Según la orden emitida este miércoles por el juez y publicada en el archivo judicial del caso, la audiencia tendrá lugar a las 11 horas de la mañana (15:00 GMT) y versará sobre los cargos contenidos en la acusación actualizada contra Maduro y Flores.

La Fiscalía de EE.UU. presentó hace una semana cargos por conspiración para cometer torturas contra ambos y extendió la imputación de narcoterrorismo, que antes solo pesaba sobre Maduro, a Flores. Siguen acusados de conspiración para importar cocaína a EE.UU. y posesión y conspiración para poseer ametralladoras y artefactos destructivos.

De acuerdo con el texto de la acusación actualizada, el Gobierno de Maduro infligió torturas contra opositores, militares y otras personas detenidas, incluidos tres ciudadanos estadounidenses, y presuntamente siguió una estrategia de «represión y torturas» para mantenerse en el poder durante años.

Sobre la imputación por narcoterrorismo, EE.UU. alega que Maduro y Flores conspiraron para distribuir y poseer «cinco kilogramos o más de mezclas y sustancias que contuvieran una cantidad detectable de cocaína» con la intención de proporcionar «valor económico» a personas u organizaciones relacionadas con «actividades terroristas».

Maduro y Flores fueron capturados el pasado 3 de enero por fuerzas estadounidenses en Caracas y trasladados posteriormente a Nueva York, donde permanecen detenidos mientras afrontan el proceso.

La audiencia de mañana supone la lectura formal de los cargos, tras lo que los acusados tienen derecho a declararse o no culpables.

El juicio está programado para junio de 2027, y el próximo 17 de noviembre está prevista otra audiencia en la que el juez abordará una solicitud para desestimar los cargos bajo la figura de la inmunidad soberana, a la que la Fiscalía de EE.UU. se ha opuesto.

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Fuente de imagen referencial: EFE/Jane Rosenberg

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La Fiscalía estadounidense presentó la nueva imputación, según se indica en el expediente judicial, mientras está prevista una audiencia sobre la solicitud de arresto domiciliario presentada por la defensa de Flores.

La Fiscalía les acusa de llevar a cabo una estrategia de «represión y torturas» para mantenerse en el poder.

En concreto, describe presuntas torturas llevadas a cabo por Maduro y Flores contra opositores, militares y otras personas detenidas, incluidos tres ciudadanos estadounidenses.

En el escrito de la Fiscalía se detallan presiones, descargas eléctricas y amenazas contra familiares, entre otras prácticas.

Según la acusación, «los abusos de las autoridades venezolanas contra ciudadanos estadounidenses» crecían a medida que aumentaba la retórica de Washington contra Caracas.

«Víctima 7»

Uno de los casos de ciudadanos estadounidenses descritos en la nueva acusación, identificado como «víctima 7», recoge que fue víctima de torturas tras ser «acusado falsamente de participar en una conspiración para asesinar a Maduro».

Estos tres casos se remontan a 2022 y llegan hasta enero de 2026, cuando las fuerzas de EEUU arrestaron al entonces líder venezolano en el palacio presidencial en Caracas.

Esta nueva imputación se suma a los cargos de conspiración para importar cocaína a EEUU y posesión y conspiración para poseer armas destructoras que ya enfrentan ambos en el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York.

Además, la Fiscalía extendió a Flores la acusación por conspiración para cometer narcoterrorismo que hasta ahora solo pesaba contra Maduro.

Ahora, la acusación atribuye a ambos conspiración para distribuir cocaína con la intención de proporcionar recursos a organizaciones terroristas.

«(Los acusados) se unieron, conspiraron, confabularon y acordaron, de forma intencionada y a sabiendas, entre sí y con otras personas, infringir el artículo 960a del título 21 del Código de los Estados Unidos (que castiga el narcoterrorismo)», alega en el escrito la Fiscalía.

Captura y actualidad

Maduro, de 63 años, y Flores, de 69, fueron capturados el pasado 3 de enero por fuerzas militares estadounidenses en Caracas y trasladados posteriormente a Nueva York, donde afrontan un proceso penal por presuntamente utilizar sus posiciones de poder para facilitar el tráfico de cocaína.

Al margen, el juez a cargo del caso, Alvin Hellerstein, convocó este jueves una audiencia para estudiar la solicitud de arresto domiciliario presentada por Flores.

Sus abogados alegan que la ex primera dama de Venezuela sufre un delicado y progresivo deterioro de su salud cardíaca, agravado durante sus meses en prisión, donde comparte unidad con más de 40 reclusas en un entorno que consideran contraproducente para cualquier recuperación médica.

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Con información de EFE Servicios

Fuente de imagen referencial: EFE/ Miguel Gutiérrez

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Andreína Baduel, miembro de la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos, denunció que la cartera de Estado ha sido «cómplice» de las torturas a través del grupo SESMA, una unidad de seguridad adscrita a la DGCIM que opera dentro del sistema penitenciario.

«Semanalmente vienen (al Ministerio para el Servicio Penitenciario) los familiares a denunciar que pare el trato cruel hacia los presos políticos y no les ha dado la gana de hacer las cosas distintas», señaló Baduel.

Además, dijo que los familiares de los presos políticos también son víctimas de torturas y malos tratos porque son encapuchados desde el momento en que entran a la cárcel hasta el lugar donde pueden visitar a sus parientes, a través de «un vidrio y un teléfono».

La activista denunció que su hermano Josnar Baduel, recluido en la cárcel de Rodeo I, en el estado Miranda, se encuentra en «riesgo inminente de muerte» por las condiciones de «horror» a las que ha sido sometido y «por haber sido torturado en el Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia)».

Caso Carlos Fonseca

Por su parte, Mayra Morales aseguró que su hermano, Carlos Fonseca, presenta signos de desnutrición pese a que los funcionarios del Fuerte Guaicaipuro, donde se encuentra detenido, le indicaron que recibe alimentación.

«Los conseguimos desnutridos, los dientes se les están cayendo a los muchachos, los muchachos no están bien de salud», insistió.

Fonseca es acusado, junto a otras 32 personas, de participar en una fallida incursión marítima -conocida como ‘Operación Gedeón’- que tuvo lugar en Venezuela en 2020, cuando, según el Gobierno chavista, la oposición intentó una invasión militar.

Ley de Amnistía

La Ley de Amnistía, promulgada en febrero, contempla un período de 27 años, desde 1999, cuando el chavismo llegó al poder, pero establece que se concederá a personas vinculadas con 13 «hechos» ocurridos en 13 años distintos, lo que excluye el resto del período establecido, así como casos relacionados con operaciones militares.

Hasta el pasado jueves, el Parlamento cifraba en 7.727 las libertades plenas concedidas en el marco de este proceso: 7.474 personas tenían libertad restringida con medidas cautelares, mientras que los otros 253 estaban encarcelados.

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Con información de EFE Servicios

Fuente de imagen referencial: EFE/ Miguel Gutiérrez

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«Nuestro pensamiento en este momento, de todos nosotros, está con las poblaciones en guerra. Pensemos en Tierra Santa, Palestina, Israel. Pensemos en Ucrania, en la martirizada Ucrania. Pensemos en los prisioneros de guerra: que el Señor mueva la voluntad para liberarlos a todos», dijo el pontífice.

El papa, que dedicó su catequesis de la jornada a la templanza, también se refirió a la tortura.

Aprendamos a cultivar la virtud de la templanza, de modo que podamos controlar nuestras palabras y nuestras acciones para evitar conflictos inútiles y promover la #paz en nuestra sociedad. #AudienciaGeneral

— Papa Francisco (@Pontifex_es) April 17, 2024

«Y hablando de los prisioneros, me vienen a la mente aquellos que son torturados: la tortura de los prisioneros es algo muy feo, es inhumano. Pensemos en las tantas torturas que hieren la dignidad de la persona y en los tantos torturados. Que el Señor ayude a todos y bendiga a todos», añadió.

El pontífice llegó a la plaza de San Pedro, donde le esperaban unos 20.00 fieles, a bordo del «papamóvil» descubierto y recorrió todos los sectores para saludar y bendecir de cerca a los peregrinos presentes, procedentes de todo el mundo.

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Fiorella Tagliafico R.

Con información de EFE Servicios y redes sociales

Fuente de imagen referencial principal: EFE/EPA/ETTORE FERRARI

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Justicia que no conoce límites temporales

La decisión del Tribunal destaca la importancia de perseguir y castigar los crímenes de lesa humanidad sin importar cuánto tiempo haya transcurrido desde su comisión. En este caso, se reconoce que la gravedad de los delitos cometidos no puede ser ignorada ni minimizada por la edad del acusado.

Aunque Torres Romero evitará la cárcel, el veredicto del Tribunal reconoce la culpabilidad del acusado en someter a torturas a los hermanos Carlos Ernesto y Luis Alberto Casco, así como a la esposa del primero, Teresa Dejesús Aguilera de Casco. Este fallo envía un mensaje claro sobre las consecuencias de cometer crímenes de lesa humanidad, incluso décadas después de su perpetración.

El juicio oral y público que concluyó el martes reveló la brutalidad de los actos cometidos por Torres Romero hace décadas. La verdad y la justicia son fundamentales para las víctimas y sus familias, y este fallo representa un paso hacia el reconocimiento de su sufrimiento y la rendición de cuentas de los responsables.

Compromiso con la memoria histórica

Este caso también resalta el compromiso de Paraguay con la memoria histórica y la búsqueda de justicia para las víctimas de violaciones de derechos humanos durante regímenes autoritarios anteriores.

A través de procesos judiciales como este, se espera evitar la impunidad y garantizar que los crímenes del pasado no se repitan en el futuro.

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Gabriel Velásquez

Con información de medios nacionales y redes sociales

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“Concluimos que los actores de este sistema, tanto por acción como por omisión, han jugado un papel importante en la represión del Estado contra opositores del gobierno y personas que son percibidas como tales”, expresó Valiñas.

Asimismo, expresó su preocupación en el informe de 2020 y 2021 de que las investigaciones nacionales cuando se llevan a cabo tienen alcance limitado y se dirigen contra autores materiales de bajo nivel.

Valiñas, señaló que uno de los ejemplos claros es el del militar Rafael Acosta Arévalo “son ejemplos de ello”. Por lo que reiteró su preocupación por las prácticas de las investigaciones en el país por el gobierno de Nicolás Maduro.

Informe de la Misión Independiente de Determinación de Hechos de @UNHumanRights , presentado por Marta Valiñas, señala que en Vzla solo se investiga a algunos autores materiales, NO a la cadena de mando. (Ello reitera comisión de crímenes de lesa humanidad @IntlCrimCourt) 🧵 1 pic.twitter.com/8jrjMaOqWv

— Delsa Solorzano (@delsasolorzano) March 18, 2022

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Gabriel Velásquez

Con información de medios nacionales