«No somos una institución enemiga de ningún país o régimen; somos un tribunal cuya función es procesar y juzgar a los responsables de los crímenes más graves del mundo. Por tanto, quiero dejar claro que no actuamos en oposición a ningún gobierno», afirmó Akane en una rueda de prensa telemática ofrecida a medios japoneses tras ser sancionada la semana pasada por Washington.

La magistrada insistió en que la respuesta de la CPI a las medidas estadounidenses -un conjunto de comunicados que rechazan las sanciones- no debe interpretarse como un enfrentamiento «específico» con la Administración de Donald Trump, sino como una defensa de «la independencia» del tribunal ante cualquier intento de presión exterior.

Además de las sanciones de Trump, Moscú también emitió una orden de detención contra Akane y un tribunal ruso la condenó en rebeldía el pasado diciembre. En ese caso, fue por haber formado parte de la sala que emitió en 2023 una orden de arresto contra el presidente ruso, Vladímir Putin, por la presunta deportación ilegal de menores ucranianos a territorio ruso.

Estas situaciones obligan a Akane a dedicar «un tiempo y esfuerzo considerables» a garantizar su seguridad personal, dijo.

La presidenta rechazó además las acusaciones de Estados Unidos contra la CPI y calificó de «absolutamente falso» que sea una organización «política y corrupta que utiliza el derecho internacional para arrebatar soberanía» a otros países, como afirma Washington.

Según Akane, la Corte y su personal investigan, procesan y juzgan de manera «neutral e imparcial» a altos cargos sospechosos de los crímenes internacionales más graves y solo cuando se cumplen las condiciones establecidas por el Estatuto de Roma, su tratado fundacional.

También rechazó que las medidas estadounidenses respondan a una investigación actual dirigida contra sus ciudadanos y consideró que Washington invoca una «amenaza distante» (una investigación de presuntos crímenes en Afganistán que podría afectar a militares estadounidenses), sin que exista en estos momentos un caso directo contra personal de Estados Unidos.

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La Oficina de Control de Activos (OFAC) del Departamento del Tesoro anunció en un comunicado que sanciona a Akane y también a Abdoulaye Seye, abogado senegalés de la fiscalía en la CPI, y que permitirá operaciones limitadas con cuentas asociadas a ambos para poder liquidar operaciones pendientes hasta el 17 de septiembre.

Como es habitual, la OFAC indicó que EE.UU. también sancionará transacciones con «cualquier entidad en la que una o varias de las personas mencionadas anteriormente posean, directa o indirectamente, ya sea individual o conjuntamente, una participación del 50 % o más».

Como presidenta de la CPI, Akane tiene principalmente funciones institucionales y de representación de la corte, mientras que Seye parece haber supervisados investigaciones sobre la financiación de asentamientos israelíes en Cisjordania o al suministro de armas a colonos, un área especialmente sensible para Washington, que no reconoce la legitimidad del tribunal.

«La Administración Trump ha sido clara: la Corte Penal Internacional (CPI) es un tribunal supranacional corrupto y deeply politizado que ha abusado maliciosamente de su autoridad y se ha extralimitado en su mandato. No toleraremos su ataque a la soberanía estatal», explicó por su parte el secretario de Estado, Marco Rubio, en un comunicado.

El anuncio está en línea con lo adelantado en julio por el propio Rubio, que prometió endurecer la campaña para desmantelar la corte en semanas venideras.

Trump declaró abiertamente la guerra al tribunal al retornar al poder el año pasado, y en febrero firmó una orden ejecutiva que calificaba distintas iniciativas de la CPI como una «amenaza» para la seguridad nacional.

En concreto, la orden pone la diana en las investigaciones de la CPI sobre el ejército de EE.UU. en lugares como Afganistán y las órdenes de detención que la corte emitió contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y su exministro de Defensa, Yoav Gallant, por supuestos crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en Gaza.

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En una intervención ante la comisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, Akane subrayó que la CPI “necesita que la UE modifique el estatuto de bloqueo para contrarrestar los efectos de las sanciones estadounidenses” porque, según la orden ejecutiva firmada por Trump en febrero, cualquiera que coopere con personas en su lista podría ser sancionado, incluidas las ONG.

El fiscal Karim Khan es el primer y único sancionado por ahora. Los estadounidenses -lo que incluiría filiales en Europa de bancos, seguros y sistemas informáticos estadounidenses- están obligados a no cooperara con los sancionados, o sufrirán acciones penales.

“Se trata de una grave violación de la soberanía europea: un país extranjero está diciendo a sus ciudadanos y sus empresas qué leyes se les aplican y cómo comportarse”, añadió.

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