Así se desprende del Informe sobre la trata de personas de 2024 (Informe TIP) publicado este lunes por el Departamento de Estado de EE.UU., que divide a los países según sus grados de tráfico de personas y coloca en el nivel más grave a los mencionados, que ya estaban un año antes.

En Nicaragua, por ejemplo, el Gobierno de Daniel Ortega «continuó minimizando la gravedad del problema» y no identificó a ninguna víctima de trata por segundo año consecutivo, ni procesó ni condenó a ningún traficante.

A Venezuela le pide que investigue y enjuicie a los traficantes y a sus cómplices, involucrados en el tráfico sexual infantil, el reclutamiento o el uso de niños por parte de NSAG u otros grupos armados ilegales, tráfico de hombres y personas LGTBI.

Y a Cuba le solicita que se asegure de que «los programas de exportación laboral patrocinados por el gobierno cumplan con los estándares laborales internacionales, específicamente que los participantes reciban salarios justos que se pagan por completo a las cuentas bancarias que los trabajadores pueden controlar.

El informe destaca que en el hemisferio occidental (América del Norte, Central, del Sur y el Caribe) existen amplios puntos en común en las tendencias de trata que enfrentan los países. En este caso, suelen estar relacionados con la inmigración irregular.

«La migración irregular sin precedentes en la región afecta a todos los países del hemisferio occidental. Los migrantes y solicitantes de asilo son especialmente vulnerables al tráfico sexual y al trabajo forzoso, incluso por parte de grupos delictivos organizados grandes y pequeños», apunta.

Este año el informe se centra en el uso que hacen los traficantes de personas de tecnología y métodos online cada vez «más sofisticados» para reclutar, controlar, comercializar y explotar a personas vulnerables y, al mismo tiempo, evadir la detección.

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DOBLE LLAVE

Con información de EFE Servicios

Fuente de imagen referencial principal: EFE/EPA/SHAWN THEW

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El informe revela acusaciones preocupantes sobre el apoyo de Venezuela a grupos armados que reclutan niños para trabajos forzados y tráfico sexual.

Ausencia de esfuerzos por parte del gobierno de Maduro

El secretario de Estado, Antony Blinken, encargado de presentar el informe, destaca que las autoridades venezolanas están tomando medidas limitadas para abordar la trata de personas.

Sin embargo, subraya que el régimen de Maduro no ha informado sobre la asistencia a ninguna víctima, ni ha procesado o condenado a ningún traficante.

Esta falta de acción evidencia una negligencia preocupante por parte del gobierno venezolano, según la administración de Joe Biden.

Apoyo al reclutamiento forzado y tráfico sexual

El informe también revela que el régimen de Maduro continúa brindando apoyo y manteniendo un entorno permisivo para grupos armados no estatales y otros grupos ilegales que reclutan niños y los someten a conflictos armados, explotación sexual y trabajo forzado.

Estas actividades ilícitas operan con impunidad, lo que agrava aún más la situación.

Una llamada a la acción internacional

El informe de Tráfico de Personas 2023 deja claro que la situación en Venezuela es alarmante y requiere una acción urgente a nivel internacional.

Es fundamental que la comunidad internacional se una para presionar al gobierno de Maduro a tomar medidas concretas y efectivas contra la trata de personas, proteger a las víctimas y poner fin al apoyo a los grupos armados implicados en estas atrocidades.

Enfrentando el desafío de la trata de personas en Venezuela

La lucha contra la trata de personas en Venezuela representa un desafío crucial que debe abordarse de manera integral y urgente.

Por lo que es fundamental que se establezcan políticas y programas sólidos para prevenir la trata, identificar y proteger a las víctimas.

Solo a través de un enfoque colaborativo y decidido se podrán lograr avances significativos en la erradicación de esta grave violación de los derechos humanos en Venezuela.

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Gabriel Velásquez

Esta preocupante situación fue resaltada durante el informe final del Comité, el cual evaluó la situación en Venezuela y el grado de cumplimiento de la Convención Internacional para la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres.

El informe reveló que las mujeres indígenas, afrodescendientes y migrantes son particularmente vulnerables a este delito. El Comité recibió denuncias que indican la existencia de formas contemporáneas de esclavitud, como el tráfico sexual y el trabajo infantil en áreas mineras.

Entre las zonas identificadas como problemáticas se encuentran el Arco Minero del Orinoco y las zonas fronterizas con Colombia y Brasil, donde operan grupos armados y delictivos que están vinculados a la extracción ilegal de recursos naturales.

Venezuela debe promulgar una ley contra el tráfico de personas

Ante esta situación alarmante, el Comité subrayó la necesidad de promulgar una ley integral que aborde específicamente el tráfico de personas. Además, instó a las autoridades venezolanas a publicar un plan nacional detallado sobre esta problemática, así como a recopilar y proporcionar datos precisos sobre los casos de este delito y la explotación con fines de prostitución.

Es fundamental que se tomen medidas concretas para proteger a las mujeres y niñas venezolanas de esta forma de violencia y explotación. La implementación de una legislación integral, junto con un enfoque holístico que aborde las causas subyacentes del tráfico de personas, es crucial para prevenir y combatir eficazmente este flagelo.

Además, se requiere una estrecha colaboración entre las autoridades nacionales, la sociedad civil y las organizaciones internacionales para garantizar la protección de los derechos humanos de las mujeres y niñas en Venezuela.

#Venezuela | ONU alertó sobre presuntas deficiencias para prevenir tráfico de personas https://t.co/ASls2Z18Sq

— VPItv (@VPITV) May 31, 2023

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Gabriel Velásquez