Tras una reunión con representantes de las compañías de seguros, el mandatario aseguró que el Gobierno cruzará la información oficial con las bases de datos de las aseguradoras para agilizar tanto las indemnizaciones como la asignación de subsidios estatales.

«Todos los reclamos a las aseguradoras serán atendidos y agilizados», afirmó De la Espriella en una declaración desde la nueva sede presidencial, el Palacio San Carlos en Bogotá.

El mandatario aclaró que los afectados disponen de «dos años para presentar las solicitudes ante las compañías aseguradoras» y desmintió versiones que advertían sobre un plazo de apenas dos días.

Asimismo, anunció que los procesos relacionados con viviendas ubicadas en los estratos socioeconómicos 1, 2 y 3 (clase media y baja), una clasificación colombiana que agrupa a los hogares de menores ingresos, y las viviendas de interés social «tendrán atención prioritaria».

Sin embargo, aseguró que la medida no implicará la exclusión del resto de los asegurados.

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Con información de EFE Servicios

Fuente de imagen referencial: EFE/Pablo R. Seco

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«Ya está lista la banca, tanto pública como privada, para dar créditos de compra de vivienda en el mercado secundario», informó Rodríguez en un video publicado en sus redes sociales.

Las viviendas que cuesten hasta 70.000 dólares serán subsidiadas por el gobierno en un 80 % y el 20 % restante lo pagará el afectado a través de un crédito durante 25 años, precisó Rodríguez.

Para las viviendas con un valor superior a 70.000 y hasta 100.000 dólares, el gobierno subsidiará el 50 % y el porcentaje restante lo pagará el afectado mediante un crédito durante 25 años, apuntó la mandataria encargada.

«Estaremos muy atentos y vigilantes de los precios en el mercado inmobiliario. En esta circunstancia no hay espacio alguno para la especulación», advirtió.

Asimismo, indicó que quienes perdieron sus apartamentos conservan sus derechos sobre el terreno y tendrán el apoyo del Estado para la reconstrucción.

«He solicitado al TSJ (Tribunal Supremo de Justicia) el establecimiento de una jurisdicción especial que atienda los asuntos civiles vinculados con la propiedad y la identidad de las personas», señaló.

El doble terremoto ha dejado al menos 5.546 muertos, 16.740 heridos y cerca de 18.000 personas sin vivienda, según el último balance oficial publicado el pasado 24 de julio. Desde entonces el gobierno venezolano no ha actualizado las cifras.

Además, unos 856 edificios resultaron afectados y 190 colapsaron, según los mismos datos oficiales.

El Banco Mundial estimó el jueves en 19.600 millones de dólares los daños físicos directos provocados por los terremotos que sacudieron Venezuela y advirtió que una reconstrucción lenta podría frenar la recuperación económica del país durante la próxima década.

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Con información de EFE Servicios

Fuente de imagen referencial: Red Social X – @VTVcanal8 / Cortesía

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Esa plataforma calcula que los Veintisiete gastan hasta el 60 % de los fondos de la Política Agraria Común (PAC), unos 32.100 millones de euros al año, en actividades «que fomentan la agricultura insostenible a gran escala».

«Esta impresionante cifra equivale aproximadamente al gasto anual completo de gobiernos nacionales como Croacia y Luxemburgo (…). Los gobiernos de la UE deben reorientar urgentemente el gasto público hacia imperativos ambientales y sociales«, declaró en un comunicado el director de Política y Estrategia para Europa de WWF, Tycho Vandermaesen.

WWF también detecta otros «subsidios directos que están contribuyendo significativamente a la pérdida de naturaleza» en actividades como la pesca (entre 59 y 138 millones de euros), infraestructuras de transporte (entre 1.700 y 14.100 millones), o infraestructuras hídricas (entre 1.300 y 2.000 millones).

Informe de la WWF

La organización medioambientalista subraya que los datos del informe contrastan con las necesidades identificadas por la Estrategia de Biodiversidad de la UE para 2030, que requiere unos 48.000 millones de euros anuales para financiar actividades, de forma que los agricultores, los terratenientes y las comunidades rurales y costeras puedan «proteger y restaurar efectivamente la biodiversidad».

Actualmente, la Unión Europea y sus Estados miembros tienen un agujero de financiación en ese capítulo de más de 18.000 millones anuales, agregó WWF, que entiende que «redirigir estos subsidios podría cerrar fácilmente la brecha financiera».

A menos de un mes de las elecciones al Parlamento Europeo, esa ONG ecologista llama a los gobiernos e instituciones de la UE a garantizar por ley que se eliminen «los subsidios que dañan la biodiversidad, y redirigirlos hacia soluciones basadas en la naturaleza que podrían proteger mejor a los ciudadanos europeos de los impactos del clima».

La organización hizo extensivo su llamamiento a las instituciones comunitarias y Estados miembros para que acaben también con los subsidios a los combustibles fósiles.

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Fiorella Tagliafico R.

Con información de EFE Servicios y redes sociales

Fuente de imagen referencial principal: EFE/André Coelho

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