próximo miércoles a las 4:00 p.m. (20:00 GMT).

El diputado Giuseppe Alessandrello, presidente del comité, informó que la decisión se tomó de manera unánime debido al alto volumen de participación, que ya supera los 600 postulados. El proceso, que originalmente vencía esta semana tras una primera extensión, mantendrá sus puertas abiertas en la sede parlamentaria todos los días, incluyendo sábado y domingo.

Claves del nuevo TSJ y el proceso de selección

• Ampliación de la corte: Tras la reforma de la Ley Orgánica del TSJ aprobada en mayo pasado, el máximo tribunal pasará a estar integrado por 32 jueces (anteriormente eran 20).
• Nueva distribución: La Sala Constitucional se ampliará de cinco a siete magistrados, mientras que el resto de las salas (Político-Administrativa, Electoral, Casación Civil, Casación Penal y Casación Social) pasarán de tres a cinco integrantes cada una.
• La renovación: El Parlamento tiene la tarea de sustituir a ocho magistrados por motivos de jubilación y renuncia, además de designar a los doce nuevos jueces que completarán la cuota de la reforma. También se elegirán a los inspectores y al director de la Escuela Nacional de la Magistratura.
• Próximos pasos: Una vez cerrado el lapso de postulaciones este miércoles, se abrirá un período de 15 días para evaluaciones e impugnaciones. Posteriormente, el comité consignará la lista definitiva de elegibles ante la plenaria de la Asamblea Nacional para los nombramientos finales.

Marco de la reforma judicial

Este proceso coincide con la reciente inauguración de una gran consulta nacional para reformar la justicia penal, liderada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

El Ejecutivo ha señalado que el plan busca erradicar tres grandes males del sistema: el retardo procesal, la corrupción y la «criminalización de la pobreza», tras revelar que el 68 % de la población carcelaria en el país pertenece a los estratos socioeconómicos menos favorecidos.

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El presidente del Comité de Postulaciones, Giuseppe Alessandrello, informó que la prórroga, cuyo cierre inicial era el 6 de junio, se otorgó debido a las numerosas solicitudes de los juristas.

Puntos clave del proceso

Postulaciones recibidas: Hasta la fecha se han registrado 280 aspirantes.

Próximos pasos: El 11 de junio se publicará la lista de postulados para iniciar la fase de impugnaciones y evaluaciones. Se estima que en unos 30 días se presente el listado definitivo de elegibles ante la plenaria del Parlamento.

Nueva estructura del TSJ: Tras la reforma de ley aprobada el 12 de mayo, el máximo tribunal pasará a tener 32 jueces (en lugar de los 20 actuales).

La Sala Constitucional contará con 7 magistrados (antes 5).

Las salas Político-Administrativa, Electoral, Civil, Penal y Social tendrán 5 magistrados cada una (antes 3).

Renovación de cargos: Se sustituirá a 8 magistrados por jubilación o renuncia, y se seleccionarán 12 nuevos para alcanzar la cifra de 32.

Contexto de reforma judicial

Esta medida coincide con el inicio de la consulta nacional para reformar la justicia penal, inaugurada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

El Ejecutivo busca reestructurar el sistema tras identificar que el 68 % de la población carcelaria pertenece a los estratos sociales menos favorecidos, fijando como principales desafíos el combate al retardo procesal, la corrupción judicial y la criminalización de la pobreza.

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Estados Unidos llevó a cabo el sábado un simulacro de evacuación de su Embajada en Caracas con el sobrevuelo de dos helicópteros, que llevaban militares a bordo, y el ingreso de personal de bomberos y ambulancias a su sede diplomática, constató EFE.

El simulacro se hizo para garantizar la capacidad de respuesta «ante eventuales situaciones médicas» o catástrofes, según indicó la Embajada de EEUU.

Sin embargo, el exdiputado Yul Jabour, miembro del buró político del PCV, citado en nota de prensa, indicó que «esas operaciones constituyen una flagrante violación a nuestra Constitución bolivariana, a nuestro territorio y, en especial, a nuestra soberanía».

El dirigente comunista sostuvo que la presencia de aeronaves militares, embarcaciones de guerra estadounidenses y la visita del jefe del Comando Sur forman parte de una estrategia de dominación impulsada por la Administración de Donald Trump.

Jabour cuestionó la explicación oficial del simulacro de Estados Unidos en la sede de su embajada.

«No piensen que los venezolanos somos estúpidos. Nos quieren vender una maniobra de esta calaña como simples operaciones de evacuación y salvamento», añadió.

«Protocolos regulares»

El gobierno de Venezuela informó que autorizó a Estados Unidos a realizar el simulacro como parte de «los protocolos regulares de seguridad y protección diplomática».

Según informó en su momento el Ejecutivo oficialista, la actividad se desarrolló en coordinación con las autoridades aeronáuticas venezolanas, responsables de «autorizar y supervisar los sobrevuelos requeridos para dicho ejercicio, así como con otros órganos e instituciones nacionales involucradas en los protocolos de atención y seguridad».

Ambos países restablecieron relaciones diplomáticas y consulares el pasado mes de marzo, dos meses después de la captura de Nicolás Maduro en Caracas en enero por parte de fuerzas estadounidenses y tras siete años de ruptura.

Actualmente el equipo diplomático estadounidense lo encabeza el encargado de negocios en Caracas, John Barrett, quien sustituyó el pasado mes a Laura Dogu.

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La AN en realidad sustituirá solo a ocho magistrados por jubilaciones y renuncias y escogerá a 12 nuevos que se sumarán a los otros 12 que siguen ejerciendo en la corte.

En un mensaje en Telegram, el Parlamento informó también sobre la apertura del proceso para nuevos inspectores del Supremo, así como para el cargo de director de la Escuela Nacional de la Magistratura.

Entre los requisitos se exige ser venezolano de nacimiento y no poseer otra nacionalidad, ser un ciudadano con «reconocida honorabilidad» y competencia, así como no ser cónyuge ni mantener afinidad con ningún magistrado del Supremo.

El presidente del Comité de Postulaciones Judiciales, integrado por diez miembros de la sociedad civil y 11 diputados, se instaló el pasado miércoles para comenzar a organizar el proceso de evaluación de candidaturas de magistrados.

El presidente de la comisión, el diputado chavista Giuseppe Alessandrello, estimó entonces que el proceso completo se tome 45 días, aproximadamente, aunque afirmó que «puede ser menos», lo que dependerá, agregó, del desarrollo de la fase de impugnaciones.

Superar los «males que persisten»

El Parlamento aprobó la reforma de la ley del TSJ el pasado 12 de mayo y acordó que la Sala Constitucional del tribunal esté conformada por siete magistrados, mientras que el resto de las salas estarán integradas por cinco.

Hasta ahora, la Sala Constitucional estaba conformada por cinco magistrados y las restantes, Político Administrativa, Electoral, Civil, Penal, Social, por tres.

En abril pasado, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, instaló una comisión para la Gran Consulta sobre la Reforma a la Justicia Penal, con el objetivo de superar los «males que persisten» en el sistema judicial, afectado por el retardo procesal y la corrupción.

El proceso para elegir nuevos magistrados se lleva a cabo cuando ONG y opositores, entre otros, exigen justicia por el caso del preso político Víctor Hugo Quero Navas, cuya muerte bajo custodia del Estado en julio de 2025 fue informada por el gobierno el pasado 7 de mayo, luego de 16 meses de denuncias sobre su desaparición por parte de la madre, Carmen Navas, quien falleció el domingo.

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«Nosotros queremos elecciones y como oposición, parte de la oposición venezolana, exigimos elecciones de todo, incluyendo la presidencial y apoyaremos a la alternativa presidencial que presente la oposición», dijo el exrival del fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013) en una rueda de prensa de su partido Un Nuevo Tiempo (UNT).

El dirigente señaló que ve propicio nombrar a nuevos integrantes del Consejo Nacional Electoral (CNE), ahora que la Asamblea Nacional aprobó una reforma para elevar el número de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y abrió un proceso para nombrar nuevas autoridades.

«Aspiramos a que esa reinstitucionalización nos conduzca a la regla máxima de cualquier sistema democrático, que es el equilibrio de poderes, la autonomía de poderes, el control de los poderes entre ellos y el respeto a la verdad y a la ley. La ley para que inspire confianza y no miedo», añadió Rosales.

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A continuación, los puntos destacados de su postura y el contexto de la reforma:

Prioridad en la autonomía: Marino Alvarado, coordinador de Provea, señaló que el sistema no requiere más jueces, sino que los actuales actúen con independencia y apego a la Constitución para garantizar justicia real.

Designación por concurso: La organización subrayó que los magistrados deben ser elegidos mediante concursos públicos, asegurando así la estabilidad judicial y evitando decisiones discrecionales.

Detalles de la reforma: El proyecto, presentado por Jorge Rodríguez, busca ampliar las salas Político Administrativa, Casación Civil, Penal, Social y Electoral a 5 magistrados cada una, mientras que la Sala Constitucional pasaría a tener 7.

Contexto oficial: Según el Legislativo, la medida busca una «transformación del sistema de justicia». El anuncio coincide con un proceso paralelo para cubrir vacantes en la alta corte por renuncias y jubilaciones.

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Durante una sesión ordinaria, transmitida en YouTube por el canal de la Asamblea Nacional (AN), el presidente del Legislativo, Jorge Rodríguez, presentó la reforma de ley que, según dijo, parte de un «interés profundo de llegar a una verdadera transformación del sistema de justicia en Venezuela«.

Puntualmente, Rodríguez explicó que se quiere reformar el artículo 8 para que cinco salas del TSJ (la Sala Político Administrativa, la de Casación Civil, la de Casación Penal, la de Casación Social y la Electoral) pasen a tener cinco magistrados, dos más que en la actualidad; y la Constitucional pase a estar integrada por siete magistrados en vez de cinco.

La reforma de ley llega justo cuando el Parlamento también avanza en un proceso de selección de nuevos magistrados para cubrir «vacantes», por renuncias y jubilaciones en la alta corte.

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«El aumento del número de magistrados tiene como fin que el régimen logre mantener el apoyo político a la conformación de un nuevo Tribunal Supremo de Justicia», aseguró PJ en su cuenta de X.

En este sentido, consideró que la propuesta es una «nueva maniobra» del gobierno para «mantener el control del sistema judicial, especialmente de la Sala Constitucional y la Electoral».

«Los venezolanos tenemos la responsabilidad de insistir en la revisión de estos señuelos de falsa institucionalidad», subrayó el partido opositor.

Ayer martes 5 de mayo, durante una sesión ordinaria, transmitida en YouTube por el canal de la Asamblea Nacional (AN), el presidente del Legislativo, Jorge Rodríguez, presentó la reforma de ley que, según dijo, parte de un «interés profundo de llegar a una verdadera transformación del sistema de justicia en Venezuela».

Puntualmente, Rodríguez explicó que se quiere reformar el artículo 8 para que cinco salas del TSJ (la Sala Político Administrativa, la de Casación Civil, la de Casación Penal, la de Casación Social y la Electoral) pasen a tener cinco magistrados, dos más que en la actualidad; y la Constitucional pase a estar integrada por siete en vez de cinco.

La reforma de ley, que debe superar una segunda discusión para ser aprobada, llega justo cuando el Parlamento también avanza en un proceso de selección de nuevos magistrados para cubrir «vacantes», por renuncias y jubilaciones en la alta corte.

En abril, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, instaló una comisión para la Gran Consulta sobre la Reforma a la Justicia Penal, con el objetivo de superar los «males que persisten» en el sistema judicial, afectado por el retardo procesal y la corrupción.

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«La designación de magistrados no puede repetir los errores recientes en la selección del fiscal general y la defensora del pueblo, donde el proceso constitucional fue desplazado por la lógica política. Un camino así solo prolonga la crisis institucional«, señaló la ONG en una publicación en X.

Así mismo, Cepaz dijo que el comité parlamentario designado para este proceso debe funcionar con reglas claras, convocatorias públicas, plazos definidos, verificación rigurosa de credenciales y acceso a la información para que la ciudadanía pueda fiscalizar el proceso.

«La transparencia es una exigencia constitucional«, subrayó el comunicado.

Cepaz sostuvo que Venezuela necesita magistrados con trayectoria profesional sólida, seleccionados por méritos, no por afinidad política ni para sustituir lealtades dentro del aparato de poder.

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Detalles del proceso legislativo

Comisión preliminar: Está integrada por 11 diputados, presidida por el oficialista Giuseppe Alessandrello. Incluye una representación mixta de la bancada chavista y sectores de la oposición (Avanzada Progresista, Fuerza Vecinal y bancada Libertad).

Marco legal: La selección se basa en la reforma judicial impulsada por el Ejecutivo. Según la ley, los magistrados deben ser aprobados por mayoría calificada (dos terceras partes del Parlamento).

Vacantes: Jorge Rodríguez, presidente de la AN, confirmó la existencia de plazas disponibles por «distintas circunstancias», aunque no precisó el número exacto ni las salas técnicas a las que pertenecen.

Ruta de selección según la Constitución

Convocatoria pública: El Comité de Postulaciones recibe y evalúa credenciales.

Poder Ciudadano: La Fiscalía, Defensoría y Contraloría realizan una segunda preselección.

Votación final: La plenaria de la Asamblea Nacional designa a los magistrados definitivos.

Contexto institucional y DD.HH.

Nombramientos previos: Este proceso sigue a la reciente designación de Larry Devoe como Fiscal General y Eglée González Lobato como Defensora del Pueblo.

Ley de Amnistía: El anuncio coincide con los dos meses de vigencia de la Ley de Amnistía. Cifras oficiales indican que 8.000 personas han recibido libertad plena, aunque no existe un listado público de beneficiarios.

Presos Políticos: La ONG Foro Penal reporta que, al 20 de abril, permanecen 473 detenidos por motivos políticos, incluyendo a 43 personas de nacionalidad extranjera o con doble nacionalidad.

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El abogado Juan Carlos Apitz, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela (UCV), indicó que entregaron un documento exigiendo un pronunciamiento del máximo tribunal, que según la ley tiene cinco días para admitir o no las demandas, pero no ha respondido desde el pasado 2 de febrero.

Apitz subrayó que la petición es el cumplimiento de la Constitución, que en su artículo 91 establece que el salario mínimo debe ser ajustado cada año, tomando como referencia el costo de la canasta básica.

Por su parte, Gregorio Afonso, presidente de la Asociación de Profesores de la UCV, señaló que el Estado está recibiendo «ingresos extraordinarios de forma sostenida« tras la reanudación de las relaciones con Estados Unidos, que los trabajadores no han recibido.

En este sentido, apuntó que el Estado debe «reformularse» y criticó que haya «34 ministerios«, cada uno con hasta dos y tres viceministros, lo que suma casi cien trabajadores en tren ministerial de nómina mayor.

«Hay recursos en este país. No puede ser que el único que tiene que ahorrarse algo en esta crisis sean los trabajadores«, cuestionó.

Ambos voceros afirmaron que seguirán las protestas si las autoridades no toman medidas.

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La norma fue aprobada por unanimidad y su texto remitido a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que se debe pronunciar sobre el carácter orgánico de la legislación, informó el presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez, tras declararla sancionada.

El parlamentario pidió que esta ley «sirva y contribuya para acabar con el viacrucis» que, a su juicio, sufre la población venezolana al hacer trámites administrativos en instituciones y organismos del Estado.

Integrada por 12 artículos, la ley tiene el objetivo de simplificar las gestiones ante el Estado para mejorar la eficiencia y eficacia de las instituciones públicas, así como «superar los trámites y procedimientos administrativos burocráticos, innecesarios, inútiles, impertinentes o complejos».

Otras especificaciones de la ley

Entre otras cosas, la ley otorga a la Presidencia Ejecutiva la atribución de «suspender, reducir, modificar o suprimir» cualquier tipo de trámite, procedimiento, requisito o permiso para agilizar procesos, también puede ordenar la digitalización de trámites o crear normativas para la uniformidad de estas gestiones.

También crea una comisión nacional para evaluar y proponer medidas con esta finalidad, que estará integrada por la Presidencia y Vicepresidencia Ejecutiva, los vicepresidentes sectoriales, dos diputados de la AN, dos representantes de alcaldes y gobernadores, respectivamente, y un delegado de la Defensoría del Pueblo.

Asimismo, exige a todos los organismos estatales incorporar nuevas tecnologías para optimizar las gestiones y cada uno debe designar una «unidad responsable» de esta optimización, para relacionarse con otros organismos públicos, confirmar requerimientos y comparar datos para evitar «requisitos redundantes«.

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«Claro que habrá elecciones. En Venezuela siempre hay elecciones (…). Hay unos períodos que están establecidos y, sin duda alguna, nosotros vamos a llegar a consensos, a acuerdos en lo político, pero lo más importante ahorita es la sociedad, lo más importante ahorita es la economía», afirmó Rodríguez en una entrevista con el periodista Luis Olavarrieta, difundida en su canal deYouTube.

El parlamentario señaló que la presidenta encargada, su hermana, Delcy Rodríguez, está a cargo del Ejecutivo por decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en vista de la «falta forzada» del mandatario, tras la captura del presidente Nicolás Maduro por parte de fuerzas estadounidenses el pasado 3 de enero.

Por esta situación, un escenario no contemplado en la Constitución venezolana, el jefe del Parlamento aseguró que no aplica el plazo de hasta 180 días establecido para los casos de «falta temporal» del presidente.

Pese a ello, indicó que «en los próximos días» habrá conversaciones con «los factores políticos y de la sociedad», sin dar detalles, para promover un proceso de «fortalecimiento» de las instituciones y abrir el camino a una posible elección, que deberá lograrse «por la vía del consenso».

A su juicio, en estos momentos «no es perentorio» definir una fecha o cuáles elecciones se deberían hacer primero.

«Para llegar a ese punto se necesita recorrer un camino previo, y ese camino previo es el fortalecimiento institucional», subrayó.

Relación de «respeto» con EEUU

Asimismo, consideró que desde que se retomaron las relaciones con EEUU ha habido una relación de «respeto» y reconoció que ese país ha actuado para levantar algunas de las sanciones «importantes», especialmente en el sector petrolero.

«Desde mi punto de vista podría ser más rápido», apuntó el parlamentario.

El lunes, la presidenta encargada celebró que el presidente estadounidense, Donald Trump, considere a Venezuela «amigos» y «socios», pero reiteró la petición de que levante todas las sanciones impuestas contra el país.

El pasado jueves, la mandataria aseguró que Caracas y Washington están abriendo «una nueva agenda de cooperación» bilateral, y desde su juramentación en el Ejecutivo ha recibido a varios altos funcionarios de EEUU, incluyendo al secretario de Energía, Chris Wright.

El gobierno oficialista ha denunciado en múltiples ocasiones que miles de millones de dólares pertenecientes a Venezuela, así como oro y otros activos, se encuentran bloqueados en el extranjero debido a las sanciones internacionales, entre ellas, las de EE.UU.

El pasado 27 de enero, Rodríguez anunció un desbloqueo de activos de su país en EEUU como resultado de los diálogos con el gobierno de Trump e informó de la compra, en la nación norteamericana, de equipos para los hospitales con estos recursos liberados.

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La ley tiene como objeto establecer la regulación de la Cruz Roja Venezolana cuya «función principal» es «actuar como auxiliar del Poder Público en materia humanitaria» en casos de catástrofe, crisis de salud, conflictos armados y otros, según se leyó en la sesión ordinaria, transmitida por el canal ANTV en YouTube.

Asimismo, la norma indica que, en caso de «conmoción o conflicto interno», la institución «tiene el deber de ayudar a los servicios médicos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana», aunque especificó que la ayuda es «estrictamente humanitaria y neutral».

Por otra parte, subrayó que «los voluntarios y el personal de la Cruz Roja Venezolana no tienen la condición de agentes gubernamentales, manteniendo su independencia, neutralidad e imparcialidad».

«Subordinación jerárquica»

El diputado opositor de Acción Democrática (AD), intervenido por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), José Correa Torres, intervino en la sesión y argumentó que el uso del término «auxiliar del Poder Público» puede «generar interpretaciones de subordinación jerárquica» de la CRV, pero el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, respondió que en la ley se establece la autonomía de la institución.

Además, Correa Torres criticó que se establezca como deber la ayuda a los servicios médicos de la FANB porque, a su juicio, «hay un problema con el uso de la palabra deber porque el derecho internacional humanitario exige neutralidad frente a todas las partes».

La Cruz Roja nacional fue intervenida en agosto de 2023 por orden del TSJ, una semana después de que la Fiscalía abriera una investigación contra el entonces presidente de la institución, Mario Villarroel, por el «presunto acoso y maltrato» a voluntarios y trabajadores de la organización.

Villarroel rechazó las acusaciones en su contra, que tildó de «deshonestas», y consideró como «ilegal» la intervención, que incluyó también la designación por parte del Supremo de una directiva para su reestructuración.

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«Perkins Rocha está excarcelado con (medidas) cautelares muy estrictas. Ahora abogamos por la libertad plena», manifestó Cipriani en su cuenta de X, sin dar más detalles.

El abogado fue uno de los críticos más firmes del Consejo Nacional Electoral (CNE), controlado por el oficialismo, al cuestionar a esta institución por proclamar la victoria de Nicolás Maduro en las presidenciales de 2024, sin publicar los resultados detallados.

Perkins rechazó, además, la convalidación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), institución que confirmó los resultados proclamados del CNE a favor de la reelección de Maduro, en medio de cuestionamientos a esta victoria dentro y fuera de Venezuela.

Días antes de ser detenido, el opositor dijo que el procedimiento de convalidación del TSJ «no existe» en las leyes de Venezuela y que «nadie cree» en el CNE.

Su liberación se da en el marco de un proceso de excarcelaciones anunciado por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, hace un mes, luego de la captura de Maduro por parte de Estados Unidos.

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Señaló que la medida busca reparar los daños causados por la confrontación política de este tiempo: ”Hemos decidido impulsar una Ley de Amnistía general que cubra todo el período político de violencia política de 1999 al presente” puntualizó durante la sesión solemne por el inicio del año judicial 2026 en la sede del TSJ.

Rodríguez encargó la redacción de la ley a la llamada Comisión para la Revolución Judicial y a los responsables del Programa para la Convivencia Democrática. El instrumento jurídico que deberá ser conocido, debatido y tramitado por la Asamblea Nacional también irá siendo sometido a consulta pública.

Cierre del Helicoide como centro de detención: cambiará de uso

La presidenta encargada añadió que las instalaciones de El Helicoide se convertirán en un “centro social, deportivo, cultural y comercial para la familia policial y para las comunidades aledañas”, esto para «para dar un paso adelante en la superación de los tiempos de violencia política promovida por sectores extremistas».

“Que la justicia se convierta en la reina de las virtudes republicanas y que podamos garantizar la paz y el futuro de Venezuela como una nación independiente, libre, soberana y en paz”, remarcó la mandataria.

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Con información de Venevisión, agencias y redes sociales

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Las declaraciones surgen como respuesta a las recientes críticas del secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, las cuales calificó de «ofensivas».

Puntos clave de su intervención

Soberanía y resiliencia: Delcy Rodríguez aseguró no tener miedo ante las «amenazas personales» recibidas desde su juramentación, subrayando que Venezuela exige una relación de respeto mutuo y apego a la legalidad internacional por parte de Estados Unidos.

Apertura petrolera: Durante una reunión con gigantes energéticos como Chevron, Repsol y Shell, la mandataria discutió la reforma de la Ley de Hidrocarburos, diseñada para atraer capital privado y extranjero al sector.

Resolución de conflictos: Defendió el diálogo nacional para resolver las «divergencias internas» sin interferencia de Washington, promoviendo una política hecha por y para venezolanos.

Contexto político

Delcy Rodríguez asumió el cargo el pasado 5 de enero por orden del TSJ, tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses.

Aunque inicialmente hubo fuertes advertencias por parte de Donald Trump, la relación ha mostrado matices recientes, pasando de la confrontación a una comunicación directa que el mandatario estadounidense describió como «positiva».

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«Yo creo que hay que estabilizar el país porque creo que es la urgencia en la gran mayoría de los venezolanos, producto de la inflación disparada, producto de la devaluación«, dijo Capriles luego de ser preguntado por la posible celebración de elecciones en el país tras el nombramiento de Delcy Rodríguez como mandataria encargada.

En una rueda de prensa, acompañado de diputados como Stalin González, Luis Emilio Rondón, Tomás Guanipa y Antonio Ecarri, el excandidato presidencial indicó que primero hay que resolver el tema económico y hacer cambios institucionales para poder celebrar elecciones en Venezuela.

Al expresar su opinión personal, Capriles rechazó que esté en marcha un proceso de «transición» en Venezuela porque, a su juicio, todavía hay «muchos presos políticos», canales de televisión fuera del aire y leyes que, en su opinión, atentan contra las «libertades personales».

La Constitución venezolana establece dos artículos con relación a las ausencias de un presidente. De acuerdo con el artículo 234, las faltas temporales o absolutas del presidente serán suplidas por el vicepresidente ejecutivo hasta por 90 días, prorrogables por decisión del Parlamento por el mismo periodo de tiempo.

Si una falta se prolonga por más de 90 días consecutivos, reza el texto, el Legislativo decidirá por mayoría de sus integrantes si debe considerarse que hay falta absoluta. Expertos consultados por EFE señalan que la Constitución actual, aprobada en 1999, se apoya en la vicepresidencia ejecutiva ante la ausencia del mandatario, pero señalan que ninguno de ellos se corresponde con la situación actual.

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«En nada ayuda a la paz hoy, la intriga; en nada ayuda a la paz hoy, el sectarismo; y en nada ayuda a la paz, la polarización estéril. ¡Es el momento de la unidad nacional y de la consciencia histórica!», señaló Vladimir Padrino López en una mensaje publicado en Instagram.

Además, dijo que la FANB se compromete a apoyar y acatar el llamado de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, a la unidad, «en estos difíciles y estelares momentos que vive» el país.

El pasado 3 de enero, fuerzas militares de Estados Unidos atacaron a Caracas y otras tres regiones de Venezuela, cuya acción terminó con la captura de Maduro y Flores, quienes fueron llevados hasta Nueva York donde enfrentarán un juicio por cargos relacionados al narcoterrorismo.

Rodríguez, quien se desempañaba como vicepresidenta ejecutiva, asumió la presidencia encargada de Venezuela, tras una orden de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), lo que ha sido apoyado por el oficialismo.

Desde entonces, el gobierno venezolano anunció negociaciones a nivel diplomático y petrolero con Estados Unidos.

La estatal venezolana PDVSA anunció el pasado 7 de enero, en un comunicado, que está en un proceso de negociación con Estados Unidos para la venta de «volúmenes» de crudo, luego de que el presidente Donald Trump asegurara que el Ejecutivo de Caracas está dispuesto a entregarles de 30 a 50 millones de barriles de petróleo.

Dos días después, el gobierno venezolano informó sobre el inicio de un «proceso exploratorio de carácter diplomático» con Estados Unidos, orientado al «restablecimiento de las misiones diplomáticas en ambos países» y para abordar las consecuencias del «secuestro» de Maduro y Flores.

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Juramentada por su hermano, el presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), el oficialista Jorge Rodríguez, la funcionaria, primera mujer en la historia de Venezuela en encabezar el Ejecutivo, aseguró que, en estas «horas terribles de amenazas contra la estabilidad», no va a descansar «ni un minuto para garantizar la paz».

«Vengo con dolor por el sufrimiento que se le ha causado al pueblo venezolano luego de una agresión militar ilegítima contra nuestra patria», dijo Delcy Rodríguez durante el acto, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), durante el que denunció que Maduro y Flores son «rehenes» en EEUU.

Rodríguez aseveró que tampoco va a descansar «para ver a Venezuela en el destino que le corresponde y en el pedestal de honor histórico que le corresponde como una nación libre, soberana e independiente», así como para «garantizar un gobierno que dé felicidad social, estabilidad política y seguridad política».

La vicepresidenta Rodríguez fue convocada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a ejercer como presidenta encargada del país tras la captura de Maduro y Flores.

La también ministra de Hidrocarburos ya presidió su primer consejo de ministros y designó una comisión, presidida por su hermano e integrada por hijos de Maduro, para gestionar la liberación del mandatario y su esposa en Estados Unidos.

A la par anunció en Telegram una propuesta a Washington para trabajar en una «agenda de cooperación» conjunta.

Las demandas de Trump

El domingo, el presidente de EEUU, Donald Trump, demandó a Delcy Rodríguez «acceso total» a Venezuela en términos de recursos naturales y de otra índole, al tiempo que reveló que está considerando reabrir la embajada estadounidense en Caracas.

En una entrevista este domingo con el semanario The Atlantic, Trump dijo que si Rodríguez «no hace lo correcto» le espera un futuro «peor» que el de Maduro.

Maduro y Flores fueron capturados por fuerzas estadounidenses durante los ataques ejecutados en Caracas y tres estados aledaños, y llevados el lunes ante un tribunal federal de Nueva York para su primera comparecencia, en la que se declararon no culpables de todos los cargos formulados.

El mandatario está acusado en Estados Unidos de cuatro cargos federales por graves y presuntos delitos que deberán ser comprobados: conspiración de narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer esos mismos artefactos en apoyo de actividades criminales, así como de colaborar con organizaciones calificadas como terroristas por Washington.

De interés: Delcy Rodríguez designa comisión para gestionar la liberación de Maduro

DOBLE LLAVE

Con información de EFE Servicios

Fuente de imagen referencial: EFE/Palacio de Miraflores

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